Continuaba sometida a restricciones la libertad de expresión, asociación, religión
y circulación. Decenas de personas a las que se había encarcelado tras juicios sin
las debidas garantías continuaban en prisión, muchas de ellas en régimen de incomunicación.
Al menos ocho objetores de conciencia cumplían penas de cárcel.
Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia. Los periodistas que trabajaban
con medios de comunicación extranjeros conocidos por publicar críticas a las autoridades
sufrían acoso e intimidación. Los activistas de la sociedad civil independientes no
podían actuar abiertamente en Turkmenistán. Aumentó el temor por la seguridad de los
disidentes después de que el presidente Berdimujamédov pidiese en septiembre al Ministerio
de Seguridad Nacional que combatiese a quienes, según el sitio web del gobierno, “difaman
a nuestro Estado laico y democrático basado en el derecho y tratan de destruir la
unidad y la solidaridad de nuestra sociedad”.
Los presos de conciencia Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev, vinculados
a la ONG Fundación Turcomana de Helsinki, continuaron cumpliendo las condenas de prisión
por “adquisición, posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego” que les habían
impuesto en un juicio sin garantías en 2006. Tras analizar este caso, el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó en agosto que los dos hombres
habían sido detenidos arbitrariamente como castigo por ejercer su derecho a la libertad
de expresión y asociación y por sus actividades de derechos humanos. Asimismo, afirmó
que a ambos se les había negado el derecho a un juicio justo e instó a las autoridades
a que los dejaran en libertad sin demora y a que les proporcionaran una indemnización
económica adecuada.
En septiembre, K+, cadena de televisión por satélite que emitía para Asia Central,
difundió una entrevista con Farid Tukhbatullin, director de Iniciativa Turcomana de
Derechos Humanos. La emisión ofreció a la población de Turkmenistán la excepcional
oportunidad de recibir información sobre la situación de los derechos humanos en el
país de una fuente no gubernamental. Posteriormente, un ciberataque perpetrado por
desconocidos deshabilitó el sitio web de Iniciativa Turcomana, hasta que ésta lo trasladó
de su servidor de Moscú a uno de otro país. En octubre, Farid Tukhbatullin recibió
información fidedigna según la cual agentes del Ministerio de Seguridad Nacional habían
hablado de “deshacerse de [él] discretamente”, de una manera que resultase difícil
de descubrir.
Se controlaban estrictamente las actividades religiosas. En un informe presentado
en enero al Comité de Derechos Humanos de la ONU, Turkmenistán declaró: “Se prohíben
las actividades de las organizaciones religiosas que no están registradas”. Se continuaba
denegando el registro, a menudo sin ofrecer ninguna explicación, a muchas minorías
religiosas, lo que las hacía más vulnerables a las redadas y otros actos de acoso
de las autoridades.
En octubre se condenó al pastor protestante Ilmurad Nurliev a cuatro años de prisión
por “estafa”. Sus seguidores creían que lo perseguían debido a sus actividades religiosas
y que las pruebas presentadas en su contra eran falsas. El tribunal ordenó, según
los informes, que se lo obligara a someterse a un tratamiento por presunto consumo
de drogas, práctica que sus seguidores negaban.
Continuaba siendo delito negarse a cumplir el servicio militar. Al menos ocho testigos
de Jehová cumplían penas de prisión por objeción de conciencia, y a tres más les
habían impuesto condenas condicionales.
Dovleet Byashimov fue detenido en agosto y condenado a 18 meses de prisión por el
Tribunal Municipal de Turkmenabad por negarse a cumplir el servicio militar por motivos
de conciencia. Según informes, después de su detención, lo mantuvieron recluido en
régimen de incomunicación y lo golpearon brutalmente.
Las autoridades seguían ocultando información sobre el paradero de decenas de personas
detenidas y condenadas en relación con la presunta tentativa de asesinato del ex presidente
Saparmurad Niyazov en 2002. Seguían sin respuesta los llamamientos a las autoridades
para que hicieran pública la información sobre las personas que habían muerto bajo
custodia.
En muchos casos se impidió a disidentes y a personas que profesaban alguna religión
viajar a otros países, en virtud de una “lista negra”.
A partir de julio, las autoridades no dejaron salir de Turkmenistán a decenas de personas
con doble nacionalidad. Las obligaban a entregar uno de los pasaportes y solicitar
un visado de salida si decidían conservar la nacionalidad turcomana. El intento de
revocar la nacionalidad sin seguir un procedimiento judicial adecuado y sin que existiese
la posibilidad de recurrir o solicitar que un tribunal independiente revisara la decisión
podía constituir una violación del derecho humano a no ser privado de forma arbitraria
de la nacionalidad.
El sistema de propiska (registro del lugar de residencia permanente) continuaba restringiendo el derecho
a circular libremente por Turkmenistán y repercutía en el acceso a una vivienda, empleo,
prestaciones sociales, asistencia médica y educación. La policía y los servicios de
seguridad utilizaban la amenaza de retirar el registro para evitar que se interpusieran
denuncias por malos tratos policiales.
