El Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que el uso de la tortura era “generalizado”
en Turkmenistán. El gobierno continuó con la represión de periodistas y defensores
y defensoras de los derechos humanos.
Continuaron denunciándose torturas u otros malos tratos a defensores de los derechos
humanos, periodistas y miembros de determinadas minorías religiosas, infligidos por
policías, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional y personal penitenciario.
Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones efectivas sobre estas denuncias.
En junio, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus observaciones finales
sobre Turkmenistán, en las que expresó su preocupación “por las numerosas y reiteradas
denuncias de uso generalizado de torturas y malos tratos contra personas privadas
de libertad”.
El gobierno continuó reprimiendo la disidencia. Los periodistas que trabajaban con
medios de comunicación extranjeros conocidos por publicar críticas a las autoridades
sufrían acoso e intimidación. Los activistas de la sociedad civil independientes no
podían desarrollar sus actividades abiertamente. El Comité de la ONU contra la Tortura
instó al gobierno a “asegurar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas,
en Turkmenistán y en el extranjero, [gozaran] de protección contra los actos de intimidación
o violencia como consecuencia de sus actividades”. Las autoridades continuaron recurriendo
al confinamiento en hospitales psiquiátricos para silenciar la disidencia.
Los presos de conciencia Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev, vinculados
a la ONG Fundación Turcomana de Helsinki, continuaron cumpliendo las condenas de prisión
por “adquisición, posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego” que les habían
impuesto en un juicio sin garantías en 2006. El Comité de la ONU contra la Tortura
instó al gobierno a atender la petición formulada por el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria en 2010 para que fueran puestos en libertad inmediatamente y
se les concediera una indemnización adecuada.
Dovletmyrat Yazkuliev, periodista de Radio Free Europe/Radio Liberty, fue indultado
el 26 de octubre al beneficiarse de una amnistía presidencial. Tras un breve juicio
celebrado ese mismo mes, había sido declarado culpable de incitar a un familiar a
suicidarse y condenado a cinco años de cárcel. Sus simpatizantes afirmaron que se
le había perseguido por haber informado abiertamente acerca de una explosión mortal
registrada en un arsenal cerca de Ashgabat en julio. Previamente había informado sobre
las revoluciones que se extendían por Oriente Medio y las había comparado con la situación
en Turkmenistán.
Amangelen Shapudakov, activista de 80 años, fue detenido el 7 de marzo y confinado
durante 40 días en un hospital psiquiátrico tras realizar una entrevista para Radio
Azatlyq, servicio en turcomano de Radio Free Europe/Radio Liberty, en la que acusó
de corrupción a un funcionario público local.
El sitio web independiente de noticias Chronicles of Turkmenistan, radicado fuera del país, sufrió un ataque informático y quedó desactivado el 18 de
julio, días después de publicar información sobre la explosión en el arsenal cercano
a Ashgabat. Según informes, los piratas informáticos responsables del ataque publicaron
información sobre usuarios del sitio, incluidos los que accedían desde Turkmenistán,
que los ponía en peligro de sufrir hostigamiento por parte de las autoridades. Unos funcionarios locales se presentaron en casa de la madre del director del sitio
y, según informes, le hicieron preguntas intimidatorias. Posteriormente, ella denunció
que la mantenían bajo vigilancia.
Las actividades religiosas seguían sometidas en Turkmenistán a un estricto control.
Muchas minorías religiosas continuaban encontrando obstáculos para registrarse, lo
que las hacía más vulnerables a sufrir acoso por parte de las autoridades.
Continuaba siendo delito negarse a cumplir el servicio militar, y los objetores de
conciencia no disponían de un servicio civil alternativo. Ocho testigos de Jehová
cumplían penas de prisión por objeción de conciencia y a uno le habían impuesto una
condena condicional.
El pastor protestante Ilmurad Nurliev continuaba encarcelado.
Las autoridades seguían ocultando información sobre el paradero de decenas de personas
detenidas y condenadas en relación con la presunta tentativa de asesinato del ex presidente
Saparmurad Niyazov en 2002. El Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno
a garantizar la adopción de medidas para que se llevasen a cabo investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas sobre todos los casos pendientes de presunta desaparición
forzada y se comunicasen los resultados a los familiares de las víctimas.
El 1 de agosto, jóvenes turcomanos que estudiaban en Tayikistán y habían vuelto a
su país en vacaciones se encontraron con que se les prohibía salir para reanudar sus
estudios. En octubre se levantó la prohibición, pero a algunos estudiantes se les
impidió volver a sus universidades. Las autoridades turcomanas no explicaron los motivos
de esta actuación.
