Uzbekistán
Jefe del Estado
Islam Karimov
Jefe del gobierno
Shavkat Mirzioiev

La libertad de expresión estaba restringida: periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de acoso, palizas, detención y procesamiento. Dos defensores de los derechos humanos encarcelados quedaron en libertad por razones humanitarias, pero como mínimo otros 10 continuaron en prisión, algunos soportando condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Persistían los motivos de preocupación por el frecuente uso de la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones, especialmente contra personas presuntamente vinculadas a grupos religiosos prohibidos.

Libertad de expresión

Las autoridades siguieron presionando y hostigando a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas. Agentes de seguridad uniformados y vestidos de civil los sometían a vigilancia sistemática o a arresto domiciliario, los citaban para interrogarlos o les impedían participar en manifestaciones pacíficas y reunirse con diplomáticos extranjeros. Varios defensores y periodistas denunciaron que agentes encargados de hacer cumplir la ley o personas sospechosas de trabajar para los servicios de seguridad los habían golpeado para impedirles dar publicidad a las violaciones de derechos humanos o criticar a las autoridades.

  • En abril y julio, los defensores de los derechos humanos Alisher Karamatov y Khabibulla Akpulatov, ambos presos de conciencia, quedaron en libertad tras haber cumplido las penas de casi 6 y 7 años de cárcel, respectivamente, impuestas por los cargos de “difamación” y “extorsión” en juicios injustos celebrados en 2005 y 2006.
  • Gulshan Karaeva, directora de la sección de la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán en Kashkadaria, sufrió en mayo el ataque de dos mujeres en un comercio de la localidad de Karshi y una acción vandálica con pintadas en su vivienda después de hacer pública su negativa a la propuesta de actuar de informante para el Servicio de Seguridad Nacional. El 27 de septiembre fue detenida en la comisaría de policía local, donde le dijeron que se enfrentaba a cargos de “difamación” e “injurias” tras acusarla las dos mujeres que la habían atacado en mayo. Los cargos comportaban hasta cuatro años de prisión. No obstante, el 13 de diciembre el presidente le concedió el indulto y se paralizaron las actuaciones penales. Familiares y compañeros de Gulshan Karaeva también fueron objeto de hostigamiento, insultos y agresiones físicas. En julio, su hermano y su cuñada fueron agredidos por dos vecinas que también golpearon a la hija de ambos, de nueve años. Las vecinas decían que la pareja tenía relación con “enemigos del pueblo” (refiriéndose a Gulshan Karaeva y su hermano mayor, Tulkin Karaev, refugiado político en Suecia). En agosto, el hermano y la cuñada de Gulshan Karaeva recibieron orden de presentarse en su comisaría de policía local, donde los amenazaron con presentar cargos en su contra relacionados con la agresión.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos de detenidos y presos a manos de las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario seguían siendo habituales. Durante el año se registraron decenas de casos de tortura y otros malos tratos, especialmente de hombres y mujeres sospechosos o declarados culpables de pertenecer a movimientos islámicos y a grupos y partidos islamistas, o a otros grupos religiosos prohibidos en Uzbekistán. Como en años anteriores, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones prontas, exhaustivas ni imparciales sobre estos casos ni sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General.

  • En febrero, 12 empresarios turcos fueron liberados de prisión en virtud de un indulto presidencial concedido en diciembre de 2011 y expulsados a Turquía. Habían sido condenados ese mismo año junto a otros 42 empresarios turcos a penas de entre dos y tres años de cárcel por diversos delitos económicos, entre ellos el de evasión de impuestos. En un documental emitido en la televisión estatal aparecía la presunta confesión de varios de los empresarios. También se afirmaba que tenían vínculos con “Nurchilar”, movimiento islámico prohibido. Uno de ellos, Vahit Güneş, ex director general del centro comercial Turkuaz, en Tashkent, emprendió acciones judiciales contra las autoridades uzbekas a su regreso a Turquía. Alegaba que él y otros habían sido torturados bajo la custodia del Servicio de Seguridad Nacional para que firmaran confesiones falsas, y que no habían podido elegir sus abogados. También denunciaba que se había torturado a otros detenidos en reclusión preventiva, y que algunos habían muerto por esa causa. Vahit Güneş recibió tratamiento médico por las lesiones a su regreso a Turquía. Afirmó que otro empresario, Hairetdin Öner, seguía ingresado en un hospital y sometido a tratamiento por traumas físicos y psicológicos dos meses después de quedar en libertad.
  • En agosto, Gulchehra Abdullaeva, testigo de Jehová, afirmó que había sido torturada en una comisaría de policía de la localidad de Hazorasp, con el propósito de obligarla a confesar la introducción clandestina de publicaciones religiosas prohibidas en Uzbekistán, acusación que ella negaba. Unos agentes de policía la detuvieron arbitrariamente en julio cuando volvía de un viaje a Kazajistán. Según su relato, la obligaron a permanecer de pie durante horas sin ofrecerle alimentos ni agua, y también le pusieron una máscara de gas en la cabeza y le cortaron el suministro de aire para asfixiarla. Después de obligarla a firmar una declaración en la que admitía haber participado en actividades religiosas prohibidas, la pusieron en libertad. El 28 de julio, el tribunal del distrito de Hazorasp la declaró culpable de “inculcar creencias religiosas en privado” y le impuso una multa. Gulchehra Abdullaeva recurrió contra su condena y presentó denuncias formalmente ante las autoridades, pero éstas rehusaron responder y dar curso a sus denuncias.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades continuaron solicitando la extradición de presuntos miembros de movimientos islámicos y grupos y partidos islamistas prohibidos en Uzbekistán en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. También solicitaron la extradición de opositores políticos, personas que habían criticado al gobierno y gente adinerada que había caído en desgracia ante el régimen. Muchas de estas solicitudes de extradición se basaban en pruebas falsas o poco fiables. A fin de garantizar la devolución de estas personas, el gobierno ofrecía garantías diplomáticas a los Estados que las acogían, prometiendo el libre acceso de diplomáticos y observadores independientes a los centros de detención. En la práctica no respetaba esas garantías. Las personas devueltas a Uzbekistán sufrían detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos, así como largas penas de cárcel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes tras juicios injustos. También se acusó a las autoridades de intentar asesinar a opositores políticos que vivían en el extranjero.

  • El 22 de febrero, un hombre armado sin identificar disparó en la cabeza al imán Obidkhon Nazarov, refugiado en Suecia desde 2006, en el exterior de su casa. El imán, que al final del año seguía en estado de coma, era un conocido disidente que había criticado públicamente a las autoridades uzbekas con frecuencia por reprimir a los grupos musulmanes independientes. Había huido de Uzbekistán en 2000, pero en 2005 fue acusado de estar entre los organizadores de las protestas de Andiyán y la violencia posterior. Desde entonces, las autoridades habían intentado conseguir su extradición y lo habían denunciado como amenaza para la seguridad de Uzbekistán. En el juicio celebrado a raíz del intento de asesinarlo, el juez señaló que seguramente había sido atacado por un grupo de fuera de Suecia debido a sus ideas políticas. La Fiscalía del Estado acusó a las autoridades de Uzbekistán de haber organizado el intento de asesinato. El abogado que representaba a la familia de Obidkhon Nazarov y muchos de sus simpatizantes culpaban a los servicios de seguridad uzbekos.
  • Ruslan Suleymanov fue extraditado a Uzbekistán desde Ucrania el 20 de septiembre. Se había trasladado a ese país en noviembre de 2010 por miedo a que lo sometieran a un juicio injusto y a torturas y otros malos tratos. Había sido gerente de una empresa privada de construcción de Uzbekistán que empresas rivales habían intentado absorber en 2008. La empresa fue asaltada por servicios de seguridad al negarse a entregar las acciones y varios de sus gerentes fueron investigados por delitos económicos, entre ellos Ruslan Suleymanov. Uzbekistán solicitó su extradición y Suleymanov fue detenido en Ucrania en febrero de 2011. Aunque el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, le había reconocido en mayo la condición de refugiado en virtud de su mandato y estaba intentando reasentarlo, Ruslan Suleymanov fue extraditado desde Ucrania el 20 de septiembre y, en noviembre, su familia informó de que estaba en prisión preventiva en Tashkent.
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