Uganda
Jefe del Estado y del gobierno
Yoweri Kaguta Museveni
Pena de muerte
retencionista
Población
34,5 millones
Esperanza de vida
54,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
127,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
73,2 por ciento

Aumentaron las restricciones a la libertad de expresión. Las autoridades reprimieron protestas pacíficas, y para ello utilizaron medios como el uso de fuerza excesiva, en ocasiones con resultado de muerte. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguían cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y tortura. Los responsables no rindieron cuentas. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguía haciendo frente a discriminación y violencia.

Información general

En febrero se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. El presidente Museveni fue reelegido con el 68 por ciento de los votos para un nuevo mandato de cinco años. Los partidos de la oposición cuestionaron los resultados, aduciendo fraude e irregularidades electorales. El partido gobernante, Movimiento de Resistencia Nacional, obtuvo mayoría en el Parlamento. Hubo algunos enfrentamientos violentos entre simpatizantes de partidos políticos, la policía y otro personal de seguridad antes de las elecciones, en su transcurso y después de ellas.

En octubre, tres ministros del gobierno fueron acusados formalmente de malversación de fondos públicos destinados a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2007. Uganda también presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe en virtud del examen periódico universal.

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Libertad de reunión

En febrero, el gobierno impuso una prohibición general de todas las protestas públicas, que afectó sobre todo a la actividad política. En abril, el grupo de presión Activistas por el Cambio convocó a la población a acudir a su trabajo a pie para protestar por el alza del precio del combustible y otros productos esenciales. Se sucedieron varias semanas de manifestaciones públicas en la capital, Kampala, y en otros lugares. La policía declaró ilegítimas las protestas e intervino para perturbar el desarrollo de algunos actos inicialmente pacíficos. Varios manifestantes arrojaron después objetos contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que respondieron con fuerza excesiva. Se detuvo a dirigentes de partidos políticos de oposición y a cientos de sus simpatizantes.

Las autoridades afirmaron que los convocantes de las protestas tenían la intención de organizar actos violentos y “derrocar al gobierno”, sin aportar pruebas que respaldaran sus afirmaciones. En octubre, cuatro activistas políticos fueron acusados formalmente de traición –cargo que llevaba consigo la pena de muerte– por su participación en la organización de las protestas. Al doctor Kizza Besigye, dirigente de la oposición, se le impuso una medida de “arresto preventivo” que le impedía salir de su domicilio de Kampala. Esta medida parecía concebida expresamente para impedirle ejercer su derecho a la libertad de reunión.

Decenas de simpatizantes de partidos políticos continuaban recluidos en espera de juicio y se enfrentaban a diversos cargos penales por participar en las protestas.

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Homicidios ilegítimos

La policía y el personal militar usaron fuerza excesiva durante manifestaciones públicas en al menos seis ocasiones distintas en abril y mayo. Se disparó fuego real contra las multitudes de manifestantes, y al menos nueve personas –entre ellas una niña de dos años− resultaron muertas y decenas sufrieron heridas. La muerte por disparos de la niña el 21 de abril recibió mucha publicidad y dio lugar a una investigación criminal y al compromiso del gobierno de juzgar al agente de policía implicado. No se tomaron medidas para obligar a rendir cuentas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de los demás homicidios y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ellos, ni para conceder a las víctimas y sus familias el derecho a un recurso efectivo.

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Tortura y otros malos tratos

Algunos dirigentes políticos y sus partidarios sufrieron malos tratos durante su detención por la policía y otro personal de seguridad.

  • El 28 de abril, el doctor Kizza Besigye (véase supra) sufrió lesiones graves al ser detenido por policías y agentes encargados de hacer cumplir la ley no identificados. Los representantes del gobierno afirmaron que el nivel de fuerza utilizada en su contra estaba justificado.

En junio, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda informó de que la tortura y otros malos tratos a manos de la policía, otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los militares seguían siendo generalizados.

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Libertad de expresión

Periodistas, políticos de la oposición y activistas hacían frente a detención arbitraria, intimidación, amenazas y cargos penales de motivación política por expresar opiniones consideradas críticas hacia las autoridades. Hasta 30 periodistas ugandeses hacían frente a cargos penales en relación con su trabajo en los medios de comunicación.

Durante las protestas de abril y mayo, las autoridades intentaron bloquear sitios de redes sociales y prohibieron programas de televisión en directo, sobre la base de afirmaciones no verificadas de amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública. Muchos periodistas sufrieron hostigamiento, intimidación y palizas a manos de policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente mientras informaban sobre las protestas.

El proyecto de Ley de Prensa y Periodistas (Enmienda) continuaba en espera de ser debatido por el gabinete. En caso de promulgarse, esta ley podría facultar a las autoridades para denegar la concesión de licencias de medios de comunicación impresos por motivos imprecisos, como la “seguridad nacional”.

En octubre se presentó para debate en el Parlamento el proyecto de ley de Gestión del Orden Público. En caso de convertirse en ley, podría imponer restricciones indebidas a la libertad de reunión y asociación.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y niñas –en particular la violencia sexual y otras formas de violencia por motivos de género– seguía siendo generalizada. El gobierno adoptó algunas medidas positivas para abordar este problema, como la elaboración de un manual para trabajadores de la salud sobre la gestión de casos de violencia de género. Sin embargo, las mujeres víctimas de violación y otras formas de violencia sexual y de género seguían haciendo frente a obstáculos económicos y sociales para obtener justicia. Las supervivientes de este tipo de violencia cometida durante el conflicto en el norte de Uganda siguieron reclamando una reparación oficial para hacer frente al trauma físico y emocional resultante.

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Justicia internacional

Seguían en vigor las órdenes de detención dictadas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, y tres jefes del mismo grupo. Los cuatro estaban en libertad.

  • En julio, Thomas Kwoyelo, ex jefe del Ejército de Resistencia del Señor, compareció ante la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior para responder de cargos de asesinato, homicidio intencionado, secuestro con intención de matar, robo con agravantes, destrucción de bienes y otros delitos cometidos en el marco de los ataques que presuntamente había ordenado durante el conflicto en el norte de Uganda. Thomas Kwoyelo negó los cargos y solicitó una amnistía al Tribunal Constitucional en virtud de la Ley de Amnistía de 2000. En septiembre, el Tribunal falló que tenía derecho a una amnistía, en consonancia con las concedidas a miles de combatientes que habían renunciado posteriormente al conflicto. El gobierno apeló contra esta decisión ante el Tribunal Supremo. Al término de 2011 la vista del recurso estaba pendiente. Sin embargo, el gobierno no revocó las disposiciones legales que preveían amnistías para delitos de derecho internacional.
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Atentados con explosivos

En septiembre comenzó en el Tribunal Superior de Kampala el juicio de 19 personas de diferentes nacionalidades acusadas formalmente de terrorismo, asesinato e intento de asesinato durante los atentados con explosivos de 2010. Dos encausados se declararon culpables de terrorismo y conspiración para cometer actos terroristas y fueron condenados a 25 y 5 años de cárcel, respectivamente.

Se retiraron por falta de pruebas los cargos contra cinco detenidos, entre ellos el activista de derechos humanos keniano Al Amin Kimathi, que llevaba un año en detención en espera de juicio. Al parecer, lo habían detenido, acusado formalmente y recluido sólo por llevar a cabo su trabajo legítimo. Al terminar 2011 aún no había comenzado la vista en la que la fiscalía debía presentar las pruebas contra los 12 encausados restantes.

En abril, las autoridades de inmigración impidieron arbitrariamente a cuatro defensores de los derechos humanos kenianos la entrada en Uganda, les obligaron a firmar documentos de expulsión y ordenaron su devolución a Kenia. Los cuatro habían viajado junto con otras personas para asistir a una reunión prevista con las autoridades ugandesas para tratar el caso de Al Amin Kimathi (véase supra).

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La posibilidad de que se pusiera fin a la protección internacional de que gozaban las personas refugiadas y solicitantes de asilo ruandesas en Uganda provocaba que miles de personas vivieran con el temor a ser devueltas a su país. No existían garantías de que las personas refugiadas pudieran acceder a un procedimiento justo y satisfactorio en el que se examinaran los temores que tuviesen en relación con su retorno.

La prohibición de cultivar productos alimenticios impuesta en 2009 a los refugiados ruandeses que vivían en asentamientos de personas refugiadas seguía reduciendo en gran medida su acceso a alimentos en comparación con otras comunidades de refugiados.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En enero, el activista David Kato fue asesinado en su domicilio de Kampala. Había pedido a las autoridades ugandesas que pusieran fin a la discriminación, sobre todo la que se daba en los periódicos sensacionalistas que habían publicado nombres, imágenes y datos personales de personas supuestamente lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. En noviembre, la persona acusada del asesinato de David Kato fue condenada a 30 años de cárcel después de declararse culpable.

El gobierno seguía guardando un llamativo silencio en relación con la retórica discriminatoria contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En enero, el Tribunal Superior dictó una histórica sentencia que prohibía que los medios de comunicación publicaran los nombres de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.

Al terminar el año el proyecto de ley contra la Homosexualidad de 2009, que afianzaría aún más la discriminación y daría lugar a otras violaciones de derechos humanos, continuaba pendiente en el Parlamento. Se presentó para debate legislativo en mayo, pero el Parlamento no lo debatió, como tampoco otros proyectos de ley. Después de que en octubre el nuevo Parlamento votara a favor de una moción para mantener proyectos de ley que no habían sido examinados por el Parlamento anterior, el proyecto de ley fue incluido para su examen.

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Pena de muerte

Los tribunales civiles y militares seguían imponiendo la pena capital por delitos punibles con la muerte. De acuerdo con las estadísticas oficiales hechas públicas en septiembre, unas 505 personas –35 de ellas mujeres– estaban en espera de ejecución. No hubo ejecuciones.

Un soldado del ejército ugandés fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en agosto por una corte marcial de campo ugandesa en el este de la República Centroafricana.

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