Turkmenistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Turkmenistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turkmenistán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Gurbangulí Berdimujamédov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,1 millones
Esperanza de vida
64,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
72/56 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,5 por ciento

No se conocía el paradero de decenas de personas que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2002. Seguía encarcelándose a presos de conciencia por expresar pacíficamente sus opiniones. La libertad de expresión, asociación y religión seguía estando restringida.

Desapariciones forzadas

Las autoridades siguieron sin facilitar información a los familiares y a la opinión pública sobre el paradero de decenas de personas detenidas y declaradas culpables tras el presunto ataque armado contra el ex presidente Saparmurad Niyazov en noviembre de 2002. Las cartas que los familiares de las personas desaparecidas enviaron a varias autoridades gubernamentales seguían sin respuesta.

  • No se conocía el paradero de Boris Shikhmuradov, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno del ex presidente Niyazov. Había sido condenado a 25 años de prisión en un juicio celebrado a puerta cerrada en diciembre de 2002; al día siguiente de pronunciarse la sentencia, su pena había sido aumentada a cadena perpetua por el Consejo del Pueblo, órgano abolido en 2008. Desde entonces, la familia de Boris Shikhmuradov no ha tenido noticias de él. Las cartas que su esposa escribió a las autoridades no obtuvieron respuesta. Según informes, en septiembre de 2007, durante una visita a la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el presidente Berdimujamédov dijo que estaba “seguro” de que Boris Shikhmuradov seguía vivo. Ésta es la única información recibida sobre su suerte desde que lo condenaron a cadena perpetua.

Represión de la disidencia

Todos los medios de comunicación impresos y electrónicos seguían bajo el control del Estado. Las autoridades siguieron bloqueando sitios web dirigidos por disidentes y miembros de la oposición en el exilio. Periodistas que colaboraban con medios extranjeros independientes fueron objeto de acoso por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de los servicios de seguridad nacionales. Las autoridades siguieron ejerciendo presión sobre familiares de miembros de la oposición en el exilio colocándolos en una “lista negra” de personas a las que se les prohibía salir del país.

  • Osmankuly Khallyev, corresponsal del servicio de noticias de la emisora Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) en la provincia de Lebap, siguió siendo objeto de acoso por parte de las autoridades del gobierno local debido a su trabajo en el servicio en turcomano de esta emisora. En enero fue puesto bajo arresto domiciliario después de haber informado sobre las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2008. Según dijo a RFE/RL, su hijo, su nuera y su yerno habían sido despedidos de sus empleos como castigo por la colaboración de Osmankuly Khallyev con la emisora. El periodista presentó una queja ante la Fiscalía local, pero no recibió respuesta.
  • El 15 de noviembre, Ovez Annaev, de 46 años, murió después de que se le denegase el permiso para viajar a Moscú con el fin de recibir un tratamiento cardiaco que no se podía conseguir en Turkmenistán. A él y a otros miembros de su familia se les había prohibido salir del país después de que su cuñado, Kudayberdy Orazov, dirigente en el exilio del movimiento de oposición Vatna (Madre patria), fuese condenado en ausencia a cadena perpetua tras el ataque contra el ex presidente Niyazov ocurrido en noviembre de 2002.

Presos de conciencia

  • El 6 de noviembre, el activista medioambiental Andrei Zatoka fue puesto en libertad cuando el Tribunal Regional de Dashoguz reconsideró su caso y conmutó su condena inicial por el pago de una multa de 1.000 manats (alrededor de 350 dólares estadounidenses). Había sido condenado el 29 de octubre, tras un juicio injusto, a cinco años de cárcel por “vandalismo” y por lesionar a un hombre que lo había atacado en un mercado el 20 de octubre. Andrei Zatoka dijo a Amnistía Internacional que le habían devuelto la libertad a condición de que renunciase a su nacionalidad turcomana y abandonase el país. El 7 de noviembre, tras pagar la multa, él y su esposa se vieron obligados a dejar el país y marchar a Rusia con unas pocas pertenencias y el temor de que el gobierno confiscase el apartamento del que eran propietarios. En opinión de Amnistía Internacional, Andrei Zatoka fue perseguido por su labor pacífica como activista medioambiental.

Las autoridades siguieron utilizando acusaciones falsas por delitos comunes para reprimir la disidencia pacífica.

  • Los activistas de derechos humanos Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev continuaban en prisión después de ser condenados en agosto de 2006, tras un juicio carente de garantías, a siete años de cárcel por posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego. Ambos habían estado vinculados con la ONG en el exilio Fundación Turcomana de Helsinki.

Libertad de religión: testigos de Jehová

  • En julio, según la organización internacional de derechos humanos Forum 18, dos jóvenes testigos de Jehová, Shadurdi Ushotov y Akmurat Egendurdiev, fueron condenados a dos años y 18 meses, respectivamente, de internamiento en un campo de trabajo, por negarse a realizar el servicio militar obligatorio.
  • En mayo, el Tribunal Municipal de Serdar levantó la suspensión de las condenas de dos años de prisión impuestas a dos testigos de Jehová, los hermanos Sakhetmurad y Mukhammedmurad Annamamedov, y se detuvo a ambos para que cumplieran los 18 meses que les restaban de sus condenas. El 3 de junio, los hermanos presentaron sendos recursos de apelación ante el Tribunal Regional de Balkanabad contra el levantamiento de la suspensión. El 30 de junio, el Tribunal rechazó sus recursos.

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