Escrutinio internacional

La Santa Sede presentó en mayo sus informes iniciales sobre los protocolos facultativos de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, aunque, al terminar el año, el Comité de los Derechos del Niño aún no los había examinado.

En cambio, siguió sin presentar su segundo informe periódico relativo a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que debía haber entregado en 1997, y el informe inicial sobre la Convención de la ONU contra la Tortura, pendiente desde 2003.

Derechos de la infancia: respuesta a los abusos infantiles

Continuaron surgiendo en diversos países testimonios cada vez más numerosos de abusos sexuales generalizados, cometidos contra menores de edad por miembros del clero católico en los últimos decenios, así como pruebas de que la Iglesia católica no había tratado correctamente estos delitos durante mucho tiempo. Entre otras cosas, la Iglesia no había apartado de sus puestos a los presuntos autores de los abusos mientras se llevaba a cabo la debida investigación ni había cooperado con las autoridades judiciales para procesarlos, y tampoco había garantizado una reparación adecuada a las víctimas.

Durante sus visitas a varios países en los que se habían denunciado tales abusos, como Irlanda, Malta y Reino Unido, el papa reconoció que se habían cometido y pidió disculpas por ello. Afirmó que debían imponerse “penas justas” para impedir que sus autores tuvieran acceso a jóvenes y recalcó que, para evitar los abusos, debía mejorarse la formación y la selección de los candidatos al sacerdocio.

En marzo, en una carta dirigida a la comunidad católica irlandesa, el papa reconoció que había existido “una preocupación fuera de lugar por el buen nombre de la Iglesia y por evitar escándalos” cuyo resultado había sido “la falta de aplicación de las penas canónicas en vigor y de la salvaguardia de la dignidad de cada persona”. Exhortó a los obispos a aplicar plenamente las normas del derecho canónico al abordar los casos de abusos infantiles y a seguir “cooperando con las autoridades civiles en el ámbito de su competencia”.

Una reforma del derecho canónico promulgada en mayo introdujo los “delitos muy graves” de pornografía pedófila y abuso de personas con discapacidad mental. La sanción máxima por los “delitos muy graves” es la expulsión o la destitución. El derecho canónico no impone a las autoridades eclesiásticas la obligación de denunciar los hechos a las autoridades civiles para que se lleve a cabo una investigación criminal. El secreto es preceptivo en todo el proceso.

En noviembre, representantes de la Santa Sede realizaron una “visita apostólica” a Irlanda con el cometido de comprobar “la eficacia de las medidas adoptadas para responder a los casos de abuso y de la asistencia ofrecida a las víctimas”. El anuncio de las conclusiones de la visita estaba previsto para 2011.