Uzbekistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Uzbekistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uzbekistán is now live »

Jefe del Estado : Islam Karimov
Jefe del gobierno : Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 27,4 millones
Esperanza de vida : 66,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 72/60 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,4 por ciento

A pesar del compromiso declarado del gobierno con la mejora de los derechos de la ciudadanía, no hubo verdaderos progresos en materia de derechos humanos. Las autoridades siguieron negándose a autorizar una investigación internacional independiente sobre los homicidios en masa perpetrados en Andiyán en 2005. Prosiguió el deterioro de la libertad de expresión y de reunión, y no hubo indicios de que se aliviara la presión sobre activistas, el colectivo de defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

Continuaron los informes sobre la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos contra personas detenidas y presas. La corrupción en el seno de las instituciones judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley propició un clima de impunidad. Varios miles de personas condenadas por implicación con organizaciones y movimientos islámicos prohibidos seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Las autoridades seguían persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de partidos islamistas y movimientos islámicos prohibidos. A pesar de que un decreto presidencial proclamaba la abolición de la pena de muerte a partir de enero de 2008, las autoridades se negaron a declarar la suspensión de las ejecuciones.

Información general

Se deterioró la situación socioeconómica, lo que elevó notablemente unos índices de pobreza ya de por sí elevados; según cálculos de la ONU, casi el 30 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Aunque la tasa de desempleo se situaba oficialmente en el 3 por ciento, el Banco Mundial y otros observadores económicos pensaban que la cifra estaba más próxima al 40 por ciento. Centenares de miles de personas salieron del país para buscar empleo en Kazajistán y la Federación Rusa, donde a menudo trabajaban como migrantes irregulares en el sector de la construcción o en mercados. Muchas de ellas soportaban condiciones muy duras de trabajo y de vida, como salarios bajos, palizas, discriminación y falta de acceso a sistemas de protección, salud o vivienda. Algunos observadores señalaron la pobreza y su aparente carácter discriminatorio como factores contribuyentes a la proliferación de movimientos islámicos y partidos islamistas prohibidos, como Hizb ut Tahrir.

Continuó la presión sobre los medios de comunicación y las ONG internacionales. En julio, las autoridades se negaron a prorrogar el visado y permiso de trabajo de la directora de Human Rights Watch en el país. Tres corresponsales locales de Deutsche Welle, emisora internacional de radio y televisión con sede en Alemania, que se habían mostrado críticos en sus informaciones fueron objeto de acciones penales por evasión de impuestos. Ante la posibilidad de que se le impusiera una pena de cárcel, una de los corresponsales huyó del país.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales de diciembre fue cada vez más difícil acceder a sitios web independientes o afiliados a la oposición, que prácticamente estaban bloqueados. Islam Karimov ganó las elecciones con casi el 90 por ciento de los votos y emprendió su tercer mandato como presidente pese a que la Constitución imponía un límite de dos mandatos para el cargo.

Escrutinio internacional

Dos años después de la matanza de cientos de personas en Andiyán, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría pacíficos, las autoridades seguían negándose a autorizar una investigación internacional independiente sobre los hechos. No obstante, aceptaron celebrar una segunda ronda de conversaciones de expertos con representantes de la Unión Europea en la capital, Tashkent, en abril.

En mayo se celebró en Tashkent el primer diálogo formal sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Uzbekistán con carácter previo al periodo de sesiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) de la Unión Europea. El CAGRE siguió expresando gran preocupación por la situación de los derechos humanos en Uzbekistán y condicionó el levantamiento de las sanciones al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de Uzbekistán. Decidió ampliar las sanciones dirigidas a Uzbekistán, prorrogar durante seis meses la prohibición de visado a 8 de los 12 funcionarios uzbekos a los que se les había impuesto dicha prohibición en noviembre de 2005 y no modificar el embargo de armas en vigor. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, en una declaración pública para responder al CAGRE, calificó la decisión de la Unión Europea de «infundada y parcial» y de «instrumento de presión sistemática sobre Uzbekistán disfrazado de retórica de derechos humanos». En un cambio de postura con respecto a mayo, y a pesar de la oposición de algunos Estados miembros, el CAGRE votó en octubre a favor de levantar la prohibición de visado durante seis meses más a esos ocho funcionarios. El mismo mes solicitó la liberación de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, pero no mencionó expresamente la necesidad de una investigación internacional independiente sobre la masacre de Andiyán.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de aceptar las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Situaciones para que interrumpiera el examen de Uzbekistán en aplicación del procedimiento 1503 del Consejo, de carácter confidencial. Eso significaba que también debía dar por concluido el mandato de la experta independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán, designada en virtud del procedimiento 1503, y que el Consejo de Derechos Humanos ya no sometería a un escrutinio especial el historial de derechos humanos de Uzbekistán.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus observaciones finales y recomendaciones tras examinar el tercer informe periódico de Uzbekistán. El Comité expresó su satisfacción por la introducción del recurso de hábeas corpus y pidió al país que adoptara un planteamiento de «tolerancia cero» respecto a la impunidad y al persistente problema de la tortura.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Siguió empeorando la situación para los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas independientes, y las autoridades endurecieron las restricciones a su libertad de expresión, reunión y circulación en el periodo previo a las elecciones presidenciales de diciembre. A principios de año, dos defensores de los derechos humanos y un activista político de oposición fueron condenados a largas penas de prisión por cargos de aparente motivación política. Los tres casos estaban relacionados, directa o indirectamente, con los sucesos de Andiyán en 2005.

Al menos 14 defensoras y defensores de los derechos humanos declarados culpables en juicios sin las debidas garantías seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Según la información recibida, varias de estas personas sufrieron torturas u otros malos tratos mientras estaban privadas de libertad. Los activistas de derechos humanos y periodistas que no habían tenido que exiliarse ni estaban detenidos eran vigilados constantemente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A los defensores de los derechos humanos se los citaba en sus respectivas comisarías locales para interrogarlos, se les imponía arresto domiciliario o se impedía por otros medios que asistieran a reuniones con delegaciones o representaciones diplomáticas extranjeras o que participaran en manifestaciones pacíficas.

Defensores de los derechos humanos y periodistas siguieron denunciando que los miembros de los servicios de seguridad los amenazaban por desempeñar sus actividades legítimas. Varios denunciaron agresiones, palizas y detenciones por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley o de personas que presuntamente trabajaban para los servicios de seguridad. Familiares de estas personas dijeron haber sido amenazados y hostigados por las fuerzas de seguridad; a algunos los detuvieron para presionar a sus parientes defensores de los derechos humanos. A lo largo del año se puso de manifiesto una alarmante tendencia de las autoridades a coaccionar a los acusados para que renegaran de su afiliación a una ONG a cambio de una condena condicional.

  • En diciembre, Ikhtior Khamroev, de 22 años, hijo de Bakhtior Khamroev, presidente de la Sección en Djizaks de la Organización Independientede Derechos Humanos de Uzbekistán, fue liberado de la celda de castigo en la que había permanecido 10 días encerrado. Le contó a su padre que lo habían golpeado y encerrado en una celda de castigo, y que él se había hecho cortes en el abdomen como medida de protesta por los malos tratos que sufría. Ikhtior Khamroev estaba cumpliendo una pena de tres años de cárcel impuesta en septiembre de 2006 en un juicio injusto. Se pensaba que lo habían detenido a causa de las actividades de su padre en defensa de los derechos humanos. Era posible que lo hubieran golpeado para castigar al padre por sus declaraciones contra el gobierno en una conferencia internacional sobre defensores de los derechos humanos celebrada en Dublín, Irlanda, en noviembre.
  • En enero se concedió permiso a Rasul Tadzhibaev para realizar una segunda visita a su hermana, Mutabar Tadzhibaeva, defensora de los derechos humanos encarcelada en la Prisión de Mujeres de Tashkent. Condenada en marzo de 2006 a ocho años de cárcel por cargos de índole política y económica, en mayo de ese año se había desestimado su recurso contra la sentencia. Mutabar Tadzhibaeva aseguró que no le habían permitido reunirse con su abogado y continuó sometida al régimen de aislamiento por presuntas infracciones del reglamento penitenciario. En unas cartas sacadas de forma clandestina de la prisión, describía las condiciones y castigos crueles, inhumanos y degradantes que sufrían ella y otras reclusas. Las autoridades continuaron hostigando a miembros de su familia. En marzo detuvieron a Rasul Tadzhibaev para evitar que asistiera a una manifestación organizada en Tashkent para pedir la liberación de las mujeres activistas detenidas. Además, fue desalojado de su apartamento y amenazado con su expulsión de Tashkent.
  • En mayo, un tribunal de distrito de Tashkent condenó a siete años de cárcel a Umida Niazova, activista de derechos humanos y periodista independiente, por los cargos de cruzar ilegalmente la frontera, introducir clandestinamente material subversivo y distribuirlo, en un juicio que duró dos días y distó mucho de adecuarse a las normas internacionales. El 8 de mayo, un tribunal de apelaciones le conmutó la pena por una condena condicional de tres años y Umida Niazova quedó en libertad en la propia sala del tribunal. En la vista de apelación se declaró culpable de los tres cargos y acusó a las organizaciones internacionales de haberla inducido a error. Umida Niazova trabajaba de traductora para Human Rights Watch cuando se produjo la matanza de Andiyán en 2005 y, en el momento de su detención, su contrato con la organización seguía vigente. Con anterioridad había trabajado para otras ONG internacionales.
  • Gulbahor Turaeva, de 40 años, patóloga y activista de derechos humanos de Andiyán que había hablado ante los medios de comunicación extranjeros y puesto en entredicho la versión oficial sobre los sucesos de Andiyán en 2005, fue detenida en la frontera cuando regresaba de Kirguistán en enero, según informes, con unas 120 publicaciones en su equipaje, entre ellas varios libros del líder en el exilio del prohibido partido Erk (Libertad), de carácter secular. Acusada de atentar contra el orden constitucional y de distribuir material subversivo, en abril se le impuso una pena de seis años de cárcel. También se le imputó el cargo de difamación. En un segundo juicio celebrado en mayo fue declarada culpable y se le impuso una multa. En junio, en fase de apelación, se le conmutó la pena de prisión por una condena condicional de seis años y quedó en libertad. En la vista, Gulbahor Turaeva se declaró culpable de todos los cargos y renegó de su trabajo como defensora de los derechos humanos y del de otros activistas de derechos humanos.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias persistentes sobre la práctica generalizada de tortura y otros malos tratos infligidos por el personal encargado de hacer cumplir la ley a personas detenidas y presas. Tales informes no sólo provenían de hombres y mujeres sospechosos de pertenecer a grupos islámicos prohibidos o de haber cometido delitos terroristas, sino de todos los sectores de la sociedad civil, incluidos activistas de derechos humanos y periodistas, así como ex miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad que, en muchos casos, habían conseguido cierta notoriedad.

La ausencia de investigaciones adecuadas sobre tales denuncias por parte de las autoridades pertinentes seguía siendo motivo de gran preocupación. Muy pocos agentes encargados de hacer cumplir la ley fueron procesados y obligados a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos que habían cometido; sin embargo, miles de personas que estaban en prisión preventiva o cumpliendo penas de cárcel denunciaron invariablemente que las habían torturado o sometido a otros malos tratos bajo custodia para que confesaran un delito. En enero, el viceministro del Interior informó a Amnistía Internacional de que seis o siete agentes de policía habían sido declarados culpables de delitos relacionados con torturas en 2005 y 2006. Amnistía Internacional consideró positivo el procesamiento de personas responsables de tortura y otros malos tratos, si bien el número de sentencias condenatorias era alarmantemente bajo teniendo en cuenta que, según los cálculos, 6.000 personas continuaron detenidas a lo largo del año después de haber sido declaradas culpables de cargos de motivación política en juicios que, según los informes, fueron injustos. Muchos de estos presos fueron sometidos a tortura u otros malos tratos en detención. En noviembre, al examinar si Uzbekistán cumplía la Convención contra la Tortura, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes eran habituales en el país.

Devolución de presuntos terroristas

Las autoridades uzbekas continuaron persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de movimientos islámicos o partidos islamistas prohibidos, como Hizb ut Tahrir, desde países vecinos y desde la Federación Rusa y Ucrania. La mayoría de las personas devueltas a Uzbekistán eran recluidas en régimen de incomunicación, lo que aumentaba el peligro de que sufrieran tortura u otros malos tratos. Personas refugiadas que habían huido tras los sucesos de Andiyán y regresado voluntariamente a Uzbekistán denunciaron restricciones a su libertad de circulación. Según informes, algunos retornados fueron detenidos a su llegada al país y no resultó posible obtener información relativa a su paradero.

Las autoridades de la Federación Rusa hicieron caso omiso de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que pedía que suspendieran las expulsiones de solicitantes de asilo uzbekos hasta que hubiera examinado sus solicitudes. Además, funcionarios rusos confirmaron que agentes de las fuerzas de seguridad uzbekas habían realizado operaciones en territorio de la Federación Rusa.

  • En octubre de 2006, el ciudadano uzbeko Rustam Muminov fue extraditado de la Federación Rusa a Uzbekistán, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido a la Federación Rusa que adoptara medidas cautelares para impedir su expulsión. En marzo de 2007, grupos de derechos humanos tuvieron conocimiento de que Rustam Muminov había sido condenado a cinco años y medio de cárcel después de permanecer tres meses detenido en régimen de incomunicación tras su extradición.
  • En diciembre, organizaciones de derechos humanos rusas recibieron confirmación oficial de que agentes de las fuerzas de seguridad uzbekas habían aprehendido al solicitante de asilo Mukhammadsalikh Abutov en la Federación Rusa en julio. Según los informes recibidos, la orden de detención interestatal no se había cursado hasta después de su captura, y las autoridades uzbekas cambiaron la fecha del documento. Al final del año, Mukhammadsalikh Abutov continuaba detenido en la Federación Rusa.

Pena de muerte

La nueva ley aprobada en junio por el Senado introdujo enmiendas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal que sustituían la pena de muerte por cadena perpetua o largas penas de prisión. Su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2008, marcaría la abolición oficial de la pena de muerte en Uzbekistán. Las autoridades no declararon la suspensión de las ejecuciones y las condenas a muerte en espera de la abolición absoluta de la pena capital.

Algunas ONG locales aseguraron que había cientos de personas condenadas a muerte soportando unas condiciones de reclusión que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Según la ONG Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura en Uzbekistán, 20 de las 38 personas que como mínimo había en espera de ejecución en la prisión de Tashkent (de las cuales 6 habían sido condenadas a muerte en la primera mitad del año) estaban infectadas de tuberculosis y no recibían tratamiento médico adecuado. No hubo aclaraciones sobre cómo se iban a revisar los casos individuales a la luz de la abolición prevista, ni sobre los cambios que se estaban introduciendo en materia de detención.

  • A Iskandar Khudaiberganov, condenado a muerte y recluido en la prisión de Tashkent desde noviembre de 2002, le habían diagnosticado tuberculosis en 2004, pero no recibía tratamiento médico adecuado. Su familia logró suministrarle algunos medicamentos contra la tuberculosis, pero existía el temor de que pudiera verse afectado por una cepa de la enfermedad resistente a los fármacos.

Informes de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar