Uzbekistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Uzbekistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uzbekistán is now live »

Jefe del Estado
Islam Karimov
Jefe del gobierno
Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
27,5 millones
Esperanza de vida
67,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
63/53 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
96,9 por ciento

Las autoridades siguieron negándose a permitir una investigación internacional independiente sobre el homicidio masivo de manifestantes en la ciudad de Andiyán en 2005. Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas siguieron sufriendo persecución, y algunos fueron condenados a penas de prisión tras juicios injustos. Decenas de miembros de grupos religiosos islámicos minoritarios fueron condenados a largas penas de prisión tras juicios carentes de garantías. El espacio para ejercer la libertad de religión y creencias siguió reduciéndose. En varias oleadas de detenciones arbitrarias, las fuerzas de seguridad arrestaron a personas y miembros de sus familias sospechosos de pertenecer a partidos islamistas prohibidos y grupos armados acusados de realizar ataques en todo el país. Varios miles de personas condenadas por implicación con movimientos islámicos y partidos islamistas seguían encarceladas en condiciones muy duras que suponían una amenaza para la vida. Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos.

Escrutinio internacional

Cuatro años después del homicidio de cientos de manifestantes, en su mayoría pacíficos, a manos de las fuerzas de seguridad en Andiyán el 13 de mayo de 2005, las autoridades seguían negándose a emprender una investigación o a autorizar una investigación internacional independiente sobre los hechos. El gobierno no liberó a todos los defensores y defensoras de derechos humanos encarcelados ni cumplió otros criterios de derechos humanos establecidos por la Unión Europea en 2005, cuando impuso la prohibición de visado a 12 funcionarios y un embargo de armas tras los homicidios. El gobierno consideraba el asunto cerrado, como había informado ante la ONU en el marco del procedimiento del examen periódico universal de derechos humanos en diciembre de 2008, ocasión en la que sus representantes negaron una vez más que se hubiera hecho uso de fuerza excesiva o desproporcionada.

En octubre, la Unión Europea levantó incondicionalmente el embargo de armas a Uzbekistán, a pesar de que el gobierno no había cumplido los requisitos establecidos por esa organización en materia de derechos humanos.

Seguridad y medidas antiterroristas

Los informes de ataques en el valle de Ferghana y en la capital, Tashkent, en mayo y agosto y los homicidios de un imán progubernamental y de una autoridad policial en Tashkent en julio fueron seguidos de nuevas oleadas de detenciones arbitrarias. Las autoridades responsabilizaron de los ataques y homicidios al Movimiento Islámico de Uzbekistán, al Grupo Islámico Yihad y al partido islamista no registrado Hizb ut Tahrir, prohibido en Uzbekistán. El Grupo Islámico Yihad se declaró responsable de los ataques lanzados el 26 de mayo contra una comisaría, un puesto fronterizo y una oficina gubernamental de la ciudad de Khanabad, así como del ataque suicida con bomba a una comisaría de Andiyán ocurrido ese mismo día. El 29 de agosto, al menos tres personas murieron en un tiroteo entre hombres armados sin identificar y miembros de las fuerzas de seguridad en Tashkent. En septiembre fueron detenidos al menos 90 hombres durante una operación antiterrorista llevada a cabo en Dzhizzakh.

Entre las decenas de personas detenidas por sospecharse que eran miembros o simpatizantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán, el Grupo Islámico Yihad y el partido Hizb ut Tahrir había hombres y mujeres que acudían a mezquitas no registradas oficialmente, estudiaban con imanes independientes, habían trabajado o estudiado en el extranjero o tenían familiares que vivían en el extranjero o que se sospechaba que pertenecían a grupos islamistas prohibidos. Se creía que muchos de ellos habían permanecido recluidos sin cargos ni juicio durante periodos prolongados. Se recibieron informes de tortura y juicios carentes de garantías.

  • En septiembre, al comenzar el primer juicio de los presuntos autores de los ataques del 26 de mayo en Khanabad, varios activistas de derechos humanos informaron de que el juicio se celebraba a puerta cerrada, a pesar de que el fiscal general había asegurado reiteradamente que el proceso sería público e imparcial.
  • En octubre se detuvo al menos a 30 hombres en la ciudad de Sirdaria, bajo sospecha de haber participado en los homicidios de julio en Tashkent y de pertenecer a Hizb ut Tahrir. Familiares de algunos de los acusados afirmaron que los hombres no tenían ninguna relación con Hizb ut Tahrir o con grupos armados, sino que practicaban su fe en mezquitas no registradas oficialmente. En octubre, varios familiares afirmaron que a algunos de los acusados los habían sometido a tortura mientras se encontraban en espera de juicio, para obligarlos a “confesar” su participación en los homicidios de julio. Una madre declaró que su hijo tenía el rostro hinchado y el cuerpo cubierto de hematomas, y que le habían clavado agujas en las plantas de los pies y aplicado descargas eléctricas en el ano. También dijo que tenía dificultad para comer, permanecer de pie y caminar.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias persistentes sobre la práctica generalizada de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y presas, y en la mayoría de los casos las autoridades no llevaron a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las denuncias de tortura. Varios miles de personas condenadas por implicación con movimientos islámicos y partidos islamistas prohibidos en Uzbekistán seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante.

  • En enero, un tribunal de apelaciones de Tashkent confirmó las condenas de hasta 17 años de cárcel para cuatro agentes de policía declarados culpables de tortura en diciembre de 2008. Los agentes habían sido condenados por el homicidio de Muzaffar Tuichev, de 30 años, en la ciudad de Angren, en marzo de 2008. Los familiares de la víctima afirmaron que lo detuvieron para extorsionarlo, y que hasta 15 agentes de policía lo habían golpeado y torturado durante varias horas.
  • En noviembre se afirmó que el poeta y crítico con el régimen Yusuf Dzhuma, condenado a cinco años de prisión en abril de 2008 por atribuírsele resistirse a su detención y causar daños físicos, estaba muy delgado y enfermo y apenas podía caminar. Según los informes, lo habían recluido en celdas de castigo durante periodos de hasta 11 días, y en una ocasión lo esposaron, lo suspendieron del techo por las muñecas y lo golpearon reiteradamente. Yusuf Dzhuma dijo a su familia que durante una visita realizada al campo penitenciario de Yaslik por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo habían trasladado a una prisión de la ciudad de Nukus, donde lo habían privado de alimentos y bebida, no le habían dejado acceder a un retrete y lo habían recluido desnudo en un ambiente helado.
  • En noviembre, la organización de derechos humanos independiente Ezgulik denunció que dos hermanas detenidas en Tashkent en mayo acusadas de robo y vandalismo estaban siendo violadas reiteradamente bajo custodia por agentes de policía. Su familia afirmó que los cargos eran falsos. Posteriormente se las condenó a seis y siete años de prisión. Según los informes, una de las hermanas se había quedado embarazada a consecuencia de las violaciones y había intentado quitarse la vida. En diciembre, la Oficina del Fiscal General aceptó abrir una investigación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Periodistas independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de acoso, palizas y detenciones, aunque las autoridades lo negaron reiteradamente.

Aunque algunos defensores y defensoras de los derechos humanos habían quedado en libertad condicional en 2008 y 2009, otros permanecían en prisión tras haber sido condenados en años anteriores.

Al menos 10 defensores y defensoras de los derechos humanos seguían recluidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, cumpliendo largas penas de prisión impuestas tras juicios carentes de garantías. Tenían un acceso limitado a sus familiares y a representación letrada y, según los informes, eran sometidos a tortura y otros malos tratos.

Durante el año, al menos tres defensores de los derechos humanos fueron condenados a largas penas de prisión. Al parecer habían sido acusados de cargos presuntamente falsos en castigo por su labor, en especial por defender los derechos de los campesinos.

  • La salud de Norboi Kholzhigitov, de 60 años, miembro de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán que cumplía una pena de 10 años de prisión impuesta en 2005 por fraude y difamación, se deterioró de tal manera que sus familiares temían por su vida. Según los informes, los cargos de los que se lo acusó habían sido falsificados para castigarlo por sus actividades de derechos humanos en favor de los campesinos. Durante su reclusión no recibió asistencia médica adecuada para la diabetes y la hipertensión que padecía, pero en diciembre lo trasladaron a un hospital penitenciario.
  • En julio, Dilmurod Saidov, periodista y defensor de los derechos humanos, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por fraude y soborno tras un juicio carente de garantías. Se creía que lo habían encarcelado por defender los derechos de los campesinos de la región de Samarcanda y sacar a la luz la corrupción de las autoridades locales. Al parecer, en prisión estuvo gravemente enfermo de tuberculosis. Durante el juicio todos los testigos de cargo retiraron sus acusaciones, afirmando que funcionarios de la Fiscalía los habían obligado a hacer declaraciones falsas. En octubre un tribunal de apelación confirmó la condena.
  • En octubre, Farkhad Mukhtarov, miembro de larga data de la Alianza por los Derechos Humanos de Uzbekistán, fue condenado tras un juicio al parecer carente de garantías a cinco años de cárcel por soborno y fraude en relación con unas transacciones de bienes raíces. Se creía que los cargos obedecían a motivos políticos y que con ellos se pretendía castigar a Farkhad Mukhtarov por sus actividades de derechos humanos. Un tribunal de apelación confirmó la condena.

Periodistas y activistas de derechos humanos recibieron citaciones de la policía para ser interrogados, fueron puestos bajo arresto domiciliario o vigilados día y noche por agentes uniformados o vestidos de civil. Otros denunciaron palizas a manos de la policía o de personas que presuntamente trabajaban para los servicios de seguridad. Familiares de las víctimas dijeron haber sido amenazados y hostigados.

  • En abril, Elena Urlaeva, destacada integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, fue atacada por dos hombres no identificados cuando salía de su domicilio con su hijo de cinco años a primera hora de la mañana. Dijo que la amenazaron con un cuchillo, le pegaron y le preguntaron por qué seguía en el país. La misma semana un joven no identificado golpeó a su hijo cuando se encontraba en un área recreativa, provocándole conmoción cerebral y hematomas. Elena Urlaeva formaba parte de un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos a los que la policía impidió conmemorar públicamente el cuarto aniversario de los homicidios de Andiyán la mañana del 13 de mayo, deteniéndolos cuando salían de sus domicilios. Siete personas permanecieron detenidas en distintas comisarías de policía durante más de siete horas y a otras se las sometió a arresto domiciliario.
  • Bakhtior Khamroev y Mamir Azimov, miembros de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán, fueron detenidos brevemente en Dzhizzakh en noviembre para impedir que se reunieran con Bakhodir Choriev, exiliado retornado hacía poco tiempo a Uzbekistán y líder del movimiento político de oposición no registrado Birdamlik. Según los informes, un agente de policía vestido de civil propinó un puñetazo en el rostro a Bakhtior Khamroev y lo sacó a la fuerza del automóvil donde se encontraba en compañía de Bakhodir Choriev, que también fue agredido cuando salió del vehículo. El mismo día, Mamir Azimov fue conducido a una comisaría de distrito para ser interrogado sobre la reunión prevista. Mamir Azimov dijo que agentes de policía le habían propinado puñetazos en los riñones y golpes en la cabeza, lo habían obligado a permanecer de pie con las piernas separadas sujetando una silla por encima de la cabeza durante más de una hora y lo habían amenazado con romperle las piernas y los brazos si acudía a un médico o denunciaba los malos tratos una vez en libertad. Bakhodir Choriev fue obligado a abandonar el país en diciembre.
  • En diciembre, una mujer no identificada agredió en la ciudad de Karshi a una investigadora de la ONG internacional Human Rights Watch. Después la investigadora fue detenida por la policía y expulsada de Uzbekistán. Al menos tres activistas de derechos humanos con los que pretendía reunirse en Karshi y Margilan permanecieron detenidos durante breves periodos.

Libertad de religión

Las comunidades religiosas siguieron estando bajo el control estricto del gobierno, que restringió su derecho a la libertad de religión. Los más afectados eran miembros de grupos no registrados, como las congregaciones de cristianos evangélicos y los musulmanes que se reunían a rezar en mezquitas no registradas oficialmente.

  • Varios presuntos seguidores del teólogo turco musulmán Said Nursi fueron condenados en una serie de juicios. Entre los delitos que se les imputaron se encontraban los de creación de una organización religiosa extremista ilegal o pertenencia a ella y publicación o distribución de materiales que suponían una amenaza para el orden social. Según expertos independientes, Said Nursi representaba una interpretación moderada y no violenta del islam. En octubre, al menos 68 hombres habían recibido penas de entre 6 y 12 años de prisión tras siete juicios carentes de garantías. Se rechazaron los recursos de apelación contra las condenas.

Según los informes, al finalizar el año había más juicios pendientes, aunque no estaba claro cuántas personas más habían sido detenidas. Al parecer, algunas de las sentencias se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura durante la detención previa al juicio; en el juicio no declararon testigos de la defensa ni peritos; en algunos casos se obstruyó el acceso a los lugares donde se celebraba el juicio y en otros las vistas se celebraron a puerta cerrada. Antes del comienzo de los juicios, en la televisión nacional se calificó a los acusados de “extremistas” y de ser “una amenaza para la estabilidad del país”, lo que puso en peligro su derecho a ser considerados inocentes antes del juicio.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar