Uzbekistán
Jefe del Estado
Islam Karimov
Jefe del gobierno
Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
27,8 millones
Esperanza de vida
68,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
36,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,3 por ciento

Dos defensores de los derechos humanos fueron excarcelados por motivos humanitarios antes de cumplir íntegra la condena, pero otras personas consideradas presos de conciencia continuaron cumpliendo largas penas de cárcel en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Pese a la aprobación de nueva legislación para mejorar el trato a las personas detenidas, continuaron recibiéndose decenas de denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos en centros de detención y prisiones. Se impusieron más restricciones aún a la libertad de expresión y de asociación.

Libertad de expresión: defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Las autoridades continuaron imponiendo restricciones a la libertad de expresión y de asociación.

En abril se comunicó a los periodistas que ya no tenían permiso para reunirse con diplomáticos y representantes de organizaciones extranjeras ni para asistir a seminarios y conferencias de prensa sin previa autorización por escrito de las autoridades. Un tribunal de Tashkent condenó en julio al secretario de prensa de la embajada británica, el ciudadano uzbeko Leonid Kudryavtsev, al pago de una elevada multa por “contravenir las leyes sobre organizaciones convocantes de reuniones, protestas callejeras y manifestaciones”. El fiscal lo había acusado de promover el extremismo en seminarios de formación para activistas independientes de derechos humanos en instalaciones de la embajada británica. En agosto, un tribunal de apelación desestimó el recurso de Leonid Kudryavtsev contra la sentencia.

Como en años anteriores, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes eran víctimas de acoso, palizas, detención y juicios injustos. Eran citados por la policía para ser interrogados, puestos bajo arresto domiciliario y sometidos a vigilancia constante por agentes uniformados o vestidos de civil. Algunos denunciaron palizas a manos de agentes de policía o de personas que presuntamente trabajaban para las fuerzas de seguridad.

Las autoridades pusieron en libertad a dos defensores de los derechos humanos antes de que hubieran cumplido íntegra la condena, pero al menos otros 10 continuaron cumpliendo largas penas de cárcel en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Muchos detenidos padecían enfermedades graves y no tenían acceso al tratamiento médico necesario, y algunos seguían sufriendo tortura como castigo por presentar denuncias sobre el trato recibido por ellos o sus compañeros.

  • Norboi Kholzhigitov, de 61 años, defensor de los derechos humanos y preso de conciencia, fue excarcelado antes de tiempo por razones humanitarias el 14 de octubre, pocos días antes de la visita oficial de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. Su estado de salud había empeorado considerablemente en los meses previos y su familia temía que muriera en prisión. Khabibulla Akpulatov, compañero de Norboi Kholzhigitov y acusado junto con él, permaneció en prisión. Tras una visita que le hizo en noviembre, su hijo Yuldosh informó de que su salud y su ánimo eran peores que cuando lo había visto la vez anterior, en julio. Pesaba menos de 50 kilos, había perdido la sensibilidad en ambas piernas y tenía dificultades para moverse. Aunque sólo le quedaban seis dientes, le negaban tratamiento dental. Parecía muy angustiado y reacio a hablar del trato que recibía.

En junio, las autoridades cerraron la oficina de Human Rights Watch, última organización internacional de derechos humanos que quedaba en el país. El Tribunal Supremo accedió a la petición del Ministerio de Justicia de cerrar la oficina por su presunto incumplimiento reiterado de la normativa, lo que obligó a Human Rights Watch a suspender su actividad en el país.

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Tortura y otros malos tratos

Aunque las autoridades aseguraban que la práctica de la tortura se había reducido de manera significativa y que se había aprobado legislación dirigida a mejorar el trato a los detenidos, continuó recibiéndose información durante todo el año sobre presunta tortura y otros malos tratos a detenidos y presos. En la mayoría de los casos, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre estas denuncias.

El presidente aprobó en septiembre una ley sobre el trato a las personas detenidas y en prisión preventiva. La nueva legislación les permitía, entre otras cosas, recibir un número ilimitado de visitas de duración indefinida de sus familiares y abogados sin necesidad de solicitar previamente la autorización de los agentes de seguridad encargados de la investigación. Sin embargo, al final del año apenas había indicios de que la ley se estuviera aplicando de manera coherente y efectiva.

A pesar de que hubo algunas excarcelaciones a las que se dio gran publicidad, varios miles de personas condenadas por vinculación a movimientos islámicos o partidos islamistas prohibidos, así como personas críticas con el gobierno, opositores políticos y activistas de derechos humanos, continuaron cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. A muchas se les aumentó la pena por presunta infracción de las normas de conducta de la prisión tras juicios sumarios celebrados a puerta cerrada en los centros de detención.

  • Yusuf Juma, poeta crítico con el gobierno, fue liberado inesperadamente de la prisión de Yaslik el 19 de mayo tras haber cumplido tres de los cinco años de cárcel a que había sido condenado por oponer resistencia a la detención y causar lesiones a varios agentes de policía, cargos que él afirmaba que tenían motivación política. Lo condujeron en secreto al aeropuerto de Tashkent y lo embarcaron en un avión con destino a Estados Unidos. Yusuf Juma afirmó que lo habían obligado a renunciar a su nacionalidad uzbeka a cambio de reunirse con su familia, a la que habían concedido asilo político en Estados Unidos. En una entrevista con Radio Ozodlyk, servicio en uzbeko de Radio Free Europe/Radio Liberty, sostuvo que había sufrido tortura y otros malos tratos en prisión y que lo habían sometido periódicamente a 15 días de aislamiento en una celda de castigo. Según contó, el personal de la prisión y los agentes encargados de hacer cumplir la ley practicaban por sistema torturas para obtener confesiones de los detenidos o castigar a los presos.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades continuaron solicitando la extradición de miembros o presuntos miembros de movimientos islámicos y de grupos y partidos islamistas prohibidos en Uzbekistán en nombre de la seguridad nacional y regional y de la lucha contra el terrorismo. Las personas que eran objeto de devolución a Uzbekistán corrían grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, así como largas penas de cárcel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes tras juicios injustos.

Se supo que al menos 12 de 28 uzbekos extraditados en junio de Kazajistán (véase el apartado sobre Kazajistán) habían sido procesados por cargos de extremismo religioso y presunta pertenencia a la organización islamista Jihadchilar (Yihadistas). Todos habían sido recluidos en régimen de incomunicación tras su extradición. Los observadores de derechos humanos pensaban que estos hombres estaban en la prisión de Tashkent y corrían grave riesgo de tortura. También informaron de que las fuerzas de seguridad intimidaban a sus familiares y les impedían conocer su paradero.

Tres de los hombres extraditados fueron condenados a prisión en dos juicios distintos celebrados en agosto y septiembre. El 21 de agosto, el tribunal regional de Sirdaria impuso 15 y 5 años de cárcel a Akhmad Boltaev y Faizullakhon Akbarov, respectivamente, que en la vista de apelación se redujeron a 13 y 4 años. Fueron declarados culpables de pertenecer a Jihadchilar, distribuir materiales que amenazaban el orden público y planear la destrucción del orden constitucional de Uzbekistán. Ambos habían estado dos meses recluidos en régimen de incomunicación y no habían podido reunirse con sus familiares hasta después del juicio. No habían sido autorizados a contratar los servicios de un abogado de su elección, y su acceso a los letrados de oficio había sido limitado. El 13 de septiembre, el tribunal penal de distrito de Kibraisk condenó a Kobidzhon Kurbanov a cuatro años de cárcel por organizar reuniones religiosas ilegales.

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Escrutinio internacional

La comunidad internacional, en concreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, tomó medidas para incrementar la cooperación económica y en materia de seguridad con Uzbekistán, a pesar de las continuas y manifiestas violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

El presidente Karimov visitó Bruselas el 24 de enero, en medio de sonadas protestas de las organizaciones de derechos humanos, para hablar de cooperación económica y de seguridad con la UE y la OTAN. Era su primera visita oficial a Bruselas desde las masacres de Andiyán de mayo de 2005 y la consiguiente imposición de sanciones por parte de la UE. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, rehusó por “razones ideológicas” reunirse con el presidente Karimov. José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, emitió un comunicado de prensa en el que subrayaba que había planteado asuntos de derechos humanos al presidente Karimov en la reunión celebrada entre ambos. No obstante, la UE continuó sin tomar medidas para exigir responsabilidades a Uzbekistán en relación con sus compromisos en materia de derechos humanos.

Después de que el presidente contrajera en septiembre nuevos compromisos en materia de reforma económica, política y democrática, el Congreso de Estados Unidos levantó las restricciones impuestas durante siete años a la ayuda militar a Uzbekistán por razones de derechos humanos, para facilitar la cooperación en el tránsito de suministros para las tropas estadounidenses y de la OTAN en el vecino Afganistán.

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