Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno
Barack H. Obama
Pena de muerte
retencionista
Población
317,6 millones
Esperanza de vida
79,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
7/8 por cada 1.000

Se ejecutó a 46 personas durante el año, y continuaron recibiéndose noticias sobre uso excesivo de la fuerza y crueles condiciones de reclusión. Decenas de hombres continuaron detenidos por tiempo indefinido bajo custodia militar en Guantánamo aun después de cumplirse el plazo de un año fijado por el presidente Obama para el cierre de la instalación. Se llevaron a cabo actuaciones judiciales ante comisiones militares en unos pocos casos, y el único preso de Guantánamo transferido hasta la fecha al territorio continental estadounidense para su procesamiento ante un tribunal federal fue juzgado y condenado. Cientos de personas continuaban bajo la custodia del ejército estadounidense en el centro de detención de la base aérea de Bagram, en Afganistán. Las autoridades de Estados Unidos obstaculizaron los intentos de obtener rendición de cuentas y reparación por los delitos de derecho internacional cometidos contra personas que habían sido sometidas al programa estadounidense de detención secreta y entrega.

Escrutinio internacional

En noviembre se evaluó el historial de derechos humanos de Estados Unidos en virtud del examen periódico universal. La delegación estadounidense afirmó que Estados Unidos sometería “a un atento examen interinstitucional las 228 recomendaciones” surgidas del proceso y daría una respuesta oficial en marzo de 2011.

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Reclusión en Guantánamo

Aunque el 22 de enero se cumplió el plazo de un año fijado por el presidente Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, en la base quedaban aún 198 detenidos, de los cuales alrededor de la mitad eran ciudadanos yemeníes. Al final del año, 174 hombres seguían recluidos allí, entre ellos 3 que habían sido declarados culpables en virtud de un sistema de comisiones militares que no reunía las garantías procesales que exigen las normas internacionales.

La Casa Blanca anunció el 5 de enero que se había adoptado la decisión de suspender las transferencias de detenidos yemeníes de Guantánamo a Yemen; dos semanas antes se había producido un intento de atentado con explosivos en un avión comercial sobre Detroit en el que el sospechoso tenía presuntos vínculos con extremistas de Yemen. La suspensión estuvo en vigor todo el año.

El 22 de enero, el grupo de trabajo encargado de examinar la cuestión de Guantánamo publicó su informe final sobre un estudio interinstitucional de los casos de 240 detenidos de Guantánamo encargado por el presidente Obama en su orden ejecutiva del 22 de enero de 2009. Según sus conclusiones, 48 detenidos no podían ser procesados ni liberados por Estados Unidos. El grupo de trabajo también reveló que se habían remitido los casos de 36 detenidos para su posible procesamiento, bien ante un tribunal federal, bien ante una comisión militar, y que se había aprobado la transferencia o liberación de 126 detenidos “siempre que se adoptaran las correspondientes medidas de seguridad”; entre estos últimos había 29 ciudadanos yemeníes. Asimismo se había aprobado la detención “condicional” de otros 30 yemeníes, lo que significaba que no podían ser liberados de Guantánamo hasta que mejoraran “las condiciones de seguridad en Yemen” o existiera “un programa de rehabilitación adecuado” o “una posibilidad aceptable de reasentamiento en un tercer país”.

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Juicios de detenidos de Guantánamo

El Pentágono publicó en abril el nuevo reglamento sobre procedimientos ante comisiones militares. En él se confirmaba que el nuevo gobierno estadounidense, al igual que su predecesor, se reservaba el derecho a mantener recluida a una persona por tiempo indefinido incluso en el caso de que hubiera sido absuelta por una comisión militar.

Dos detenidos de Guantánamo fueron declarados culpables por una comisión militar durante el año, lo que elevó a cinco el número de personas condenadas por una comisión militar desde 2001, tres de ellas después de haberse declarado culpables. En julio, el ciudadano sudanés Ibrahim al Qosi se declaró culpable de cargos relacionados con el terrorismo y al mes siguiente fue condenado a 14 años de prisión. En octubre, el ciudadano canadiense Omar Khadr, capturado en Afganistán y puesto bajo custodia del ejército estadounidense en julio de 2002, cuando tenía 15 años, se declaró culpable de cinco cargos de “crímenes de guerra”. Un “jurado” de una comisión militar lo condenó a 40 años de cárcel, pero la pena quedó reducida a 8 años en virtud de un acuerdo de admisión de culpabilidad. Las autoridades canadienses y estadounidenses acordaron apoyar su transferencia a Canadá una vez que Omar Khadr hubiera cumplido un año de la condena bajo custodia estadounidense.

Los cinco detenidos de Guantánamo acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 –Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafa al Hawsawi– seguían recluidos en Guantánamo al concluir el año, a pesar de que habían transcurrido 13 meses y medio desde que el fiscal general Eric Holder anunció que los cinco serían remitidos a un tribunal federal de Nueva York para su procesamiento. Todos ellos habían estado hasta cuatro años bajo custodia secreta estadounidense en régimen de incomunicación antes de su traslado a Guantánamo en 2006. En 2008 se formularon cargos en su contra para que fueran juzgados por una comisión militar.

Al final del año seguía siendo sólo uno el detenido de Guantánamo a quien se había trasladado a territorio continental estadounidense para su procesamiento ante un tribunal federal. En noviembre, una corte federal de primera instancia en Nueva York resolvió que el ciudadano tanzano Ahmed Ghailani, transferido desde Guantánamo en 2009, era culpable de participación en los atentados con bombas contra dos embajadas de Estados Unidos cometidos en África oriental en 1998. El juez, en sendas decisiones sobre cuestiones preliminares dictadas en mayo y julio, había denegado las mociones de la defensa para que se desestimara la acusación formal contra Ahmed Ghailani basadas en que éste había sido torturado bajo custodia secreta de la CIA antes de su traslado a Guantánamo en 2006, y en que había sido privado del derecho a un juicio rápido en los cinco años que había permanecido bajo custodia de la CIA y luego del ejército estadounidense antes de su traslado a Nueva York. El pronunciamiento de la sentencia en la causa de Ahmed Ghailani estaba previsto para enero de 2011.

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Reclusión bajo custodia estadounidense en Afganistán

Cientos de detenidos permanecían recluidos en el nuevo centro de detención estadounidense de Parwan, en la base aérea de Bagram en Afganistán; recién construido, este centro había sustituido al Centro de Internamiento de Bagram a finales de 2009. Por ejemplo, en septiembre había unos 900 detenidos en el nuevo centro. La mayoría eran ciudadanos afganos que las fuerzas de la coalición habían capturado y puesto bajo su custodia en el sur y el este de Afganistán. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el control de este centro sería finalmente traspasado a las autoridades afganas “para la encarcelación de presuntos delincuentes y delincuentes convictos”, y que las “operaciones de transición” comenzarían en enero de 2011. Según señaló el Pentágono en octubre, la velocidad del traspaso dependería, entre otras cosas, de las “condiciones operativas”, de la capacidad judicial afgana y de que el gobierno afgano estuviera “perfectamente formado y provisto de recursos para desempeñar sus funciones de procesamiento y encarcelación con arreglo a sus obligaciones internacionales y al derecho afgano”.

Continuó en Estados Unidos el litigio sobre si los detenidos de Bagram debían tener acceso a los tribunales estadounidenses para poder impugnar la legalidad de su detención. En mayo, la Corte de Apelaciones anuló una resolución dictada por un juez federal de primera instancia en 2009 según la cual los tres detenidos de Bagram –que no eran ciudadanos afganos y habían sido capturados fuera de Afganistán– podían presentar recursos de hábeas corpus ante su tribunal. En vista de que la Corte de Apelaciones se negó a reconsiderar su decisión en julio de 2010, los letrados estadounidenses que representaban a los detenidos volvieron a remitirse a la corte de primera instancia para que prosiguiera el litigio, que seguía abierto al final del año.

Amnistía Internacional y otras organizaciones escribieron en junio al secretario de Defensa estadounidense para expresarle su preocupación por las denuncias sobre las presuntas torturas y otros malos tratos –tales como aislamiento prolongado, privación del sueño o exposición a temperaturas extremas– a que se sometía a las personas recluidas en espera de que se decidiera su destino en el centro creado a tal efecto en la base aérea de Bagram.

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Impunidad

Persistía la ausencia de rendición de cuentas y de reparación por las violaciones de derechos humanos –incluidas torturas y desapariciones forzadas, que son delitos de derecho internacional– cometidas como parte del programa de detención secreta y entrega (transferencia de personas entre Estados soslayando el debido proceso administrativo y judicial) aplicado durante el gobierno del presidente George W. Bush.

Tanto en sus memorias, publicadas en noviembre, como en una entrevista previa a la publicación del libro, el ex presidente Bush admitió haber autorizado personalmente el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” por parte de la CIA contra personas en detención secreta. Una de las técnicas que dijo haber autorizado era el simulacro de ahogamiento (waterboarding).

El 9 de noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció, sin más explicaciones, que no se presentarían cargos contra ninguna persona en relación con la destrucción en 2005 de unas cintas de vídeo grabadas por la CIA en 2002 durante el interrogatorio de dos hombres en detención secreta, Abu Zubaydah y Abd al Nashiri. Las 92 cintas contenían pruebas del uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” contra ambos detenidos, incluidos simulacros de ahogamiento.

El “examen preliminar” ordenado en agosto de 2009 por el fiscal general, Eric Holder, sobre algunos aspectos del interrogatorio de varios detenidos en aplicación del programa de detención secreta seguía aparentemente en curso al final del año.

El 8 de septiembre, el pleno de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la decisión del gobierno estadounidense de invocar la “prerrogativa sobre secretos de Estado” y acordó desestimar la acción entablada por cinco hombres que aseguraban haber sido objeto de desaparición forzada y de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de personal estadounidense y agentes de otros gobiernos como parte del programa de detención secreta y entrega dirigido por la CIA. Estos cinco hombres eran: Binyam Mohamed, residente en Reino Unido; Abou Elkassim Britel, ciudadano italiano; Ahmed Agiza, ciudadano egipcio; Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, ciudadano yemení; y Bisher al Rawi, ciudadano iraquí con residencia permanente en Reino Unido. Los seis jueces de la mayoría señalaron la posibilidad de que hubiera “remedios no judiciales” a disposición de los demandantes y que el ejecutivo o el Congreso pudieran adoptar medidas encaminadas a ese fin.

Tras los nuevos indicios surgidos de los archivos publicados en octubre por la organización Wikileaks, se hicieron llamamientos a Estados Unidos para que investigara en qué medida conocían las autoridades estadounidenses las torturas y otros malos tratos infligidos a detenidos bajo custodia de las fuerzas de seguridad iraquíes (véanse los apartados sobre Afganistán, Irak y Yemen).

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Uso excesivo de la fuerza

Al menos 55 personas murieron por descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el número de muertes en estas circunstancias desde 2001 se elevó a 450. La mayoría de las víctimas estaban desarmadas y aparentemente no representaban una amenaza grave cuando recibieron las descargas, en algunos casos múltiples. Debido a estos casos, seguían preocupando la seguridad y el uso adecuado de dichas armas.

A raíz de la muerte de dos ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la policía estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras se hicieron llamamientos para que las prácticas de ese cuerpo fueran objeto de examen.

  • Según los informes, la policía de Fronteras estadounidense golpeó con porras y sometió a descargas de Taser a Anastacio Hernández, de 32 años, cuando intentaba expulsarlo a México en mayo; como consecuencia, Anastacio Hernández sufrió un fallo respiratorio y murió.
  • Sergio Hernández Güereca, de 15 años, murió en junio tras ser alcanzado en la cabeza por los disparos de un agente de la policía de Fronteras estadounidense. Según un comunicado de prensa de la Oficina Federal de Investigación (FBI), el agente abrió fuego al verse rodeado de individuos que le lanzaban piedras. Sin embargo, las imágenes de vídeo mostraban que Sergio Hernández había echado a correr en dirección a territorio mexicano cuando el agente efectuó varios disparos a través de la frontera, alcanzando al muchacho desde cierta distancia. La investigación abierta por las autoridades estadounidenses no había concluido al finalizar el año.

Seis agentes de policía de Nueva Orleans fueron acusados en julio en relación con los disparos efectuados por la policía contra civiles desarmados sobre el puente Danziger en los días que sucedieron al huracán Katrina, en agosto de 2005. Los cargos, basados en una investigación federal, incluían violación de los derechos civiles y conspiración para encubrir el incidente, en el que un muchacho de 17 años y un hombre con dificultades de aprendizaje habían perdido la vida.

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Condiciones de reclusión

Hubo denuncias que indicaban que las personas recluidas en régimen de aislamiento prolongado en las unidades penitenciarias de supermáxima seguridad soportaban crueles condiciones de reclusión. Entre otras cosas, se denunciaron malos tratos a los reclusos del sistema federal sujetos a medidas administrativas especiales.

  • El estudiante Syed Fahad Hashmi estuvo más de tres años en reclusión preventiva en una institución federal –el Centro Penitenciario Metropolitano de Nueva York– en régimen de aislamiento. Pasaba 23 o 24 horas al día recluido en una celda de reducidas dimensiones y muy poca luz natural. No podía hacer ejercicio al aire libre y tenía un contacto muy limitado con su familia. En abril se declaró culpable del cargo de conspiración para ayudar a Al Qaeda. Sus abogados habían presentado sin éxito solicitudes para que le suavizaran las condiciones de reclusión preventiva, señalando los efectos perjudiciales para su salud y para su capacidad de contribuir a su defensa. En junio, el estudiante fue condenado a 15 años de cárcel.
  • Albert Woodfox y Herman Wallace, ex miembros del Partido de los Panteras Negras, seguían sometidos al régimen de aislamiento en sendas cárceles de Luisiana, donde llevaban más de 35 años recluidos en pequeñas celdas individuales sin participar en ningún programa de trabajo o rehabilitación. Tales condiciones se impusieron por primera vez con motivo del asesinato de un guardia de prisiones en 1972. Al final del año seguían pendientes ante los tribunales federales los recursos presentados para impugnar la imparcialidad de sus condenas por el asesinato, así como sus crueles condiciones de reclusión.
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Juicios injustos

En junio se presentó otro recurso en el caso de Gerardo Hernández, uno de los cinco hombres declarados culpables en 2001 de actuar como agentes de inteligencia para el gobierno cubano y otros delitos conexos. El recurso se basaba en parte en indicios de que el gobierno estadounidense había pagado en secreto a periodistas para que en el momento del juicio escribieran artículos perjudiciales en los medios de comunicación, minando así el derecho de los acusados al debido proceso. Amnistía Internacional envió en octubre un informe al fiscal general en el que exponía la preocupación de la organización por este caso.

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Violencia contra las mujeres

El Congreso aprobó en julio la Ley de Orden Público en las Comunidades Tribales de 2010, en virtud de la cual las mujeres indígenas que sobrevivieran a la violación tendrían más oportunidades de obtener justicia. Esta ley mejoraba la coordinación entre agencias federales, estatales, locales y tribales en la investigación de tales crímenes y adoptaba medidas encaminadas a restablecer la autoridad tribal y los recursos para hacer frente a los delitos cometidos en tierras tribales. La ley se aprobó en respuesta a la preocupación expresada por las organizaciones tribales y expuesta en el informe publicado por Amnistía Internacional en 2007 Laberinto de injusticia, que ponía al descubierto los índices desproporcionadamente altos de violencia sexual contra las mujeres indígenas y la impunidad generalizada de los agresores.

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Derecho a la salud: mortalidad materna

Siguieron muriendo cientos de mujeres por complicaciones prevenibles del embarazo. Persistían las grandes desigualdades en el acceso a unos servicios de salud de buena calidad en función del origen racial o étnico, la condición de inmigrante o indígena, la localización geográfica y los ingresos. Se pidió al gobierno federal y a las autoridades estatales que adoptaran todas las medidas necesarias para mejorar tanto la asistencia médica como la situación general relativa a la salud materna, y para acabar con las desigualdades.

En marzo se aprobó una ley por la que, para el año 2014, la cobertura médica se extendería a más de 30 millones de personas que carecían de seguro médico en Estados Unidos. Al final del año seguían pendientes varios recursos ante tribunales estadounidenses que impugnaban esta ley.

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Derechos de la infancia

El 17 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió que imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una persona por la comisión de un delito sin resultado de muerte cuando era menor de 18 años suponía una violación de la prohibición del castigo “cruel e insólito” que establecía la Constitución. Los jueces de la mayoría señalaron que esta conclusión se apoyaba en que Estados Unidos era “el único país que imponía cadena perpetua sin libertad condicional por delitos sin resultado de muerte cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad”, y que el artículo 37.a de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño prohibía imponer la pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación para delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

El 14 de octubre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, pidió a Estados Unidos que ratificara la Convención; junto con Somalia, eran los únicos Estados que aún no lo habían hecho.

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Derechos de las personas migrantes

Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su preocupación por la amplia ley de inmigración aprobada en Arizona en abril. Se temía que esta ley incrementara la aplicación de “criterios raciales”, puesto que obligaba a la policía de Arizona a entregar a las autoridades de inmigración a las personas que no pudieran demostrar de inmediato su condición. Posteriormente, varias disposiciones clave de la ley se dejaron en suspenso, en espera de la decisión sobre un pleito federal.

Decenas de migrantes irregulares mexicanos y centroamericanos murieron por agotamiento y exposición a condiciones extremas en su intento de entrar en Estados Unidos a través de las desérticas regiones fronterizas.

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Pena de muerte

Cuarenta y seis presos –45 hombres y una mujer– fueron ejecutados en Estados Unidos durante el año. Cuarenta y cuatro fueron ejecutados por inyección letal, uno por electrocución y uno por un pelotón de fusilamiento. Eso elevaba a 1.234 el número de personas ejecutadas en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976.

  • A David Powell lo ejecutaron en Texas el 15 de junio, cuando habían transcurrido más de 30 años desde su delito y a pesar de que existían pruebas convincentes de su rehabilitación. Llevaba más de media vida en el pabellón de los condenados a muerte.
  • Holly Wood fue ejecutado en Alabama el 9 de septiembre. En su juicio, su inexperto abogado no había presentado al jurado una sola prueba de su importante discapacidad intelectual.
  • La ejecución de Brandon Rhode tuvo lugar en Georgia el 27 de septiembre, seis días después de que se hiciera graves cortes en los brazos y el cuello con una cuchilla. Lo rescataron de la muerte para después quitarle la vida mediante inyección letal por un delito que había cometido cuando tenía 18 años.
  • A Jeffrey Landrigan lo ejecutaron en Arizona el 26 de octubre. Durante años, 13 jueces federales dieron sus argumentos a favor de la celebración de una vista sobre los defectos en que había incurrido su abogado durante el juicio. La Corte Suprema decidió, por cinco votos frente a cuatro, levantar la suspensión de su ejecución impuesta por un tribunal inferior al que preocupaba la negativa del Estado a ofrecer información adecuada sobre una de las sustancias que componían la inyección letal, que escaseaba a nivel nacional y que se había obtenido de una fuente extranjera.

Durante el año obtuvieron el indulto ejecutivo cuatro hombres y una mujer en peligro de ejecución inminente.

Anthony Graves fue puesto en libertad en Texas en octubre, 16 años después de ser condenado a muerte. Un tribunal federal había ordenado en 2006 celebrar un nuevo juicio, pero la acusación no encontró pruebas verosímiles que lo vincularan al crimen cometido en 1992, y en octubre se desestimaron los cargos. Era la persona número 138 liberada de los “corredores de la muerte” de Estados Unidos desde 1973 al demostrarse su inocencia.

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Los derechos humanos región a región

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