Reino Unido
Jefa del Estado
reina Isabel II
Jefe del gobierno
David Cameron
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
62,4 millones
Esperanza de vida
80,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
5,5 por cada 1.000

Se publicó el protocolo de la Comisión de Investigación de Detenidos, que distaba de cumplir las normas de derechos humanos. El gobierno confirmó su intención de ampliar su programa de expulsiones con garantías, para facilitar las devoluciones a países donde corrían un peligro real de sufrir tortura. La comisión de investigación sobre la muerte de Baha Mousa criticó a las fuerzas armadas británicas por sus graves violaciones de derechos humanos contra personas detenidas, y la comisión encargada de investigar la muerte de Rosemary Nelson criticó con dureza a las instituciones estatales por no adoptar en múltiples aspectos medidas que habrían podido evitar su homicidio. En marzo se estableció una comisión para estudiar la creación de una Carta de Derechos británica.

Seguridad y medidas antiterroristas

Tortura y otros malos tratos

En julio se publicaron el mandato y el protocolo de la Comisión de Investigación de Detenidos, establecida en 2010 para examinar denuncias de participación de Reino Unido en violaciones de derechos humanos contra personas recluidas en el extranjero en el contexto de operaciones antiterroristas. El protocolo fue motivo de preocupación, porque no se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos, principalmente debido a que el gobierno se reservaba la decisión final sobre la revelación de material, en detrimento de la independencia y eficacia de la Comisión. Los abogados de algunas personas cuyos casos estaba previsto que fueran examinados por la Comisión confirmaron que habían aconsejado a sus clientes que no participaran en las investigaciones. Diez ONG anunciaron que si éstas se realizaban en los términos propuestos no cooperarían.

El inicio oficial de los trabajos de la Comisión se aplazó en espera de la conclusión de unas investigaciones criminales sobre presuntas actuaciones indebidas de agentes de inteligencia británicos.

En septiembre se descubrieron en Trípoli, Libia, documentos que indicaban que Reino Unido había participado en 2004 en la transferencia ilegal de Sami Mustafa al Saadi y de Abdel Hakim Belhaj a ese país a pesar de que allí corrían peligro real de sufrir tortura y otros malos tratos. Posteriormente, ambos presentaron demandas por daños y perjuicios contra las autoridades británicas por su presunta participación en las violaciones de derechos humanos que habían sufrido, tales como tortura y otros malos tratos.

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictó sentencia el 3 de octubre en relación con la legalidad de las directrices para los agentes de inteligencia sobre intercambio de información secreta y operaciones de detención e interrogatorio en el extranjero. Determinó que las directrices debían reformarse para que reflejaran la prohibición absoluta de encapuchar a los detenidos, pero desestimó que fuese ilegal el criterio establecido en las directrices para evaluar el riesgo de tortura y otros malos tratos que corrían los detenidos.

En diciembre, el gobierno escribió a las autoridades estadounidenses pidiéndoles que transfiriesen a Yunus Rahmatullah a la custodia de Reino Unido, después de que el Tribunal de Apelación dictase una orden de hábeas corpus en esta causa. Yunus Rahmatullah había sido capturado por las fuerzas británicas en Irak en febrero de 2004 y entregado a las fuerzas estadounidenses, que lo habían trasladado a Afganistán y lo mantenían desde entonces recluido sin cargos en Bagram.

Novedades jurídicas y relativas a las políticas

El Ministerio del Interior publicó en enero una revisión que había realizado de seis atribuciones conferidas en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Ese mismo mes se redujo de 28 a 14 días el periodo máximo de reclusión preventiva en los casos de terrorismo. Sin embargo, el gobierno publicó en febrero un anteproyecto de ley que permitiría ampliar de nuevo el periodo a 28 días ante una situación de emergencia, no especificada, que pudiera presentarse en el futuro.

  • El 13 de julio, en la causa Al Rawi and others v. The Security Service and others, el Tribunal Supremo resolvió que los tribunales no podían ordenar “procedimientos basados en material secreto” en los pleitos civiles por daños y perjuicios si no tenían potestad legal para hacerlo; dichos procedimientos permitían al gobierno apoyarse en material secreto en sesiones judiciales a puerta cerrada.

El gobierno presentó en octubre varios proyectos no de ley sobre justicia y seguridad. Algunos suscitaron preocupación, como el de ampliar el uso de procedimientos basados en material secreto en las actuaciones civiles –incluidos los pleitos por daños y perjuicios– y el de aplicar determinadas medidas que permitían limitar por motivos de seguridad nacional la capacidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos para solicitar la revelación de material relacionado con esas violaciones ante tribunales nacionales. No obstante, también había entre ellos ciertas propuestas limitadas para mejorar la supervisión de los servicios de inteligencia y seguridad.

Órdenes de control

A fecha de 14 de diciembre había nueve personas, todas de nacionalidad británica, sujetas a órdenes de control.

La Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, que estipulaba el régimen de las órdenes de control, quedó revocada en diciembre. Fue sustituida por la Ley sobre Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo, que establecía un nuevo régimen de restricciones por orden administrativa que podía imponerse a personas sospechosas de participar en actividades terroristas. Aunque se trataba de restricciones algo más limitadas que las aplicadas en virtud de las órdenes de control, seguían constituyendo privación de libertad o coartando el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, asociación y circulación. Se esperaba que, tras un periodo transitorio, las restricciones por orden administrativa sustituyeran plenamente a las órdenes de control a principios de 2012. El gobierno produjo además una versión “mejorada” de las restricciones por orden administrativa para su aplicación en futuras circunstancias excepcionales no especificadas, que implicaba la posibilidad de volver a imponer las restricciones más graves del anterior régimen de órdenes de control.

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Expulsiones

El gobierno reafirmó su intención de desarrollar y ampliar su programa de expulsiones con garantías a fin de facilitar la devolución de personas que presuntamente representaran una amenaza para la seguridad nacional a países donde estarían expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.

Los procedimientos para impugnar estas expulsiones ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración seguían siendo injustos, al apoyarse excesivamente en información secreta no revelada a la persona afectada ni al abogado de su elección.

  • El Tribunal de Apelación ratificó en marzo la decisión de la Comisión Especial de que el ciudadano argelino M.S. podía ser expulsado a su país dado que las garantías diplomáticas negociadas entre Reino Unido y Argelia eran suficientes para disipar los riesgos que pudiera correr a su regreso. La Comisión Especial había concluido en 2007 que M.S. no representaba una amenaza para la seguridad nacional, pero el gobierno había continuado solicitando su expulsión por otros motivos, alegando que las garantías diplomáticas la hacían posible.
  • En julio, el Tribunal de Apelación autorizó la presentación de un recurso en la causa de X.X., ciudadano etíope del que se afirmaba que constituía una amenaza para la seguridad nacional. X.X. había impugnado la decisión del gobierno de expulsarlo alegando que, si regresaba a Etiopía, corría peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y de ser sometido a un juicio manifiestamente injusto. Uno de los motivos de permitir el recurso fue que la información que había servido de fundamento en la causa provenía al parecer de personas que llevaban mucho tiempo recluidas ilegalmente en régimen de incomunicación en centros de detención no oficiales de Etiopía. Los abogados de X.X. habían argumentado que el material obtenido en tales circunstancias no era admisible.
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Fuerzas armadas británicas en Irak

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia el 7 de julio en la causa Al-Skeini and others v. the United Kingdom, relativa al homicidio de seis civiles en el curso de operaciones de seguridad de soldados británicos realizadas en Irak en 2003. El Tribunal determinó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos era aplicable a las operaciones de Reino Unido en Irak porque en aquel momento era una fuerza ocupante y que, por tanto, el país estaba obligado a realizar investigaciones independientes y efectivas sobre los homicidios, lo que no había hecho en cinco de seis causas abiertas.

También el 7 de julio, en la causa Al-Jedda v. the United Kingdom, la Gran Sala del Tribunal resolvió que la reclusión prolongada de Hilal Abdul Razzaq Ali al Jedda, que había permanecido más de tres años en un centro de detención de las fuerzas armadas británicas en Basora, Irak, había violado su derecho a la libertad y a la seguridad. El Tribunal desestimó la alegación de Reino Unido de que la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU invalidaba el derecho del solicitante a las garantías de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

  • El 8 de septiembre publicó su informe la comisión encargada de investigar la muerte de Baha Mousa en un centro de detención bajo control británico en Basora, Irak, así como el trato recibido por otros nueve ciudadanos iraquíes detenidos junto con él. La comisión llegó a la conclusión inequívoca de que Baha Mousa había muerto tras un “terrible episodio de grave violencia gratuita” y que estaba “fuera de toda duda que la mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido víctimas de graves abusos y malos tratos”. Señaló asimismo el “fallo colectivo” del Ministerio de Defensa al no haber proporcionado directrices claras y coherentes sobre el trato debido a los detenidos, lo que había dado lugar a que los soldados aplicaran en Irak técnicas de interrogatorio que el gobierno británico había prohibido en 1972. El Ministerio de Defensa aceptó todas las recomendaciones de la comisión, excepto una, y manifestó que adoptaría las medidas pertinentes para que no se repitieran tales abusos. Sin embargo, los abogados de estos hombres y las organizaciones de derechos humanos solicitaron más medidas contra los responsables, incluidas actuaciones penales.

El 22 de noviembre, el Tribunal de Apelación dictó sentencia en la causa de Ali Zaki Mousa. Resolvió que el Equipo de Investigación Histórica de Denuncias para Irak, creado para examinar presuntos casos de tortura y otros malos tratos a ciudadanos iraquíes por parte de fuerzas armadas británicas en Irak, no tenía la independencia suficiente para desempeñar su función investigadora con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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Policía y fuerzas de seguridad

El 3 de mayo, un jurado emitió el veredicto de homicidio ilegítimo en la investigación judicial sobre la muerte de Ian Tomlinson durante las manifestaciones del G-20 en Londres en abril de 2009. El jurado concluyó que Ian Tomlinson había muerto por una hemorragia interna tras ser golpeado con una porra y tirado al suelo de un empujón por un agente de policía. En consecuencia, la Fiscalía General de la Corona cambió de parecer y decidió presentar cargos por homicidio involuntario contra el agente. Estaba previsto que el juicio comenzara en 2012.

Seguía abierta la investigación sobre la muerte de Azelle Rodney por disparos de agentes de la Policía Metropolitana el 30 de abril de 2005.

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Discriminación

En septiembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la marginación y la discriminación generalizada que sufrían los gitanos y nómadas y pidió al gobierno que tomara medidas concretas para mejorar su acceso a educación, servicios de salud y asistencia médica, empleo y alojamiento adecuado.

  • Entre 300 y 400 nómadas irlandeses que vivían en Dale Farm, Essex, fueron desalojados a la fuerza en octubre a pesar de los llamamientos que habían hecho numerosos órganos y expertos de la ONU y del Consejo de Europa, ONG y líderes religiosos y de la sociedad civil para evitarlo.
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Rendición de cuentas de las empresas

En septiembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial observó con preocupación que las operaciones en el extranjero de empresas transnacionales registradas en Reino Unido estaban perjudicando los derechos humanos de poblaciones indígenas y solicitó al gobierno que tomara medidas para que las empresas británicas respetaran los derechos humanos al operar en el extranjero.

El Comité también criticó un proyecto de Ley sobre Sentencias, Penas y Asistencia Letrada Gratuita al Delincuente que, de aprobarse, restringiría la capacidad de los extranjeros que intentaran entablar acciones ante tribunales británicos en contra de empresas transnacionales.

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Irlanda del Norte

Continuaron los episodios de violencia paramilitar en Irlanda del Norte. El jefe de policía Ronan Kerr resultó muerto el 2 de abril por la explosión de una bomba colocada en los bajos de su vehículo. Se atribuyó el atentado a republicanos disidentes.

El defensor del Pueblo para Asuntos Policiales, duramente criticado por su falta de independencia en las investigaciones de casos históricos de conducta policial indebida en homicidios ilegítimos, anunció que renunciaría al puesto a principios de 2012.

El Tribunal Supremo dictó sentencia en mayo sobre la causa de McCaughey & Anor. Concluyó que toda investigación sobre la muerte de Martin McCaughey y de Dessie Grew por disparos de miembros de las fuerzas armadas británicas en 1990 debía ajustarse a las obligaciones procesales relativas al derecho a la vida que establecía la Ley de Derechos Humanos de 1998.

  • En febrero se anunció que la comisión de investigación sobre la muerte de Robert Hamill había concluido su informe, si bien no se publicaría éste hasta la conclusión de las actuaciones judiciales entabladas contra tres hombres por cargos de obstrucción a la justicia en relación con el caso.
  • En mayo se publicaron las conclusiones de una investigación sobre la muerte de Rosemary Nelson, ocurrida el 15 de marzo de 1999 por la explosión de una bomba colocada en su automóvil en Lurgan, Irlanda del Norte. En el informe se criticaba con dureza a las instituciones estatales por no haber adoptado en múltiples aspectos medidas que habrían podido evitar el homicidio, aunque no se encontraban indicios de actuación alguna por su parte que hubiera propiciado directamente su asesinato.
  • El gobierno anunció en octubre que había nombrado a un reconocido abogado para examinar toda la documentación disponible sobre el caso del abogado Patrick Finucane, muerto el 12 de febrero de 1989 a manos de paramilitares unionistas con la connivencia de agentes estatales británicos. La decisión suponía retraerse de la promesa anterior de acometer una investigación pública completa sobre el homicidio y fue criticada con dureza por las organizaciones de derechos humanos, que consideraron que no iba a ser una investigación efectiva, independiente, imparcial y exhaustiva, como exigía el derecho internacional de los derechos humanos. La familia de Patrick Finucane interpuso un recurso de revisión judicial contra la decisión del gobierno.

En septiembre, el gobierno de Irlanda del Norte anunció propuestas para establecer una comisión de investigación de abusos infantiles cometidos por instituciones en el pasado. No obstante, la comisión podría carecer inicialmente de las atribuciones necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la entrega de documentos, porque posiblemente se retrasase la determinación de su base jurídica.

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Violencia contra mujeres y niñas

El gobierno aprobó en marzo un plan de acción interdepartamental sobre la violencia contra mujeres y niñas. Ese mismo mes, la ministra del Interior anunció que se daría carácter permanente a un proyecto piloto que se había emprendido para apoyar a las víctimas de violencia en el ámbito familiar sin acceso a fondos públicos por su insegura condición de inmigrantes. Pero el proyecto sólo afectaba a las mujeres con visado conyugal; las que tenían otra clase de visado o un permiso de trabajo temporal siguieron sin tener acceso a servicios básicos.

Se expresó la preocupación de que las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico estuvieran más expuestas a la explotación y, en algunos casos, a la trata de personas en vista de los planes de suprimir el visado para los trabajadores de este sector, que les permitía cambiar de empleador una vez que estaban en Reino Unido.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Fue motivo de preocupación la propuesta de recortes en la asistencia letrada gratuita, porque agravaría la falta de fondos públicos para el asesoramiento jurídico en materia de asilo e inmigración, que en algunas partes del país ya no existía.

Continuaron las devoluciones de solicitantes de asilo rechazados a Afganistán e Irak, pese a que corrían un peligro real de sufrir abusos contra sus derechos humanos.

  • Al término del año seguía en curso la investigación criminal sobre la muerte del ciudadano angoleño Jimmy Mubenga cuando intentaban devolverlo a su país en 2010. Su fallecimiento había sido desencadenante de llamamientos a la reforma del sistema de expulsiones, basados en la inquietud que suscitaban las peligrosas técnicas de control e inmovilización utilizadas por el personal de las empresas de seguridad privada en las operaciones de expulsión.
  • En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa Sufi and Elmi v. The United Kingdom, que la devolución de dos ciudadanos somalíes a Mogadiscio, Somalia, sería contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos puesto que existía un peligro real de que sufrieran malos tratos a su regreso allí (véase el apartado sobre Somalia).
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