Turquía - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Turquía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turquía is now live »

Jefe del Estado : Abdullah Gül (sustituyó a Ahmet Necdet Sezer en agosto)
Jefe del gobierno : Recep Tayyip Erdoğan
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 75,2 millones
Esperanza de vida : 71,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 47/37 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 87,4 por ciento

Con el aumento de la inseguridad política y de las intervenciones de las fuerzas armadas, se incrementaron también el sentimiento nacionalista y la violencia. Continuaron imponiéndose limitaciones a la libertad de expresión. Persistían las denuncias de tortura y otros malos tratos y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los procesos por violaciones de derechos humanos fueron ineficaces e insuficientes, y persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal. Se violaron los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se avanzó poco en la creación de hogares refugio para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Información general

Tras la muerte por disparos del periodista turco-armenio Hrant Dink en enero, reinaba una atmósfera de intolerancia en el país. A partir de mayo, la intensificación de los enfrentamientos armados entre las fuerzas amadas turcas y el Partido de los Trabajadores Kurdos dio lugar a abusos contra los derechos humanos. En junio, las fuerzas armadas declararon zonas de seguridad temporales en tres distritos fronterizos con Irak, y en diciembre en otros tres.

La incapacidad del Parlamento para elegir un nuevo presidente llevó a la celebración de elecciones anticipadas en julio. El gobierno fue reelegido y en agosto el Parlamento eligió a Abdullah Gül como presidente. En septiembre, el gobierno designó una comisión encargada de redactar enmiendas constitucionales de envergadura. En noviembre, el Tribunal Constitucional inició los procedimientos para ilegalizar el Partido de la Sociedad Democrática, de tendencia pro kurda.

Ataques con bombas perpetrados por personas o grupos desconocidos contra objetivos civiles mataron e hirieron a decenas de personas. En mayo y octubre varias bombas explotaron en Esmirna, causando la muerte a dos personas y heridas a muchas más. En mayo, una bomba que explotó en el distrito de Ulus, en Ankara, mató a nueve personas e hirió a más de un centenar. En septiembre, un ataque contra un minibús en la provincia de Sirnak causó múltiples víctimas mortales.

En diciembre, las fuerzas armadas turcas realizaron intervenciones militares en el norte de Irak, territorio de población predominantemente kurda, contra bases del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Libertad de expresión

Siguió limitándose la expresión pacífica de las opiniones en la ley y en la práctica. Profesionales de la abogacía y del periodismo y defensoras y defensores de los derechos humanos, entre otras personas, sufrieron acoso, amenazas, procesos judiciales injustos y agresiones físicas. Aumentó el número de juicios entablados en aplicación del artículo 301 del Código Penal turco, que tipificaba como delito el agravio a la identidad turca, a pesar de la oposición nacional e internacional a este artículo.

  • Hrant Kink, periodista y defensor de los derechos humanos, murió por disparos el 19 de enero. Previamente había sido procesado con arreglo al artículo 301. Al parecer, el presunto autor de los disparos declaró que había disparado a Hrant Dink porque éste había denigrado la identidad turca. Unas 100.000 personas asistieron al funeral de Hrant Dink, en una muestra de solidaridad sin precedentes. Aunque una investigación policial sobre el asesinato permitió juzgar a varios sospechosos, no se examinó a fondo la culpabilidad de los servicios de seguridad. En octubre, el hijo de Hrant Dink, Arat Dink, y Sarkis Seropyan, director adjunto y propietario respectivamente del semanario turco-armenio Agos, fueron declarados culpables en aplicación del artículo 301 y condenados a sendas penas condicionales de un año de prisión.
  • En abril murieron de forma violenta dos ciudadanos turcos y un ciudadano alemán que trabajaban para una editorial cristiana en Malatya. Según los informes, los cadáveres aparecieron degollados y atados de pies y manos. El juicio de las personas procesadas en relación con los asesinatos comenzó en noviembre.

El artículo 216 del Código Penal, que penalizaba «incitar a la población a la enemistad o el odio», se aplicó de una forma arbitraria y demasiado restrictiva.

  • En noviembre, la abogada Eren Keskin fue condenada a un año de prisión por utilizar la palabra «Kurdistán». Posteriormente, la pena se conmutó por una multa de 3.300 liras (unos 2.800 dólares estadounidenses).

También se abrieron causas judiciales en virtud del artículo 7.2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, que penalizaba «hacer propaganda de una organización terrorista o de sus fines».

  • En noviembre, Gülcihan Şimşek, miembro del Partido de la Sociedad Democrática y alcaldesa de la ciudad de Van, fue condenada a un año de cárcel por utilizar el tratamiento «señor» (sayın) para referirse a Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se procesó por sus actividades pacíficas a personas que defendían los derechos humanos.

  • En enero se congelaron las cuentas bancarias de Amnistía Internacional Turquía a petición de la Oficina del Gobernador de Estambul, alegando una presunta «financiación ilegal», y en mayo se impuso una sanción administrativa al presidente de la organización por el mismo delito. Amnistía Internacional Turquía recurrió, pero al final del año ambos asuntos seguían pendientes de resolución.
  • En junio se condenó a tres personas relacionadas con la Asociación de Derechos Humanos (IHD) a sendas penas de dos años y ocho meses de prisión, por criticar la operación «Retorno a la vida» lanzada por las autoridades estatales en las prisiones en el año 2000.
  • Se abrieron causas judiciales contra Serpil Köksal, Murat Dünsen e İbrahim Kızartıcı por tomar parte en una campaña contra el servicio militar obligatorio. Los tres fueron absueltos en diciembre.
  • La Oficina del Gobernador de Estambul solicitó a los tribunales el cierre de la organización por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero Lambda Estambul, alegando que el nombre y los objetivos de este grupo eran contrarios a la «ley y la moral».

Impunidad

Las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad seguían adoleciendo de defectos y el número de causas judiciales abiertas fue insuficiente. Los organismos oficiales de derechos humanos siguieron siendo ineficaces. En junio, el Parlamento reformó la Ley sobre Obligaciones y Competencias de la Policía, que ampliaba los poderes de la policía para utilizar fuerza letal, al permitirles disparar contra sospechosos que no obedeciesen a la orden de «alto».

  • En abril, los cuatro agentes de policía juzgados por el homicidio de Ahmet Kaymaz y de su hijo Uğur, de 12 años de edad, frente a su domicilio fueron absueltos. Los agentes afirmaron que las muertes habían sido resultado de un enfrentamiento armado, pero los informes forenses mostraron que las víctimas habían muerto por disparos realizados a corta distancia.
  • Se anularon las sentencias condenatorias de dos agentes de la policía militar y de un informante que habían sido declarados culpables de un atentado con bomba en una librería de la ciudad de Semdinli, en el sureste del país, en noviembre de 2005, que causó la muerte de un hombre. El nuevo juicio se celebró ante un tribunal militar. Tras la primera audiencia, celebrada en diciembre, los dos agentes de la policía militar quedaron en libertad y se reincorporaron a sus funciones.
  • En noviembre, 10 agentes de policía fueron declarados no culpables de la tortura de dos mujeres bajo custodia policial en Estambul en 2002. Según los informes, «Y» y «C» habían sido sometidas a diversas torturas: les propinaron palizas, las desnudaron, les dispararon con agua a presión con una manguera e intentaron violarlas. Los fallos se emitieron después de que se realizara un nuevo informe médico a petición de los acusados, según el cual no se apreciaban «pruebas definitivas de que se hubiese cometido el delito de tortura».

Juicios injustos

Persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal, especialmente en relación con las personas imputadas en virtud de la legislación antiterrorista. En procesos judiciales de larga duración se utilizaron como prueba declaraciones presuntamente extraídas mediante tortura.

  • En junio, Mehmet Desde ingresó en prisión tras ser declarado culpable, junto a otros siete acusados, de apoyar o pertenecer a una «organización ilegal», por mantener vínculos con el Partido Bolchevique (Kurdistán Norte/Turquía). El partido no había hecho uso de la violencia ni la había propugnado, y la relación de los condenados con él no había sido probada. La condena de Mehmet Desde se basó principalmente en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura.
  • Selahattin Ökten pasó todo el año 2007 en detención preventiva, después de que lo detuvieran por sospecharse su participación en las acciones del Partido de los Trabajadores Kurdos. La acusación se basó en la declaración de un único testigo que presuntamente había sido obtenida mediante tortura y de la cual el testigo se retractó posteriormente.

Homicidios en circunstancias controvertidas

Continuaron recibiéndose informes sobre muertes por disparos de las fuerzas de seguridad. La justificación que se solía ofrecer era que las víctimas no habían obedecido la orden de «alto». Sin embargo, en esos incidentes con frecuencia se produjo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y algunos homicidios pudieron haber sido ejecuciones extrajudiciales. En varios casos, las investigaciones peligraron debido a que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían perdido pruebas.

  • En agosto, Festus Okey, solicitante de asilo nigeriano, murió tras recibir un disparo bajo custodia policial en Estambul. Al parecer, la policía había perdido una prueba decisiva, la camisa que vestía Festus Okey el día que recibió el disparo. Un agente fue acusado de homicidio intencional.
  • En septiembre, Bülent Karataş murió por disparos realizados por la policía militar en la localidad de Hozat, provincia de Tunceli. Según Rıza Çiçek, que también resultó gravemente herido en el incidente, la policía militar los había obligado a desnudarse antes de disparar. Se estaba llevando a cabo una investigación en secreto.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente en lugares de detención no oficiales.

  • En junio, Mustafa Kükçe murió después de haber permanecido detenido en varias comisarías de policía de Estambul. Los familiares que identificaron su cadáver afirmaron que era evidente que lo habían torturado antes de morir. Ningún agente de policía fue encausado.
  • El abogado Muammer Öz fue presuntamente golpeado por agentes de policía cuando se encontraba tomando té con unos familiares en Moda, distrito de Estambul. Un examen médico oficial no reflejó que tenía la nariz fracturada a consecuencia de la agresión. Muammer Öz relató a Amnistía Internacional cómo los policías lo habían golpeado con los puños y con porras y le habían dicho que permanecerían impunes. Se abrió una causa judicial contra dos agentes implicados, que se encontraban en espera de juicio.

Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron haciendo uso de fuerza excesiva en sus funciones de control de las manifestaciones.

  • En varias manifestaciones que se celebraron el 1 de mayo en distintas partes del país con motivo del Día Internacional del Trabajo, la policía utilizó porras y gas lacrimógeno contra las personas que se manifestaban pacíficamente. Sólo en Estambul se detuvo a más de 800 personas, aunque se desconocía el número total de detenciones.

Condiciones penitenciarias

Continuaban denunciándose castigos disciplinarios duros y arbitrarios en las prisiones «Tipo F». Una circular hecha pública en enero que ampliaba el derecho de los presos a relacionarse entre sí seguía sin aplicarse en gran medida. Algunos presos permanecían recluidos en régimen de aislamiento, en solitario o en pequeños grupos. Hubo protestas generalizadas pidiendo el fin de la reclusión en régimen de aislamiento del dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos Abdullah Öcalan y una investigación sobre el trato que se le dispensaba.

En mayo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la isla prisión de Imrali, donde Abdullah Öcalan permanecía encarcelado, para examinar las condiciones de su detención y su estado de salud. Al final del año no se habían hecho públicas las conclusiones de esta visita.

Objeción de conciencia

No se reconocía la objeción de conciencia al servicio militar y no existía un servicio civil alternativo.

  • Osman Murat Ülke, objetor de conciencia reincidente, fue citado de nuevo para que se presentase a cumplir el resto de una condena anterior relacionada con su negativa a realizar el servicio militar. En su intento de castigarlo, Turquía seguía violando la sentencia dictada en 2006 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Ülke, que exigía a Turquía la implementación de legislación para impedir el procesamiento reiterado de los objetores de conciencia.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Seguía denegándose a las personas refugiadas el acceso a un sistema nacional justo y efectivo de solicitud de asilo. Las autoridades turcas devolvieron a personas a las que se había reconocido su condición de refugiadas o solicitantes de asilo a países en los que corrían riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, lo que constituía una vulneración del derecho internacional.

  • En octubre, Ayoub Parniyani, reconocido por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como refugiado, su esposa, Aysha Khaeirzade, y su hijo Komas Parniyani, todos ellos ciudadanos iraníes, fueron devueltos al norte de Irak. Previamente, en julio, las autoridades habían devuelto a Irak a 135 iraquíes a los que se había negado el derecho a solicitar asilo.

Violencia contra las mujeres

No se aplicaron adecuadamente las leyes y normativas para proteger a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar. El número de hogares refugio seguía siendo muy inferior a la cifra que estipulaba la Ley de Municipios de 2004, que exigía la creación de un hogar refugio en todas las ciudades que tuvieran más de 50.000 habitantes. Al terminar el año todavía no existía la línea telefónica de emergencia para víctimas de la violencia doméstica ordenada por el primer ministro en julio de 2006.

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