Túnez - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Túnez

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Túnez is now live »

Jefe del Estado
Zin el Abidín ben Alí
Jefe del gobierno
Mohamed Ganuchi
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
10,3 millones
Esperanza de vida
73,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
24/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
77,7 por ciento

La libertad de expresión, asociación y reunión estaba gravemente restringida. Quienes criticaban al gobierno, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas estudiantiles, sufrían hostigamiento y amenazas y eran procesados. Centenares de personas fueron declaradas culpables de delitos de terrorismo en juicios injustos. Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, y las personas encarceladas soportaban duras condiciones de reclusión. Se impusieron al menos dos condenas de muerte, pero el gobierno mantuvo la suspensión de las ejecuciones.

Información general

El presidente Zin el Abidín ben Alí resultó elegido por quinta vez consecutiva en octubre, en medio de informes que hablaban de restricciones contra la oposición política y represión de la disidencia.

Excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos

En noviembre se excarceló a 68 personas con motivo del 22 aniversario de la llegada al poder del presidente Ben Alí. Entre ellas había presos de conciencia. En todos los casos, la excarcelación fue condicional. En Túnez, los presos políticos excarcelados solían quedar sujetos a órdenes de control administrativo, que regulaban su lugar de residencia. También tenían que presentarse periódicamente ante la policía, y se les negaban el pasaporte y otros documentos oficiales.

  • Entre los presos excarcelados figuraban Adnan Hajji y 17 personas más condenadas en apelación a cumplir hasta ocho años de cárcel por haber protestado en 2008 contra el aumento del desempleo, la pobreza y el coste de la vida en la región de Gafsa. Sus juicios habían sido injustos. Los tribunales habían desestimado y dejado sin investigar sus denuncias de tortura y otros malos tratos.

El indulto presidencial no se aplicó a las personas condenadas in absentia y no detenidas aún.

  • Fahem Boukadous, periodista de televisión condenado in absentia a seis años de prisión por informar de las protestas de Gafsa, recurrió su condena en noviembre y siguió en libertad.

Libertad de expresión y asociación

Quienes criticaban al gobierno o denunciaban públicamente casos de corrupción oficial o violación de derechos humanos se enfrentaban a hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas a manos de agentes de seguridad del Estado. También eran procesados y encarcelados por cargos falsos y sometidos a campañas de desprestigio en los medios de comunicación progubernamentales. Los abusos se cometían con impunidad y, si se denunciaban, raras veces se investigaban. A las personas que expresaban críticas se las sometía a una vigilancia opresiva y manifiesta, y se les interrumpían o cortaban las conexiones telefónicas y de Internet. Las autoridades bloqueaban sitios web y ejercían un fuerte control sobre los medios de comunicación.

  • Las autoridades cerraron la emisora independiente Radio Kalima el 30 de enero, cuatro días después de que empezara a emitir desde el extranjero vía satélite. La policía bloqueó sus oficinas, hostigó a su personal y sometió a investigación a Sihem Bensedrine, redactor jefe, por el presunto uso de una frecuencia de emisión sin licencia.
  • El 4 de abril, el Tribunal de Apelación de Túnez capital confirmó la condena de un año de prisión impuesta al preso de conciencia Sadok Chourou por “mantener una organización prohibida” a raíz de que comentara la situación política en entrevistas de prensa y pidiera que se permitiera a la organización islamista prohibida Ennahda reanudar sus actividades políticas. Había sido puesto en libertad condicional en noviembre de 2008 tras cumplir 18 años de prisión. Al ser encarcelado nuevamente, se anuló la libertad condicional que se le había concedido, por lo que debía cumplir un año que le quedaba aún de su anterior condena, además de la nueva pena de prisión.
  • En agosto se destituyó a la dirección ejecutiva del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos por la publicación en mayo de un informe en el que se criticaba la falta de libertad de prensa en Túnez. Los miembros del sindicato partidarios del gobierno celebraron un congreso especial y eligieron una dirección nueva. Ésta consiguió entonces que se obligara por orden judicial a la dirección destituida a abandonar la sede del sindicato.
  • Hamma Hammami, portavoz del proscrito Partido Comunista de los Obreros Tunecinos, fue golpeado el 29 de diciembre en el aeropuerto de Túnez capital por unos hombres, al parecer policías vestidos de civil. Acababa de regresar de Francia, donde había criticado públicamente al presidente Zin el Abidín ben Alí, las elecciones y la corrupción.
  • En noviembre, el periodista disidente Taoufik Ben Brik fue condenado a seis meses de prisión en un juicio injusto por cargos falsos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se sometía a hostigamiento a los defensores y defensoras de los derechos humanos por medio de vigilancia opresiva, amenazas y agresiones. A menudo, agentes de seguridad del Estado les impedían físicamente asistir a reuniones o concentraciones donde se iba a hablar de derechos humanos. Las autoridades continuaron bloqueando el registro de varias ONG de derechos humanos, cuyas actividades impedían y restringían, e impidieron a otras ya registradas celebrar actos públicos y otras reuniones.

  • A partir de agosto no se permitió al abogado de derechos humanos Samir Ben Amor visitar a ninguno de sus clientes bajo custodia. Las autoridades no le dieron ninguna explicación. El abogado defendía a muchas personas imputadas en causas de terrorismo.
  • En octubre, unos desconocidos, al parecer agentes de seguridad, causaron daños con una sustancia peligrosa en el automóvil del abogado y defensor de los derechos humanos Abderraouf Ayadi cuando éste se disponía a transportar en él a Hamma Hammami, a su esposa, la abogada y defensora de los derechos humanos Radhia Nasraoui, y a la hija de la pareja. La casa de este matrimonio quedó sometida a estrecha vigilancia policial en octubre, y ambos fueron citados por la policía criminal para interrogarlos en relación con cargos no especificados. Presentaron denuncias formalmente, pero no se tuvo noticia de que se hubiera abierto una investigación.
  • En diciembre, el activista de derechos humanos Zouheir Makhlouf fue condenado en un juicio injusto a tres meses de cárcel y una cuantiosa multa por colgar en el sitio web de una red social un vídeo que denunciaba la contaminación y la falta de infraestructura y servicios básicos de la zona industrial de la ciudad de Nabeul.

Seguridad y medidas antiterroristas

En agosto, el gobierno reformó la legislación antiterrorista de 2003 para reforzar las disposiciones contra el blanqueo de dinero y eliminar otras que obligaban a mantener en secreto la identidad de los jueces, fiscales y agentes de policía relacionados con la instrucción de causas por terrorismo.

Las autoridades continuaron deteniendo y procesando a personas sospechosas de participar en actividades terroristas. En la mayoría de los casos, las recluían sin cargos y en régimen de incomunicación durante periodos superiores a los seis días permitidos por la ley, sin informar a sus familias ni a sus abogados, y falsificando la fecha de detención para ocultar el tiempo que llevaban sometidas a desaparición forzada.

Los juicios celebrados en aplicación de la legislación antiterrorista eran injustos. Se negaba a los acusados el acceso sin demora a un abogado y no se les proporcionaba tiempo suficiente para consultar con sus abogados y preparar su defensa. Los tribunales admitían como prueba confesiones obtenidas presuntamente con tortura, sin formular preguntas ni hacer ninguna investigación. Según informes, algunas personas fueron juzgadas y condenadas por el mismo delito más de una vez.

Al menos cuatro presuntos terroristas tunecinos fueron devueltos por otros Estados a pesar de que se temía que sufrieran tortura u otros malos tratos y juicio injusto en Túnez.

  • En abril, las autoridades italianas devolvieron a Mehdi Ben Mohamed Khalaifia, que había sido condenado ya in absentia a 10 años de prisión en Túnez por delitos de terrorismo. A su llegada fue recluido de inmediato y pasó en régimen de incomunicación 12 días, el doble de los permitidos por la ley. Posteriormente afirmó que durante este tiempo sus interrogadores le habían dado golpes, patadas y bofetadas; lo habían colgado en posturas forzadas y habían amenazado con violarlo. Presentó una apelación contra su condena, que en septiembre le redujeron a dos años.
  • Sami Ben Khemais Essid, que había sido juzgado de nuevo por tribunales civiles y militares y condenado
  • a 12 años de prisión tras su devolución desde Italia en 2008, fue conducido de la prisión al Ministerio del Interior en enero y junio, interrogado y, según dijo posteriormente, torturado. Se presentaron nuevos cargos contra él y se le negó el acceso a su abogado.
  • Las autoridades no investigaron la desaparición forzada de Abbes Mlouhi, detenido en 2005. Antes de su detención había sido interrogado varias veces en el Ministerio del Interior en relación con su pertenencia al grupo religioso islámico Al Tabligh wa Daaoua.

Tortura y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos cometidos en comisarías de policía y centros de detención, incluido el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Algunas personas estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante más tiempo del permitido por la ley, y para ocultarlo la policía falsificó su fecha de detención. Las personas detenidas estaban especialmente expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos cuando se hallaban recluidas en régimen de incomunicación. Sin embargo, los tribunales desestimaban habitualmente las denuncias de tortura de los acusados y los declaraban culpables sobre la base de confesiones obtenidas presuntamente con tortura. No se tuvo noticia de la apertura de ninguna investigación oficial sobre denuncias de tortura, y las fuerzas de seguridad continuaron actuando con impunidad.

  • Ramzi Romdhani, que cumplía un total 29 años de prisión por condenas impuestas en 2008 tras haber sido declarado culpable en aplicación de la legislación antiterrorista de 2003 en nueve causas distintas, denunció haber sido torturado y sometido a otros malos tratos por guardias de la prisión de Mornaguia en abril. En agosto lo llevaron al departamento de Seguridad del Estado, donde, según dijo, unos agentes de seguridad lo sometieron a torturas como aplicarle descargas eléctricas, colgarlo de las extremidades, colgarlo del cuello durante unos segundos y amenazar con matarlo. Ramzi Romdhani afirmó que agentes del departamento de Seguridad del Estado lo habían torturado de nuevo durante dos días en diciembre. Tenía lesiones graves en los ojos.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a dos personas, pero no hubo ejecuciones. El gobierno mantenía una suspensión de facto de las ejecuciones desde 1991, pero seguía habiendo condenados a muerte, a los que no se permitía ponerse en contacto con sus familias ni sus abogados.

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