Reino Unido

Human Rights in Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Reino Unido is now live »

Jefa del Estado reina Isabel II
Jefe del gobierno Gordon Brown
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 61 millones
Esperanza de vida 79 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 6/6 por cada 1.000

El gobierno siguió intentando devolver a personas a Estados donde correrían un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, en virtud de unas «garantías diplomáticas» que no se podían hacer cumplir. La implementación de medidas antiterroristas en secreto dio lugar a procedimientos judiciales injustos. Persistían las deficiencias en la rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado, incluidos casos de presunta connivencia del Estado en homicidios perpetrados en Irlanda del Norte.

Seguridad y medidas antiterroristas

En octubre, la Cámara de los Lores –cámara alta del Parlamento británico– votó en contra de la propuesta contenida en el proyecto de Ley Antiterrorista de 2008 de otorgar a un ministro de gobierno la facultad de ampliar de 28 a 42 días el periodo que las personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo podían permanecer bajo custodia de la policía sin ser acusadas de ningún delito.

En respuesta a la votación, el gobierno retiró las propuestas del proyecto de ley y publicó un nuevo borrador que contenía propuestas parecidas. La ministra del Interior dijo al Parlamento que el gobierno le pediría en el futuro que aprobara esta legislación, «por si ocurre lo peor y nos sorprende una conspiración terrorista capaz de poner en peligro nuestras capacidades de investigación actuales».

"Continuaron los intentos de expulsar a personas que presuntamente representaban una amenaza para la seguridad nacional..."

En octubre, con antelación a la votación de la Cámara de los Lores, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había expresado considerable preocupación por las disposiciones existentes –e incluso más por las que pudieran aprobarse en el futuro– en relación con la duración aceptable de la detención sin cargos en los casos sujetos a la legislación antiterrorista.

Cambios en las investigaciones de los pesquisidores

En octubre, el gobierno retiró las disposiciones del proyecto de Ley Antiterrorista relativas a las investigaciones de los pesquisidores y anunció su intención de volver a introducir las propuestas en la legislación que se iba a promulgar próximamente para reformar el sistema de investigaciones en general. De haberse aprobado, tales propuestas habrían facultado a un ministro del gobierno para ordenar que todos o algunos de los testimonios que formaban parte de la investigación del pesquisidor se oyeran en secreto, en ausencia de los familiares de la persona fallecida y de su representación letrada, si el ministro consideraba de interés público hacerlo.

Órdenes de control

A fecha de 10 de diciembre había en vigor 15 «órdenes de control» en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005. Estas órdenes permitían al gobierno imponer restricciones a la libertad de circulación y de asociación de las personas sospechosas de participar en actividades terroristas si lo consideraba necesario para proteger a la población.

En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales decidió sobre cuatro recursos de apelación presentados por personas sujetas a órdenes de control, aludidas como «A.F.», «A.M.», «A.N.» y «A.E.». En tres de los casos –los de A.F., A.M. y A.N.–, el Tribunal Superior había resuelto que no se había celebrado una vista justa; en el caso del cuarto hombre, A.E., había fallado que la vista había sido justa.

En cada caso, el gobierno se había basado en gran medida en información no revelada a las personas afectadas ni a sus abogados, y que se había oído en sesiones secretas del tribunal de las que habían sido excluidos.

El Tribunal de Apelaciones resolvió que posiblemente «no había un principio que afirmara que una vista era injusta en ausencia de la revelación clara de un mínimo de acusaciones o pruebas a la persona sujeta a la orden de control», y que, aunque fuera necesario revelar esa mínima cantidad de información para que existiera imparcialidad, el requisito podía darse por «cumplido revelando una cantidad de información tan reducida como la que se facilitó [a A.F.], que realmente era muy poca». El Tribunal de Apelaciones resolvió que el Tribunal Superior debía volver a considerar los casos de A.F. y A.N.; por motivos que mantuvo completamente en secreto, desestimó el recurso de apelación del gobierno contra la decisión del Tribunal Superior, también secreta en su totalidad, en el caso de A.M.; y confirmó la decisión del Tribunal Superior según la cual A.E. había sido sometido a una vista con las debidas garantías.

Al terminar el año seguía pendiente un recurso presentado ante el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores –la máxima instancia judicial de Reino Unido– contra algunos aspectos de estas decisiones. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que el procedimiento judicial sobre estas órdenes «en la práctica deniega a la persona a la que se impone la orden de control la oportunidad directa de impugnar efectivamente las acusaciones que se le hacen» y recomendó a Reino Unido «velar por que el procedimiento judicial […] se ajuste al principio de igualdad de armas, que requiere el acceso de las personas interesadas y del abogado de su elección a las pruebas en que se basa la orden de control».

Reclusión sin juicio

  • En febrero, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales ordenó a la ministra del Interior que volviera a considerar la decisión del gobierno de negarse a indemnizar a Lotfi Raissi.

El 21 de septiembre de 2001 se detuvo en Londres al ciudadano argelino Lotfi Raissi por su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Lotfi Raissi estuvo casi cinco meses privado de libertad debido a una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses. En abril de 2002, un juez desestimó la solicitud aduciendo que no había «pruebas de ninguna clase» que respaldaran la acusación de que Lotfi Raissi estaba relacionado con el terrorismo.

En febrero de 2007, el Tribunal Superior había refrendado la negativa de la ministra del Interior a indemnizar a Lotfi Raissi. El Tribunal de Apelaciones revocó esta decisión al concluir que los procedimientos de extradición se habían «utilizado como subterfugio para no someterse a la supremacía del derecho inglés».

Al final del año no se había alcanzado una nueva decisión relativa a la indemnización.

Tortura y otros malos tratos: expulsiones con garantías diplomáticas

Continuaron los intentos de expulsar a personas que presuntamente representaban una amenaza para la seguridad nacional a países donde correrían verdadero peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos. El gobierno seguía argumentando que las «garantías diplomáticas» –promesas imposibles de cumplir que realizaban los países a los que iban a ser devueltas estas personas– eran suficientes para reducir el riesgo al que se enfrentaban.

En abril, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales resolvió que Reino Unido no podía seguir adelante con la expulsión en dos casos relacionados con garantías diplomáticas.

En el caso de dos ciudadanos libios, «A.S.» y «D.D.», el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, tribunal que se ocupaba de los recursos contra las expulsiones por motivos de seguridad nacional, según la cual las garantías recibidas de las autoridades libias no eran suficientes para protegerlos frente al peligro real de tortura y otros malos tratos.

En el caso de Omar Othman (también llamado Abu Qatada), ciudadano jordano, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el juicio al que se enfrentaría en Jordania –en el que, según la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, era muy probable que se utilizaran en su contra pruebas obtenidas mediante tortura o trato inhumano y degradante– sería equivalente a una violación flagrante del derecho a un juicio justo, y que las garantías ofrecidas por Jordania a Reino Unido no servirían de protección frente a esa violación.

Tras estas decisiones, la ministra del Interior anunció que el gobierno había «decidido suspender el proceso de expulsión [en los casos de D.D. y A.S.] y en los casos de otros 10 ciudadanos libios». A cinco al menos de esos nacionales libios se les impuso posteriormente una orden de control.

En octubre, los jueces lores celebraron una vista del recurso presentado por el gobierno contra la decisión del Tribunal de Apelaciones relativa a la causa de Abu Qatada. Simultáneamente atendieron los recursos de dos ciudadanos argelinos, «B.B.» y «U.», contra una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones que había confirmado la conclusión de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración de que podía llevarse a cabo su devolución a Argelia en condiciones de seguridad basándose en las garantías ofrecidas por las autoridades argelinas.

Se pidió a los jueces lores que consideraran si las garantías diplomáticas eran fiables y si era justo que la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración basara sus conclusiones en material secreto.

Al final del año aún no se habían emitido fallos sobre estos recursos. Los hombres que se enfrentaban a una expulsión con garantías diplomáticas continuaban detenidos o estaban en libertad bajo fianza sujetos a estrictas condiciones.

Entregas extraordinarias

En febrero, el ministro de Asuntos Exteriores anunció que había sido informado por Estados Unidos de que, a pesar de haber asegurado reiteradamente lo contrario, su gobierno había utilizado el territorio británico de ultramar de Diego García en al menos dos ocasiones en 2002 para el traslado de detenidos como parte de su programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias. El ministro de Asuntos Exteriores no dijo los nombres de los detenidos afectados.

  • Binyam Mohamed, ciudadano etíope residente en Reino Unido, continuó bajo la custodia estadounidense en Guantánamo, Cuba. En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores dijo al Parlamento que funcionarios británicos seguían discutiendo el caso con Estados Unidos, aunque este país no se mostraba dispuesto a aceptar su petición de puesta en libertad y devolución.

En octubre se confirmó en una vista ante el Tribunal Superior que un agente del Servicio de Seguridad de Reino Unido (MI5) había interrogado a Binyam Mohamed cuando estaba detenido en Pakistán en mayo de 2002. Los servicios de inteligencia británicos habían proporcionado información a las autoridades estadounidenses para su uso en el interrogatorio de Binyam Mohamed, sabiendo que estaba recluido en régimen de incomunicación y que se le había denegado el acceso a un abogado. Agentes de los servicios de inteligencia británicos habían seguido facilitando información para el interrogatorio de Binyam Mohamed incluso después de saberse con certeza que ya no estaba recluido en Pakistán, sino en un tercer país, en el que los agentes estadounidenses continuaban teniendo acceso directo al detenido.

El Tribunal Superior consideró que, en principio, el gobierno debería haber puesto la información de que disponía en conocimiento de los abogados de Binyam Mohamed, con la que éstos habrían podido respaldar su denuncia de que lo habían sometido a tortura y otros malos tratos; el tribunal argumentó para ello que la relación del gobierno británico con las autoridades estadounidenses con respecto a Binyam Mohamed no se reducía a la de observador o testigo de los presuntos actos indebidos.

En octubre, la ministra del Interior pidió a la fiscal general que investigara posibles «actos delictivos» en el trato dado a Binyam Mohamed por los agentes de Reino Unido y Estados Unidos.

Guantánamo

  • En marzo, un juez español resolvió que la salud física y mental de Jamil el Banna y de Omar Deghayes, dos residentes de Reino Unido que habían sido devueltos a este país desde Guantánamo en 2007, habían sufrido tales daños como consecuencia del trato recibido en los años que estuvieron detenidos que habría sido «imposible, por inhumana» seguir adelante con el cumplimiento de la Orden Europea de Detención para que ambos se enfrentaran a un juicio en España.

Al concluir el año no se había adoptado una decisión sobre si a estos dos hombres, y a otro más que había sido devuelto de Guantánamo al mismo tiempo, Abdennour Sameur, les sería restituido el permiso de estancia por tiempo indefinido en Reino Unido, del que ya disfrutaban con anterioridad a su detención y traslado a Guantánamo.

Fuerzas armadas de Reino Unido en Irak

  • En marzo, el ministro de Defensa admitió que se había cometido «una infracción sustantiva del artículo 2 (derecho a la vida) y del artículo 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos» en la causa de Baha Mousa, y asimismo que se había vulnerado el artículo 3 en el trato dado a varios hombres más detenidos junto con él.

Baha Mousa murió en un centro de detención dirigido por Reino Unido en Irak en septiembre de 2003, tras sufrir tortura y malos tratos durante 36 horas a manos de soldados británicos. Varios iraquíes detenidos al mismo tiempo que él fueron igualmente torturados y maltratados.

En mayo se anunció una investigación pública sobre el caso de Baha Mousa en aplicación de la Ley de Comisiones de Investigación de 2005, legislación que había sido criticada por no garantizar la independencia absoluta de las investigaciones. Según el ámbito y alcance de la investigación, la comisión debía «investigar e informar sobre las circunstancias de la muerte de Baha Mousa y el trato recibido por las personas detenidas junto a él [...], en particular en quién recaía la responsabilidad de aprobar la práctica de condicionar a los detenidos».

La investigación se abrió en octubre.

Policía y fuerzas de seguridad

  • En diciembre concluyó la investigación del pesquisidor sobre la muerte de Jean Charles de Menezes, ciudadano brasileño muerto en Londres por disparos de unos agentes de policía en 2005. El jurado no pudo concluir, basándose en las pruebas escuchadas, que los agentes que dispararon contra Jean Charles de Menezes lo hubieran hecho de manera legítima. El jurado concluyó que la operación policial adolecía de varios defectos que habían causado o contribuido a su muerte. El pesquisidor había dado instrucciones al jurado para que no emitiera un veredicto de homicidio ilegítimo, ya que consideraba que no había pruebas suficientes para que los miembros del jurado pudieran estar seguros, más allá de toda duda razonable, de que unos agentes de policía concretos habían cometido un delito de asesinato o de homicidio impremeditado.

Irlanda del Norte: connivencia y homicidios políticos

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que «transcurrido un tiempo considerable después de haberse producido homicidios (incluso de defensores de derechos humanos) en Irlanda del Norte aún no se han iniciado o no han concluido varias investigaciones de esos homicidios, y porque los responsables de esas muertes no han sido todavía enjuiciados». Además, al Comité le preocupaba que «[i]ncluso en los casos en que se han iniciado investigaciones […] en lugar de estar a cargo de un juez independiente, varias de esas investigaciones se hagan con arreglo a la Ley de 2005 sobre investigaciones, que permite que el Ministro de Gobierno que inició la investigación controle aspectos importantes de ella».

  • Al terminar el año, las autoridades británicas aún no habían promovido el inicio de la investigación judicial pública e independiente prometida sobre el homicidio del abogado de derechos humanos Patrick Finucane, cometido en 1989. En julio, las autoridades de Reino Unido insistieron en que «la única manera de que dicha investigación se lleve a cabo es con arreglo a la Ley de Comisiones de Investigación de 2005». Tanto la familia de Patrick Finucane como varias organizaciones de derechos humanos y órganos de expertos de la ONU expresaron su profunda preocupación por la insuficiente independencia de cualquier investigación que se realizara en aplicación de esa ley.
  • En abril comenzaron las vistas públicas completas correspondientes a la investigación –realizada fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Comisiones de Investigación de 2005– sobre el homicidio de la abogada de derechos humanos Rosemary Nelson en 1999. Al concluir el año no se había acusado a nadie en relación con este homicidio.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En marzo, 60 personas cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas fueron devueltas a Arbil, en el norte de Irak; en octubre se recibieron informes según los cuales otros 50 iraquíes habían sido objeto de devolución al norte de Irak.

También en marzo, el Tribunal de Asilo e Inmigración pronunció su decisión sobre una importante causa instrumental relacionada con la protección humanitaria de solicitantes de asilo que han huido de conflictos armados. El tribunal resolvió que, si bien existía un conflicto armado interno en Irak, los apelantes de la causa, sólo por ser civiles, no se enfrentaban a «una amenaza grave y personal» si regresaban, y por tanto no tenían derecho a recibir protección en virtud de la Directiva de Reconocimiento de la Unión Europea. Si se aplicara esta decisión, un número aún mayor de solicitantes de asilo iraquíes se verían privados de protección en Reino Unido. Al final del año estaba pendiente de resolución un recurso de apelación contra esta decisión.

Trata de personas

En diciembre, Reino Unido ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Derechos de la infancia

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU dio a conocer en octubre sus observaciones finales en relación con Reino Unido, en las que afirmaba: «[S]i bien el Comité toma nota de que la pobreza infantil se ha reducido en los últimos años, le preocupa que la pobreza es un problema muy grave que afecta a todas las partes de Reino Unido, incluidos los territorios de ultramar, y es particularmente grave en Irlanda del Norte, donde parece que más del 20 por ciento de los niños viven en la pobreza de manera persistente. También preocupa al Comité que la estrategia del gobierno no está suficientemente orientada a esos grupos de niños en una situación de pobreza más grave y que el nivel de vida de los niños nómadas es particularmente bajo». Y añadía: «El Comité destaca que un nivel adecuado de vida es fundamental para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de un niño y que la pobreza infantil también incide en las tasas de mortalidad infantil, el acceso a la salud y la educación y la calidad de la vida cotidiana de los niños».

Visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional realizaron tareas de observación en procedimientos judiciales celebrados a lo largo del año en Inglaterra, que incluyeron impugnaciones de órdenes de control, recursos contra órdenes de expulsión con garantías diplomáticas, y parte de la investigación del pesquisidor sobre la muerte de Jean Charles de Menezes. Además, una delegación de la organización visitó Irlanda del Norte.

Informes de Amnistía Internacional

UK: Amnesty International’s briefing on the Counter-Terrorism Bill 2008 (en inglés, 3 julio 2008)
UK: Briefing to the Human Rights Committee (en inglés, 25 junio 2008)
Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (24 junio 2008)

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