Turkmenistán
Jefe del Estado y del gobierno
Gurbangulí Berdimujamédov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,2 millones
Esperanza de vida
65,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
72/56 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,5 por ciento

Continuaba sometida a restricciones la libertad de expresión, asociación, religión y circulación. Decenas de personas a las que se había encarcelado tras juicios sin las debidas garantías continuaban en prisión, muchas de ellas en régimen de incomunicación. Al menos ocho objetores de conciencia cumplían penas de cárcel.

Represión de la disidencia

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia. Los periodistas que trabajaban con medios de comunicación extranjeros conocidos por publicar críticas a las autoridades sufrían acoso e intimidación. Los activistas de la sociedad civil independientes no podían actuar abiertamente en Turkmenistán. Aumentó el temor por la seguridad de los disidentes después de que el presidente Berdimujamédov pidiese en septiembre al Ministerio de Seguridad Nacional que combatiese a quienes, según el sitio web del gobierno, “difaman a nuestro Estado laico y democrático basado en el derecho y tratan de destruir la unidad y la solidaridad de nuestra sociedad”.

  • Los presos de conciencia Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev, vinculados a la ONG Fundación Turcomana de Helsinki, continuaron cumpliendo las condenas de prisión por “adquisición, posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego” que les habían impuesto en un juicio sin garantías en 2006. Tras analizar este caso, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó en agosto que los dos hombres habían sido detenidos arbitrariamente como castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación y por sus actividades de derechos humanos. Asimismo, afirmó que a ambos se les había negado el derecho a un juicio justo e instó a las autoridades a que los dejaran en libertad sin demora y a que les proporcionaran una indemnización económica adecuada.
  • En septiembre, K+, cadena de televisión por satélite que emitía para Asia Central, difundió una entrevista con Farid Tukhbatullin, director de Iniciativa Turcomana de Derechos Humanos. La emisión ofreció a la población de Turkmenistán la excepcional oportunidad de recibir información sobre la situación de los derechos humanos en el país de una fuente no gubernamental. Posteriormente, un ciberataque perpetrado por desconocidos deshabilitó el sitio web de Iniciativa Turcomana, hasta que ésta lo trasladó de su servidor de Moscú a uno de otro país. En octubre, Farid Tukhbatullin recibió información fidedigna según la cual agentes del Ministerio de Seguridad Nacional habían hablado de “deshacerse de [él] discretamente”, de una manera que resultase difícil de descubrir.
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Libertad de religión

Se controlaban estrictamente las actividades religiosas. En un informe presentado en enero al Comité de Derechos Humanos de la ONU, Turkmenistán declaró: “Se prohíben las actividades de las organizaciones religiosas que no están registradas”. Se continuaba denegando el registro, a menudo sin ofrecer ninguna explicación, a muchas minorías religiosas, lo que las hacía más vulnerables a las redadas y otros actos de acoso de las autoridades.

  • En octubre se condenó al pastor protestante Ilmurad Nurliev a cuatro años de prisión por “estafa”. Sus seguidores creían que lo perseguían debido a sus actividades religiosas y que las pruebas presentadas en su contra eran falsas. El tribunal ordenó, según los informes, que se lo obligara a someterse a un tratamiento por presunto consumo de drogas, práctica que sus seguidores negaban.

Continuaba siendo delito negarse a cumplir el servicio militar. Al menos ocho testigos de Jehová cumplían penas de prisión por objeción de conciencia, y a tres más les habían impuesto condenas condicionales.

  • Dovleet Byashimov fue detenido en agosto y condenado a 18 meses de prisión por el Tribunal Municipal de Turkmenabad por negarse a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia. Según informes, después de su detención, lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación y lo golpearon brutalmente.
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Desapariciones forzadas

Las autoridades seguían ocultando información sobre el paradero de decenas de personas detenidas y condenadas en relación con la presunta tentativa de asesinato del ex presidente Saparmurad Niyazov en 2002. Seguían sin respuesta los llamamientos a las autoridades para que hicieran pública la información sobre las personas que habían muerto bajo custodia.

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Libertad de circulación

En muchos casos se impidió a disidentes y a personas que profesaban alguna religión viajar a otros países, en virtud de una “lista negra”.

A partir de julio, las autoridades no dejaron salir de Turkmenistán a decenas de personas con doble nacionalidad. Las obligaban a entregar uno de los pasaportes y solicitar un visado de salida si decidían conservar la nacionalidad turcomana. El intento de revocar la nacionalidad sin seguir un procedimiento judicial adecuado y sin que existiese la posibilidad de recurrir o solicitar que un tribunal independiente revisara la decisión podía constituir una violación del derecho humano a no ser privado de forma arbitraria de la nacionalidad.

El sistema de propiska (registro del lugar de residencia permanente) continuaba restringiendo el derecho a circular libremente por Turkmenistán y repercutía en el acceso a una vivienda, empleo, prestaciones sociales, asistencia médica y educación. La policía y los servicios de seguridad utilizaban la amenaza de retirar el registro para evitar que se interpusieran denuncias por malos tratos policiales.

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