Información general

El presidente José Mujica tomó posesión del cargo en marzo.

Impunidad

En octubre, la Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 era inconstitucional en el caso del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976), lo que permitió que el juicio siguiera adelante. Bordaberry fue acusado de 10 cargos de homicidio. Era la segunda sentencia histórica de la Suprema Corte sobre la Ley de Caducidad, que impedía procesar a miembros de la policía y del ejército por delitos cometidos durante el régimen militar. No obstante, la sentencia sólo era aplicable al caso en cuestión, y por tanto no permitía la reapertura de casos archivados con anterioridad. En octubre, miembros del Congreso presentaron un proyecto de ley por el que se anularían tres artículos de la Ley de Caducidad. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que al final del año seguía pendiente ante el Senado.

• En noviembre, Uruguay admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había cometido violaciones de derechos humanos en el caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, víctima de desaparición forzada en 1976, y de su hija, María Macarena Gelman García, que nació bajo custodia y se crió con otra familia. El caso seguía pendiente ante la Corte Interamericana.
• El general Miguel Ángel Dalmao y el coronel retirado José Chialanza fueron objeto de detención provisional en noviembre en relación con la tortura y el homicidio bajo custodia de Nibia Sabalsagaray en 1974.

Condiciones de reclusión

En marzo, el relator especial de la ONU sobre la tortura presentó el informe de su visita a Uruguay en 2009. En él pedía al gobierno, entre otras cosas, que acometiera reformas fundamentales en el sistema de justicia penal y el sistema penitenciario, incluido el cierre de cárceles cuyas condiciones de reclusión eran crueles e inhumanas, en concreto la sección de “Las Latas” del penal de Libertad, donde los presos estaban recluidos en contenedores metálicos, y los módulos 2-4 del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (COMCAR).

Aumentó la preocupación por las condiciones de hacinamiento en las prisiones tras el incendio declarado en julio en la cárcel de Rocha, que acabó con la vida de 12 internos. A los pocos días se aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria, que establecía un aumento de los fondos destinados a edificar y mejorar instalaciones penitenciarias. Además, la ley disponía, como medida de carácter temporal y excepcional, el alojamiento de los reclusos en instalaciones militares.

Violencia contra las mujeres

Según las organizaciones pro derechos de las mujeres, en los primeros 10 meses del año se dio muerte a 26 mujeres. La respuesta del Estado a los casos de violencia contra las mujeres seguía siendo insuficiente, y el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo hincapié en que no se estaba aplicando el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.

Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre, el presidente aprobó un decreto relativo a la aplicación de la reglamentación 18.426 sobre derechos sexuales y reproductivos, de 2008. El decreto establecía que los proveedores de servicios de salud tenían la obligación de orientar a mujeres y adolescentes sobre salud sexual y reproductiva y confirmaba que debían prestarse servicios de contracepción de manera gratuita.