Unas 300 personas murieron y centenares más resultaron heridas por la acción de las fuerzas de seguridad durante protestas masivas que tuvieron lugar en las semanas previas al 14 de enero, cuando el presidente Zin el Abidín ben Alí fue derrocado y huyó del país. Muchas de las muertes se produjeron al emplear las fuerzas de seguridad munición real contra manifestaciones pacíficas. Posteriormente comenzó un proceso de reforma integral: las personas recluidas por motivos políticos, entre las que había presos de conciencia, quedaron en libertad; se relajaron las restricciones legales que pesaban sobre los partidos políticos y las ONG; se disolvió el Departamento de Seguridad del Estado, tristemente famoso por torturar impunemente a las personas detenidas; Túnez pasó a ser Estado Parte en varios tratados internacionales más de derechos humanos, y se eligió una nueva Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar y consensuar una nueva Constitución. Sin embargo, continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos, y las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que protestaban por la aparente lentitud de las reformas y que en algunos casos sufrieron palizas u otros malos tratos durante su detención y reclusión. Aunque hubo mejoras, las mujeres siguieron discriminadas en la ley y en la práctica. La pena de muerte continuó en vigor, pero no se tuvo constancia de nuevas condenas de muerte ni de ejecuciones.
El 14 de enero, tras semanas de protestas en todo el país contra su represivo régimen, el presidente Ben Alí, que llevaba 23 años en el poder, huyó de Túnez y se refugió en Arabia Saudí. Durante las manifestaciones murieron más de 230 personas participantes en ellas y resultaron heridas otras 700, y más de 70 reclusos perdieron la vida en prisión en incidentes relacionados con las protestas. El primer ministro, Mohamed Ganuchi, se arrogó el cargo de presidente en funciones, pero al cabo de unas horas fue sustituido por Fued Mebaza y volvió a su puesto de primer ministro. El 15 de enero declaró el estado de excepción, que se renovó en agosto, en noviembre y en diciembre (hasta el final de marzo de 2012), y nombró un gobierno provisional. En febrero, en vista de las protestas populares, Ganuchi se vio obligado a dimitir y fue reemplazado como primer ministro por Beyi Caid Essebsi. En diciembre como resultado de las elecciones de octubre a la Asamblea Nacional Constituyente, Moncef Marzuki fue nombrado presidente, y Hamadi Yebali, primer ministro.
En febrero, el gobierno provisional concedió una amnistía por la que quedaron en libertad los presos de conciencia y otras personas recluidas por motivos políticos; asimismo, constituyó tres comisiones en el marco del proceso de reforma: la Alta Comisión para la Realización de los Objetivos de la Revolución, la Reforma Política y la Transición Democrática; la Comisión Nacional sobre Corrupción y Fraude, y la Comisión de Investigación sobre los Abusos cometidos en el Periodo Precedente, encargada de investigar los homicidios de manifestantes y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas conducentes a la caída del presidente Ben Alí. Esta última comisión aún no había presentado sus conclusiones al terminar el año, pero ya se había remitido a juicio a 139 ex altos cargos, entre ellos el ex presidente y dos ex ministros del Interior (Rafik Haj Kacem y Ahmed Friaa), por acusaciones relativas a los manifestantes muertos y heridos durante las semanas previas al 14 de enero. El juicio comenzó en noviembre y continuaba al concluir el año. El ex presidente Ben Alí y parte de su familia fueron enjuiciados in absentia y condenados por corrupción y delitos relacionados con drogas.
En marzo, el gobierno provisional disolvió el odiado Departamento de Seguridad del Estado, cuerpo de policía de seguridad tristemente famoso por sus torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Ben Alí.
Asimismo, el gobierno provisional reformó la extremadamente restrictiva Ley de Asociaciones para permitir la legalización de partidos políticos hasta entonces prohibidos –entre ellos el partido islamista Ennahda (Renacimiento) y el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos– y las ONG de derechos humanos y de otros tipos. El Ministerio del Interior comunicó que en septiembre se habían autorizado ya oficialmente 1.366 asociaciones y 111 partidos políticos. La Agrupación Constitucional Democrática, partido del gobierno bajo Ben Alí, quedó disuelta en marzo.
Además, el gobierno ratificó algunos de los principales tratados internacionales de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También retiró las reservas de Túnez a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El 23 de octubre se celebraron elecciones, por primera vez desde el levantamiento, para elegir a los 217 componentes de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución y nombrar un nuevo gobierno. Ennahda fue el partido que obtuvo mayor número de escaños, pero no la mayoría absoluta. La Asamblea se reunió por primera vez el 22 de noviembre, y designó a su presidente y a los nuevos presidente y primer ministro del país, pertenecientes a los tres partidos con más escaños. Los tres tomaron posesión de su cargo en diciembre.
Los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo visitaron Túnez en mayo.
La Constitución fue suspendida en marzo. Otras leyes, aunque permanecieron en vigor, sufrieron modificaciones considerables, destinadas a atenuar las restricciones que limitaban el ejercicio de los derechos humanos. Entre ellas figuraban la ley de prensa y la ley sobre comunicaciones audiovisuales, que, aunque siguieron contemplando el delito de “difamación”, dejaron de prescribir para él penas de prisión. También se reformó la Ley de Asociaciones para eliminar las restricciones relativas a la formación de una asociación y la pertenencia a ella y para despenalizar la prestación de servicios a una “asociación no reconocida”. Además, se modificó la legislación sobre la tortura para acercar su definición en el Código Penal a la recogida en el derecho internacional, aunque los procesamientos por tortura quedaron sujetos a un plazo de prescripción de 15 años, lo que contravenía el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de conformidad con el derecho internacional. Hacía falta reformar todavía otras leyes, como las relativas a la lucha contra el terrorismo, la regulación de las reuniones y desfiles y la organización del poder judicial.
El Ministerio del Interior diseñó una “hoja de ruta” para la reforma de la policía, pero sin incluir en ella ninguna disposición para abrir investigaciones y hacer rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por la policía y el extinto Departamento de Seguridad del Estado. Tampoco estaba claro si se había establecido algún sistema de examen de antecedentes para impedir que ex agentes del Departamento de Seguridad del Estado, otros organismos de seguridad o la policía que hubieran cometido violaciones de derechos humanos conservaran o asumieran puestos en los que pudieran cometer nuevos abusos.
Tras el nombramiento del gobierno provisional, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra nuevas manifestaciones convocadas para protestar, entre otras cosas, por la lentitud con que parecían llevarse a cabo las reformas.
Según la información recibida, en febrero murieron tres personas cuando las fuerzas de seguridad disolvieron violentamente una sentada pacífica en la zona de la Kasba de la ciudad de Túnez.
En mayo, las fuerzas de seguridad golpearon a periodistas y al parecer les impidieron grabar la disolución por la fuerza de nuevas protestas en la Kasba. El ministro del Interior pidió disculpas, pero los agentes de seguridad recurrieron de nuevo a la violencia el 15 de julio, cuando nuevos manifestantes intentaron sumarse a una sentada en la Kasba. Muchas de las al menos 47 personas que, según se tuvo noticia, fueron detenidas afirmaron haber sido golpeadas en el momento de su detención, entre ellas Ahmed Ben Nacib, activista de derechos humanos de la ONG Libertad y Equidad, a quien la policía persiguió en motocicleta, golpeó con porras y propinó patadas y bofetadas al detenerlo y agredió de nuevo bajo custodia antes de dejarlo en libertad.
Thabet el Hejlaoui, de 13 años, murió el 17 de julio, alcanzado al parecer por una bala perdida, cuando observaba a las fuerzas de seguridad disparar contra manifestantes antigubernamentales ante un recinto del ejército en Sidi Bouzid.
Se acusó a las fuerzas de seguridad de no haber respondido con eficacia en varias ocasiones en que miembros de ciertos grupos extremistas religiosos trataron de impedir el ejercicio de la libertad de expresión.
En octubre se acusó a la policía de no haber intervenido con eficacia cuando extremistas religiosos atacaron la sede de Nesma TV tras haber emitido este canal la película de animación Persépolis, que consideraban blasfema. Posteriormente, el propietario del canal fue agredido. La policía detuvo a sospechosos, pero más tarde los dejó en libertad sin fianza. Además, un grupo de abogados se querelló contra el propietario del canal por “corrupción moral”, delito punible con la cárcel y una multa, y por “alteración del orden público”.
Se volvió a tener noticia de que se habían cometido torturas y malos tratos, pero a escala mucho menor que en años anteriores. En la mayoría de los casos, las personas denunciantes aseguraban haber sido golpeadas por la policía al ser detenidas en protestas, cuando las llevaban a la comisaría o una vez en ésta.
El 6 de mayo, tras una manifestación, Fouad Badrouci, estudiante de 17 años, fue detenido en la ciudad de Túnez por agentes de policía enmascarados. Le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon con porras, tras lo cual lo llevaron a la prisión de Buchucha junto con otros jóvenes manifestantes. Una vez allí, los obligaron a permanecer durante mucho tiempo de pie y con los brazos y una pierna levantados, los golpearon y les negaron alimentos y agua. Luego los obligaron a firmar unos papeles en blanco y, por último, los dejaron en libertad al día siguiente. Entre otras lesiones, Fouad Badrouci presentaba fracturas en la nariz, el brazo derecho y las costillas.
Mohamed Sidki Hlimi denunció haber sido violado y sometido a otras torturas por la policía, que lo había citado en marzo en un campamento militar de Kasserine, por haber culpado a un alto cargo de la policía de muertes ocurridas durante las protestas contra el presidente Ben Alí. Explicó que la primera noche lo desnudaron, lo suspendieron de un poste, lo golpearon y lo violaron, y que luego lo mantuvieron desnudo, esposado y con grilletes durante los siete días que duró su reclusión. Lo golpearon de nuevo cuando se negó a firmar una declaración en la que se culpaba a personas que no conocía de incendiar comisarías de policía. Posteriormente quedó en libertad.
Tras visitar Túnez en mayo, el relator especial de la ONU sobre la tortura instó al gobierno a informar a todos los agentes de policía y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de que la tortura y los malos tratos estaban prohibidos, y a asegurarse de que se pidieran responsabilidades penales a quienes cometieran dichos abusos.
Aunque se presentaron cargos contra varios ex funcionarios en relación con los homicidios de manifestantes y otros abusos perpetrados durante el levantamiento, no se tomaron medidas para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los 23 años de gobierno del presidente Ben Alí. Las familias de las víctimas alegaban que se les negaba la justicia y que funcionarios policiales, del Departamento de Seguridad del Estado y de otros organismos que habían cometido violaciones de derechos humanos seguían en sus puestos o habían sido trasladados a otros, e incluso ascendidos. Algunas familias intentaron iniciar investigaciones sobre presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, pero en general los jueces instructores se mostraron reticentes o incapaces de emprender acciones contra funcionarios, a lo que había que sumar la aparente falta de voluntad del Ministerio del Interior para cooperar. A partir de mayo, todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el levantamiento se remitieron a tribunales militares.
Al concluir el año, la comisión designada en febrero para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el levantamiento seguía sin terminar su trabajo. La comisión afirmó que no remitiría a los jueces pruebas no solicitadas, con lo que surgieron dudas sobre su eficacia. También aseguró haber hablado con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el levantamiento, pero muchas personas que habían resultado heridas en las protestas lo negaron. Se esperaba que la comisión presentara sus conclusiones y recomendaciones a principios de 2012.
El gobierno provisional retiró las reservas de Túnez a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y se experimentaron también otras mejoras. En concreto, el gobierno adoptó el principio de paridad entre hombres y mujeres en las elecciones, aunque en la práctica siguieron predominando los hombres en las listas de candidaturas de los partidos; asimismo, se permitió a las mujeres utilizar en sus documentos nacionales de identidad fotos en las que aparecieran con la cabeza cubierta por un pañuelo o hiyab. Sin embargo, las mujeres siguieron siendo víctimas de discriminación en la ley y en la práctica. Por ejemplo, el código regulador de la condición jurídica de las personas seguía discriminando a las mujeres en cuestiones como la herencia y la custodia de los hijos, y algunas activistas de derechos de las mujeres afirmaban haber sido víctimas de campañas de desprestigio.
La periodista Salma Jlassi, integrante destacada del Sindicato Nacional de Periodistas, denunció haber recibido amenazas de muerte anónimas y haber sido objeto de comentarios denigrantes en los medios de comunicación y en Internet, al parecer por su proyección pública y sus opiniones.
A partir de enero, muchos tunecinos trataron de escapar del país en pequeñas embarcaciones. Algunos se perdieron en alta mar y otros llegaron a la isla italiana de Lampedusa. En abril, los gobiernos tunecino e italiano llegaron a un acuerdo por el que se devolvería a Túnez a unos 20.000 tunecinos y las autoridades tunecinas reforzarían los controles costeros.
Tras el estallido del conflicto en Libia entraron en Túnez numerosos migrantes y refugiados procedentes de allí. Se ayudó a muchos migrantes a volver a sus países de origen, pero al concluir el año quedaban unos 3.800 refugiados y solicitantes de asilo en el campo de Choucha, uno de los tres establecidos junto al puesto de Ras Ydir, en la frontera con Libia. La mayoría procedían de países a los que no podían volver porque estaban expuestos a ser perseguidos, entre ellos Eritrea, Somalia y Sudán.
La pena de muerte continuaba en vigor, pero no se tuvo constancia de que se impusieran condenas de muerte ni de que se llevaran a cabo ejecuciones. Túnez mantenía una suspensión de las ejecuciones desde 1991.
Saber Ragoubi, declarado culpable de cargos de terrorismo y condenado a muerte en 2007, quedó en libertad en febrero.
