Ucrania - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Ucrania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ucrania is now live »

Jefe del Estado: Viktor Yushchenko
Jefe del gobierno: Viktor Yanukovych (sustituyó a Yuriy Yekhanurov en agosto)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Se expulsó a personas refugiadas y solicitantes de asilo a países donde corrían riesgo de sufrir tortura o malos tratos. Seguían practicándose de forma habitual torturas y malos tratos bajo custodia policial. El hacinamiento en los centros de detención de la policía dio lugar a tasas muy elevadas de tuberculosis. Los perpetradores de violencia en el ámbito familiar seguían gozando de impunidad generalizada. Se informó de ataques racistas y antisemitas en distintos lugares del país.

Información general

La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que asistió como observadora a las elecciones al Parlamento celebradas el 26 de marzo declaró que las elecciones se habían ajustado a las normas internacionales para unas elecciones democráticas.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU citó, entre sus motivos de preocupación, la tortura y los malos tratos bajo custodia policial, los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, la violencia en el ámbito familiar y los ataques racistas y antisemitas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Ucrania violó las normas internacionales de protección a los refugiados al expulsar a solicitantes de asilo y refugiados registrados a sus países de origen sin derecho a recurso.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y grupos no gubernamentales criticaron la decisión de las autoridades de expulsar a 10 solicitantes de asilo uzbekos en la noche del 14 al 15 de febrero. Uzbekistán había cursado peticiones de extradición de 11 solicitantes de asilo en Ucrania por su presunta participación en los sucesos ocurridos en Andiyán, Uzbekistán, en mayo de 2005, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría pacíficos matando a centenares de personas. Diez de los hombres fueron expulsados y, según los informes, el que restaba fue autorizado a quedarse porque tenía familiares en Ucrania. Se desconocía la suerte de los solicitantes de asilo expulsados a Uzbekistán, que corrían riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos tales como reclusión en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos y un juicio flagrantemente injusto. El 28 de febrero los servicios de seguridad de Ucrania defendieron sus acciones alegando que los solicitantes «tenían relación con una organización que la ONU había reconocido como "terrorista"».

Tortura y malos tratos

Entre las medidas adoptadas para erradicar la tortura y los malos tratos se encontraba la orden dictada en abril por el Ministerio del Interior según la cual todos los detenidos debían ser informados de sus derechos. Sin embargo, la policía no recibió posteriormente instrucciones sobre cómo cumplir dicha orden. En septiembre, Ucrania ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece que deben existir mecanismos nacionales de prevención independientes para examinar todos los lugares de detención.

De los seis casos de presuntas torturas o malos tratos que Amnistía Internacional planteó a las autoridades ucranianas en septiembre de 2005, sólo en dos se habían iniciado acciones judiciales contra agentes de policía.

Duras condiciones de reclusión

En los centros de detención preventiva las condiciones de reclusión eran deficientes y el nivel de hacinamiento elevado, lo que aumentaba el riesgo de infección por tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, en Ucrania el índice anual de casos de tuberculosis era de 95 por cada 100.000 habitantes, el octavo más alto de Europa y la región de Eurasia.

En enero, en el centro de detención temporal de Sebastopol, en Crimea, había entre 30 y 40 detenidos con tuberculosis, según la ONG Grupo de Derechos humanos de Sevastopol. Estas personas permanecieron recluidas en ese centro todo el periodo de detención preventiva -contra lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal-, porque un centro de detención preventiva situado en Simferopol, más cerca de sus hogares, se negaba desde hacía tiempo a admitir a detenidos con tuberculosis. Según los informes, en enero había 20 personas infectadas en una celda concebida para albergar a seis, y no se les proporcionaba alimentación especial ni las vitaminas necesarias para contrarrestar los efectos de la medicación.

En noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Ucrania que debía «garantizar el derecho de los detenidos a ser tratados humanamente y con respeto a su dignidad, en particular remediando el problema del hacinamiento».

Actualización: el asesinato de Georgiy Gongadze

En enero comenzó el juicio de tres agentes de policía acusados de asesinar al periodista de investigación Georgiy Gongadze en 2000. En julio, un relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó su decepción ante la falta de progresos en la investigación para descubrir a los instigadores y organizadores del homicidio, a diferencia de lo que había sucedido con sus autores materiales. En agosto, la madre del periodista anunció que no volvería a asistir a las vistas judiciales debido a su falta de confianza en el resultado del juicio. El proceso no había concluido al finalizar el año.

Discriminación

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial sometió a examen los últimos informes periódicos de Ucrania. En ellos, el gobierno ucraniano había declarado que en Ucrania «se ha eliminado la discriminación racial en todas sus formas, garantizándose la igualdad de todas las personas ante la ley». Sin embargo, las ONG continuaban informando de casos de ataques racistas y discriminación. La Unión de Consejos para Judíos en la Antigua Unión Soviética denunció que entre enero y noviembre se habían producido siete ataques antisemitas y racistas contra personas y otros 18 incidentes, incluidos actos vandálicos, contra sinagogas y escuelas judías. Según el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, las personas pertenecientes a esta etnia no tenían acceso a la educación, los servicios de salud y la vivienda porque carecían de documentos de identidad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Ucrania, entre otras cosas, que «adopte medidas preventivas para contrarrestar los actos perpetrados contra las personas pertenecientes a las minorías o sus lugares de culto y que investigue dichos actos y enjuicie a los responsables». También pidió que se otorgasen documentos de identidad a todas las personas de etnia romaní.

En marzo, un grupo de jóvenes atacó en el metro de Kiev a un joven que cursaba estudios rabínicos. El estudiante, que se defendió con una pistola de aire comprimido registrada legalmente, era amigo de Mordechai Molozhenov, otro estudiante judío agredido con arma blanca en agosto de 2005 en Kiev. Los asaltantes fueron acusados de «vandalismo».

En octubre, Kunuon Mievi Godi, un nigeriano que llevaba años residiendo en Ucrania, murió apuñalado a manos de un grupo de personas que gritaron consignas racistas cerca de la estación de metro de Poznyaki, a las afueras de Kiev. Los atacantes no robaron los 400 dólares estadounidenses que llevaba consigo la víctima. La investigación seguía abierta.

Violencia contra las mujeres

Las disposiciones de la Ley de Prevención de la Violencia en la Familia permitían que las personas objeto de violencia en el ámbito familiar fuesen apercibidas por «conducta de víctima», lo que perpetuaba el mito de que las mujeres eran responsables de la violencia que sufrían, otorgaba impunidad a los perpetradores y disuadía de denunciar los actos violentos. Las mujeres que intentaron llevar a los agresores ante los tribunales hubieron de enfrentarse a la corrupción generalizada del sistema de justicia penal o a las penas irrisorias que imponían los tribunales.

La red de centros del Ministerio de Familia, Juventud y Deportes facilitaba asesoramiento legal y psicológico y refugio a personas de hasta 35 años y a familias. Sin embargo, los centros no estaban dirigidos específicamente a las mujeres y no podían facilitar el nivel de ayuda y protección requerido por las víctimas de violencia en el ámbito familiar.

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Ucrania que debía «intensificar sus esfuerzos de prevención de la violencia en el hogar y garantizar el acceso de todas las víctimas [?] a los centros de rehabilitación social y médica».

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

• Ukraine: Briefing to the UN Human Rights Committee - June 2006 (Índice AI: EUR 50/003/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Ucrania en septiembre.

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