Venezuela
Jefe del Estado y del gobierno
Hugo Chávez Frías

A pesar de las iniciativas encaminadas a controlar la disponibilidad y el uso de armas de fuego, el índice de delitos violentos, especialmente de los cometidos con armas de fuego, seguía siendo elevado. La violencia en las prisiones seguía siendo generalizada y continuaban los motines. El gobierno inició su retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información general

La situación de los derechos humanos en Venezuela fue sometida al examen periódico universal de la ONU, cuyo informe se adoptó en marzo. Venezuela había aceptado varias de las recomendaciones en él formuladas, incluidas las relativas al colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos: se comprometió a apoyar sus actividades y reconocer públicamente su función. Sin embargo, había rechazado otras, como las que pedían la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos y que se cursasen invitaciones permanentes a organismos y mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales.

En noviembre, Venezuela se convirtió en miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comprometiéndose así a colaborar con sus procedimientos especiales y su sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos. Al finalizar 2012, aún no había ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ni había respondido a las peticiones de seis relatores especiales de visitar el país.

En octubre se celebraron elecciones presidenciales. La jornada electoral se desarrolló en gran parte de forma pacífica, y el índice de participación, que ascendió a aproximadamente el 81 por ciento del censo electoral, fue uno de los más elevados de la historia de Venezuela. El presidente en ejercicio, Hugo Chávez, fue elegido para un tercer mandato de seis años.

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Seguridad pública

El índice de asesinatos en Venezuela seguía siendo uno de los más altos de América Latina, debido, entre otras cosas, a la ausencia de control sobre la disponibilidad de las armas de fuego y las municiones. También suscitaba preocupación el uso de armas de fuego por parte de la policía. Según un informe del Consejo General de Policía, el 80 por ciento de las instituciones policiales utilizaban armas que no cumplían las directrices institucionales.

La ausencia de cualquier otro tipo de información oficial y precisa sobre la violencia, especialmente sobre las lesiones causadas por armas de fuego, seguía constituyendo motivo de preocupación.

En 2012, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme llevó a cabo investigaciones y consultas entre la opinión pública e inició campañas públicas para alentar a la población a entregar voluntariamente sus armas de fuego. La nueva iniciativa del gobierno en materia de seguridad, denominada Gran Misión a Toda Vida Venezuela, prometió continuar esta labor de desarme, con medidas como la creación de un sistema nacional de apoyo a las víctimas de violencia armada.

En 2012 se restringieron las armas pequeñas en determinadas zonas públicas, y se creó un nuevo sistema de registro para aumentar el control sobre las armas de fuego existentes. Se alentó a los propietarios de armas de fuego pequeñas a que las registrasen, a la vez que se suspendió durante un año la concesión de nuevas licencias para portar armas de fuego. Al concluir el año estaba pendiente de debate en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el control de armas, municiones y desarme.

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Condiciones de reclusión

La violencia en las prisiones era generalizada. Al menos 591 personas murieron violentamente en prisiones venezolanas a lo largo del año. En los enfrentamientos en las prisiones seguía siendo habitual el uso de armas de fuego, explosivos y otras armas.

  • En julio, el anuncio del traslado de reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina, en el estado de Mérida, a otras cárceles desencadenó un motín que se prolongó durante 20 días y en el que murieron 17 personas.
  • En agosto, un estallido de violencia en la prisión de Yare se saldó con 26 muertos y 43 heridos.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades gubernamentales y los medios de comunicación estatales continuaron vertiendo acusaciones infundadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, en un intento de deslegitimar su trabajo. Los defensores de los derechos humanos también sufrieron agresiones físicas, pero no se procesó a los responsables.

  • En mayo, Marianela Sánchez Ortiz, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recibió amenazas. Su esposo, Hernán Antonio Bolívar, fue secuestrado a punta de pistola, y sus captores le dijeron que advirtiese a su esposa de que debía dejar de denunciar las condiciones penitenciarias y de criticar al gobierno o tanto ella como su familia sufrirían las consecuencias. Las autoridades del gobierno también acusaron al OVP de falsear información sobre las prisiones para recibir dinero de patrocinadores estadounidenses.
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Impunidad

  • En diciembre, Jorge Antonio Barrios fue asesinado en el estado de Aragua. Era el noveno miembro de la familia Barros muerto desde 1998 en circunstancias que apuntaban a la implicación de la policía. Los asesinatos de miembros de esta familia continuaban a pesar de las resoluciones adoptadas desde 2004 por el sistema interamericano de derechos humanos, en las que se ordenaba a Venezuela que garantizase la protección de la familia y procesase a los responsables.
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Independencia del poder judicial

  • La jueza María Lourdes Afiuni continuó bajo arresto domiciliario durante todo 2012. En septiembre, unos hombres armados no identificados pasaron conduciendo junto al edificio donde vivía y dispararon contra su apartamento. En noviembre, la jueza reveló públicamente que la habían violado cuando estuvo en prisión. La jueza Afiuni había sido detenida en diciembre de 2009 y había pasado más de un año encarcelada. La habían acusado de delitos como corrupción propia, abuso de autoridad y asociación para delinquir. Había concedido la libertad condicional a un banquero que había pasado más de dos años bajo custodia en espera de juicio, una decisión que entraba dentro de sus atribuciones y era conforme a la legislación venezolana.
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Escrutinio internacional

En mayo, el presidente Chávez, con el apoyo de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, anunció planes para retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. En septiembre, Venezuela denunció oficialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, iniciando así su retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia, a partir de septiembre de 2013, las víctimas de violaciones de derechos humanos no podrían presentar denuncias ante el tribunal de máxima instancia del continente americano. Sin embargo, Venezuela seguiría siendo miembro de la Organización de los Estados Americanos, y por tanto estaría sometida a vigilancia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Violencia contra mujeres y niñas

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia seguía sin contar con un marco regulador que estableciese directrices sobre el modo en que las autoridades debían abordar los casos de violencia contra las mujeres.

  • Se celebraron audiencias sobre el caso de Alexandra Hidalgo, violada y torturada por un grupo de hombres, incluido su esposo, en 2004. En octubre se decidió que su esposo sería enjuiciado por su secuestro y violación.
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