Ucrania - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Ucrania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ucrania is now live »

Jefe del Estado
Víctor Yúshenko
Jefa del gobierno
Yulia Timoshenko
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
45,7 millones
Esperanza de vida
68,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
18/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo corrían riesgo de que las devolvieran a los países de procedencia. Las personas detenidas en espera de ser extraditadas no tenían posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y extradición. Las autoridades no respondieron adecuadamente a los ataques de motivación racista. Persistían las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, y los perpetradores de violaciones de derechos humanos gozaban de impunidad. La libertad de reunión seguía amenazada.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Ucrania siguió violando el derecho de asilo al no proporcionar procedimientos de asilo imparciales y adecuados y al devolver a personas refugiadas y solicitantes de asilo a países donde corrían riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos. A lo largo del año, Amnistía Internacional planteó cuatro casos de devolución al gobierno ucraniano. El 25 de agosto entraron en vigor las modificaciones introducidas a una normativa del Consejo de Ministros que regulaba la entrada de extranjeros y apátridas a Ucrania. En virtud de estos cambios, los nacionales de determinados países y las personas apátridas tenían que llevar consigo al menos 12.620 grivnas (alrededor de 1.000 euros). La aplicación de esta nueva normativa a solicitantes de asilo era contraria al derecho internacional de refugiados y equivalía a la devolución (refoulement).

  • El 31 de agosto, seis ciudadanos de la República Democrática del Congo llegaron al aeropuerto de Boryspil, pero no se les permitió abandonar el aeropuerto y el 2 de septiembre fueron expulsados a la República Democrática del Congo vía Dubai. Según los informes, a uno de ellos lo golpearon cuando intentó solicitar asilo, ignoraron su petición y le administraron una droga para dormirlo. De acuerdo con el Servicio Estatal de Fronteras, no se permitió a los ciudadanos congoleños entrar en Ucrania porque llevaban consigo menos de 1.000 euros cada uno.
  • El fiscal general ejerció su derecho a supervisar la legalidad de todas las decisiones judiciales y revocó las resoluciones mediante las cuales se había concedido el estatuto de refugiado a 15 solicitantes de asilo de Afganistán, Bielorrusia y Uzbekistán. Para ello, se basó en omisiones de poca importancia, como la falta de un reconocimiento médico o el hecho de que no se hubiera aportado documentación sobre el empleo en el país de origen. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, considera que éstos no son motivos legítimos para denegar el estatuto de refugiado. Los solicitantes de asilo no disponían de vías legales de recurso contra las decisiones del fiscal general.

Tortura y otros malos tratos e impunidad

Hubo informes continuados sobre casos de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y omisión de las autoridades a la hora de llevar a cabo investigaciones efectivas e independientes sobre esas denuncias. Entre enero y octubre, 13 ONG de derechos humanos integradas en la Unión de Derechos Humanos Helsinki en Ucrania recibieron 165 denuncias de tortura y otros malos tratos; de ellas, 100 tenían que ver con acciones policiales. Ucrania ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura en 2006, pero todavía no había establecido un mecanismo nacional para vigilar los lugares de detención de acuerdo con las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo.

  • El 24 de marzo, Vadim Glavatyi fue condenado por el Tribunal Regional de Podil a nueve años de prisión por violación y robo. Vadim Glavatyi recurrió la condena, y al finalizar el año estaba pendiente la decisión sobre su apelación. Según los informes, desde septiembre de 2006 había sido sometido a tortura y otros malos tratos en tres ocasiones por agentes de policía de la comisaría del distrito de Podil que trataban de obligarlo a confesarse culpable, primero de robo y luego de violación. Necesitó tratamiento hospitalario por las lesiones sufridas. En octubre, el fiscal de Kiev respondió a una carta de Amnistía Internacional afirmando que no había razones para iniciar procedimientos penales contra los agentes de la comisaría de Podil. En la carta se informaba de que otros agentes de policía de la comisaría de Podil estaban investigando los presuntos malos tratos infligidos por sus colegas.

Racismo

Las medidas adoptadas para luchar contra los delitos de motivación racial y para hacer públicos datos estadísticos sobre este tipo de delitos fueron limitadas. A pesar de la instrucción conjunta emitida el 6 de febrero por la Oficina del Fiscal General y el Ministerio del Interior para que se recabaran datos sobre delitos de motivación racista y sobre los resultados de las investigaciones, al finalizar el año no se disponía de ninguna estadística al respecto. Los delitos de motivación racista seguían siendo enjuiciados como “vandalismo”, sin que se reconociese el elemento racista del delito. Según la Iniciativa Diversidad, una coalición de ONG locales y organizaciones internacionales, hasta octubre se habían registrado 23 incidentes de motivación racista. Durante este periodo se abrieron siete causas penales sobre incidentes racistas, y en todas ellas el delito imputado era “vandalismo”.

  • En entrevistas recogidas por el Grupo de Derechos Humanos de Vinnytsya, tres solicitantes de asilo procedentes de Somalia afirmaron que el 28 de febrero los habían detenido y trasladado a una comisaría de policía, donde varios agentes golpearon a dos de ellos, al parecer en represalia por el secuestro de unos marineros ucranianos por piratas somalíes. La Oficina del Fiscal del Distrito de Vinnytsya negó la veracidad de estas denuncias. El ACNUR recibió garantías de la Oficina del Fiscal General de que se llevaría a cabo otra investigación, pero no se hizo conocer ningún resultado. Más adelante, se comunicó informalmente al Grupo de Derechos Humanos de Vinnytsya que los dos presuntos autores de los malos tratos ya no trabajaban para la policía.

Presos de conciencia

La legislación ucraniana no ofrecía a las personas que se encontraban a la espera de ser extraditadas ningún procedimiento para impugnar la legalidad de su extradición o de su detención.

  • El 7 de julio, el Tribunal de Distrito de Balaklava se negó a considerar un recurso presentado por Igor Koktysh contra su detención en espera de extradición a Bielorrusia, confirmando la ausencia de cualquier posibilidad de recurso dentro del procedimiento de extradición. Igor Koktysh permanecía detenido desde el 25 de junio de 2007, después de que Bielorrusia solicitara su extradición para enjuiciarlo por asesinato, delito que en Bielorrusia se castigaba con la muerte. Ya había sido absuelto de este cargo y liberado en 2001 y el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia el 1 de febrero de 2002. Sin embargo, el 11 de abril de 2002, el fiscal general de Bielorrusia recurrió el fallo absolutorio y la causa volvió a los tribunales para que se celebrara un nuevo juicio. Igor Koktysh era un activista de la oposición y trabajaba rehabilitando a jóvenes drogodependientes. En octubre de 2003 se trasladó a Ucrania, donde siguió apoyando a la oposición bielorrusa durante las elecciones presidenciales de 2006. En octubre de 2007 recurrió las decisiones de detención y extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal instó a Ucrania a que no lo extraditara a Bielorrusia hasta que hubiera estudiado su caso y considerado la posibilidad de que las autoridades bielorrusas lo hubiesen acusado de un cargo falso con el fin de castigarlo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Libertad de reunión

El 3 de junio el Parlamento aprobó el anteproyecto de ley de Reunión en su primera lectura. El anteproyecto había sido criticado por algunas ONG porque no se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos. Exigía que todas las manifestaciones fuesen comunicadas con cinco días de antelación y no permitía las reuniones espontáneas; autorizaba el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sin requisito de moderación alguno, y no incluía el deber del Estado de garantizar que se respetase el derecho de reunión pacífica.

Desaparición forzada

El 27 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que mostraba su satisfacción por que tres ex agentes de policía hubiesen sido declarados culpables del asesinato del periodista de investigación Georgiy Gongadze, pero pedía que las personas que habían instigado y organizado el asesinato rindiesen cuentas “con independencia del rango y cargo que desempeñasen los sospechosos”. Georgiy Gongadze había desaparecido el 16 de septiembre de 2000 y su cadáver decapitado había sido encontrado en noviembre de ese mismo año. El 23 de julio, nueve años después de la desaparición del periodista, Oleksiy Pukach, ex teniente general del Ministerio del Interior, fue detenido y acusado de homicidio.

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