Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno
Barack H. Obama
Pena de muerte
retencionista
Población
313,1 millones
Esperanza de vida
78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
7,8 por cada 1.000

Se ejecutó a 43 hombres durante el año, y continuó la preocupación por las crueles condiciones de reclusión. Decenas de detenidos continuaron recluidos indefinidamente bajo custodia militar en Guantánamo. El gobierno anunció su intención de pedir la pena de muerte para 3 de estos detenidos en los juicios celebrados ante comisiones militares. Al final del año unas 3.000 personas seguían bajo custodia estadounidense en el centro de detención de la base aérea de Bagram, en Afganistán. El uso de medios letales en el contexto antiterrorista suscitó honda preocupación, al igual que los informes continuos sobre uso excesivo de la fuerza en la actuación de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley en el ámbito nacional.

Seguridad y medidas antiterroristas

Detenciones en Guantánamo

Al finalizar 2011, casi dos años después del plazo fijado por el presidente Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base 171 detenidos, 4 de los cuales habían sido declarados culpables por una comisión militar.

Durante el año fue trasladado fuera de la base un detenido, y otros dos, de nacionalidad afgana, murieron: uno por causas naturales y el otro, según informes, por suicidio. Sus muertes elevaron a ocho la cifra de detenidos de cuya muerte en la base se tenía noticia.

El 31 de diciembre, el presidente Obama sancionó la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional, que, entre otras cosas, prescribía la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio en el contexto de la lucha antiterrorista.

Juicios de detenidos de Guantánamo

El 4 de abril, el fiscal general estadounidense anunció que cinco detenidos de Guantánamo acusados de implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 –Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafa al Hawsawi– iban a ser juzgados por una comisión militar, contrariamente a lo anunciado en noviembre de 2009 respecto a que serían juzgados por una corte federal ordinaria en Estados Unidos. El fiscal general culpó de este giro radical a los miembros del Congreso que habían “impuesto restricciones que impiden al gobierno juzgar a ningún detenido de Guantánamo en Estados Unidos, con independencia del lugar”. Los fiscales recomendaron que, de ser declarados culpables, se condenara a los cinco hombres a la pena capital. Al finalizar el año los juicios no habían comenzado. Los cinco detenidos habían estado incomunicados hasta cuatro años bajo custodia secreta de Estados Unidos antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006.

En septiembre, la autoridad convocante de las comisiones militares remitió a la comisión correspondiente los cargos contra el ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri para que fuera juzgado; de ser declarado culpable, podría ser condenado a muerte. El gobierno reiteró que Abd al Rahim al Nashiri podía volver a ser recluido indefinidamente si era absuelto en su juicio ante la comisión militar, que aún estaba pendiente al final del año.

En febrero, el ciudadano sudanés Noor Uthman Muhammed se declaró culpable ante una comisión militar de proporcionar apoyo material al terrorismo, y fue condenado a 14 años de prisión. El cumplimiento de toda la pena salvo 34 meses fue suspendido a cambio de que testificara a favor de Estados Unidos en futuras actuaciones ante las comisiones militares o las cortes federales.

El caso de Noor Uthman Muhammed elevaba a seis el número de detenidos condenados por las comisiones militares desde 2001; cuatro de ellos se declararon culpables.

El ciudadano canadiense Omar Khadr, que tenía 15 años cuando fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 2002, seguía en Guantánamo al finalizar 2011. En 2010, una comisión militar lo condenó a 40 años de prisión después de que se declarase culpable de cinco cargos de “crímenes de guerra”. Su pena se limitó posteriormente a ocho años. Las autoridades canadienses y estadounidenses acordaron apoyar su traslado a Canadá cuando hubiera cumplido un año de condena bajo custodia estadounidense. El primer año se cumplió en octubre.

El Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares emitió su opinión sobre los casos de dos ciudadanos yemeníes, Salim Ahmed Hamdan y Ali Hamza Ahmad Suliman al Bahlul, declarados culpables por comisiones militares. El Tribunal confirmó en ambos casos las declaraciones de culpabilidad y las condenas.

En enero, una corte federal de primera instancia condenó a cadena perpetua al ciudadano tanzano Ahmed Khalfan Ghailani tras haberlo declarado culpable en noviembre de 2010 en relación con los atentados con bomba perpetrados contra las embajadas estadounidenses de África oriental en 1998. Ghailani había estado dos años bajo custodia secreta de la CIA y permaneció casi tres años bajo custodia militar estadounidense en Guantánamo hasta que fue trasladado a Nueva York en 2009. Al finalizar 2011 seguía siendo el único detenido de Guantánamo que había sido trasladado para ser juzgado por una corte federal en Estados Unidos.

Reclusión bajo custodia estadounidense en Afganistán

Cientos de detenidos permanecían recluidos en el centro de detención estadounidense de Parwan (DFIP), en la base aérea de Bagram, en Afganistán. El centro albergaba alrededor de 3.100 detenidos, en torno al triple que el año anterior. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su mayoría eran nacionales afganos que las fuerzas de la coalición habían capturado y puesto bajo su custodia en el sur y el este de Afganistán. Según el Pentágono, en enero comenzaron en el DFIP las “operaciones de transición de detenciones” a las autoridades afganas con la entrega al Ministerio de Defensa afgano de la gestión de una unidad de alojamiento de detenidos (véase el apartado sobre Afganistán).

Continuó en la corte federal de primera instancia de Estados Unidos el litigio sobre si los detenidos de Bagram debían tener acceso a los tribunales estadounidenses para poder impugnar la legalidad de su detención. En mayo de 2010, la Corte de Apelaciones había anulado una resolución dictada por un juez federal de primera instancia en 2009 según la cual tres detenidos de Bagram –que no eran ciudadanos afganos y habían sido puestos bajo custodia fuera de Afganistán– podían presentar recursos de hábeas corpus ante su tribunal.

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Otras detenciones y juicios

Ahmed Abdulkadir Warsame, ciudadano somalí, fue detenido por las fuerzas estadounidenses en el golfo de Aden en abril, trasladado a Estados Unidos a principios de julio y acusado formalmente de delitos relacionados con el terrorismo. Al parecer, Warsame estuvo incomunicado como mínimo seis semanas y permaneció en detención secreta al menos dos semanas antes de ser trasladado a Estados Unidos. Las autoridades respondieron a la preocupación expresada por Amnistía Internacional sobre el trato que se le dio antes del traslado declarando que “el gobierno estadounidense viene afirmando sistemáticamente que está en guerra con Al Qaeda y las fuerzas asociadas a ella, y que adoptará todas las medidas legítimas, incluida la detención, para derrotar al enemigo”.

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Impunidad

No hubo rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente George W. Bush como parte del programa de detención secreta y entrega (transferencia entre Estados de personas bajo custodia soslayando el debido proceso administrativo y judicial) de la CIA.

El 16 de mayo, la Corte Suprema estadounidense se negó a juzgar el caso de entrega Mohamed v. Jeppesen, dando por válida la resolución de 2010 de un tribunal inferior que desestimaba la demanda formulada por cinco hombres que alegaban haber sido objeto de desaparición forzada y de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de personal estadounidense y agentes de otros gobiernos como parte del programa de detención secreta y entrega de Estados Unidos. En noviembre, los demandantes presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 30 de junio, el fiscal general anunció la finalización del “examen preliminar” sobre los interrogatorios realizados en el programa de la CIA, afirmando que había aceptado la recomendación del fiscal de iniciar una “investigación penal completa” en relación con dos muertes bajo custodia. Sin embargo, el fiscal no consideraba justificadas nuevas investigaciones en otros casos.

En una opinión emitida en octubre, un juez federal se negó a considerar que la CIA hubiera cometido desacato por destruir unas cintas de vídeo de interrogatorios de detenidos recluidos en el marco del programa de detención secreta. Las cintas –que contenían grabaciones del uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, incluidos simulacros de ahogamiento (waterboarding)– habían sido destruidas en 2005, más de un año después de que la corte hubiera ordenado al gobierno la entrega o identificación de materiales relacionados con el trato infligido a los detenidos.

Uso de medios letales

El 1 de mayo murieron Osama bin Laden y varias personas más en un complejo de Abbottabad (Pakistán), durante una operación dirigida por fuerzas especiales estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos dejó claro que la operación se había llevado a cabo en aplicación de la teoría estadounidense según la cual existía un conflicto armado global entre Estados Unidos y Al Qaeda en el que Estados Unidos no reconocía la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos. Ante la ausencia de más aclaraciones por parte de las autoridades estadounidenses, la muerte de Osama bin Laden parecía ilegítima.

El 30 de septiembre, Anwar al Awlaki, Samir Khan y al menos dos personas más murieron en Yemen en el ataque de un avión no tripulado estadounidense contra el convoy en el que viajaban. Al finalizar el año, Amnistía Internacional no había recibido respuesta alguna de las autoridades estadounidenses sobre los motivos de preocupación expuestos por la organización en el sentido de que estas muertes parecían constituir ejecuciones extrajudiciales.

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Uso excesivo de la fuerza

Al menos 43 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el número de muertes ocurridas en estas circunstancias desde 2001 se elevó a 497. Aunque los forenses atribuyeron la mayoría de estas muertes a otras causas, como problemas de salud subyacentes, las armas Taser figuraban como causa o factor contribuyente en más de 60 casos. La mayoría de los fallecidos estaban desarmados y aparentemente no representaban una amenaza grave cuando recibieron las descargas eléctricas.

En mayo, el Instituto Nacional de Justicia publicó su informe sobre muertes producidas tras el uso de dispositivos de energía conducida, como las armas Taser. En él se afirmaba que no había “pruebas médicas concluyentes” que indicasen un riesgo elevado de muerte o lesión grave debido a la exposición a un dispositivo de esta clase en adultos normales y sanos. Sin embargo, el informe señalaba que muchas muertes atribuidas a las armas Taser implicaban una exposición múltiple o prolongada, y recomendaba que se evitase este tipo de uso. El estudio indicaba asimismo la posibilidad de que los márgenes de seguridad no fueran aplicables en niños de corta edad, personas con enfermedades cardiacas, ancianos, mujeres embarazadas y otras “personas de riesgo potencial”.

Amnistía Internacional siguió pidiendo a los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley que suspendieran el uso de estas armas o lo limitaran estrictamente a casos que representaran una amenaza inmediata de muerte o de lesiones graves.

Hubo denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por la policía contra los manifestantes que participaban en el movimiento Ocupa Wall Street. En Oakland (California), la policía que intentó dispersar a los manifestantes en octubre y noviembre fue acusada de lanzar indiscriminadamente gas lacrimógeno, bolsas de perdigones y granadas de aturdimiento contra multitudes en su mayoría pacíficas, y de usar porras, causando lesiones graves al menos a dos personas. Al finalizar el año estaba tramitándose una demanda civil sobre el caso. En Tulsa (Oklahoma) y Seattle (Washington), la policía usó pulverizadores de pimienta contra manifestantes no violentos.

Tres varones, dos de ellos adolescentes, murieron por disparos en sendos incidentes con policías de la Patrulla de Fronteras estadounidense por lanzar presuntamente piedras contra los agentes en la frontera de Estados Unidos con México. Según los informes, dos de ellos estaban en territorio mexicano y fueron tiroteados desde el otro lado de la frontera. Al finalizar el año estaba aún pendiente una investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre la muerte por disparos de Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, ocurrida en circunstancias similares en 2010.

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Condiciones de reclusión

Miles de reclusos de California realizaron una huelga de hambre en julio y octubre para protestar por la crueldad de las condiciones de aislamiento de las Unidades Especiales de Seguridad (SHU) del estado. En la SHU de la prisión estatal de Pelican Bay, más de un millar de presos permanecían confinados 22 horas y media al día en celdas sin ventanas, en condiciones que, según declaró un tribunal en 1995, “podrían superar los límites de lo que la mayoría de los seres humanos puede tolerar psicológicamente”. Cuando se realizó la huelga de hambre, más de 500 presos de Pelican Bay habían estado al menos 10 años en estas condiciones, y 78 habían pasado 20 años o más en la SHU. Al finalizar el año se estaban estudiando varias reformas, incluida la modificación de los procedimientos para asignar a presuntos miembros de bandas al confinamiento indefinido en una SHU. Amnistía Internacional se unió a otras entidades en la condena de las medidas disciplinarias adoptadas contra los presos en huelga de hambre y para pedir que se pusiera fin a las condiciones inhumanas. Había miles de reclusos más sometidos al régimen de aislamiento en condiciones similares en otros estados, como Arizona y Texas.

Bradley Manning, soldado estadounidense acusado de filtrar documentos a Wikileaks, pasó los primeros 11 meses de su detención confinado en una celda de aislamiento de un centro del Cuerpo de Marines en Quantico (Virginia). Sus condiciones de reclusión mejoraron tras su traslado en abril a un centro militar de seguridad media donde se le permitía relacionarse con otros presos preventivos. El 16 de diciembre se inició una vista preliminar sobre los cargos formulados contra él.

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Derechos de la infancia

En marzo, Estados Unidos comunicó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apoyaba los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las recomendaciones formuladas por otros gobiernos durante el proceso del examen periódico universal respecto a que Estados Unidos ratificara la Convención. Al finalizar el año, Estados Unidos seguía siendo uno de los únicos dos países del mundo que no habían ratificado este tratado; el otro era Somalia.

En agosto, el caso de Jordan Brown fue trasladado a un tribunal de menores para ser juzgado en Pensilvania. Durante los dos años y medio anteriores había existido la posibilidad de que fuera juzgado como un adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito cometido cuando tenía 11 años.

En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó estudiar la posibilidad de prohibir la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional para los delitos de homicidio cometidos por menores de 18 años; no se esperaba que la Corte dictara su resolución hasta mediados de 2012. En 2010, la Corte prohibió la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los delitos que no fueran homicidio cometidos por menores de 18 años.

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Derechos de las personas migrantes

En septiembre, una jueza federal bloqueó temporalmente varios apartados de una ley de Alabama sobre personas migrantes indocumentadas. Otros artículos se confirmaron, incluido el que exigía que la policía estatal y local comprobase la situación migratoria de una persona durante los controles de tráfico rutinarios si existían “sospechas razonables” de que se trataba de un migrante en situación irregular. Al finalizar el año, el Departamento de Justicia y varios grupos confesionales y de defensa de las libertades civiles habían recurrido la ley, la más estricta de su clase confirmada en el país hasta la fecha. Se presentaron recursos ante las cortes federales contra leyes similares contra la inmigración en Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah.

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Derecho a la salud: mortalidad materna

Cientos de mujeres siguieron muriendo por causas prevenibles derivadas del embarazo. No hubo avances en los objetivos fijados por el gobierno para reducir la mortalidad materna y persistían las desigualdades en función del origen racial o étnico, el lugar de residencia y los ingresos. Durante el año se presentaron ante el Congreso varios proyectos de ley para abordar las desigualdades en materia de salud, conceder subvenciones a los estados para crear juntas de revisión de la mortalidad y promover las buenas prácticas. Al finalizar el año ninguno de ellos se había convertido en ley.

Continuaron los recursos ante los tribunales contra la ley de reforma de la asistencia médica de 2010.

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Pena de muerte

Se ejecutó a 43 presos –todos ellos varones– en Estados Unidos durante el año, todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas ejecutadas en el país desde que la Corte Suprema levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976.

En marzo, Illinois se convirtió en el decimosexto estado abolicionista de Estados Unidos. En noviembre, el gobernador de Oregón dictó una suspensión de las ejecuciones en el estado y pidió una “reevaluación largo tiempo pendiente” del sistema de pena capital.

En noviembre, el estado de Idaho llevó a cabo su primera ejecución en 17 años.

  • Eddie Powell fue ejecutado en Alabama el 16 de junio pese a la existencia de pruebas de que padecía cierto grado de “discapacidad intelectual”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional.
  • El ciudadano mexicano Humberto Leal García fue ejecutado en Texas el 7 de julio. Dado que se le habían denegado sus derechos consulares tras la detención, su ejecución violó tanto el derecho internacional como una orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia.
  • Troy Davis fue ejecutado en Georgia el 21 de septiembre pese a que existían serias dudas sobre la fiabilidad de su declaración de culpabilidad. La ejecución se llevó a cabo a pesar de los cientos de miles de peticiones de indulto.
  • Manuel Valle fue ejecutado en Florida el 28 de septiembre después de pasar tres décadas en el “corredor de la muerte”.
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