Turkmenistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Turkmenistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turkmenistán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Gurbangulí Berdimujammédov
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 5 millones
Esperanza de vida : 62,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 104/85 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,8 por ciento

Aunque el presidente Gurbangulí Berdimujammédov rectificó algunas de las decisiones más criticadas de su predecesor, las reformas fueron muy limitadas. No hubo mejoras fundamentales en materia de derechos humanos aunque, como en años anteriores, algunas personas presas fueron liberadas tras la intervención de la comunidad internacional. Decenas de personas encarceladas tras juicios injustos continuaban en prisión, muchas de ellas en régimen de incomunicación. Hubo informes sobre hostigamiento, detenciones y encarcelamientos por motivos políticos. Las autoridades seguían negando que se cometieran violaciones de derechos humanos en el país.

Información general

Gurbangulí Berdimujammédov, presidente en funciones desde el fallecimiento del presidente Saparmurad Niyázov en diciembre de 2006, fue elegido presidente en febrero. Los seis candidatos presidenciales pertenecían al Partido Democrático de Turkmenistán, único partido legalmente inscrito en el país.

El presidente Berdimujammédov rectificó los recortes impuestos por su predecesor en la duración de la educación escolar y universitaria y restableció las pensiones abolidas en 2006. Se abrieron varios cibercafés en todo el país, pero no eran asequibles para la mayoría de la población. Continuó el bloqueo impuesto a varios sitios web donde se criticaba a las autoridades, y éstas vigilaron estrechamente el uso de Internet. Las restricciones a la circulación de personas dentro del país fueron abolidas en su mayoría, pero seguía siendo prácticamente imposible para los ciudadanos residir y encontrar empleo en una zona distinta al lugar donde figuraban registrados debido al sistema de registro de la residencia heredado de la etapa soviética (comúnmente designado con la palabra rusa propiska).

En agosto, el presidente constituyó la Comisión Interdepartamental de Derechos Humanos, con el cometido de preparar los informes exigidos por los órganos de vigilancia de los tratados (varios de los cuales acumulaban un largo retraso) y de elaborar un programa nacional de derechos humanos. Las autoridades invitaron a la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias a visitar Turkmenistán. Otros procedimientos especiales de la ONU que también solicitaron visitar el país no recibieron una respuesta favorable.

Siguiendo la pauta marcada por su predecesor, el presidente Berdimujammédov abordó problemas fundamentales como la corrupción y el nepotismo en el seno de organismos oficiales principalmente a través de cambios de personal y no de reformas profundas.

Represión por motivos políticos

Hubo informes de hostigamiento, detención y encarcelamiento de disidentes, periodistas independientes, activistas de la sociedad civil y miembros de minorías religiosas. Las autoridades impidieron que activistas de la sociedad civil se comunicaran con las delegaciones internacionales que visitaron Turkmenistán. Con frecuencia se impidió salir del país a disidentes y seguidores de confesiones religiosas, así como a familiares de éstos.

  • Ovezgeldy Ataev, destituido del cargo de presidente del Parlamento poco después del fallecimiento del anterior presidente del país, fue condenado en febrero a una pena de cuatro o cinco años de cárcel. Se denunció que su persecución formaba parte de la lucha por el poder que se había desatado a la muerte del presidente. El presidente del Parlamento era la persona designada por la Constitución para suceder al presidente.
  • Vyacheslav Kalataevsky, dirigente de la Iglesia baptista en Turkmenbashi, localidad portuaria situada a orillas del mar Caspio, fue condenado en mayo a tres años de cárcel por cruzar ilegalmente la frontera en 2001. Según informes, la acusación formulada en su contra tenía como fin castigarlo por sus actividades religiosas. En octubre le fue concedido el indulto, pero más tarde se le denegó el permiso de residencia en Turkmenistán. Aunque Vyacheslav Kalataevsky nació en la República Socialista Soviética de Turkmenistán, recibió la nacionalidad ucraniana al encontrarse en ese país cuando se desintegró la Unión Soviética. En diciembre había tenido que marcharse de Turkmenistán dejando atrás a su padre, su madre, su esposa y sus hijos.

Liberación de personas encarceladas

Algunas personas encarceladas en cuyos casos se había interesado la comunidad internacional quedaron en libertad o fueron indultadas de sus condenas condicionales en agosto y octubre. Entre ellas estaban: Andrei Zatoka, ecologista; Nasrullah ibn Ibadullah, ex muftí; Nuryagdy Gairov, Suleiman Udaev y Aleksandr Zuev, objetores de conciencia, y Geldy Kyarizov, ex director de la asociación gubernamental Turkmenatlary («caballos turcomanos»).

Prisión en régimen de incomunicación

Decenas de presos continuaron privados de todo acceso a familiares, abogados y organismos independientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Calificados de «enemigos del pueblo» por las autoridades, habían sido condenados en juicios sin las debidas garantías en relación con un presunto intento de asesinato del anterior presidente en 2002. Al parecer, muchos fueron torturados tras su detención. Fuentes no gubernamentales indicaron que la mayoría estaban recluidos en la prisión de Ovadan-Depe, conocida por la excesiva dureza de sus condiciones. Según una información sin confirmar, al menos ocho presos habían muerto desde 2002 como consecuencia de tortura, otros malos tratos, duras condiciones de reclusión y falta de asistencia médica adecuada. Según la información recibida, los familiares de varios presos pidieron permiso al nuevo gobierno para enviar paquetes y cartas al menos una vez al año, y solicitaron los nombres de los que habían muerto en la cárcel. No recibieron ninguna respuesta por escrito, pero, según los informes, representantes del gobierno les dijeron que sus solicitudes habían sido rechazadas.

Objeción de conciencia

Al menos seis miembros de la confesión religiosa Testigos de Jehová fueron procesados por negarse a servir en el ejército por motivos de conciencia. Los tribunales impusieron penas que iban desde la condena condicional de 18 meses hasta los 18 meses de cárcel. En las vistas de apelación, los tribunales conmutaron las penas de cárcel por condenas condicionales. Tres de los hombres obtuvieron el indulto en octubre, pero otros dos, Bayram Ashirgeldiev y Begench Shakhmuradov, a quienes se habían impuesto condenas condicionales, sufrieron restricciones a su libertad de circulación y no obtuvieron de las autoridades la documentación necesaria para conseguir un empleo.

  • Begench Shakhmuradov fue llamado a filas en mayo para realizar el servicio militar, y en septiembre un tribunal de Ashgabat le impuso una condena condicional por «eludir el llamamiento para cumplir el servicio militar». Ya había cumplido una pena de cárcel por el mismo delito en 2005. Según informes, mientras estuvo detenido contrajo la tuberculosis.

Avances institucionales

El 19 de febrero, el presidente Berdimujammédov estableció una comisión estatal con el cometido de examinar las denuncias de la ciudadanía en relación con la actuación de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, y se erigió en su presidente. Hubo falta de transparencia en el establecimiento de la comisión, en la publicación de sus normas y procedimientos y en la emisión de informes sobre su trabajo. La comisión trasladó algunas de las denuncias a los mismos organismos oficiales contra los que iban dirigidas. Los denunciantes recibieron respuestas en las que se afirmaba que la denuncia era infundada pero no se aportaba más información.

  • Ruslan Tukhbatullin formuló una denuncia ante la comisión por su expulsión del ejército en 2005. Al parecer, fue expulsado con la intención de presionar a su hermano, Farid Tukhbatullin, director de la ONG Iniciativa Turcomana de Derechos Humanos, que vivía en el exilio desde 2003. Ruslan Tukhbatullin recibió una respuesta del Ministerio de Defensa, organismo responsable de su expulsión, en la que se afirmaba que ésta no había constituido una violación de sus derechos.

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