Turkmenistán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Turkmenistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turkmenistán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Kurbanguly Berdymukhammedov (sustituyó a Saparmurad Niyazov en diciembre)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

A pesar de las mejoras observadas en un reducido número de casos concretos, continuaron las violaciones de derechos humanos en gran escala. Se intensificó la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades no abrieron una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la muerte bajo custodia de una defensora de los derechos humanos muerta en circunstancias sospechosas. Entre las medidas para acallar la disidencia se contaban el hostigamiento, las restricciones a la libertad de circulación, la detención arbitraria, la tortura o los malos tratos y la persecución de familiares. Decenas de personas encarceladas en relación con el presunto intento de asesinato del presidente Saparmurad Niyazov en 2002 continuaban recluidas en régimen de incomunicación.

Información política

El presidente Saparmurad Niyazov murió el 21 de diciembre a consecuencia de un paro cardiaco. Ese mismo día, el Consejo de Seguridad del Estado y el Consejo de Ministros designaron al viceprimer ministro Kurbanguly Berdymukhammedov presidente en funciones. El presidente del Parlamento, sucesor designado por la Constitución para el presidente Niyazov, fue destituido, y, según los informes, se presentaron cargos penales en su contra.

El 26 de diciembre, el Consejo del Pueblo aprobó la presentación de seis personas, entre ellas el presidente en funciones, como candidatos a las elecciones presidenciales que debían celebrarse en febrero de 2007. Todas estas personas eran miembros del Partido Democrático de Turkmenistán, el único partido legalmente inscrito del país. El gobierno provisional ignoró las peticiones de grupos de oposición en el exilio de que se permitiera a los dirigentes de la oposición presentar candidatos.

Escrutinio internacional

El secretario general de la ONU, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Turkmenistán, presentado ante la Asamblea General en octubre, concluyó que «han seguido registrándose violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos [en Turkmenistán], a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno». El secretario general puso de relieve la difícil situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las minorías, las limitaciones de la libertad de expresión y religión, el uso de la tortura, la inexistencia de un poder judicial independiente y la limitación del acceso a los servicios de atención de la salud y de educación. El secretario general de la ONU hizo un llamamiento para que Turkmenistán invitara a los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a visitar el país. Pese a las reiteradas resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Turkmenistán no había cursado invitación alguna en ese sentido.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, destacó la importancia de la contribución de la sociedad civil a la aplicación plena de las obligaciones contraídas por Turkmenistán en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, y recomendó la supresión de las restricciones impuestas a las organizaciones independientes de la sociedad civil. El Comité pidió a las autoridades que investigaran las denuncias de tortura y malos tratos, especialmente en el seno del sistema de justicia de menores, que llevaran a los autores ante la justicia y que garantizaran el disfrute por parte de los menores de la libertad de religión y del acceso a la información de diversas fuentes nacionales e internacionales.

Violencia contra las mujeres

En mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el hecho de que Turkmenistán no parecía ser consciente de la urgente necesidad de poner freno a la violencia contra las mujeres, de aprobar disposiciones legales específicas, por ejemplo sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y de introducir medidas para abordar la trata de mujeres. Entre otras cuestiones, el Comité instó a Turkmenistán a penalizar la violencia doméstica, a poner a disposición judicial a los responsables, a asegurar el acceso de las víctimas a un resarcimiento apropiado, y a asegurar la creación de centros de acogida. El Comité recomendó asimismo que el gobierno creara un entorno favorable al establecimiento y la participación de las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos.

Muerte bajo custodia

En junio se detuvo a activistas del grupo de derechos humanos Federación Turcomana de Helsinki: Annakurban Amanklychev, Sapardurdy Khadzhiev, Elena Ovezova y la periodista Ogulsapar Muradova, de la emisora Radio Liberty, financiada por Estados Unidos, así como a las dos hijas y el hijo adultos de ésta. Cuatro de las personas detenidas quedaron en libertad el 1 de julio. En agosto, Annakurban Amanklychev, Sapardurdy Khadzhiev y Ogulsapar Muradova fueron declarados culpables de «adquisición, posesión o venta ilegales de munición o armas de fuego» y condenados a penas de entre seis y siete años de prisión en un juicio sin garantías. Al parecer, los cargos eran falsos. Según los informes, los encausados sufrieron malos tratos mientras estuvieron detenidos, y a Annakurban Amanklychev y Ogulsapar Muradova se les administraron fármacos psicotrópicos en un intento de obtener «confesiones».

En septiembre, Ogulsapar Muradova murió en circunstancias sospechosas mientras estaba bajo custodia. Las autoridades no abrieron una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre su muerte.

Represión de la disidencia

Activistas de la sociedad civil, disidentes políticos, miembros de grupos religiosos minoritarios y sus familiares fueron víctimas de hostigamiento, detención arbitraria y tortura.

El Ministerio de Seguridad Nacional citó para someter a interrogatorio a prácticamente todas las personas que se habían reunido con periodistas de la BBC y de la compañía de producción audiovisual francesa Galaxie Presse que visitaron Turkmenistán y después criticaron las políticas del gobierno. A las personas interrogadas se les prohibió salir de Turkmenistán, y algunas quedaron bajo arresto domiciliario.

Kakabay Tedzhenov, de 70 años de edad, estuvo confinado en contra de su voluntad en instituciones médicas, principalmente en un hospital psiquiátrico del distrito de Garashsyzlyk, región de Lebap, en el este del país, desde enero hasta octubre, cuando fue liberado tras las presiones internacionales. Según los informes, al quedar en libertad tuvo que comprometerse a no hacer declaraciones políticas en el futuro. Amnistía Internacional consideró que lo habían castigado por protestar contra las políticas gubernamentales y lo adoptó como preso de conciencia. En febrero, la delegación de Turkmenistán ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa manifestó a todos los Estados participantes que Kakabay Tedzhenov nunca había estado detenido ni confinado en una institución médica.

El activista medioambiental Andrei Zatoka fue detenido el 17 de diciembre por la policía local en el aeropuerto de su localidad de residencia, Dashoguz. Se disponía a volar a la capital, Asjabad, y luego a Moscú al día siguiente, para reunirse con miembros de la Unión Internacional Social y Ecológica y pasar las vacaciones con su familia en Rusia. Según los informes, lo acusaron de alteración del orden público. Sin embargo, hubo denuncias que afirmaron que había sido detenido a causa de su trabajo pacífico como activista medioambiental.

Las autoridades siguieron imponiendo restricciones a la libertad de circulación para castigar y presionar a disidentes y sus familias. Según los informes, miles de personas figuraban en una «lista negra» que les impedía salir del país. En ella figuraban personas a las que se consideraba críticas con las autoridades y sus familiares, familiares de personas encarceladas en relación con el presunto intento de asesinato del presidente en 2002, y familiares y amigos de funcionarios del Estado encarcelados en los últimos años.

El 2 de mayo, Ovez Annaev, cuñado de Khudayberdy Orazov, dirigente del movimiento de oposición Watan (Patria) en el exilio, fue obligado por agentes de la Seguridad Nacional a descender del avión en el que había embarcado. Según los informes, lo amenazaron con encarcelarlo si denunciaba los hechos a organizaciones internacionales o embajadas. Ovez Annaev se disponía a viajar a Rusia para someterse a tratamiento médico especializado para una úlcera gástrica. A él y a su esposa ya les habían impedido en otra ocasión viajar al extranjero y los habían obligado a descender de un avión antes del despegue, al parecer por su relación con Khudayberdy Orazov, y las autoridades los habían acusado de desempeñar un papel fundamental en el presunto intento de asesinato del presidente.

Al menos un miembro de un grupo religioso minoritario fue expulsado, según los informes, a su país de origen en el marco de la campaña de represión de la libertad religiosa. Según informes, desde mediados de la década de los noventa, cientos de miembros extranjeros de grupos religiosos minoritarios han sido expulsados a sus países de origen.

En marzo, cuando Aleksandr Frolov, baptista y ciudadano ruso que vivía en Turkmenistán desde hacía muchos años, regresó de un viaje a Rusia a través de Kazajistán, los guardias de fronteras turcomanos se incautaron de literatura de carácter religioso que llevaba consigo. Poco después, tres funcionarios del Servicio de Migración se personaron en su domicilio y le confiscaron su permiso de residencia. Según los informes, lo acusaron de tratar de importar literatura cristiana, de no notificar al Servicio de Migración su salida de Turkmenistán y de celebrar servicios religiosos en su casa. No se tuvo conocimiento de que se hubieran presentado cargos en su contra. En junio lo expulsaron a Rusia, separándolo de su esposa, ciudadana turcomana, del hijo de ambos, de tres años de edad, y de su hija de cinco meses.

Prisión en régimen de incomunicación

Permanecieron recluidos en régimen de incomunicación decenas de presos condenados en juicios sin garantías en relación con el presunto intento de asesinato del presidente en 2002. Se les negaba el acceso a sus familiares, a abogados y a organismos independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hubo denuncias según las cuales muchos de ellos habían sufrido tortura o malos tratos después de su detención y algunos habían muerto como consecuencia de la tortura, los malos tratos y la dureza de las condiciones penitenciarias. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones exhaustivas o imparciales sobre las denuncias, ni respondieron a las solicitudes de información de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

En octubre, el presidente Niyazov anunció que ocho presos que cumplían condena en relación con el presunto intento de asesinato quedarían en libertad en una próxima amnistía. El presidente afirmó que los ocho estaban arrepentidos y que «no estuvieron muy involucrados ni utilizaron armas». Ninguno de los presos de los que se sabía que habían sido declarados culpables de participación en el presunto intento de golpe de Estado apareció en la lista de amnistía finalmente publicada.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

• Turkmenistan: Open letter from a coalition of human rights organizations (Índice AI: EUR 61/010/2006)

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