Reino Unido - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Reino Unido is now live »

Jefa del Estado: reina Isabel II
Jefe del gobierno: Tony Blair
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

El gobierno continuó menoscabando derechos humanos fundamentales, el Estado de derecho y la independencia del poder judicial, y lo hizo perseverando en sus intentos de socavar la prohibición de la tortura dentro y fuera del país e intentando promulgar leyes que contravenían los derechos humanos fundamentales. Las medidas adoptadas por las autoridades con el objetivo declarado de luchar contra el terrorismo acarrearon graves violaciones de los derechos humanos, y existía una preocupación generalizada por su efecto sobre los miembros de la comunidad musulmana y de otras minorías. Continuaban las investigaciones judiciales de casos de presunta connivencia del Estado en homicidios ocurridos en el pasado en Irlanda del Norte, pero el gobierno siguió sin abrir una investigación sobre el homicidio de Patrick Finucane.

«Guerra contra el terror»

En marzo se promulgó la Ley Antiterrorista, de 2006, la cuarta norma legal aprobada desde 2000 con el objetivo declarado de luchar contra el terrorismo. Algunas de sus disposiciones contravenían derechos humanos fundamentales. La ley tipificaba varios delitos nuevos, entre ellos el de «incitación al terrorismo», cuyo alcance excedía de manera significativa las disposiciones del derecho internacional que el gobierno se había comprometido a incorporar en la tipificación de dicho delito. La ley también ampliaba el periodo máximo de custodia policial sin cargos de 14 a 28 días para las personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista.

Las autoridades continuaron tratando de expulsar a personas que, según ellas, suponían una amenaza para la «seguridad nacional» y de imponer «órdenes de control» en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, de 2005, a personas presuntamente implicadas en «actividades relacionadas con el terrorismo», en lugar de llevarlas ante la justicia. Estas decisiones dieron lugar a procedimientos judiciales extremadamente injustos en los que se negaba a las personas el derecho a un juicio con las debidas garantías: por ejemplo, era frecuente la celebración de vistas secretas en las que se ocultaba información a los afectados y a sus abogados y el criterio de prueba aplicado era particularmente bajo.

En agosto, el ministro del Interior perdió el recurso que había presentado contra una sentencia que invalidaba las «órdenes de control» dictadas por él contra seis ciudadanos extranjeros. El tribunal mantuvo que las obligaciones impuestas a estos hombres constituían privación de libertad y resolvió que, dadas las circunstancias, el ministro del Interior había dictado las órdenes ilegalmente. Sin embargo, el mismo tribunal admitió su recurso contra una sentencia que declaraba incompatibles con el derecho a un juicio justo los procedimientos establecidos en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, de 2005.

A lo largo del año se presentaron cargos en relación con presuntas violaciones de las «órdenes de control». A consecuencia de ello, al menos un hombre permanecía bajo custodia. Sin embargo, dado que la «orden de control» emitida contra él en un principio había sido declarada ilegal, su posterior detención por presuntas violaciones de dicha ley también era ilegal. En diciembre permanecían en vigor 16 «órdenes de control», siete de ellas contra ciudadanos de Reino Unido.

Continuaron recurriéndose las órdenes de expulsión de varios hombres dictadas por motivos de seguridad nacional. Se esperaba la sentencia sobre un caso destacado relacionado con la confianza de las autoridades de Reino Unido en un memorando de entendimiento firmado en 2005 con Jordania. El gobierno continuaba afirmando que las «garantías diplomáticas» incluidas en este y otros memorandos de entendimiento firmados con otros países eran lo bastante fiables como para exonerar a Reino Unido de su obligación, contraída en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, de no enviar a ninguna persona a un país donde pudiera correr riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos. Sin embargo, a pesar de que no consiguió firmar un memorando con Argelia, y aun reconociendo que existía un riesgo para las personas si regresaban a ese país, el gobierno afirmó que las garantías obtenidas de Argelia caso por caso eran suficientes para eliminar el riesgo.

En agosto, un refugiado argelino sobreviviente de tortura, conocido como «Y» por razones de índole legal, perdió el recurso contra la orden de expulsión dictada contra él por motivos de seguridad nacional. A pesar de que existían numerosos indicios de lo contrario, el tribunal decidió que «Y» no correría un riesgo real de tortura en caso de ser expulsado a Argelia. Las audiencias en las que la Fiscalía defendió el argumento de que «Y» no correría ese riesgo fueron en su mayoría secretas, y no se autorizó la presencia en ellas de «Y» ni de sus abogados. Al finalizar 2006, «Y» aún no había sido expulsado, a la espera de que se resolviese un nuevo recurso.

En agosto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó los informes de las visitas que realizó a Reino Unido en julio y noviembre de 2005. Según el Comité, la Unidad Especial de Seguridad de la prisión de Full Sutton era inadecuada para recluir a personas que habían estado internadas con anterioridad, en algunos casos durante más de tres años; la amenaza de expulsión a países donde las personas habían sido presuntamente objeto de tortura u otros malos tratos incrementaba la probabilidad de muertes autoinflingidas bajo custodia; los reconocimientos médicos a los detenidos siempre se realizaban de modo que funcionarios de la prisión pudieran escuchar lo que se decía; algunos detenidos no habían tenido acceso inmediato a asistencia letrada tras su detención; y durante el transporte se había esposado a los detenidos a pesar de estar encerrados en jaulas de metal. El Comité señaló también que las personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista no comparecían físicamente ante un juez, ni siquiera para la autorización inicial de ampliar el periodo de custodia policial más allá de 48 horas, sino que la comunicación se establecía mediante videoconferencia, con el detenido custodiado por funcionarios de policía en un extremo de la línea y el juez al otro extremo. El Comité recomendó que se enmendase la legislación para garantizar que todas las personas detenidas tuviesen acceso a asistencia letrada desde el inicio de la detención. Asimismo, reiteró que las condiciones de la comisaría de policía de alta seguridad de Paddington Green no eran adecuadas para la detención durante periodos prolongados.

Detenidos en Guantánamo con vínculos con Reino Unido

Al menos ocho personas que tenían permiso de residencia en Reino Unido seguían recluidas en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.

En octubre, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales se negó a ordenar a las autoridades de Reino Unido que reclamasen formalmente la entrega a Reino Unido de Bisher al-Rawi, ciudadano iraquí y residente en Reino Unido desde hacía largo tiempo; de Jamil al-Banna, ciudadano jordano al que Reino Unido había reconocido la condición de refugiado; y de Omar Deghayes, ciudadano libio también con la condición de refugiado en Reino Unido.

En abril se confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2005 según la cual David Hicks, ciudadano australiano detenido en la base de Guantánamo, tenía derecho a ser registrado como ciudadano británico y, por tanto, a recibir asistencia de las autoridades de Reino Unido, y se negó al gobierno la autorización para seguir apelando. Sin embargo, el gobierno había logrado introducir medidas para anular el alcance de la sentencia, y así, David Hicks recibió la ciudadanía británica en julio pero fue despojado de ella horas después. Estaba pendiente su recurso contra esta decisión.

«Entregas»

A pesar de que salieron a la luz nuevos indicios que implicaban a Reino Unido en el traslado ilegal de Bisher al-Rawi y Jamil al-Banna a la custodia estadounidense (véase supra), y en otros casos conocidos de «entregas» (transferencia ilegal de personas entre Estados al margen de cualquier proceso judicial), el gobierno no ordenó una investigación imparcial e independiente.

Tortura

En junio, el Comité de Apelación de la Cámara de los Lores (los jueces lores) concedió inmunidad a Arabia Saudí y a los funcionarios de este país a cuyas manos cuatro ciudadanos de Reino Unido afirmaron haber sido objeto de tortura sistemática. El gobierno británico intervino en el caso apoyando al gobierno de Arabia Saudí en su argumento de que gozaba de inmunidad del Estado. Amnistía Internacional y otras ONG intervinieron en el caso alegando que no debía existir inmunidad para la tortura.

En noviembre se filtraron varios informes oficiales internos que revelaban que más de 160 funcionarios de prisiones estaban implicados en las denuncias de tortura de internos en la prisión de Wormwood Scrubs que habían salido a la luz a finales de la década de los noventa. Según informes, en estos documentos se reconocían muchos de los incidentes que las autoridades se habían negado a admitir públicamente, y se admitía también que algunos administradores habían mostrado connivencia en los abusos al ignorarlos. Al parecer, la persona que realizó uno de los informes declaró que los funcionarios implicados en los abusos continuaban suponiendo una amenaza para los internos.

Disparos de la policía

En junio, funcionarios de policía organizaron una operación a gran escala contra una presunta amenaza terrorista que incluyó la entrada por la fuerza en el domicilio de Muhammad Abdulkahar y su familia en Forest Gate, Londres. Durante el asalto, Muhammad Abdulkahar resultó herido de bala. Posteriormente se supo que la operación se había basado en información errónea. En agosto, una investigación concluyó que el disparo fue realizado accidentalmente y que, dadas las circunstancias, el agente implicado no había cometido ningún delito o infracción disciplinaria.

En julio, la Fiscalía anunció que no acusaría a ningún agente de policía de ningún delito en relación con la muerte por disparos de Jean Charles de Menezes en Londres en 2005. En su lugar, decidió procesar a la Oficina del Director de la Policía Metropolitana en virtud de la legislación en materia de salud y seguridad, una acusación que, en caso de prosperar, podría dar lugar a una sanción exclusivamente económica. En septiembre, la investigación de la muerte de Jean Charles de Menezes fue aplazada indefinidamente en espera de la conclusión de los procedimientos penales abiertos contra la Oficina del Director de la Policía Metropolitana. En diciembre se desestimó un recurso legal presentado por la familia de Jean Charles de Menezes contra la decisión de la fiscalía de no presentar cargos penales contra ninguna persona en relación con su muerte.

En julio, la Fiscalía anunció que no había indicios suficientes para procesar a ningún agente de policía por ningún delito en relación con la muerte por disparos de Azelle Rodney. En abril de 2005, el vehículo en el que viajaba Azelle Rodney fue interceptado por la policía, que disparó contra él en la operación que tuvo lugar a continuación.

En diciembre, la hermana de Christopher Alder, que en 1998 había muerto por asfixia esposado y tumbado en el suelo de una comisaría, ganó el derecho a demandar a la Fiscalía por discriminación racial en el tratamiento de la causa.

Prisiones

Sólo en Inglaterra y Gales, la población reclusa aumentó hasta rozar las 80.000 personas, lo que suponía un índice de presos per cápita entre los más altos del mundo. A consecuencia de la crisis de hacinamiento se estaban utilizando los calabozos de los centros de policía. Entre otras cosas, el exceso de población penitenciaria seguía estando relacionado con muertes autoinflingidas y autolesiones, con el incremento del riesgo para la seguridad del personal y los internos, y con condiciones de detención constitutivas de trato cruel, inhumano y degradante.

En junio se publicó el informe de la investigación pública de la muerte de Zahid Mubarek, a manos de un compañero de celda conocido por su racismo, en el Correccional de Menores y Centro de Prisión Preventiva de Feltham, en marzo de 2000. Entre otras cosas, ponía de relieve que 186 errores, bien por parte de las instituciones o de 19 individuos identificados, habían conducido a la muerte de Zahid Mubarek, que podría haberse evitado si se hubiera actuado adecuadamente.

Libertad de expresión

En diciembre, los jueces lores confirmaron que la detención de Jane Laporte para enviarla de vuelta a Londres contra su voluntad había sido ilegal y había violado su derecho a la libertad. Jane Laporte viajaba en uno de los tres autocares de manifestantes contra la guerra a quienes se impidió llegar a la base aérea de Fairford -utilizada por los bombarderos estadounidenses US B52 para volar a Irak- y fue enviada de vuelta a Londres contra su voluntad en marzo de 2003. El tribunal también concluyó que, al impedir que los autocares llegaran a Fairford, la policía había violado el derecho de Jane Laporte a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Irlanda del Norte

Continuó el gobierno directo de las instituciones desde Londres. En enero, el gobierno retiró el Proyecto de Ley sobre Irlanda del Norte (Delitos). Preocupaba que, en caso de promulgarse, hubiera dejado impunes abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado por agentes del Estado y grupos paramilitares y privado a las víctimas de un resarcimiento efectivo. A pesar de las dudas acerca de su independencia, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte siguió investigando las muertes no resueltas relacionadas con el conflicto.

Connivencia y homicidios políticos

El gobierno siguió sin ordenar una investigación sobre las denuncias de connivencia del Estado en el homicidio del destacado abogado de derechos humanos Patrick Finucane ocurrido en 1989. El ministro para Irlanda del Norte declaró que sólo se realizaría una investigación sobre el caso Finucane en virtud de la Ley de Comisiones de Investigación, de 2005. El gobierno irlandés y la Cámara de Representantes estadounidense declararon que mediante la mencionada ley no se lograría una investigación independiente e imparcial del homicidio.

En diciembre, David Wright ganó un recurso legal contra la decisión del gobierno de investigar con arreglo a la Ley sobre Comisiones de Investigación, de 2005, las denuncias de connivencia del Estado en el homicidio de su hijo, Billy Wright. Amnistía Internacional intervino junto con otras ONG alegando que esa legislación no cumplía lo exigido por las normas de derechos humanos para tales investigaciones. Por el mismo motivo, Amnistía Internacional se había opuesto en marzo a la medida del ministro para Irlanda del Norte de investigar con arreglo a la Ley de Comisiones de Investigación, de 2005, las denuncias de colusión por parte del Estado en el homicidio de Robert Hamill perpetrado en 1997.

En noviembre, un informe del Parlamento irlandés planteó una vez más las denuncias de connivencia entre las fuerzas de seguridad de Reino Unido y grupos paramilitares unionistas en numerosos abusos contra los derechos humanos, entre ellos los atentados con bomba registrados en el aeropuerto de Dublín y Dundalk en 1975 y en Castleblayney, condado de Monaghan, en 1976.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En marzo se promulgó la Ley sobre Inmigración, Asilo y Nacionalidad, de 2006. Esta ley contenía medidas que podían excluir de la protección de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados a personas que solicitaban asilo por motivos de persecución política.

La gran mayoría de las solicitudes de asilo fueron rechazadas en última instancia. Decenas de miles de solicitantes de asilo cuyas peticiones habían sido rechazadas y no habían abandonado Reino Unido, a menudo sin que ello fuera culpa suya, quedaron abocados a la pobreza más extrema y a vivir de la beneficiencia. Una minoría de solicitantes de asilo rechazados recibía la ayuda prevista por ley para indigentes que temporalmente no podían abandonar el país. Sin embargo, la mayoría no solicitaban o no tenían derecho a las ayudas previstas para las personas que se encontraban en la indigencia. Tampoco se les permitía trabajar, no tenían derecho a recibir asistencia de salud gratuita en los hospitales a excepción de tratamiento de urgencia y no se les permitía continuar el tratamiento que hubieran estado recibiendo durante el procedimiento de solicitud de asilo.

En septiembre, 32 kurdos iraquíes fueron expulsados al norte de Irak a pesar de que allí su seguridad no estaba garantizada.

En diciembre, el gobierno anunció que la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía sería la encargada de investigar las denuncias derivadas de los incidentes en los que estuviesen implicados funcionarios de inmigración con facultades similares a las de la policía.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Reino Unido había violado el derecho de un solicitante de asilo a ser informado sin demora de las razones de su detención. Había permanecido detenido unas 76 horas antes de que su representante legal fuese informado de las razones de la detención.

Violencia contra las mujeres

El gobierno no abordó la falta de actuaciones estratégicas sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y no facilitó apoyo económico adecuado a las mujeres sometidas a controles de inmigración para permitirles abandonar situaciones personales o profesionales en las que fueran víctimas de abusos. Las mujeres sometidas a controles de inmigración -que no fuesen solicitantes de asilo- no tenían derecho a recibir fondos del Estado, ni siquiera para alojamiento de urgencia.

El índice de sentencias condenatorias por formas de violencia de género distintas de la violencia en el ámbito familiar seguía siendo muy bajo. El índice de sentencias condenatorias por violación suponía sólo el 5,3 por ciento de todos los incidentes denunciados en Inglaterra y Gales.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Reino Unido: Los derechos humanos, una promesa incumplida (Índice AI: EUR 45/004/2006)

• United Kingdom: Deepcut and beyond - high time for a public inquiry (Índice AI: EUR 45/008/2006)

• Reino Unido: Justicia denegada a los sobrevivientes británicos torturados en Arabia Saudí. Un gran salto atrás en la lucha contra la impunidad (Índice AI: EUR 45/010/2006)

• Reino Unido: El homicidio de Jean Charles de Menezes (Índice AI: EUR 45/015/2006)

• Reino Unido: El homicidio de Jean Charles de Menezes. La justicia debe seguir su curso (Índice AI: EUR 45/021/2006)

• Cómplices: El papel de Europa en las «entregas extraordinarias» de Estados Unidos (Índice AI: EUR 01/008/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional asistieron en calidad de observadoras a varias vistas judiciales, entre ellas algunas celebradas en virtud de la legislación antiterrorista.

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