En octubre, el Congreso aprobó una histórica ley para abordar la impunidad por las
violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar
(1973-1985).
Al finalizar el año, el Congreso tramitaba un proyecto de ley para legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
En septiembre, cinco marinos uruguayos destacados en una misión de la ONU en Haití
fueron acusados de abusos sexuales contra un haitiano de 18 años, tras la divulgación
por Internet de unas imágenes de vídeo del presunto incidente. Al finalizar el año
proseguían las investigaciones en las jurisdicciones militar y civil.
En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay que eliminara
los obstáculos que bloqueaban las investigaciones y los enjuiciamientos por violaciones
de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno cívico-militar (1973-1985).
La Corte declaró a Uruguay responsable de la desaparición forzada, en 1976, de María
Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y del secuestro de su bebé, María Macarena
Gelman García, y ordenó al Estado que realizase investigaciones para aclarar el paradero
de María Claudia y hacer que los responsables comparecieran ante la justicia. En octubre,
un tribunal resolvió enjuiciar a cinco oficiales del ejército retirados, que ya estaban
cumpliendo penas de prisión, por el homicidio especialmente agravado de María Claudia
García Iruretagoyena de Gelman.
En mayo, la Suprema Corte de Justicia concluyó que no se podía acusar a dos oficiales
del ejército retirados de desaparición forzada porque este delito no se incorporó
a la legislación nacional hasta 2006 y no podía aplicarse retroactivamente. En su
lugar, los oficiales fueron declarados culpables de homicidio muy especialmente agravado
en relación con la muerte de 28 personas, y condenados a 25 años de prisión. La preocupación
por la posibilidad de que esta sentencia supusiera la prescripción de violaciones
graves de derechos humanos hizo que el Congreso aprobase en octubre una ley que, en
la práctica, anulaba los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado de 1986 (Ley de Caducidad) y revocaba las normas sobre prescripción que
habrían impedido que las víctimas presentaran querellas.
En junio, el presidente Mujica dictó un decreto que revocaba las decisiones de presidentes
anteriores sobre qué casos de presuntas violaciones de derechos humanos se podían
investigar. Estas decisiones se habían adoptado en virtud de facultades conferidas
por la Ley de Caducidad que protegían al personal policial y militar del enjuiciamiento
por violaciones de derechos humanos. El decreto de junio suscitó la esperanza de que
se reabrieran alrededor de 80 casos.
En octubre se formularon denuncias en nombre de más de 150 sobrevivientes de la tortura.
En mayo, el gobierno anunció que se iba a dejar de recluir a presos en las cabinas
de acero conocidas como “las latas” en el Penal de Libertad. Tras su visita a Uruguay
en 2009, el relator especial de la ONU sobre la tortura había condenado las condiciones
de reclusión en estos módulos de acero calificándolas de crueles e inhumanas.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por
varios defectos graves del sistema penitenciario, como el hacinamiento, las infraestructuras
inadecuadas y el uso generalizado de la prisión preventiva.
Al finalizar el año, no se había creado aún el Instituto Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo, una de cuyas funciones era implementar el mecanismo preventivo
nacional previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
