Estados Unidos De América - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Estados Unidos de América

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
EE. UU. is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Barack H. Obama (sustituyó a George W. Bush en enero)
Pena de muerte
retencionista
Población
314,7 millones
Esperanza de vida
79,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
7/8 por cada 1.000

Al finalizar 2009, 198 hombres seguían recluidos en el centro de detención de Guantánamo a pesar del compromiso del nuevo gobierno de cerrarlo antes del 22 de enero de 2010. Se procedió a realizar una revisión ejecutiva de todos los casos con el fin de determinar a qué detenidos se podía poner en libertad, procesar o transferir a otros países. Al finalizar el año, la mayoría de los detenidos de Guantánamo que habían presentado recursos de hábeas corpus seguían a la espera de una decisión. Se remitieron los casos de al menos cinco detenidos para que fueran juzgados por comisiones militares revisadas, y otro caso se transfirió a la jurisdicción federal ordinaria. Se conocieron nuevos datos sobre torturas y otros malos tratos a personas detenidas en el marco del programa de detenciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), suspendido por el presidente Obama.

Continuaban suscitando preocupación las condiciones existentes en cárceles, centros de detención preventiva y centros de detención para inmigrantes. El aislamiento prolongado de miles de presos en las prisiones de supermáxima seguridad seguía sin cumplir las normas internacionales. Decenas de personas murieron tras ser sometidas por la policía a la descarga de armas Taser (armas de electrochoque). Durante el año fueron condenadas a muerte al menos 105 personas y se llevaron a cabo 52 ejecuciones.

El hecho de que, como consecuencia de un embarazo o un parto, las mujeres pertenecientes a minorías raciales, étnicas o nacionales tuvieran más probabilidades de morir que las de otros sectores de la población reflejaba disparidades en la prestación de asistencia médica basadas en la pobreza o la raza.

Administración de justicia y medidas antiterroristas

Detenciones en Guantánamo

El sistema de reclusión indefinida y sin cargos en la base naval estadounidense de Guantánamo de ciudadanos extranjeros calificados como “combatientes enemigos” entró en enero en su octavo año. El 22 de enero, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención en el plazo de un año. Ordenó también una revisión ejecutiva con el fin de determinar qué detenidos podían ser puestos en libertad o procesados y qué otros “medios legales” podían emplearse para solucionar los casos de aquellos sobre quienes la revisión había determinado que no podían ser juzgados por las autoridades estadounidenses ni transferidos a otros países.

Las autoridades de Estados Unidos siguieron sin permitir que se dejara en libertad en territorio continental estadounidense a detenidos de Guantánamo que no podían ser devueltos a su país de origen. En febrero, la Corte de Apelación anuló una orden dictada en 2008 por un juez federal para que se pusiera en libertad en Estados Unidos a 17 uigures que se encontraban recluidos sin cargos en Guantánamo desde 2002 y que no podían ser devueltos a China. En junio se trasladó a 4 a Bermudas y en octubre se puso en libertad a otros 6 en Palaos.

El 18 de noviembre, el presidente Obama reconoció que no se iba a poder cumplir el plazo establecido para el cierre del centro de detención. Al finalizar el año, 198 detenidos seguían recluidos en Guantánamo. Durante 2009 se transfirió a 49 a otros lugares. En junio murió en Guantánamo el ciudadano yemení Mohammad al Hanashi, con lo que se elevó a cinco el número de detenidos que al parecer se habían suicidado en la base.

Comisiones militares

En octubre, tras un examen de las opciones para el procesamiento de los detenidos en Guantánamo, el presidente Obama sancionó la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2010, que incluía la Ley de Comisiones Militares de 2009, en la que se modificaban algunas de las disposiciones de la ley homónima aprobada tres años antes.

En noviembre, el fiscal general, Eric Holder, anunció que el Departamento de Justicia iba a remitir los casos de cinco detenidos de Guantánamo para que fueran juzgados por comisiones militares.

  • Al finalizar el año, el ciudadano canadiense Omar Khadr seguía bajo custodia estadounidense en espera de comparecer en juicio ante una comisión militar por un presunto crimen de guerra cometido cuando tenía 15 años (véase el apartado sobre Canadá).

Remisión de causas a tribunales federales

  • Ahmed Khalfan Ghailani, que permaneció dos años bajo custodia secreta estadounidense antes de ser trasladado en 2006 a Guantánamo, fue conducido en junio a Nueva York para comparecer en juicio ante un tribunal federal por cargos relacionados con los atentados cometidos en 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia.
  • En noviembre, el fiscal general anunció que cinco detenidos de Guantánamo que iban a ser juzgados por comisiones militares –Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafa al Hawsawi– comparecerían en juicio ante tribunales federales por cargos relacionados con los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Los cinco seguían recluidos en Guantánamo al finalizar el año.
  • En marzo, Ali Saleh Kahlah al Marri, ciudadano qatarí que se encontraba desde junio de 2003 bajo custodia militar indefinida en Estados Unidos, fue puesto bajo custodia civil para responder de varios cargos ante un tribunal federal. El acusado, tras llegar a un acuerdo para declararse culpable del cargo de “conspiración para suministrar recursos y apoyo material a una organización terrorista extranjera”, fue condenado a 100 meses de cárcel. El juez redujo la pena en nueve meses “debido a las durísimas condiciones” en las que Ali al Marri había permanecido recluido entre el 23 de junio de 2003 y finales de 2004.

Recursos de hábeas corpus

Al finalizar el año, es decir, 18 meses después de que la Corte Suprema resolviera en la causa Boumediene v. Bush que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a que se vieran con prontitud sus recursos de hábeas corpus, la mayoría de los que habían presentado recursos de esta naturaleza con el fin de impugnar la legalidad de su detención seguían a la espera de una decisión. En la mayoría de los casos en los que se adoptó una decisión, se dictaminó que el recurrente estaba detenido ilegalmente. Varios de los detenidos que habían obtenido decisiones en el mismo sentido siguieron en Guantánamo en régimen de detención indefinida a la espera de que el gobierno decidiera qué hacer con ellos.

En noviembre, el fiscal general indicó en una sesión del Senado que seguía existiendo la posibilidad de que, una vez revisados los casos de los detenidos en Guantánamo, el gobierno intentase que algunos de ellos continuaran recluidos sin cargos en virtud de las “leyes de la guerra”.

Detenciones en Bagram

Centenares de personas, entre ellas varios menores de edad, continuaban bajo custodia de las fuerzas armadas estadounidenses en la base aérea de Bagram (Afganistán) sin acceso a abogados ni a tribunales (véase el apartado sobre Afganistán). En instancias judiciales federales se siguió pleiteando sobre si los detenidos de Bagram tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante tribunales estadounidenses.

El 2 de abril, un juez federal resolvió que tres de los cuatro detenidos de Bagram cuyos recursos de hábeas corpus habían sido sometidos a su consideración tenían derecho a impugnar su detención. Sólo el detenido cuyo recurso fue rechazado era ciudadano afgano. En septiembre, el gobierno recurrió esta decisión. Al finalizar el año, el recurso seguía pendiente de resolución.

Programa de detenciones secretas de la CIA

En abril, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) confirmó que, tras la orden ejecutiva sobre interrogatorios firmada el 22 de enero por el presidente Obama, la CIA dejaría de utilizar “técnicas de interrogatorio mejoradas” y de mantener operativos “centros de detención o lugares negros”. Confirmó también que la Agencia mantenía la atribución de recluir a personas durante “breves periodos transitorios”.

También en abril, el gobierno hizo públicos cuatro memorandos elaborados por el Departamento de Justicia en 2002 y 2005 en los que se daba cobertura legal a la aplicación de diversas “técnicas de interrogatorio mejoradas” a personas bajo custodia secreta de la CIA. Entre dichas técnicas figuraban la de obligar a los detenidos a permanecer desnudos, privarlos del sueño durante periodos prolongados y someterlos al método denominado waterboarding (simulacro de ahogamiento). Entre otras cosas, los documentos revelaron que a Abu Zubaydah, objeto del memorando redactado en 2002, se le había aplicado el waterboarding más de 80 veces en agosto de 2002, y a Khaled Sheikh Mohammed, unas 183 en marzo de 2003. El presidente Obama y el fiscal general, Eric Holder, subrayaron que no se procesaría a nadie que hubiera confiado de “buena fe” en el contenido de los memorandos.

En agosto se dieron a conocer nuevos datos sobre las torturas y otros malos tratos infligidos a personas recluidas en el marco del programa de la CIA. El fiscal general anunció que se procedería a “analizar de manera preliminar” si “se habían violado leyes federales con ocasión de los interrogatorios a que habían sido sometidos algunos detenidos en lugares situados fuera del territorio continental estadounidense”.

El gobierno alegó razones de seguridad nacional para negarse a facilitar más datos sobre el trato real dispensado a los detenidos en el marco del programa secreto de la CIA ya finalizado.

Política de interrogatorios y transferencia de detenidos

En agosto, el Grupo Especial de Trabajo sobre Políticas de Interrogatorios y Transferencias, creado en virtud de la orden ejecutiva sobre interrogatorios dictada el 22 de enero, formuló sus recomendaciones al presidente Obama. Entre ellas figuraba la creación de un grupo encargado de los interrogatorios a detenidos de alto valor y directrices destinadas a los responsables de interrogatorios en las fuerzas armadas y otras instituciones oficiales.

Impunidad y ausencia de recursos legales

Persistieron la impunidad y la ausencia de recursos legales respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante lo que el gobierno del presidente Bush denominó “guerra contra el terror”.

En enero, la autoridad convocante de las comisiones militares, Susan J. Crawford, hizo pública la retirada de algunos cargos formulados en 2008 contra el detenido de Guantánamo Mohammed al Qahtani porque había sido torturado bajo custodia estadounidense. Al finalizar el año no se había iniciado todavía una investigación sobre el caso.

En un giro político de 180 grados, el nuevo gobierno procedió a bloquear la publicación de varias fotografías en las que se mostraban abusos contra personas bajo custodia estadounidense en Irak y Afganistán. En octubre, una nueva legislación otorgó al Pentágono la potestad de retirar fotografías consideradas perjudiciales para la seguridad nacional.

El 4 de noviembre, en Milán (Italia), 22 funcionarios estadounidenses o agentes de la CIA y un oficial del ejército fueron declarados culpables de varios delitos relacionados con el secuestro de Usama Mostafa Nasr (Abu Omar), que después de ser secuestrado en Milán había sido trasladado a Egipto, donde al parecer lo torturaron. Se juzgó a los acusados in absentia.

Torturas y otros malos tratos: armas de electrochoque

Al menos 47 personas murieron tras ser sometidas por la policía a la descarga de armas Taser, con lo que el número de fallecidos en estas circunstancias ascendió a más de 390 desde 2001. Entre ellos figuraban tres adolescentes desarmados implicados en incidentes menores y un hombre aparentemente sano a quien la policía aplicó descargas eléctricas continuadas durante 49 segundos en la localidad texana de Fort Worth en mayo. Debido a estos y otros casos, volvió a suscitar preocupación la seguridad y el uso inadecuado de dichas armas.

  • En marzo, Brett Elder, de 15 años, murió en Bay City (Michigan) tras ser sometido a descargas de armas Taser por unos agentes de policía a quienes se había avisado porque en una fiesta estaban haciendo mucho ruido. El forense dictaminó que el muchacho –de pequeña estatura– había muerto por delirio con excitación causado por el alcohol, pero que las descargas eléctricas habían sido un factor coadyuvante.

Condiciones de reclusión

Miles de personas permanecían recluidas en régimen de aislamiento prolongado en las cárceles de supermáxima seguridad, cuyas condiciones no cumplían en muchos casos las normas internacionales sobre el trato humano debido a los presos.

  • En la prisión de supermáxima seguridad de Tamms (Illinois), decenas de presos –muchos de ellos enfermos mentales– permanecían recluidos 23 horas al día en régimen de aislamiento desde hacía 10 años o más, sin un trato adecuado ni un examen satisfactorio de su situación. Los reclusos no disponían de programas laborales, educativos ni recreativos y tenían poco contacto con el mundo exterior. En septiembre, tras llamamientos efectuados por grupos comunitarios y de derechos humanos, el nuevo director del Departamento de Prisiones del estado de Illinois presentó un plan de reforma articulado en 10 puntos, que incluía la celebración de vistas administrativas en las que cada recluso podría impugnar su traslado a la prisión de Tamms o su permanencia en ella, una mayor atención a la salud mental y la posibilidad para los presos de presentarse a los exámenes de Desarrollo Educativo General (educación básica).

En octubre, una corte federal de apelación falló que diversas resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos y de otros tribunales inferiores habían establecido de manera inequívoca el derecho constitucional de las presas embarazadas a no ser inmovilizadas con grilletes durante el parto.

Personas migrantes y solicitantes de asilo

En contra de las normas internacionales, se detuvo de forma sistemática a decenas de miles de migrantes, incluidos solicitantes de asilo. Muchos permanecían detenidos en condiciones muy duras, sin acceso adecuado a asistencia médica, ejercicio físico ni asesoramiento jurídico. En agosto, el gobierno propuso diversas medidas, como el refuerzo de la supervisión federal de los centros de detención para inmigrantes y la apertura de consultas sobre alternativas a la detención, pero rechazó elaborar normas nacionales sobre las condiciones de reclusión exigibles ante los tribunales.

En mayo, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación por la muerte, como consecuencia de asistencia médica inadecuada, de inmigrantes bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas. El relator llegó a la conclusión de que se habían producido más muertes que las 74 registradas oficialmente desde 2003 e instó a que se exigiera a la Oficina de Inmigración y Aduanas hacer públicas sin demora todas las muertes bajo custodia, y a que cada una de esas muertes se investigara concienzudamente.

Salud y derechos reproductivos

En mayo, un activista contra el aborto mató a tiros al doctor George Tiller en Wichita (Kansas). El doctor Tiller había sido objeto de amenazas y ataques por practicar legalmente abortos tardíos a mujeres que portaban fetos no viables o cuyo embarazo suponía un grave riesgo para su salud. Tras el asesinato del doctor Tiller, el gobierno federal intensificó las medidas de protección a algunos médicos y centros abortistas. No obstante, siguieron las amenazas y los actos de acoso contra clínicas y profesionales de la medicina.

Derecho a la salud: mortalidad materna

Siguió siendo alto el número de muertes por complicaciones durante el embarazo susceptibles de haberse evitado. Durante el año murieron centenares de mujeres por este motivo. Existían desigualdades en el acceso a la asistencia médica materna basadas en la renta, la raza o el origen étnico o nacional. La probabilidad de que una mujer afroamericana muriera por causas relacionadas con un embarazo era casi cuatro veces superior a la de una mujer blanca. Se calculaba que 52 millones de personas menores de 65 años carecían de seguro de enfermedad a principios de 2009, una cifra superior a la del año anterior.

Embargo comercial contra Cuba

El presidente Obama levantó algunas restricciones para viajar a Cuba, permitiendo a los ciudadanos estadounidenses de origen cubano visitar a sus parientes en la isla y enviarles dinero. Sin embargo, mantuvo el embargo comercial impuesto 47 años atrás que, al limitar el acceso a medicamentos, ponía en peligro la salud de millones de personas (véase el apartado sobre Cuba).

Objeción de conciencia

En agosto, el sargento del ejército estadounidense Travis Bishop fue condenado a un año de cárcel por negarse a servir en Afganistán por motivos religiosos. Cuando se le formó consejo de guerra, estaba todavía pendiente de resolución una petición que había presentado para que se le reconociera la condición de objetor de conciencia. El sargento pasó a engrosar la lista de militares estadounidenses encarcelados en los últimos años por negarse a servir en Irak o Afganistán.

Juicios injustos

En agosto, la Comisión para la Concesión de Libertad Condicional denegó la libertad condicional a Leonard Peltier, pese a las dudas existentes sobre la justicia de la condena por asesinato que se le había impuesto en 1977. Este activista del Movimiento Indígena Americano llevaba más de 32 años en prisión por el asesinato de dos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI), cometido en junio de 1975.

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos no admitió a trámite un recurso de apelación contra las condenas impuestas en 2001 a cinco hombres acusados de actuar como agentes no oficiales del gobierno cubano y otros delitos conexos. En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había señalado que su reclusión era arbitraria por no habérseles garantizado un juicio justo.

Pena de muerte

Durante el año se ejecutó a 52 personas, con lo que se elevó a 1.188 el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara la suspensión de la pena de muerte en 1976 y se reanudaran las ejecuciones en enero del año siguiente.

En septiembre, Ohio intentó sin éxito ejecutar a Romell Broom, afroamericano de 53 años. El equipo encargado de aplicarle la inyección letal desistió de hacerlo después de haber intentado, durante unas dos horas, encontrar una vena adecuada. En noviembre, las autoridades del estado anunciaron que habían decidido utilizar en las inyecciones letales una única sustancia, en lugar de tres. El 8 de diciembre se ejecutó en Ohio a Kenneth Biros utilizando este método.

En Texas se ejecutó a 24 personas durante el año y en junio se llevó a cabo la ejecución número 200 desde el acceso al poder del gobernador actual, Rick Perry. Éste fue objeto de fuertes críticas a lo largo del año por el caso de Cameron Willingham, ejecutado en Texas en 2004. Siguieron apareciendo datos según los cuales las muertes por incendio intencionado de las que había sido declarado culpable podrían haberse debido a un incendio accidental.

Durante el año, 9 condenados a muerte fueron excarcelados tras demostrarse su inocencia, con lo que se elevó 130 el número de personas excarceladas desde 1976 por este motivo.

En marzo, Nuevo México se convirtió en el decimoquinto estado abolicionista al sancionar su gobernador una ley por la que se eliminaba la pena capital.

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