Reino Unido
Jefa del Estado
reina Isabel II
Jefe del gobierno
David Cameron (sustituyó a Gordon Brown en mayo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
61,9 millones
Esperanza de vida
79,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Se anunció una investigación sobre las denuncias de participación británica en torturas y otras violaciones de derechos humanos contra personas recluidas en el extranjero. Algunas atribuciones clave conferidas para la lucha antiterrorista estaban siendo objeto de examen. El gobierno siguió basando en la aceptación de garantías diplomáticas sus intentos de devolver a personas a países en los que se practicaba tortura. Continuaron saliendo a la luz denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados británicos en Irak. La investigación sobre el Domingo Sangriento concluyó que las muertes y lesiones causadas aquel día por los soldados británicos habían sido injustificadas. Siguieron llevándose a cabo devoluciones a Bagdad.

Seguridad y medidas antiterroristas

Tortura y otros malos tratos

El primer ministro anunció en julio la apertura de una investigación sobre la participación de Reino Unido en presuntos malos tratos infligidos por los servicios de inteligencia de otros países a personas recluidas en el extranjero en el contexto de operaciones antiterroristas. La comisión de investigación, formada por tres personas y dirigida por el director de los servicios de inteligencia, debía empezar su labor en 2011. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron el temor de que no tuviera las debidas atribuciones ni independencia suficiente.

El gobierno publicó en la misma fecha las directrices para los agentes de inteligencia y el personal de seguridad y militar sobre la detención y el interrogatorio de personas en el extranjero y sobre el intercambio de información secreta relativa a los detenidos. Las organizaciones de derechos humanos declararon que las directrices no eran compatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia ordenó en julio que se hicieran públicos diversos documentos secretos, relativos a personas de nacionalidad británica o residentes en Reino Unido que habían estado bajo custodia de organismos de inteligencia estadounidenses o de otros países. Los documentos aportaron nuevas pruebas de que Reino Unido había tenido conocimiento de violaciones de derechos humanos y participado en ellas hasta los máximos niveles de autoridad gubernamental.

En noviembre, el ministro de Justicia anunció que se retribuiría económicamente a 16 personas de nacionalidad británica o residentes en Reino Unido como parte de una solución negociada a demandas por daños y perjuicios presentadas por detenidos de Guantánamo. Los términos del acuerdo alcanzado eran confidenciales.

  • El 10 de febrero, el Tribunal de Apelación ordenó que se hicieran públicos siete párrafos redactados con anterioridad sobre el trato recibido bajo custodia estadounidense por Binyam Mohamed, ex detenido de Guantánamo. Los párrafos revelados confirmaban que los agentes de inteligencia británicos sabían que Binyam Mohamed era objeto de tortura y otros malos tratos bajo custodia estadounidense. El 17 de noviembre, la Fiscalía General de la Corona anunció que no había pruebas suficientes para procesar a un agente de los servicios de seguridad británicos por ningún delito en relación con una entrevista mantenida con Binyam Mohamed el 17 de mayo de 2002, cuando estaba detenido en Pakistán.

Al final del año seguían abiertas otras investigaciones sobre denuncias contra los servicios de seguridad británicos por comisión de delitos, como las relacionadas con el caso de Shaker Aamer, ex residente en Reino Unido que continuaba recluido sin cargos en Guantánamo a pesar de que las autoridades británicas habían confirmado públicamente que aceptaban acogerlo.

Novedades jurídicas y relativas a las políticas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el 12 de enero que las facultades otorgadas a la policía en virtud del artículo 44 de la Ley sobre el Terrorismo de 2000 para dar el alto y registrar a personas sin una sospecha razonable eran ilegítimas, puesto que violaban el derecho al respeto de la vida privada. El gobierno anunció posteriormente que ninguna persona volvería a ser registrada en ejercicio de esas atribuciones.

El Ministerio del Interior anunció en julio una “revisión acelerada” de seis importantes atribuciones conferidas para la lucha antiterrorista, a saber: dictar órdenes de control, dar el alto y registrar en aplicación del artículo 44 de la Ley sobre el Terrorismo de 2000, acogerse a la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación de 2000 y tener acceso a datos de comunicaciones, efectuar expulsiones con garantías, tomar medidas con respecto a las organizaciones promotoras del odio o la violencia y someter a reclusión preventiva sin cargos a presuntos terroristas.

  • En abril, ocho años después de que los tribunales hubieran resuelto que no existía “ninguna prueba” de las acusaciones, el gobierno anunció que Lotfi Raissi, erróneamente acusado de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, tenía derecho a recibir una indemnización.

“Órdenes de control”

A fecha de 10 de diciembre había ocho hombres sujetos a “órdenes de control”, todos ellos ciudadanos británicos. El régimen de imposición de “órdenes de control” en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 permitía que un ministro del gobierno –sometido a escrutinio judicial limitado– impusiera duras restricciones a personas sospechosas de participar en actividades relacionadas con terrorismo. El Parlamento renovó este régimen por otro año en marzo de 2010.

  • El Tribunal Supremo dictó sentencia en junio sobre la causa de “A.P.”. Resolvió que los términos de su orden de control lo obligaban a vivir en una ciudad situada a unos 240 kilómetros de su familia y que esto, sumado a las restricciones derivadas de un toque de queda de 16 horas y al aislamiento social resultante, constituía una violación de su derecho a la libertad.

El Tribunal Superior reforzó la importancia de los derechos familiares al fallar en septiembre que no estaba justificado el reasentamiento forzoso de “C.A.” puesto que afectaba de manera desproporcionada a su derecho a la vida familiar.

  • El 26 de julio, el Tribunal Superior resolvió que el gobierno podía basarse en el mismo material que ya se había utilizado sin éxito en otro proceso para imponer una orden de control a “A.Y.”.

Expulsiones

Continuaron los intentos de expulsar a personas que presuntamente representaban una amenaza para la “seguridad nacional” a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. El nuevo gobierno afirmó en mayo que mantendría y ampliaría el uso de las “garantías diplomáticas” con el argumento de que eran suficientes para mitigar el peligro de tortura.

Los procedimientos para impugnar estas expulsiones ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración seguían siendo injustos. En particular, se basaban en material secreto que no era revelado a las personas afectadas ni a los abogados de su elección.

  • Aunque la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración había determinado en 2007 que Mouloud Sihali, ciudadano argelino, no representaba un peligro para la seguridad nacional, el gobierno siguió intentando expulsarlo a Argelia. La Comisión Especial desestimó en marzo el recurso de apelación de Mouloud Sihali contra su expulsión al concluir que las garantías diplomáticas negociadas entre Reino Unido y Argelia eran suficientes para atenuar los peligros que pudiera correr a su regreso. Al final del año, la causa estaba pendiente de resolución ante el Tribunal de Apelación.
  • En mayo, la Comisión Especial resolvió que Reino Unido no podía seguir adelante con la expulsión de dos ciudadanos paquistaníes a Pakistán, debido al riesgo de que sufrieran tortura y otros malos tratos a su regreso. Sostuvo, además, que las garantías confidenciales no podían aceptarse porque no brindaban protección suficiente para mitigar ese riesgo.
  • Fracasó la primera impugnación del Memorando de Entendimiento negociado entre los gobiernos etíope y británico. La Comisión Especial, basándose en las garantías de trato humano ofrecidas por el gobierno etíope, resolvió en septiembre que se podía enviar al ciudadano etíope “X.X.” de regreso a su país, a pesar de que él afirmaba que corría peligro de ser torturado si lo devolvían allí. Se iba a apelar la sentencia.
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Sistema de justicia

Prosiguieron los intentos del gobierno de introducir mayor secreto en las actuaciones judiciales. El Tribunal de Apelación resolvió el 4 de mayo, en relación con una demanda civil interpuesta por seis ex detenidos de Guantánamo por la presunta complicidad de agentes estatales británicos en torturas, que el gobierno no podía acogerse a un procedimiento basado en material secreto. El Tribunal explicó que autorizar semejante procedimiento, que permitiría al gobierno británico presentar material secreto en sesiones a puerta cerrada sin estar legalmente facultado para hacerlo, contravenía el principio fundamental del derecho a un juicio justo. El asunto quedó pendiente ante el Tribunal Supremo.

El gobierno británico anunció en julio sus planes de publicar propuestas de política sobre cómo debía tratarse la información secreta en los procesos judiciales.

  • El 6 de octubre comenzó la investigación sobre la muerte de Azelle Rodney por disparos de agentes de la Policía Metropolitana el 30 de abril de 2005. Los intentos del gobierno de mantener en secreto pruebas clave de lo ocurrido dieron lugar a propuestas de “investigación secreta” que el Parlamento rechazó en dos ocasiones. La cuestión de hasta qué punto esta investigación se mantendría en secreto era motivo de preocupación.
  • El 3 de noviembre, la pesquisidora de la investigación sobre las muertes resultantes de los atentados con explosivos de Reino Unido del 7 de julio de 2005 decidió que no estaba facultada para celebrar vistas a puerta cerrada que permitieran al gobierno británico presentar material secreto en ausencia de los familiares de las víctimas. El 22 de noviembre se desestimó el recurso interpuesto por el gobierno para impugnar la decisión.
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Fuerzas armadas británicas en Irak

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en marzo que Reino Unido había infringido el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la causa de Al Saadoon y Mufdhi, ciudadanos iraquíes transferidos a las autoridades iraquíes para que quedaran bajo su custodia a pesar de que existían razones de peso para suponer que podían ser condenados a muerte y ejecutados.

El Ministerio de Defensa anunció en marzo el establecimiento del Equipo de Denuncias Históricas de Irak, encargado de investigar las denuncias de comisión de delitos relacionadas con los abusos infligidos a ciudadanos iraquíes por las fuerzas armadas británicas. Las investigaciones comenzaron en noviembre y se esperaba que duraran dos años.

El Tribunal Supremo resolvió en junio que los miembros de las fuerzas armadas que servían fuera de la jurisdicción británica no podían beneficiarse de los derechos garantizados por la Ley de Derechos Humanos de 1998.

  • Las vistas orales ante la comisión de investigación sobre el caso de Baha Mousa concluyeron en octubre. La comisión examinó las circunstancias de su muerte en un centro de detención de Irak bajo control británico en septiembre de 2003, después de haber sufrido torturas durante 36 horas a manos de soldados británicos. El informe final estaba previsto para 2011.

En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia rechazó una solicitud presentada por 142 iraquíes para que se llevara a cabo una sola investigación pública sobre las presuntas torturas y otros malos tratos infligidos bajo la custodia del ejército británico en centros de detención e interrogatorio del sur de Irak entre marzo de 2003 y diciembre de 2008. El tribunal no descartó la posibilidad de que se realizara esa investigación en el futuro. Se iba a apelar la sentencia.

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Justicia internacional

La ministra del Interior presentó en noviembre ante el Parlamento un anteproyecto de ley con disposiciones que, de ser promulgada la ley, reducirían las posibilidades de los jueces de dictar órdenes de detención contra presuntos criminales de guerra y torturadores que visitaran Reino Unido.

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Policía y fuerzas de seguridad

La Fiscalía General de la Corona anunció en julio que no se iban a presentar cargos en relación con la muerte de Ian Tomlinson, ocurrida en abril de 2009, durante las manifestaciones convocadas en Londres con motivo del G-20, poco después de que un agente de policía lo golpeara con una porra en la parte posterior de la pierna y lo hiciera caer luego al suelo de un empujón. Los fiscales concluyeron que no era realista esperar una sentencia condenatoria contra el agente en vista de las discrepancias sobre la causa de la muerte entre los peritos médicos.

  • En agosto, la Fiscalía General de la Corona anunció que se acusaría formalmente a cuatro agentes del Grupo Territorial de Apoyo del Servicio de Policía Metropolitana de causar lesiones corporales voluntarias a Babar Ahmad en el momento de su detención, el 2 de diciembre de 2003.
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Irlanda del Norte

En febrero se anunció que tres grupos paramilitares habían depuesto las armas, entre ellos el Ejército Irlandés de Liberación Nacional. Sin embargo, continuó la violencia paramilitar: grupos republicanos disidentes cometieron atentados graves contra miembros de las fuerzas de seguridad y otros objetivos, y se atribuyó a un grupo unionista un homicidio cometido en Belfast en mayo.

El 15 de junio se publicaron las conclusiones de la investigación sobre los sucesos del 30 de enero de 1972 (Domingo Sangriento), cuando soldados británicos mataron a 13 manifestantes pro derechos civiles e hirieron a otros muchos en Irlanda del Norte. Se determinaba en ellas que ninguna de las personas muertas o heridas aquel día tenía responsabilidad alguna en los disparos y que ninguna suponía una amenaza que pudiera causar la muerte o lesiones graves. El informe de la investigación confirmaba que a varias de las víctimas les habían disparado por la espalda cuando huían y que la versión de muchos de los soldados era manifiesta y deliberadamente falsa. Por consiguiente, las muertes y lesiones causadas aquel día por los soldados británicos habían sido injustificadas. En respuesta, el primer ministro ofreció públicamente una disculpa oficial.

En diciembre, el gobierno de Irlanda del Norte anunció su intención de abrir una investigación sobre los abusos a niños y niñas cometidos en el pasado en instituciones públicas.

  • El informe final de la investigación sobre la muerte de Billy Wright en 1997, publicado en septiembre, concluía que no existían pruebas de connivencia estatal en ella, si bien recomendaba la reforma general del sistema penitenciario. Seguían pendientes los informes definitivos sobre los homicidios de Robert Hamill y la abogada de derechos humanos Rosemary Nelson.
  • El gobierno siguió faltando a su compromiso de establecer una investigación independiente sobre la connivencia del Estado en la muerte de Patrick Finucane, destacado abogado de derechos humanos, en 1989.
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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

El Tribunal Supremo sostuvo en julio que no se debía obligar a nadie a ocultar su identidad sexual para evitar sufrir persecución en su país de origen. Según una decisión judicial previa, sí era admisible devolver a solicitantes de asilo en ese contexto siempre que la situación pudiera calificarse de “tolerable en una medida razonable”.

En agosto, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el asunto de la compatibilidad entre la transferencia de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II y el derecho de los refugiados y de los derechos humanos. Las autoridades británicas confirmaron en septiembre que se paralizarían las transferencias a Grecia hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado.

  • Continuó la devolución de personas a Bagdad (Irak) en contra de lo aconsejado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
  • Jimmy Mubenga murió el 12 de octubre, cuando intentaban devolverlo a Angola. Según testigos, los guardias, que trabajaban para una empresa privada de seguridad, habían empleado fuerza excesiva para inmovilizarlo antes de que perdiera el conocimiento.

El viceprimer ministro reafirmó en diciembre el compromiso del gobierno de poner fin a la detención de menores de edad por motivos de inmigración, y fijó el límite del plazo para acabar con esta práctica en mayo de 2011.

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Violencia contra las mujeres

Se expresó preocupación por la falta de aplicación del Convenio Europeo sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. El gobierno no había adoptado las salvaguardias necesarias para proteger a los menores de edad que eran víctimas de trata ni para identificar correctamente a las víctimas de trata, lo que vulneraba los derechos humanos de las víctimas y dificultaba los procesamientos.

La ministra del Interior aceptó en julio prorrogar un proyecto piloto hasta marzo de 2011 para apoyar a las víctimas de violencia en el ámbito familiar que carecían de acceso a fondos públicos por su situación incierta de inmigrantes mientras se buscaba una solución permanente que garantizara su protección.

El 25 de noviembre, el gobierno publicó su nuevo Plan Nacional de Acción destinado a aplicar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, con el fin de garantizar la adopción de una perspectiva de género al abordar situaciones posteriores a conflictos armados.

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