Estados Unidos - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Estados Unidos de América

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
EE. UU. is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: George W. Bush
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado, pero se había declarado la intención de no ratificarlo

Miles de personas siguieron bajo custodia estadounidense, sin cargos ni juicio, en Irak y Afganistán y en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las comisiones militares establecidas por el presidente Bush y revocó la decisión presidencial de no aplicar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra a los detenidos sospechosos de tener vínculos con los talibanes o con Al Qaeda. El Congreso aprobó la Ley de Comisiones Militares, que privaba a los tribunales federales de competencia para examinar los recursos de hábeas corpus presentados por esos detenidos, disponía la celebración de juicios por comisiones militares y enmendaba la Ley sobre Crímenes de Guerra estadounidense. En septiembre, el presidente Bush confirmó la existencia de un programa de detenciones secretas administrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se recibieron informes de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados estadounidenses en Irak, y algunos soldados hacían frente a procesamientos. Continuaron sin rendir cuentas altos cargos del gobierno por la tortura y los malos tratos infligidos a personas detenidas en el marco de la «guerra contra el terror», pese a la existencia de pruebas de que los abusos habían sido sistemáticos. Se recibieron informes de brutalidad policial y malos tratos en centros de detención de Estados Unidos. Más de 70 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser de la policía. Se ejecutó a 53 personas en 14 estados.

Ley de Comisiones Militares

En junio, en la causa Hamdan v. Rumsfeld, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que las comisiones militares establecidas en virtud de una orden ejecutiva en materia militar de noviembre de 2001 para juzgar a los ciudadanos extranjeros recluidos como «combatientes enemigos» en relación con la «guerra contra el terror» eran ilegales. Antes de esa sentencia, 10 ciudadanos extranjeros habían sido acusados formalmente para ser juzgados por estas comisiones. La sentencia revocó asimismo la decisión presidencial de no aplicar a los detenidos sospechosos de tener vínculos con los talibanes o con Al Qaeda el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que exige la celebración de juicios con garantías y un trato humano para las personas detenidas en conflictos armados. En septiembre, el presidente Bush confirmó que la CIA había administrado un programa secreto de detención en virtud del cual algunos detenidos en el contexto de la «guerra contra el terror» habían sido recluidos en régimen de incomunicación y sometidos a técnicas de interrogatorio «alternativas». El presidente afirmó que la sentencia de la Corte Suprema ponía en peligro el programa secreto.

A finales de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Comisiones Militares. En caso de confirmarse su constitucionalidad, esta ley privaría a los tribunales estadounidenses de competencia para examinar los recursos de hábeas corpus presentados para impugnar la legalidad o las condiciones de detención de los ciudadanos de países distintos de Estados Unidos recluidos como «combatientes enemigos» bajo la custodia de Estados Unidos, cualquiera que fuese su ubicación. El 13 de diciembre, un juez federal desestimó la petición de hábeas corpus presentada por el detenido de Guantánamo Salim Ahmed Hamdan, que en esa fecha llevaba más de cinco años bajo la custodia estadounidense sin haber sido juzgado. El juez falló que la Ley de Comisiones Militares podía aplicarse con efecto retroactivo, lo que impedía el acceso -establecido por ley- de Salim Ahmed Hamdan al hábeas corpus, y falló también que, al ser un ciudadano extranjero recluido fuera del territorio soberano de Estados Unidos, a Salim Ahmed Hamdan no le asistía el derecho constitucional de hábeas corpus.

La Ley de Comisiones Militares facultaba al presidente para establecer nuevas comisiones militares con el fin de juzgar a «combatientes enemigos ilegales extranjeros», a los que se definía en términos tan amplios que permitían la inclusión de civiles capturados en entornos alejados de cualquier campo de batalla. Las nuevas comisiones estarían facultadas para imponer condenas a muerte, con arreglo a procedimientos que a todas luces parecían incapaces de garantizar la celebración de juicios con garantías.

La Ley de Comisiones Militares prohibía a los detenidos acogerse a los Convenios de Ginebra en cualquier acción judicial. También restringía el ámbito de aplicación de la Ley sobre Crímenes de Guerra estadounidense (y la aplicaba con efectos retroactivos desde 1997) al no penalizar expresamente los actos que violasen el artículo 3 común en lo relativo a la celebración de juicios con garantías y a la prohibición de los «atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes». En una audiencia celebrada en el Senado en el mes de julio, seis abogados militares retirados o en ejercicio admitieron que algunas técnicas de interrogatorio utilizadas por Estados Unidos en la «guerra contra el terror» habían vulnerado el artículo 3 de los Convenios de Ginebra.

Entregas extraordinarias y detención secreta

En septiembre, el presidente Bush anunció que 14 detenidos de «alto valor», que llevaban hasta cuatro años y medio recluidos en régimen de incomunicación en el marco del programa secreto de la CIA, habían sido trasladados a Guantánamo. Amnistía Internacional consideró que al menos algunos de ellos habían sido víctimas de desaparición forzada. Al terminar el año seguían sin conocerse la suerte y el paradero de otras personas que no formaban parte del grupo de 14 que había estado recluido en aplicación del programa de la CIA.

En recursos judiciales ante tribunales federales, el gobierno intentó asegurarse de que permanecían en secreto los detalles que los 14 detenidos trasladados en fechas recientes pudieran conocer acerca del programa secreto de la CIA, como la ubicación de las instalaciones secretas de detención o las técnicas de interrogatorio empleadas.

En junio, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó un informe de su investigación sobre las detenciones secretas y las entregas extraordinarias (traslado secreto e ilegal de detenidos de un país a otro) en Europa. El informe concluyó que Estados Unidos, que tenía el estatuto de observador en el Consejo de Europa, había sido el «principal artífice» de un sistema «censurable» de detenciones secretas y entregas extraordinarias. El documento confirmó las conclusiones de Amnistía Internacional de que varios casos de entrega tuvieron lugar con la participación o la cooperación de Estados miembros del Consejo de Europa. El Comité instó a Estados Unidos y a los Estados europeos a poner fin a las entregas y a llevar a cabo investigaciones independientes sobre esta práctica.

Guantánamo

Al concluir 2006, aproximadamente 395 personas de unas 30 nacionalidades seguían recluidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo. Algunas llevaban casi cinco años en esa situación.

En febrero, cinco expertos de la ONU, entre ellos el relator especial sobre la cuestión de la tortura, publicaron el informe de su investigación acerca de las condiciones de Guantánamo y pidieron la clausura del centro de detención. Los expertos concluyeron que algunos tratos presuntamente infligidos a los detenidos, como la reclusión en régimen de aislamiento, el uso de fuerza excesiva y la manera brutal de alimentarlos a la fuerza durante una huelga de hambre, constituían tortura.

En mayo, el Comité contra la Tortura también pidió el cierre de Guantánamo, y señaló que recluir a personas por tiempo indefinido sin cargos constituía una violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En julio, el Comité de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a garantizar que todas las personas recluidas en Guantánamo podían impugnar ante un tribunal, «a la brevedad posible», la legalidad de su detención.

En junio, tres detenidos murieron en Guantánamo, al parecer como consecuencia de suicidio. Uno de ellos era Abdullah Yahia al-Zahrani, que según los informes tenía 17 años cuando lo pusieron bajo custodia. Estas muertes acentuaron la preocupación por las graves repercusiones psicológicas del régimen de reclusión indefinida.

Detenciones en Afganistán e Irak

Cientos de personas estuvieron recluidas sin cargos ni juicio en la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán, sin que existieran disposiciones relativas a la revisión judicial de su situación. Algunas llevaban recluidas más de dos años sin acceso a familiares, abogados ni tribunales. En noviembre, las autoridades estadounidenses afirmaron que un «porcentaje significativo» de los detenidos afganos en Bagram podrían ser transferidos a la custodia del gobierno de Afganistán en el plazo de un año. También afirmaron que algunos detenidos afganos y de otras nacionalidades permanecerían en Bagram o serían trasladados a Guantánamo.

Miles de personas estuvieron recluidas en manos de fuerzas estadounidenses en Irak, entre ellas varios centenares de «internos detenidos por motivos de seguridad» que estaban privados de libertad desde antes de la entrega del poder al Gobierno Provisional de Irak en junio de 2004. No existían procedimientos de revisión formal aplicables en tales casos. La reclusión de las personas detenidas después de esa fecha era revisada inicialmente por un magistrado (a menudo sin la presencia del detenido) y después por un órgano no judicial con periodicidad semestral.

Homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas estadounidenses fuera de Estados Unidos

Se tuvo noticia de algunos incidentes de presuntas ejecuciones extrajudiciales u homicidios ilegítimos de civiles cometidos por soldados estadounidenses en Irak.

En noviembre, un soldado se declaró culpable ante un tribunal militar de los cargos de violación de una niña iraquí de 14 años y asesinato de la niña y tres miembros de su familia en Mahmudiya en marzo. Fue condenado a cadena perpetua. Otros tres soldados hicieron frente a cargos de violación y asesinato en el mismo caso, así como de incendio intencionado por quemar el cuerpo de la víctima para ocultar las pruebas. Un quinto soldado, al que ya se había dado de baja del ejército por motivos de salud mental cuando se formularon los cargos, se declaró inocente ante un tribunal federal civil.

Se presentaron cargos contra ocho soldados por el secuestro y asesinato de Hashim Ibrahim Awad, de 52 años de edad, en la población de Hamdania en abril. Se los acusó de sacar a la víctima por la fuerza de su casa y dispararle mientras estaba inmovilizada. Cuatro soldados se declararon culpables de los cargos relativos al asesinato y fueron condenados a penas de prisión de entre 5 y 10 años. No obstante, en virtud de acuerdos extrajudiciales alcanzados, se les redujeron las condenas a penas de reclusión de entre 12 y 21 meses. Al terminar el año estaban pendientes de celebración otros juicios.

En Pakistán, entre 13 y 18 personas, 5 de ellas menores, murieron como consecuencia del impacto de misiles Hellfire contra tres casas en la población de Damadola Burkanday, en el noroeste del país, el 13 de enero. Los informes indicaron que aviones estadounidenses dispararon los misiles y que el objetivo de la acción era Ayman al-Zawahiri, activista de alto rango de Al Qaeda.

Detención de «combatientes enemigos» en Estados Unidos

Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano qatarí, continuó detenido sin cargos ni juicio bajo custodia militar en Carolina del Sur. Permanecía recluido en régimen de aislamiento, y desde hacía más de tres años no se le permitía recibir visitas ni llamadas telefónicas de sus familiares. En noviembre, el gobierno estadounidense presentó una petición ante un tribunal solicitando que se desestimaran los recursos de Ali al-Marri en los que impugnaba la legalidad de su detención, alegando que en virtud de la Ley de Comisiones Militares los tribunales federales no eran ya competentes en el caso. Al terminar el año no se había tomado una decisión al respecto.

En octubre, los abogados de José Padilla, ciudadano estadounidense que estuvo detenido como «combatiente enemigo», intentaron que se desestimaran los cargos penales formulados en su contra alegando que lo habían torturado durante más de tres años de reclusión en régimen de incomunicación bajo custodia militar estadounidense. Al terminar el año no se había tomado una decisión sobre la petición.

Tortura y otros malos tratos

Continuó la ausencia general de rendición de cuentas por actos de tortura y otros malos tratos cometidos por personal estadounidense en la «guerra contra el terror», incluso en casos en que se aplicaron técnicas de interrogatorio autorizadas por altos cargos de la administración. Aunque a algunos militares, generalmente de baja graduación, se les formó consejo de guerra, al terminar el año ningún funcionario estadounidense había sido acusado formalmente de tortura, en virtud de la legislación extraterritorial estadounidense contra la tortura, ni de crímenes de guerra, en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos expresaron preocupación por la aparente indulgencia e impunidad de que disfrutaba el personal estadounidense.

Al terminar el año, sólo un empleado de la CIA había sido procesado por abusos cometidos en la «guerra contra el terror». En agosto, David Passaro, contratista de la CIA, fue declarado culpable de agresión en relación con la paliza propinada al detenido afgano Abdul Wali, que había muerto en una base militar de Estados Unidos en Afganistán en 2003. Al terminar el año no se habían presentado cargos en otros 19 casos de presuntos abusos relacionados con civiles o con personal de la CIA remitidos al Departamento de Justicia estadounidense.

En septiembre se publicó una edición revisada del manual de campo del ejército, que reiteraba la prohibición de infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes a cualquier detenido, una postura que con anterioridad el gobierno había sostenido que no era de aplicación a los «combatientes enemigos ilegales». El manual también prohibía de forma expresa el empleo de ciertas técnicas durante los interrogatorios, como la humillación sexual, el uso de perros, la colocación de capuchas, el ahogamiento simulado (water-boarding), los simulacros de ejecución y la privación de alimentos y agua. El manual de campo del ejército no era aplicable a los interrogatorios realizados por la CIA fuera de las instalaciones administradas por las fuerzas armadas.

El 6 de diciembre, Roy Belfast Jr. (también llamado Charles Taylor Jr.), ciudadano estadounidense e hijo de Charles Taylor, ex presidente de Liberia, se convirtió en la primera persona contra la que se presentaban cargos de tortura en virtud de la legislación extraterritorial de Estados Unidos contra la tortura. Los cargos guardaban relación con la tortura infligida a una persona en Monrovia, Liberia, en julio de 2002.

Malos tratos en las cárceles y bajo custodia policial

Se recibieron informes de malos tratos a detenidos en las cárceles y bajo custodia policial, relativos entre otras cosas al uso abusivo de dispositivos restrictivos y armas de electrochoque. Más de 70 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser (armas lanzadardos de electrochoque), con lo que el número de muertes causadas por estas armas desde 2001 se elevó a más de 230.

En junio, el Departamento de Justicia anunció que el Instituto Nacional de Justicia realizaría un estudio de dos años sobre las muertes causadas por armas Taser. Mientras tanto, muchos departamentos de policía siguieron utilizando esta clase de armas en situaciones que no suponían ni remotamente una amenaza o fuerza letal. El Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Estados Unidos que sólo se utilizaran las armas Taser como alternativa no letal al uso de armas de fuego.

En agosto, Raúl Gallegos-Reyes murió en la cárcel del condado de Arapahoe, Colorado, tras recibir reiteradas descargas de armas Taser y ser amarrado con correas a una silla de sujeción por gritar y golpear en la puerta de su celda. El forense concluyó que el fallecimiento se había producido por «asfixia causada por la postura» debido a la sujeción, y calificó la muerte de homicidio.

De acuerdo con una demanda presentada en julio contra la cárcel del condado de Garfield, Colorado, con frecuencia se amarraba a los presos a sillas de sujeción y se los dejaba durante horas en posturas dolorosas tras recibir descargas de armas Taser o ser rociados con pimienta. Al parecer, los guardias también hostigaron y amenazaron con aplicar descargas a presos que llevaban cinturones de electrochoque que podían activarse por control remoto durante su traslado al tribunal. Según los informes, la cárcel no disponía de normas claras que regularan el uso de dispositivos restrictivos.

Se recibieron informes de malos tratos policiales a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como de falta de respuesta adecuada a delitos por motivos de identidad contra estos colectivos.

Mariah López, una mujer transgénero, fue objeto presuntamente de insultos y abusos físicos por parte de agentes del Departamento de Policía de Nueva York y de empleados de la cárcel municipal tras ser detenida. Según informes, sufrió fractura de un cartílago de la nariz, rotura de un diente y numerosas abrasiones tras ser golpeada por los agentes. También la sometieron a registros corporales humillantes sin ropa.

Christina Sforza, una mujer transgénero, fue agredida según los informes en un restaurante de Nueva York. La policía que acudió al lugar de los hechos la detuvo y se negó a admitir su denuncia contra la persona que la había atacado. Los cargos de agresión presentados en su contra se retiraron finalmente.

Prisiones de máxima seguridad

Miles de presos continuaron recluidos en régimen de aislamiento durante largos periodos en instalaciones de máxima seguridad en condiciones que en algunos casos equivalían a trato cruel, inhumano o degradante.

En noviembre, una corte federal de apelaciones condenó por inconstitucionales las presuntas condiciones del «programa de modificación de la conducta» de una prisión de máxima seguridad de Wisconsin. Según una demanda presentada en nombre de un recluso que fue sometido al programa en el año 2002, lo despojaron de sus prendas de vestir y su ropa de cama, lo recluyeron en una celda vacía de reducidas dimensiones y sólo le suministraron alimentos triturados y con forma de «pan». Al parecer, estas condiciones tuvieron graves efectos negativos sobre su salud mental. El caso se remitió a un tribunal inferior para que resolviera sobre los hechos, algunos de los cuales eran objeto de disputa.

Mujeres en prisión

En mayo, Vermont fue el último de los 50 estados que aprobó una ley para proteger a las mujeres recluidas en prisiones frente a los abusos sexuales por parte de guardias, al penalizar todo contacto sexual entre las reclusas y el personal penitenciario. Sin embargo, muchas presas de Estados Unidos siguieron en peligro de sufrir abusos debido a políticas que permitían que personal masculino realizara cacheos con ropa a las presas y observara a las mujeres mientras se lavaban o vestían en sus celdas. La mayoría de los estados de Estados Unidos permitieron el acceso sin supervisión de guardias varones a las prisiones de mujeres, lo cual era contrario a las normas internacionales.

Veintitrés estados y la Oficina Federal de Prisiones permitieron que las presas estuvieran sujetas con grilletes durante el parto, una práctica que Amnistía Internacional considera inhumana y degradante, además de potencialmente peligrosa para la salud de la madre o del bebé.

Presos y presas de conciencia

Katherine Jashinski, especialista de la Guardia Nacional del Ejército, cumplió un mes en la cárcel tras ser condenada a 120 días de prisión en mayo por negarse a servir en Afganistán por motivos de conciencia.

Kevin Benderman, sargento del ejército estadounidense, fue excarcelado en agosto después de cumplir 12 meses de una condena de 15 meses por negarse a servir en Irak por ser objetor de conciencia a la guerra.

Al terminar el año, otros soldados que se negaron a servir en Irak debido a su oposición a la guerra se enfrentaban a la posibilidad de ser procesados.

Pena de muerte

En 2006 se ejecutó a 53 personas en 14 estados, con lo que se elevó a 1.057 el número total de presos ejecutados desde la reanudación de las ejecuciones en 1977. El número de ejecuciones en 2006 fue el más bajo desde hacía un decenio, y el número de personas condenadas a muerte siguió disminuyendo tras alcanzar su valor máximo a mediados de la década de 1990. Estaban en trámite apelaciones sobre la constitucionalidad del proceso de administración de la inyección letal, y en diciembre se suspendieron las ejecuciones en California y Florida en espera de la resolución de problemas relacionados con los procedimientos de ejecución. Siguió aplicándose la pena de muerte a personas que padecían enfermedades mentales graves.

Clarence Allen, indígena, fue ejecutado en California el 17 de enero, un día después de cumplir 76 años. Llevaba 23 años en espera de ejecución y estaba postrado en una silla de ruedas y casi ciego; padecía una dolencia cardiaca avanzada y diabetes, y en 2005 había sufrido un grave ataque al corazón.

Bobby Wilcher fue ejecutado en Misisipi el 18 de octubre después de estar más de 20 años en espera de ejecución en una dependencia conocida por sus precarias condiciones, como la deficiente atención de la salud mental, el profundo aislamiento de los reclusos y los bajos niveles de higiene. Sufría trastorno bipolar, una enfermedad mental grave, y tenía un largo historial de problemas psicológicos, incluidos intentos de suicidio. El 24 de mayo, Bobby Wilcher presentó ante un tribunal un recurso para renunciar a sus apelaciones. En junio informó a su abogado de que había cambiado de opinión, y con posterioridad firmó dos declaraciones juradas en ese sentido. Sin embargo, los tribunales desestimaron todos los intentos de que le fueran restituidos sus recursos.

Ángel Nieves Díaz fue ejecutado mediante inyección letal en Florida el 13 de diciembre, proclamando su inocencia después de dos decenios en espera de ejecución. El proceso de ejecución siguió su curso a pesar de que un testigo clave de la acusación en el juicio se había retractado de su testimonio. Fueron necesarios 34 minutos y dos dosis de fármacos para matar a Ángel Díaz. Algunos testigos contaron que, durante la ejecución, Ángel Díaz hizo muecas de dolor y dio boqueadas intentando respirar.

Otros motivos de preocupación

En septiembre, un juez federal desestimó los cargos presentados contra Daniel Strauss y Shanti Sellz, a los que se acusaba de transportar a extranjeros ilegales. Los cargos se formularon por haber transportado a tres migrantes mexicanos indocumentados para que recibieran atención médica urgente tras haberlos encontrado heridos y agotados por el calor en el desierto de Arizona.

Al terminar el año, varios proyectos de ley para endurecer las normas relativas a la inmigración estaban en espera de aprobación en el Congreso. Estos proyectos incluían medidas que ampliaban los procedimientos de expulsión sumaria denominados «expulsión acelerada». En octubre, el Congreso aprobó una ley que autorizaba la asignación de fondos para la construcción de vallas fortificadas a lo largo de un tercio de la frontera de Estados Unidos con México.

Amnistía Internacional planteó al gobierno de Estados Unidos su preocupación por la negativa de éste a conceder visados a las esposas cubanas de René González y Gerardo Hernández, ciudadanos cubanos que cumplían largas penas de prisión en Estados Unidos, para que viajaran a Estados Unidos y los visitaran en la cárcel.

Comité contra la Tortura y Comité de Derechos Humanos

En mayo y julio, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos formularon recomendaciones a las autoridades de Estados Unidos. Entre otras cosas, solicitaron el fin de las detenciones secretas y las desapariciones forzadas y el cierre de Guantánamo. El Comité contra la Tortura pidió asimismo la supresión de todas las técnicas de interrogatorio crueles y la apertura de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la tortura y otros malos tratos, incluido el papel de altos funcionarios del Estado.

En el ámbito de la política nacional, ambos comités pidieron que se impusieran limitaciones estrictas al uso de dispositivos de electrochoque, que se revisaran las condiciones crueles en las prisiones de máxima seguridad y que se tomaran medidas para impedir los abusos sexuales contra presos y presas y el encadenamiento de las presas durante el parto. El Comité de Derechos Humanos pidió asimismo la suspensión de las ejecuciones y la prohibición de imponer a menores condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También expresó la preocupación de que las personas pobres, y en particular las afroamericanas, se hubieran visto desfavorecidas por los planes de evacuación y rescate después del huracán Katrina en agosto de 2005, y continuaran desfavorecidas en los planes de reconstrucción. El Comité instó al gobierno a garantizar que los derechos de estas personas se tomaban plenamente en cuenta en lo relativo al acceso a vivienda, educación y atención de la salud.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Estados Unidos de América: «Stonewall». Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/001/2006)

  United States of America: The execution of mentally ill offenders (Índice AI: AMR 51/003/2006)

  Estados Unidos de América: Guantánamo. Vidas desgarradas. Los efectos de la reclusión por tiempo indefinido en los detenidos y sus familiares (Índice AI: AMR 51/007/2006)

  Estados Unidos de América: El uso de armas Taser. Continúa la preocupación de Amnistía Internacional (Índice AI: AMR 51/030/2006)

  Estados Unidos de América: Fuera del radar. Vuelos secretos a la tortura y la «desaparición» (Índice AI: AMR 51/051/2006)

  Estados Unidos de América: Información suplementaria de Amnistía Internacional para el Comité contra la Tortura (Índice AI: AMR 51/061/2006)

  Estados Unidos de América: Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo (Índice AI: AMR 51/093/2006)

  Estados Unidos de América: Cuestión de política, más que de protección de menores. La pena de muerte por delitos sexuales cometidos contra menores de edad (Índice AI: AMR 51/094/2006)

  United States of America: Blind faith. An appeal to President George W. Bush to admit that the USA's 30-year experiment with the death penalty has failed (Índice AI: AMR 51/100/2006)

  United States of America: Updated briefing to the Human Rights Committee on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (Índice AI: AMR 51/111/2006)

  United States of America: Justice at last or more of the same? Detentions and trials after Hamdan v. Rumsfeld (Índice AI: AMR 51/146/2006)

  Estados Unidos de América: ¿Entrega, tortura, juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi (Índice AI: AMR 51/149/2006)

  Estados Unidos de América: La Ley de Comisiones Militares de 2006 convierte la mala política del Ejecutivo en mala legislación nacional (Índice AI: AMR 51/154/2006)

  Estados Unidos de América: Cinco años en el «lado oscuro». Una mirada retrospectiva a las detenciones en la «guerra contra el terror» (Índice AI: AMR 51/195/2006)

Visitas

  Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Estados Unidos en febrero y se entrevistaron con ex detenidos de Guantánamo en Francia y Alemania en noviembre.

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