Turquía - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Turquía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turquía is now live »

Jefe del Estado: Ahmet Necdet Sezer
Jefe del gobierno: Recep Tayyip Erdoğan
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Tras la introducción de nueva legislación en años anteriores, había escasos indicios de que se hubiera avanzado en la puesta en práctica de las reformas. Se siguió procesando a personas por expresar sus opiniones de forma pacífica. La situación de los derechos humanos se deterioró aún más en las provincias del este y sureste del país, con el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos; en otras zonas del país se produjo un incremento en el número de ataques contra civiles a manos de grupos armados. Se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante una serie de protestas violentas que tuvieron lugar en la ciudad de Diyarbakir, en el sureste del país. Aunque se registró una disminución en el número de denuncias de tortura o malos tratos, se recibieron informes de que tales abusos bajo custodia fueron generalizados contra las personas detenidas durante las protestas. Seguían existiendo motivos de preocupación en torno a la celebración de juicios injustos y a las condiciones de reclusión en las prisiones «Tipo F». Se avanzó muy poco en la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia.

Información general

En diciembre, la Unión Europea congeló parcialmente las negociaciones para la adhesión de Turquía debido a la negativa de este país a abrir sus puertos y aeropuertos al comercio con la República de Chipre, escudándose en el embargo continuado de la Unión Europea a la República Turca de Chipre del Norte, no reconocida por la comunidad internacional.

En junio, el Parlamento reformó la Ley de Lucha contra el Terrorismo, ampliando en gran medida el alcance y el número de delitos punibles como delitos terroristas, introduciendo artículos que podían restringir aún más la libertad de expresión y no imponiendo limitaciones al uso de medios letales por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En julio, el presidente aprobó la Ley pero solicitó al Tribunal Constitucional la anulación de dos artículos relativos a sanciones contra la prensa. En septiembre, el Parlamento aprobó la Ley del Defensor del Pueblo tras introducir algunas enmiendas. Durante el año, Turquía ratificó el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte.

Los mecanismos oficiales de derechos humanos, como los consejos provinciales de derechos humanos, bajo el control de la Presidencia de Derechos Humanos adscrita a la Oficina del Primer Ministro, no funcionaron de un modo coherente ni abordaron casos de violaciones graves de los derechos humanos.

Libertad de expresión

Permanecían en vigor leyes que imponían restricciones fundamentales a la libertad de expresión y que dieron lugar al procesamiento de periodistas, escritores, editores, profesores, defensores de los derechos humanos y estudiantes por la expresión pacífica de sus convicciones, en juicios que en algunos casos culminaron en sentencias condenatorias.

Se entablaron numerosos juicios en aplicación del artículo 301 del Código Penal turco, que criminalizaba el agravio a la identidad turca, a la República y a los fundamentos e instituciones del Estado. La mayoría de las causas, como la de Orhan Pamuk, novelista galardonado con el Premio Nobel, concluyeron con la absolución de las personas inculpadas.

En julio, el Consejo General de lo Penal del Tribunal de Casación confirmó la condena condicional de seis meses de cárcel impuesta a Hrant Dink, periodista que había sido procesado tras escribir sobre la identidad armenia en el periódico Agos.

Tanto en Turquía como en el extranjero, personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos hicieron campaña en favor de la revocación del artículo 301 del Código Penal turco debido a la «falta de certeza jurídica sobre la tipificación del delito». Los activistas rechazaban los argumentos del ministro de Justicia, según el cual la evolución de la jurisprudencia pondría fin a los procesamientos arbitrarios.

Otros artículos del nuevo Código Penal turco de 2005 también imponían restricciones a la libertad de expresión.

En octubre, Abdurrahman Dilipak, periodista del diario Vakit, recibió una pena de casi un año de cárcel por insultar al presidente. La condena le fue conmutada por una multa de 10.500 liras turcas (aproximadamente 7.250 dólares estadounidenses). La Fiscalía había pedido su absolución.

Birgül Özbarış, periodista del diario Özgür Gündem, fue imputada por siete cargos de «poner a la población en contra del servicio militar», debido a sus escritos sobre el servicio militar y la objeción de conciencia. La periodista podía ser condenada a un total de 36 años de cárcel.

El artículo 288 del Código Penal turco, que imponía limitaciones al debate público de casos pendientes de resolución judicial, fue utilizado de un modo arbitrario y excesivamente restrictivo para obstaculizar la investigación independiente y el debate público de las violaciones de derechos humanos.

Los frecuentes procesos contra dirigentes del Partido de la Sociedad Democrática, de tendencia pro kurda, y contra integrantes de varias plataformas de apoyo al pueblo kurdo constituyeron una constante de hostigamiento judicial.

En octubre dio comienzo un juicio contra 56 alcaldes del Partido de la Sociedad Democrática. En diciembre de 2005, los alcaldes habían firmado una carta dirigida al primer ministro danés manifestándose en contra del llamamiento al cierre del canal de televisión kurdo con base en Dinamarca, Roj TV. Fueron procesados por «apoyar al Partido de los Trabajadores Kurdos consciente y voluntariamente».

Varias personas que recogían firmas para una petición con el fin de que se reconociera como «representante político» a Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos encarcelado, fueron condenadas a penas de distinta duración. Las que recibieron las condenas más duras eran estudiantes.

Homicidios en circunstancias controvertidas

Continuaron recibiéndose informes sobre casos de civiles muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. La explicación que se solía ofrecer era que las víctimas no habían obedecido la voz de alto, pero tales homicidios con frecuencia fueron una demostración de uso desproporcionado de la fuerza y, en algunos casos, pudieron haber sido ejecuciones extrajudiciales. Preocupaba el hecho de que el artículo 16 de la Ley contra el Terrorismo, que había sido reformada, no estableciera de modo explícito que la fuerza letal sólo podría utilizarse cuando fuera estrictamente inevitable para proteger la vida. Se temía que el artículo 16, que permitía el uso «directo y resuelto» de armas de fuego con el fin de «neutralizar el peligro», pudiera impedir la investigación exhaustiva e imparcial de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.

Los miembros de las fuerzas de seguridad siguieron utilizando fuerza excesiva en sus funciones de vigilancia de las manifestaciones. Las que se celebraron en marzo en Diyarbakir, con motivo del funeral de cuatro miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos, degeneraron en protestas violentas. Diez personas -incluidos cuatro menores- resultaron muertas, ocho de ellas por herida de bala. Numerosos manifestantes y agentes de policía sufrieron heridas. Al término del año continuaban las investigaciones sobre los homicidios. Las manifestaciones se extendieron a las ciudades vecinas: en la ciudad de Kiziltepe, dos manifestantes murieron por disparos; en la ciudad de Batman, una bala perdida mató a un niño de tres años; y en Estambul, tres mujeres murieron al estrellarse un autobús incendiado por manifestantes.

En septiembre, una bomba estalló en un parque de Diyarbakir, causando 10 muertos. Se desconocía la autoría de este atentado.

Ataques de grupos armados

Se incrementaron los ataques con bomba dirigidos contra civiles. Un grupo armado, los Halcones de la Libertad del Kurdistán, se responsabilizó de los atentados con bomba perpetrados en Estambul, Manavgat, Marmaris y Antalya, en los que murieron nueve personas y decenas resultaron heridas. En marzo, en la ciudad de Van, en el este del país, una bomba explotó junto a un minibús, matando a dos civiles y al autor del atentado, miembro del Partido de los Trabajadores Kurdos.

El Partido de los Trabajadores Kurdos anunció un alto el fuego unilateral con efectos desde el 1 de octubre, y a partir de entonces hubo una disminución de los enfrentamientos armados.

En mayo, un hombre armado disparó contra los jueces integrantes del Consejo de Estado (el tribunal administrativo superior), matando a un juez, Mustafa Yücel Özbilgin, e hiriendo a otros cuatro. En agosto dio comienzo en Ankara el juicio contra el asaltante y otras ocho personas acusadas del ataque y de tres atentados con bombas contra la sede del periódico Cumhuriyet.

En febrero, Kani Yılmaz, que en el pasado había formado parte de la dirección del Partido de los Trabajadores Kurdos y después fue uno de los fundadores del Partido Democrático Patriótico del Kurdistán, y Sabri Tori, miembro de este último partido, fueron asesinados al explotar una bomba colocada en su automóvil en Suleimaniya, en el norte de Irak. Sus muertes se inscribieron en una serie de asesinatos presuntamente perpetrados por el Partido de los Trabajadores Kurdos contra miembros del Partido Democrático Patriótico del Kurdistán.

Tortura

Siguieron recibiéndose informes de tortura y malos tratos perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque en menor número que en años anteriores. Hubo detenidos que denunciaron haber sufrido golpes, amenazas de muerte y privación de alimentos, agua y sueño durante su reclusión. Parte de las torturas y los malos tratos tuvieron lugar en lugares de detención no oficiales.

En octubre, Erdal Bozkurt denunció haber sido secuestrado por varios hombres que se identificaron como agentes de policía en Alibeyköy, Estambul. Según dijo, lo introdujeron en un vehículo, lo esposaron y le vendaron los ojos, lo golpearon, lo amenazaron de muerte y lo condujeron a un lugar donde fue torturado e interrogado durante un día entero sobre su participación y la de otras personas en un grupo local que había protestado contra los traficantes de drogas y los problemas sociales de su barrio. Quedó en libertad al día siguiente.

Numerosas personas, adultas y menores de edad, denunciaron torturas y malos tratos durante las detenciones en masa practicadas en el curso de los disturbios de Diyarbakir en marzo.

Dos muchachos de 14 años de edad denunciaron que habían permanecido detenidos durante aproximadamente nueve horas en la comisaría de policía de Çarsi. Allí los desnudaron, los obligaron a echarse agua fría el uno al otro, los amenazaron con violarlos y les hicieron tenderse sobre el suelo de cemento. También los obligaron a permanecer arrodillados con las manos atadas a la espalda mientras varios agentes de policía los golpeaban repetidamente con puños y porras y les daban patadas. Unos informes médicos evidenciaron señales de maltrato. Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados al Departamento de Menores de la policía en otro distrito.

Impunidad

Las investigaciones sobre las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad seguían adoleciendo de graves defectos, y entre los miembros de la judicatura existía una falta general de voluntad para llevar a los responsables ante la justicia.

En febrero se decidió no seguir adelante con la investigación de la presunta tortura de cinco adolescentes en octubre de 2005 en la ciudad de Ordu.

Dos agentes de información de la Gendarmería y un informante fueron condenados a más de 39 años de cárcel por colocar una bomba en una librería de la ciudad de Semdinli en noviembre de 2005, causando la muerte de un hombre. La sentencia del tribunal estableció que los hombres no podían haber actuado sin la implicación de sus superiores. Al término del año, pendiente la apelación, este caso ponía de relieve los graves obstáculos para llevar ante la justicia a altos cargos de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos.

Injerencias en la administración de justicia

El juicio por el atentado con bomba de Semdinli (véase supra) prosiguió tras una investigación que, al parecer, se vio afectada por injerencias políticas de miembros del gobierno y altos cargos de las fuerzas armadas. El acta de acusación formal del fiscal, publicada en marzo, implicaba al jefe del ejército de tierra y a otros militares de alta graduación de la provincia de Hakkari. El fiscal solicitó que la fiscalía militar llevase a cabo una investigación separada para establecer si el atentado formaba parte de una conspiración más amplia. El ministro de Justicia investigó al fiscal por posible conducta indebida y, en abril, el Consejo Superior de Jueces y Fiscales lo destituyó de su cargo. El fiscal recurrió contra esta decisión sin éxito.

Motivos de preocupación en torno

a la imparcialidad procesal

Las personas imputadas en virtud de la legislación antiterrorista siguieron sufriendo procesos lentos e injustos ante los nuevos tribunales penales especiales que sustituyeron a los Tribunales de Seguridad del Estado en 2004. Los fiscales utilizaban pruebas basadas en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura. Los nuevos juicios celebrados en algunas causas cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que algunos de los juicios originales habían sido injustos tampoco fueron imparciales, y en ellos no se volvieron a examinar las pruebas. Las actuaciones se prolongaron excesivamente, y las disposiciones que limitaban la detención preventiva aún no se habían convertido en ley y no abordaban adecuadamente la necesidad de completar un proceso dentro de un plazo razonable.

Condiciones penitenciarias

Los presos seguían denunciando malos tratos, castigos disciplinarios duros y arbitrarios así como reclusión en régimen de aislamiento -en solitario o en pequeños grupos- en las prisiones «Tipo F». En septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe en relación con la visita que había realizado en diciembre de 2005 a lugares de detención en Turquía. En él pedía que se aumentara significativamente el tiempo concedido a los presos para relacionarse entre sí y comentaba las «consecuencias extremadamente nocivas» de un régimen de tipo aislante que podía desembocar en «trato inhumano y degradante». El Comité también reiteró el llamamiento que había realizado en 2004 en favor de una revisión exhaustiva de los servicios médicos penitenciarios.

Objeción de conciencia

No se reconocía la objeción de conciencia y no existía un servicio civil alternativo.

En un nuevo juicio celebrado en octubre, el Tribunal Militar de Sivas condenó a Mehmet Tarhan a dos años y un mes de prisión por dos cargos de insubordinación, tras negarse en dos ocasiones a realizar el servicio militar.

Violencia contra las mujeres

No se registraron grandes avances en la puesta en práctica de la disposición incluida en la Ley de Municipios de 2004, que exigía a las corporaciones municipales la creación de albergues para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar en las ciudades que tuvieran más de 50.000 habitantes. Las organizaciones de mujeres pidieron al gobierno que asignara fondos adicionales para implementar la ley. En julio, una circular del primer ministro que contenía medidas para combatir la violencia contra las mujeres y los menores y para impedir los denominados «homicidios por motivos de honor» supuso un paso adelante hacia el reconocimiento de un problema endémico y arraigado. En diciembre, el Parlamento aprobó varias enmiendas a la Ley de Protección de la Familia que ampliaban su ámbito de aplicación.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Cómplices: El papel de Europa en las «entregas extraordinarias» de Estados Unidos (Índice AI: EUR 01/008/2006)

• Turkey: Article 301 - How the law on «denigrating Turkishness» is an insult to free expression (Índice AI: EUR 44/003/2006)

• Turkey: No impunity for state officials who violate human rights - Briefing on the ?emdinli bombing investigation and trial (Índice AI: EUR 44/006/2006)

• Turkey: Briefing on the wide-ranging, arbitrary and restrictive draft revisions to the Law to Fight Terrorism (Índice AI: EUR 44/009/2006)

• Turkey: Justice delayed and denied - The persistence of protracted and unfair trials for those charged under anti-terrorism legislation (Índice AI: EUR 44/013/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Turquía en marzo, abril, mayo y octubre.

Cómo puedes ayudar