Reino Unido
Jefa del Estado
reina Isabel II
Jefe del gobierno
David Cameron

Se anunciaron investigaciones criminales sobre dos casos de presunta entrega (transferencia ilegal de sospechosos de terrorismo entre países); debido a ello se cerró anticipadamente la Investigación sobre Personas Detenidas. Se publicó un proyecto de legislación que permitiría al gobierno basarse en pruebas secretas en cualquier causa del sistema de justicia civil relacionada con la seguridad nacional. Se mantuvo la suspensión de las transferencias de personas detenidas a las autoridades afganas.

Tortura y otros malos tratos

Tras una investigación, el Servicio de Policía Metropolitana y el director de la Fiscalía anunciaron el 12 de enero que no se iban a presentar cargos penales en dos casos de denuncias contra agentes de inteligencia británicos presuntamente implicados en malos tratos a detenidos en el extranjero. El primero estaba relacionado con la tortura y otros malos tratos infligidos a Binyam Mohamed, y el segundo con la reclusión de un hombre no identificado, bajo custodia de las autoridades estadounidenses, en la base aérea de Bagram (Afganistán), en enero de 2002. No obstante, el Servicio de Policía Metropolitana afirmó que había recibido otras denuncias y estaba estudiando la posibilidad de emprender más investigaciones criminales.

En cambio, se anunciaron investigaciones criminales sobre la participación británica en la presunta entrega de Sami al Saadi y Abdel Hakim Belhaj a Libia en 2004 y su posterior tortura y maltrato. Sami al Saadi y su familia aceptaron en diciembre una satisfacción económica del gobierno. Al final del año seguía pendiente la demanda civil por daños y perjuicios presentada por Abdel Hakim Belhaj contra las autoridades británicas.

Basándose en las nuevas investigaciones criminales sobre las presuntas entregas a Libia, el gobierno anunció el 18 de enero el cierre anticipado de la Investigación sobre Personas Detenidas. Establecida en 2010 para examinar las denuncias de participación británica en violaciones de derechos humanos contra personas recluidas en el extranjero en el contexto de operaciones antiterroristas, la Investigación sobre Personas Detenidas no cumplía las normas internacionales de derechos humanos sobre investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas. El 27 de junio, el equipo encargado de la Investigación sobre Personas Detenidas presentó al gobierno un informe sobre el trabajo que había realizado hasta la fecha, pero al terminar el año aún no se había publicado.

En septiembre, el Parlamento Europeo instó en un informe a Reino Unido y otros Estados a revelar toda la información necesaria sobre todos los aviones sospechosos de estar relacionados con el programa de entregas de la CIA y sobre el uso de sus territorios.

En octubre, el Tribunal Superior rechazó los intentos del gobierno de echar por tierra las denuncias de tres ciudadanos kenianos que habían sido torturados por las autoridades coloniales británicas en Kenia en la década de 1950. El tribunal resolvió que, a pesar del paso del tiempo, las pruebas eran tan abundantes que todavía era posible celebrar un juicio justo.

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Seguridad y medidas antiterroristas

El gobierno siguió basándose en garantías diplomáticas poco fiables e imposibles de hacer cumplir en sus intentos de expulsar a personas que presuntamente representaban una amenaza para la seguridad nacional a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.

  • En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa de Omar Othman (también llamado Abu Qatada), ciudadano jordano a quien el gobierno intentaba expulsar por motivos de seguridad nacional. El Tribunal consideró que, si bien las garantías diplomáticas ofrecidas por Jordania a Reino Unido eran suficientes para reducir el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos a su regreso, Omar Othman estaba expuesto realmente a sufrir “flagrante negación de justicia” como consecuencia del uso de declaraciones de otras personas que habían sido torturadas. La Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración de Reino Unido resolvió en noviembre que la expulsión no podía llevarse a cabo porque, a pesar de los intentos del gobierno de obtener más garantías, persistía el riesgo de que se admitieran en el juicio pruebas obtenidas mediante tortura. Al final del año, el gobierno estaba tratando de recurrir la sentencia.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en abril que cinco hombres pendientes de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con el terrorismo no corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos si eran declarados culpables y encarcelados en una prisión “de extrema seguridad” en Florence, Colorado. Los cinco fueron extraditados a Estados Unidos el 5 de octubre.

El sistema de Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo sustituyó en enero al anterior “régimen de órdenes de control”. Aunque su ámbito de aplicación era más reducido, el nuevo sistema permitía restringir la libertad de circulación, las actividades y la propia libertad de las personas sospechosas de actividades terroristas sobre la base de material secreto. A fecha de 30 de noviembre había en vigor una decena de notificaciones de imposición de las Medidas.

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Novedades jurídicas y relativas a las políticas

El gobierno publicó en mayo el proyecto de Ley de Justicia y Seguridad, que hacía extensivos los “procedimientos basados en material secreto” a las causas civiles que el gobierno considerara preocupantes por razones de seguridad nacional. Tales procedimientos permitían al gobierno usar pruebas secretas, que presentaban ante el tribunal a puerta cerrada y a las que no tenían acceso los demandantes, sus abogados ni el público. El proyecto de ley también contenía disposiciones que despojaban a los tribunales de su atribución de ordenar la revelación de información “delicada” –incluida información relativa a presuntas violaciones de derechos humanos– que pudiera ayudar a la persona frente a terceros en una causa. ONG, abogados y medios de comunicación se mostraron profundamente preocupados porque el proyecto de ley contravenía los principios de imparcialidad y de publicidad de las actuaciones judiciales y obstaculizaba los esfuerzos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por conseguir la revelación de material relacionado con esos abusos ante los tribunales. El proyecto de ley contenía algunas disposiciones limitadas para mejorar la supervisión de los servicios de inteligencia.

La sociedad civil y las ONG expresaron su preocupación por las repercusiones de la Ley sobre Sentencias, Penas y Asistencia Letrada Gratuita al Delincuente, que entró en vigor en mayo. Temían que pudiera restringir el acceso a la justicia de, entre otras, las víctimas de abusos cometidos por empresas multinacionales británicas en el extranjero.

En diciembre, la comisión encargada de determinar si debía redactarse una Declaración de Derechos Fundamentales británica que sustituyera a la Ley de Derechos Humanos no llegó al consenso en su informe.

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Fuerzas armadas

En julio se concedió permiso a 169 ciudadanos iraquíes para solicitar una revisión judicial en la que pudieran argumentar que el Equipo de Investigación Histórica de Denuncias para Irak, creado para examinar presuntos casos de tortura y otros malos tratos a ciudadanos iraquíes por parte de las fuerzas armadas británicas, no tenía la independencia suficiente a pesar de las reformas estructurales acometidas por el gobierno. Los abogados de los demandantes argumentaron que era necesaria una investigación pública para poder examinar adecuadamente las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas británicas en Irak.

El 29 de noviembre, el Ministerio de Defensa anunció que mantendría de momento la suspensión de las transferencias de detenidos a las autoridades afganas en vista de que, según información reciente, se enfrentaban a “graves malos tratos” en Afganistán. El anuncio se hizo durante las actuaciones del Tribunal Superior en la causa de Serdar Mohammed, ciudadano afgano detenido por las fuerzas británicas en 2010 y posteriormente entregado a los servicios de inteligencia afganos. Serdar Mohammed sostenía que lo habían torturado cuando estaba bajo custodia afgana y que luego lo habían sometido a un juicio manifiestamente injusto.

  • El Tribunal Supremo admitió en octubre el recurso de hábeas corpus presentado en el caso de Yunus Rahmatullah. Éste había sido capturado por las fuerzas británicas en Irak en febrero de 2004 y entregado a las fuerzas estadounidenses, que lo habían trasladado a Afganistán, donde permanecía recluido sin cargos. El Tribunal Supremo determinó que existían indicios de que la detención de Yunus Rahmatullah era ilegal en virtud de los Convenios de Ginebra y que Reino Unido tenía la obligación de solicitar su devolución. No obstante, concluyó que la negativa de Estados Unidos a transferir a Yunus Rahmatullah para que quedara bajo custodia británica era suficiente para demostrar que Reino Unido no podía garantizar su liberación.
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Policía y fuerzas de seguridad

En enero, dos hombres fueron declarados culpables del asesinato de Stephen Lawrence por motivos racistas en 1993. En 1999, las conclusiones de una revisión del caso indicaban que la investigación policial había sido defectuosa “debido a una mezcla de incompetencia profesional, racismo institucional y falta de liderazgo de altos cargos”.

En julio, un agente de policía fue declarado inocente del cargo de homicidio involuntario en la causa sobre Ian Tomlinson, que había muerto en abril de 2009 en las manifestaciones del G-20 en Londres. En una investigación judicial realizada en 2011, el jurado había emitido un veredicto de homicidio ilegítimo al concluir que Ian Tomlinson había muerto por una hemorragia interna tras ser golpeado con una porra y derribado de un empujón por un agente de policía. En septiembre, un comité disciplinario del Servicio de Policía Metropolitana resolvió que la acción del agente era constitutiva de conducta indebida grave.

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Irlanda del Norte

Continuaron los episodios de violencia paramilitar en Irlanda del Norte. El funcionario de prisiones David Black murió por disparos el 1 de noviembre; republicanos disidentes reclamaron la autoría del homicidio. Varios periodistas y representantes electos sufrieron actos de violencia o recibieron amenazas de violencia anónimas o de paramilitares unionistas. Durante el año hubo disturbios públicos en los que agentes de policía resultaron heridos, entre otras personas.

En octubre inició su trabajo la comisión establecida por el gobierno de Irlanda del Norte para investigar los abusos infantiles cometidos por instituciones en el periodo de 1922-1995.

En noviembre, la Inspección de Policía de Su Majestad emprendió una revisión del trabajo del Equipo de Investigación Histórica, creado para volver a examinar todos los casos de muerte atribuida al conflicto en Irlanda del Norte. La revisión se centraría en determinar si las investigaciones del Equipo sobre los casos relacionados con el ejército cumplían las normas establecidas en materia de derechos humanos y mantenimiento del orden público.

  • El Servicio de Policía de Irlanda del Norte confirmó en diciembre que en 2013 se pondría en marcha una investigación criminal sobre la masacre de 13 manifestantes pro derechos civiles perpetrada por soldados británicos el 30 de enero de 1972 (el llamado Domingo Sangriento).
  • En diciembre, el Tribunal Superior de Irlanda del Norte anuló un informe presentado en 2011 por el defensor del Pueblo para Asuntos Policiales en Irlanda del Norte sobre la muerte de seis hombres en un atentado paramilitar contra un bar de Loughinisland, condado de Down, perpetrado en junio de 1994. La nueva defensora del Pueblo para Asuntos Policiales tomó posesión del cargo en julio y emprendió reformas dirigidas a garantizar la calidad, exhaustividad e independencia de las investigaciones históricas sobre conducta policial indebida.
  • En diciembre, tras la revisión del caso del homicidio del abogado Pat Finucane en 1989, se determinó que en el homicidio habían concurrido numerosos y graves niveles de connivencia del Estado pero no había existido “conspiración general del Estado”. El primer ministro ofreció sus disculpas a la familia. No obstante, la revisión no cumplió los criterios exigidos de independencia, exhaustividad y eficacia ni fue, por tanto, la investigación que se había prometido a la familia.
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Violencia contra mujeres y niñas

El gobierno anunció en mayo una nueva iniciativa dirigida a prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, y afirmó que el asunto sería una preocupación central de la presidencia británica del G-8 en 2013.

En junio, Reino Unido firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

En noviembre se aprobó en Inglaterra y Gales nueva legislación sobre el acecho, que tipificaba como delito esta práctica en un intento de mejorar la seguridad de las personas.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, el Servicio de Inmigración y Naturalización anunció que no había pruebas suficientes para presentar cargos en relación con la muerte de Jimmy Mubenga en 2010. Sin embargo, existían declaraciones de testigos que indicaban que había sido sometido a peligrosas técnicas de inmovilización, y había también insinuaciones acerca de la falta de preparación de los guardias de seguridad. Jimmy Mubenga, ciudadano angoleño, se había desmayado y posteriormente había muerto tras ser inmovilizado por guardias de seguridad privada al intentar su expulsión a Angola.

En octubre, las autoridades intentaron devolver a un ciudadano sirio a su país en contra de lo aconsejado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. El traslado no se paralizó hasta que el Tribunal Superior cursó una orden. En diciembre, el Tribunal de Alzada (Sala de Inmigración y Asilo) dictó una decisión orientativa de país en la que concluía que, dado el contexto imperante, no debían llevarse a cabo devoluciones de solicitantes de asilo a Siria debido a los riesgos que corrían allí.

Se llevaron a cabo devoluciones de ciudadanos srilankeses a pesar de que existían indicios verosímiles de que corrían peligro real de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos a su regreso.

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