Uzbekistán
Jefe del Estado
Islam Karimov
Jefe del gobierno
Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
27,8 millones
Esperanza de vida
68,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
63/53 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,3 por ciento

Continuó recibiéndose información sobre numerosos casos de tortura y otros malos tratos. Se impusieron largas penas de prisión a decenas de miembros de minorías religiosas y grupos islámicos en juicios sin garantías. Se siguió encarcelando a defensores y defensoras de los derechos humanos tras juicios injustos. Las autoridades se negaron rotundamente a atender las peticiones internacionales en favor de una investigación internacional independiente sobre los homicidios masivos de manifestantes cometidos en 2005.

Tortura y otros malos tratos

Pese a que las autoridades aseguraban que la práctica de la tortura se había reducido de manera significativa, continuó recibiéndose información sobre numerosos casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y presas. En la mayoría de los casos, las autoridades no llevaron a cabo con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estas denuncias.

Varios miles de personas condenadas por vinculación a movimientos islámicos o partidos islamistas prohibidos en Uzbekistán, así como opositores políticos y detractores del gobierno, seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante.

El relator especial de la ONU sobre la tortura volvió a solicitar permiso para visitar el país, pero Uzbekistán se lo denegó otra vez.

  • En junio, las autoridades pusieron en libertad por razones humanitarias al político de la oposición Sanzhar Umarov y le permitieron reunirse con su familia en Estados Unidos. En 2006, Sanzhar Umarov había sido condenado tras un juicio sin garantías a ocho años de prisión por fraude y malversación de fondos, cargos que, según aseguraban sus partidarios, obedecían a motivos políticos. En septiembre, el político contó en The New York Times que había estado recluido en régimen de aislamiento en reducidas celdas de castigo de hormigón, sin apenas luz natural y sin calefacción, y denunció que los guardias de la prisión y otros presos lo habían golpeado y que las autoridades no le habían permitido recibir tratamiento médico.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el 10 de junio, en la causa Garayev v. Azerbaijan, que la extradición de Shaig Garayev de Azerbaiyán a Uzbekistán constituiría una violación de la prohibición de la tortura contemplada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y manifestó que todo presunto delincuente bajo custodia en Uzbekistán corría gran riesgo de ser sometido a tortura o trato inhumano o degradante.
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Seguridad y medidas antiterroristas

En enero dieron comienzo los juicios a puerta cerrada de casi 70 personas acusadas en relación con unos ataques perpetrados en el valle de Ferganá y en la capital, Tashkent, en mayo y agosto de 2009 y con los homicidios de un imán progubernamental y de un alto mando policial en Tashkent en julio de ese mismo año. Las autoridades responsabilizaban de los ataques y los homicidios al Movimiento Islámico de Uzbekistán, el Grupo Islámico Yihad y el partido islamista Hizb ut Tahrir, prohibidos todos ellos en Uzbekistán. Muchas de las decenas de personas detenidas como presuntos miembros o simpatizantes de estos grupos en 2009 eran simplemente personas que acudían a mezquitas no registradas oficialmente, estudiaban con imanes independientes, habían viajado a otros países o eran sospechosas de afiliación a organizaciones islámicas prohibidas. Se creía que muchas de ellas habían estado recluidas sin cargos ni juicio durante periodos prolongados. Se tuvo noticia de casos de tortura y juicios sin las debidas garantías.

  • En abril, un tribunal de Yizaj condenó a 25 hombres a entre 2 y 10 años de prisión en relación con los ataques perpetrados en 2009, tras declararlos culpables de intentar subvertir el orden constitucional y de extremismo religioso. Al menos 12 de ellos habían denunciado ante el tribunal que sus confesiones se habían obtenido mediante tortura. El juez había ordenado abrir una investigación sobre estas denuncias, para posteriormente manifestar que eran infundadas. Observadores independientes informaron de que estos hombres reconocían haberse reunido para rezar y haber practicado deporte juntos, pero negaban haber formado parte de un grupo que pretendía subvertir el orden constitucional.
  • En abril, el Tribunal Penal Regional de Kashkadaria condenó a Zulkhumor Khamdamova; a su hermana, Mekhriniso Khamdamova, y una familiar suya, Shakhlo Pakhmatova, a entre seis y medio y siete años de prisión por tratar de subvertir el orden constitucional y constituir una amenaza para el orden público. Las tres formaban parte de un grupo de más de 30 mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones antiterroristas llevadas a cabo en la ciudad de Karshi en noviembre de 2009. Se creía que asistían a clases de religión impartidas por Zulkhumor Khamdamova en una de las mezquitas locales. Las autoridades habían acusado a Zulkhumor Khamdamova de organizar un grupo religioso ilegal, lo que sus seguidoras negaban. Defensores de los derechos humanos denunciaron que las mujeres habían sido sometidas a malos tratos bajo custodia: presuntamente, los agentes de policía las habían desnudado y habían amenazado con violarlas.
  • Dilorom Abdukadirova, refugiada uzbeka que había huido del país tras los violentos sucesos de Andiyán de 2005, permaneció detenida durante cuatro días a su regreso a Uzbekistán en enero, después de que las autoridades le hubieran asegurado que no presentarían cargos en su contra. En marzo fue detenida nuevamente y permaneció bajo custodia policial durante dos semanas sin acceso a un abogado ni a su familia. El 30 de abril fue declarada culpable de actividades anticonstitucionales en relación con su participación en las manifestaciones celebradas en Andiyán, así como de salir del país y volver a entrar ilegalmente. Fue condenada a 10 años y 2 meses de prisión tras un juicio sin las debidas garantías. Miembros de su familia explicaron que cuando compareció ante el tribunal para ser juzgada tenía un aspecto demacrado y presentaba contusiones en la cara.
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Libertad de expresión: defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes eran víctimas de acoso, palizas, detención y juicios injustos. Algunos activistas de derechos humanos y periodistas fueron citados por la policía para ser interrogados, puestos bajo arresto domiciliario y sometidos a constante vigilancia por agentes uniformados o vestidos de civil. Otros denunciaron haber recibido palizas a manos de agentes de policía o de personas que trabajaban presuntamente para las fuerzas de seguridad.

  • En enero de 2010, Umida Ahmedova, destacada fotógrafa y directora de documentales uzbeka, fue condenada a tres años de prisión por insultar la dignidad de la ciudadanía uzbeka y dañar la imagen del país a causa de unos proyectos fotográficos y en vídeo en los que documentaba la pobreza y la desigualdad de género en Uzbekistán. Sin embargo, el presidente del tribunal le concedió un indulto, por lo que la pusieron en libertad en la misma sala del juicio. Ella insistió en recurrir contra la condena, pero en mayo el recurso fue desestimado.
  • En octubre, los tribunales de Tashkent declararon culpables del cargo de difamación a dos periodistas independientes que trabajaban para medios de comunicación extranjeros y los condenaron a pagar importantes multas. Vladimir Berezovski, corresponsal del diario ruso Parlamentskaia Gazeta, había sido acusado de publicar en el sitio web independiente Vesti.uz 16 artículos que contenían información difamatoria dirigida a engañar a la población de Uzbekistán y que podían haber desatado el pánico. Los artículos, que se centraban en el Movimiento Islámico de Uzbekistán y en la migración por motivos laborales, no los había escrito Vladimir Berezovski, sino que se habían obtenido de agencias de noticias rusas. Abdumalik Boboev, corresponsal de la emisora de radio Voice of America, financiada por el Congreso estadounidense, fue condenado a pagar una cuantiosa multa. El tribunal determinó que sus trabajos para prensa y radio ofendían al poder judicial y las fuerzas de seguridad. En sus artículos y reportajes trataba temas como las restricciones a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías de periodistas y defensores de los derechos humanos. Se desestimaron los recursos de apelación interpuestos por ambos periodistas contra sus condenas.
  • En diciembre, las autoridades pusieron en libertad condicional al defensor de los derechos humanos Fakhad Mukhtarov después de que cumpliera 11 meses de una condena de 5 años que le había sido impuesta por cargos de soborno y fraude. Al menos otros 11 defensores de los derechos humanos continuaban encarcelados. Se habían formulado nuevos cargos contra algunos de ellos por infringir presuntamente las normas de la prisión y se les habían aumentado las condenas varios años en juicios injustos celebrados en secreto. Al menos a tres defensores más les impusieron largas penas de prisión en 2010 por cargos presuntamente falsos formulados en su contra como castigo por su labor.
  • En enero, el defensor de los derechos humanos Gaibullo Dzhalilov fue condenado a nueve años de prisión por tratar de subvertir el orden constitucional y pertenecer a una organización religiosa prohibida. Gaibullo Dzhalilov, miembro de la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán, no registrada oficialmente, había estado vigilando unas detenciones y juicios de miembros o presuntos miembros de organizaciones islámicas prohibidas en Uzbekistán y había denunciado casos de tortura u otros malos tratos. Afirmaba que lo habían coaccionado para que confesara pertenecer a Hizb ut Tahrir. Su condena fue confirmada en apelación en marzo. En agosto se formularon nuevos cargos contra él basados, según la acusación, en nuevos testimonios de testigos presenciales que lo habían visto en reuniones religiosas durante las cuales se habían mostrado DVD de contenido religioso extremista. Fue condenado a cuatro años más de prisión en una vista ante el Tribunal Penal Regional de Kashkadaria que se celebró a puerta cerrada y en la que no se llamó a declarar a ningún testigo de cargo.
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Libertad de religión

El gobierno continuó ejerciendo un estricto control sobre las comunidades religiosas, poniendo en riesgo el disfrute de su derecho a la libertad de religión. Los más afectados eran los miembros de grupos no registrados oficialmente, como las congregaciones de cristianos evangélicos y los musulmanes que acudían a mezquitas fuera del control del Estado.

  • Se condenó a presuntos seguidores del teólogo musulmán turco Said Nursi en una serie de juicios que habían dado comienzo en 2009 y continuaron en 2010. Entre los delitos que se les habían imputado se encontraban los de creación de una organización religiosa extremista ilegal o pertenencia a ella y publicación o distribución de materiales que suponían una amenaza para el orden social. Al finalizar diciembre de 2010, al menos 114 hombres habían sido condenados a entre 6 y 12 años de prisión en juicios sin garantías. Según los informes, algunas de las sentencias se habían basado en confesiones obtenidas mediante tortura durante la prisión preventiva de los acusados; no se llamó a declarar a testigos de descargo ni a peritos, y en algunos casos se obstruyó el acceso a la sala o se celebró el juicio a puerta cerrada.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades acogieron de forma provisional a decenas de miles de refugiados de etnia uzbeka que huían de la violencia desatada en el sur del vecino Kirguistán en junio. Las autoridades permitieron a los equipos de emergencia del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, el acceso a Uzbekistán y a los campos de refugiados por primera vez desde que se conminara a la agencia a abandonar el país en 2006. Las fuerzas de seguridad controlaron férreamente el movimiento de los refugiados, incluso de los heridos y los hospitalizados, así como su contacto con el mundo exterior. A finales de junio, todos los refugiados, salvo un par de miles, volvieron a Kirguistán entre temores de que su regreso no fuera realmente voluntario, sino el resultado de presiones de las autoridades locales kirguises y uzbekas.

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Escrutinio internacional

Cinco años después del homicidio de cientos de manifestantes, en su mayoría pacíficos, a manos de las fuerzas de seguridad en Andiyán el 13 de mayo de 2005, el gobierno seguía desoyendo todas las peticiones de una investigación internacional independiente. Se señaló que el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea probaba que el caso estaba ya cerrado.

En marzo, durante la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se examinaba la aplicación por Uzbekistán del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la delegación uzbeka negó que se detuviera y persiguiera al colectivo de defensores de los derechos humanos. La delegación insistió en que los “enemigos” de Uzbekistán estaban librando una “guerra de información” contra el país y en que se pagaba a las ONG internacionales para difundir calumnias e información manipulada.

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Los derechos humanos región a región

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