Uzbekistán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Uzbekistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uzbekistán is now live »

Jefe del Estado: Islam Karimov
Jefe del gobierno: Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Las autoridades siguieron rechazando los llamamientos para que se llevara a cabo una investigación internacional independiente sobre la matanza de cientos de personas desarmadas, cometida en mayo de 2005 en Andiyán. La libertad de expresión y el acceso a la información fueron objeto de crecientes restricciones. Activistas de derechos humanos y periodistas locales independientes siguieron sufriendo amenazas, hostigamiento y prisión por cargos penales aparentemente falsos. Según los informes, muchos sufrieron tortura o malos tratos mientras estaban detenidos. Decenas de personas fueron condenadas a largas penas de prisión por su presunta implicación en los sucesos de Andiyán, entre ellas varios destacados defensores de los derechos humanos, la mayoría en juicios celebrados a puerta cerrada o en secreto. Presuntos miembros de movimientos islámicos prohibidos que habían sido devueltos desde otros países estuvieron recluidos en régimen de incomunicación, y a algunos se les impusieron largas penas de prisión en juicios sin garantías.

Información general

En marzo, el Banco Mundial anunció que dejaría de conceder nuevos préstamos a Uzbekistán. El presidente Islam Karimov acusó al Banco de participar en una «desvergonzada guerra informativa» contra Uzbekistán.

En marzo, las autoridades ordenaron al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que saliera del país en el plazo de cuatro semanas. En abril, el ACNUR acató la orden y expresó su grave preocupación por unas 2.000 personas refugiadas procedentes de Afganistán a las que prestaba ayuda.

En las fechas previas al aniversario de la masacre cometida en Andiyán en mayo de 2005, en la que cientos de personas murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría pacíficos, las autoridades trataron de asegurarse de que sólo trascendiera la versión oficial de los hechos. Las autoridades siguieron negándose a permitir una investigación internacional independiente sobre los sucesos de Andiyán. Sin embargo, parece ser que trataron algunos de los motivos de preocupación de la Unión Europea en conversaciones bilaterales durante el segundo semestre del año. En noviembre, la Unión Europea revisó la denegación de visados y el embargo sobre la venta de armas impuestos a Uzbekistán en 2005 y los prorrogó por 6 y 12 meses, respectivamente. La Unión Europea reanudó las reuniones bilaterales iniciadas con Uzbekistán en virtud del Acuerdo de Asociación y Cooperación y en diciembre celebró una reunión de expertos en Uzbekistán sobre los homicidios de Andiyán. En octubre, el presidente Karimov admitió públicamente que algunos fallos de las autoridades locales y regionales de Andiyán habían podido contribuir a los sucesos de esa ciudad. Destituyó al gobernador regional de Andiyán por no haber puesto fin al conflicto.

En 2006 aumentó la presión sobre los medios de comunicación y las ONG internacionales. Se retiró la acreditación a varias organizaciones, la mayoría radicadas en Estados Unidos o financiadas con fondos estadounidenses, que se vieron obligadas a poner fin a sus actividades en Uzbekistán.

En noviembre, Uzbekistán protestó por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de incorporar Uzbekistán a su lista de «países de especial preocupación» por vulnerar la libertad de religión.

En su periodo de sesiones de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó a Uzbekistán en virtud de un procedimiento confidencial y decidió seguir examinando al país. Sin embargo, la Asamblea General de la ONU decidió no adoptar una resolución respecto a este Estado. En su respuesta a los motivos de preocupación planteados por la ONU respecto a las violaciones graves de derechos humanos publicadas en agosto, las autoridades uzbekas negaron que existieran violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Las autoridades rechazaron las afirmaciones del relator especial sobre la cuestión de la tortura de que la práctica de la tortura seguía siendo sistemática, así como los informes que indicaban que se había denegado el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a centros de detención. En noviembre, el CICR afirmó que no tenía acceso al país desde hacía dos años y que las negociaciones con las autoridades para reanudar las visitas eran difíciles.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos siguió deteriorándose. En septiembre, seis defensores de los derechos humanos de un grupo de 11 que tenían previsto celebrar una reunión en la Embajada de Alemania en Tashkent no pudieron asistir debido a amenazas, arresto domiciliario o detención por la policía. En noviembre, defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario tras manifestarse ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir diálogo con las autoridades.

Tolib Yakubov, director de la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán, y Abduzhalil Boimatov, su adjunto, salieron del país en agosto tras ser objeto de reiteradas amenazas. En agosto, Bakhtior Khamroev, director de la sección de la organización en Dzhizzakh, fue atacado por un grupo de unas 20 mujeres que irrumpieron en su apartamento, lo llamaron traidor y lo golpearon. Un diplomático y una diplomática británicos visitaban a Bakhtior Khamroev en ese momento. Sin embargo, la policía sólo intervino cuando ya había sido golpeado en la cabeza. Según los informes, en el hospital local le negaron asistencia médica. El hijo de Bakhtior Khamroev, de 21 años de edad, fue detenido en agosto, según los informes por cargos falsos de vandalismo. Lo condenaron a tres años de prisión en un juicio sin garantías celebrado en septiembre.

En enero, un tribunal de Tashkent condenó a Saidzhakhon Zainabitdinov, presidente del grupo independiente de defensa de los derechos humanos Appelliatsia (Llamamiento), con sede en Andiyán, a siete años de prisión en un juicio celebrado a puerta cerrada. En diciembre se recibieron informes que indicaban que Saidzhakhon Zainabitdinov se encontraba recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Tashkent.

En enero, Dilmurod Muhiddinov, activista de derechos humanos de Andiyán, fue condenado a cinco años de prisión por estar en posesión de una declaración sobre los sucesos de Andiyán publicada por Birlik (Unidad), partido de oposición de carácter secular.

Mutabar Tadzhibaeva, presidenta de la organización de derechos humanos Club de los Corazones Ardientes y fundadora del movimiento nacional Sociedad Civil, fue condenada a ocho años de prisión por un tribunal de Tashkent en marzo. En mayo se desestimó su recurso. La recluyeron en la Prisión de Mujeres de Tashkent. En julio la trasladaron al ala psiquiátrica de la prisión durante 10 días, presuntamente como castigo por expresar sus opiniones desde la cárcel. Una abogada de su equipo defensor afirmó en agosto que no podía seguir representando a Mutabar Tadzhibaeva ya que había recibido reiteradas amenazas contra ella misma y contra su familia. Familiares y abogados afirmaron que se ponían trabas a sus visitas, que a Mutabar Tadzhibaeva la encerraban regularmente en celdas de castigo durante periodos de hasta 10 días y que su salud se deterioraba.

Azam Farmonov y Alisher Karamatov, de la región de Sirdaria y miembros de la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán, fueron detenidos arbitrariamente en abril en la ciudad de Gulistan. Ambos defendían los derechos de agricultores de la zona que habían acusado de extorsión y corrupción a funcionarios del distrito. Fueron trasladados al centro de prisión preventiva de la ciudad de Khavast, donde estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante al menos una semana; ambos denunciaron haber sido torturados durante ese periodo, con métodos como la asfixia y los golpes con porras en las piernas y los talones. En junio los condenaron a nueve años de prisión por extorsión en un juicio en el que no dispusieron de representación letrada.

Restricciones a la libertad de expresión

A finales de febrero se aprobó una nueva normativa que declaraba ilegal el trabajo o la colaboración de ciudadanos uzbekos en medios de comunicación de propiedad extranjera a menos que fueran periodistas acreditados. A los periodistas extranjeros podía retirárseles la acreditación si se resolvía que sus informaciones constituían «injerencias en los asuntos internos». En marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores revocó la acreditación de un corresponsal local de la emisora de radio alemana Deutsche Welle, al parecer por presentar una información falsa sobre un accidente de autobús con víctimas mortales en la región de Bujara.

En septiembre detuvieron arbitrariamente a Ulugbek Khaidarov, periodista independiente, en una parada de autobús de Dzhizak y lo acusaron formalmente de extorsión. Según los informes, una mujer lo rozó al pasar y le introdujo 400 dólares en un bolsillo. Ulugbek Khaidarov dejó caer el dinero al suelo de inmediato, pero aparecieron en el lugar unos agentes de la ley y lo detuvieron. En octubre fue condenado a seis años de prisión en un juicio injusto, y en noviembre quedó en libertad tras resolverse un recurso. Dos días antes de la detención de Ulugbek Khaidarov, el también periodista Dzhamshed Karimov desapareció en Dzhizak tras visitar a su madre en un hospital. En opinión de la familia, su desaparición forzada estuvo relacionada con sus actividades periodísticas. En octubre, algunas fuentes informaron de que estaba confinado en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico. Las autoridades locales siguieron negando que tuvieran conocimiento de su paradero. Funcionarios locales intimidaron a familiares de Dzhamshed Karimov, y les cortaron la línea telefónica después de que alertaran a organizaciones internacionales. Tanto Dzhamshed Karimov como Ulugbek Khaidarov habían expresado temor por su seguridad y se disponían a salir del país.

El 8 de septiembre se impuso a Dadakhon Khasanov, conocido cantante y compositor de canciones, una condena condicional de tres años de prisión por escribir e interpretar una canción sobre los sucesos de Andiyán. Aunque se anunció que la causa se vería en audiencia pública, en realidad el juicio se celebró a puerta cerrada. En fechas anteriores, a dos hombres que escuchaban grabaciones de canciones de Dadakhon Khasanov se les impusieron largas penas de cárcel por estar en posesión de material subversivo.

Devoluciones de presuntos terroristas

Las autoridades siguieron solicitando la extradición de presuntos miembros de partidos o movimientos islámicos prohibidos, como Hizb-ut-Tahrir y Akramia, desde países vecinos y desde Rusia y Ucrania. A la mayoría de los hombres devueltos a Uzbekistán se los recluyó en régimen de incomunicación. Al parecer, los gobiernos de la Federación Rusa, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán cooperaron con Uzbekistán en nombre de la seguridad regional y de la «guerra contra el terror», incumpliendo de ese modo las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de los refugiados, según las cuales no deben devolver a personas a un país donde puedan correr peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

El imán (maestro de oración) Rukhiddin Fakhruddinov fue condenado a 17 años de prisión en septiembre, en un juicio a puerta cerrada celebrado en Tashkent. Lo habían devuelto desde Kazajistán en noviembre de 2005 y estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta marzo de 2006.

En agosto, la Fiscalía General de la Federación Rusa suspendió la orden de extradición de 13 ciudadanos uzbekos detenidos en Ivanovo, en espera del examen de los recursos presentados por los detenidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A mediados de julio regresaron desde Estados Unidos 12 personas que habían huido del país después de los sucesos de Andiyán. En agosto regresaron 41 refugiados de Andiyán que habían sido evacuados por el ACNUR, primero a Rumania y después a Estados Unidos. Según los informes, un tercer grupo de personas refugiadas reasentadas en Idaho, Estados Unidos, se disponía a regresar pero al terminar el año aún no lo había hecho. Dos refugiados reasentados en Idaho murieron en agosto y septiembre en circunstancias misteriosas. Según informes, algunos refugiados recibieron presiones para que regresaran a Uzbekistán, donde sus movimientos eran estrechamente vigilados y tenían que presentarse periódicamente ante organismos locales encargados de hacer cumplir la ley. Al terminar el año no se había permitido el acceso a ellos, ni del ACNUR y otros organismos ni de diplomáticos. En noviembre se recibieron informes de que dos hombres retornados habían sido detenidos.

Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías

Continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías de presuntos miembros de organizaciones islámicas prohibidas. En muchos casos se recibieron denuncias verosímiles de tortura y malos tratos.

En 2006 se celebraron decenas de juicios conjuntos de varios encausados sólo en Tashkent y su región. Al menos 257 personas fueron condenadas a largas penas de prisión por su presunta participación en los sucesos de Andiyán, la inmensa mayoría en juicios celebrados a puerta cerrada o en secreto. Varios miles de personas declaradas culpables de estar relacionadas con organizaciones islámicas prohibidas continuaron cumpliendo largas penas de cárcel en condiciones que equivalían a trato cruel, inhumano y degradante.

En marzo, un tribunal de Tashkent condenó a Sanzhar Umarov, dirigente de Sunshine Uzbekistan, coalición política secular de oposición, a 10 años y medio de prisión por fraude, malversación, blanqueo de dinero y evasión de impuestos. Sanzhar Umarov había sido detenido en octubre de 2005 al regresar de un viaje a Estados Unidos. Él sostuvo que las pruebas en su contra habían sido falsificadas por empresarios rivales, y personas partidarias de la coalición afirmaron que los cargos obedecían a motivos políticos. Observadores de derechos humanos que asistieron al juicio señalaron que la acusación no había probado los cargos. En abril, un tribunal de apelación de Tashkent redujo la condena en tres años. En la vista del recurso, pareció que la salud de Sanzhar Umarov había sufrido un grave deterioro. En mayo lo trasladaron a una colonia penitenciaria de Bujara, donde estuvo recluido en una celda de castigo durante 16 días en junio. Familiares y abogados denunciaron que no habían podido visitarlo y que seguían encerrándolo en celdas de castigo. Estaba pendiente de resolución un recurso ante el Tribunal Supremo.

En mayo, Nodira Khidoiatova, coordinadora de Sunshine Uzbekistan, fue excarcelada tras conmutarse en la vista de un recurso la condena de 10 años de prisión por una condena condicional de 7 años. Según los informes, amigos y familiares pagaron 120 millones de som (unos 100.000 dólares) como compensación al Estado uzbeko para conseguir su liberación. Nodira Khidoiatova había sido condenada el 1 de marzo por fraude fiscal, malversación y participación en banda criminal.

Pena de muerte

Aunque el presidente promulgó en agosto de 2005 un decreto en virtud del cual la pena de muerte quedaría abolida a partir de 2008, no se tomaron medidas para introducir una suspensión de las ejecuciones y las condenas a muerte. Las autoridades insistieron en que no se habían impuesto penas de muerte en Uzbekistán en los dos años precedentes. Sin embargo, algunas ONG informaron de que se habían dictado al menos ocho condenas a muerte.

En marzo, Aleksei Buriachek, que estaba en espera de ejecución en la prisión de Tashkent, murió de tuberculosis, lo que suscitó temor por la salud de otros reclusos que también estaban en espera de ejecución y del personal penitenciario. Por ejemplo, a Iskandar Khudaiberganov se le diagnosticó tuberculosis en 2004 y, según los informes, recibía un tratamiento inadecuado.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

• Uzbekistán: Acción de Profesionales de la Salud. Tuberculosis en prisión: el caso de Iskandar Khudaiberganov (Índice AI: EUR 62/009/2006)

• Uzbekistan: Andizhan - Impunity must not prevail (Índice AI: EUR 62/010/2006)

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