Yemen - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Yemen

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

Jefe del Estado : Alí Abdulá Salé
Jefe del gobierno : Alí Mohamed Megauar (sustituyó a Abdul Qader Bajammal en abril)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 22,3 millones
Esperanza de vida : 61,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 83/75 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 54,1 por ciento

Las violaciones de los derechos civiles y políticos, que eran habituales, tuvieron un impacto negativo en aspectos económicos y sociales de la vida de las personas. Las violaciones se vieron agravadas por nuevos enfrentamientos armados en el norte y protestas en el sur. La tortura y otros malos tratos continuaron siendo generalizados. Se dictaron y ejecutaron condenas a muerte y a flagelación. El colectivo de activistas de derechos humanos continuó mostrándose firme ante estas difíciles circunstancias.

Información general

En enero estallaron nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y seguidores armados del difunto Hussain Badr al Din al Huthi, destacado zaidí –comunidad musulmana chií de la gobernación de Sada–. Los enfrentamientos continuaron de forma intermitente a lo largo del año, a pesar del cese de hostilidades en el que actuó de mediador el gobierno de Qatar. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones masivas; según informes, fuerzas del gobierno mataron a civiles y unas 30.000 personas quedaron desplazadas internamente a causa de la violencia. El gobierno negó a periodistas y a casi todos los observadores independientes el acceso a la zona y mantuvo un alto nivel de censura, por lo que apenas se recibió información durante los seis primeros meses de enfrentamientos.

En julio, seis turistas españoles y dos conductores yemeníes que los acompañaban murieron a consecuencia de un ataque suicida con bomba en Marab. El gobierno culpó a Al Qaeda del atentado.

En agosto, decenas de soldados retirados del ejército de la ex República Democrática Popular de Yemen y sus simpatizantes fueron detenidos tras protagonizar, en Adén y en otras ciudades meridionales, protestas pacíficas por el hecho de que sus pensiones y condiciones de trabajo fueran inferiores a las de los soldados del norte. Todos quedaron en libertad sin cargos antes de noviembre y el gobierno accedió a estudiar sus quejas. La República Democrática Popular de Yemen y la República árabe de Yemen se unieron en 1990.

Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad

Se recibieron informes no confirmados de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el contexto de la violencia que estalló en Sada. Presuntos miembros de Al Qaeda murieron también en circunstancias poco claras, mientras, según informes, se resistían a ser detenidos.

  • El 10 de septiembre, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a Walid Salih Ubadi y a otra persona durante una manifestación pacífica de apoyo a los soldados retirados celebrada en Al Dali. Otros ocho manifestantes resultaron heridos. Según informes, los hechos estaban siendo investigados, pero se desconocía el resultado de la investigación.
  • En octubre, las fuerzas de seguridad mataron a cuatro manifestantes e hirieron a otros 15 durante una manifestación pacífica celebrada en Radfan. Se desconocía si se había llevado a cabo una investigación.

Personas detenidas por motivos políticos

Tras el aumento de la violencia en Sada y el ataque cometido en julio contra un grupo de turistas españoles, cientos de personas fueron detenidas por sospecharse que eran seguidoras de Hussain Badr al Din al Huthi o miembros o simpatizantes de Al Qaeda. Otras personas fueron detenidas en relación con las protestas de los soldados retirados, pero todas quedaron posteriormente en libertad. La mayor parte de los detenidos en relación con Al Qaeda y con los enfrentamientos en Sada permanecían recluidos sin cargos ni juicio, fundamentalmente en Sada, Hajja, Dhamar, Ibb, Saná y Hudaida.

  • Abdul Qadir al Mahdi, Muhammad Abdel Karim al Huthi y al menos otros cuatro miembros de la familia Al Huthi permanecían en la prisión de los Servicios de Seguridad Política, en Saná. Muhammad Abdel Karim al Huthi fue detenido el 28 de enero. Abdul Qadir al Mahdi fue detenido el 19 de febrero y permaneció recluido en régimen de incomunicación durante dos meses antes de permitirse que su familia lo visitase. Le suspendieron el salario, lo que hizo que su esposa e hijos sufrieran privaciones.

Entre las personas recluidas por motivos políticos había algunas detenidas en años anteriores.

  • Walid al Kayma continuaba recluido sin cargos en la prisión de los Servicios de Seguridad Política en Saná desde su detención, en 2004 o 2005. Al igual que otras personas recluidas en el mismo lugar, se le permitía recibir visitas de su familia, pero se le negaba el acceso a representación letrada y no sabía si sería acusado y juzgado o quedaría en libertad.

«Guerra contra el terror»

A lo largo del año quedaron en libertad sin cargos cinco presos devueltos a Yemen tras permanecer recluidos por las autoridades estadounidenses en Guantánamo, Cuba, y que fueron detenidos a su llegada. Entre ellos estaban Sadiq Muhammad Ismail y Fawaz Numan Hamoud. En marzo quedaron en libertad sin cargos otros cinco que fueron detenidos a su llegada en diciembre de 2006, pero uno más, Tawfiq al Marwai, quedó en libertad tras ser juzgado y declarado culpable de falsificar un pasaporte.

Juicios sin garantías

Al menos 109 personas juzgadas ante el Tribunal Penal Especial y dos juzgadas por tribunales penales ordinarios fueron sometidas a juicios carentes de las debidas garantías. Al menos 73 de ellas comparecieron ante el Tribunal Penal Especial en siete causas distintas por cargos como planear ataques contra instalaciones petroleras y la Embajada de Estados Unidos, intentar pasar armas de contrabando a Somalia y falsificar documentación destinada a combatientes que se habían ofrecido como voluntarios para viajar a Irak. En las seis causas que se cerraron, al menos 53 personas fueron halladas culpables y condenadas a penas de hasta 15 años de cárcel; cinco fueron absueltas.

En la otra causa, conocida como «la causa de la Célula 2 de Saná», 15 personas estaban acusadas de delitos como asesinato, planear el envenenamiento del agua potable de Saná y otros delitos violentos relacionados con los hechos acontecidos en Sada. Uno de los reos, el periodista Abdel Karim al Khaiywani, fue acusado en relación con la información que había publicado en medios de comunicación sobre la violencia desatada en Sada, por lo que se lo consideró preso de conciencia.

Al igual que en casos anteriores, abogados y activistas de derechos humanos criticaron al Tribunal Penal Especial por incumplir las normas internacionales de imparcialidad procesal, por ejemplo, impidiendo que los imputados y sus abogados tuvieran pleno acceso a los sumarios, lo que limitó su capacidad de preparar la defensa. Los abogados que defendían a los acusados en la causa de la Célula 2 de Saná presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Penal Especial fuese declarado inconstitucional, pero al finalizar el año aún no se había anunciado el fallo.

En julio, el Tribunal de Apelación de Taiz ordenó la excarcelación de cuatro hombres poco antes de que acabasen de cumplir las condenas a un año de cárcel impuestas por un tribunal ordinario por cuestionar la integridad de las elecciones nacionales y locales celebradas en septiembre de 2006. En una causa distinta también relacionada con las elecciones de 2006, al menos 36 personas fueron juzgadas ante un tribunal ordinario de Saná en relación con una disputa que se produjo en Hajja y en la que murió un funcionario del Estado; seis personas fueron condenadas a muerte y a otras les impusieron penas de prisión de hasta 15 años. Existían motivos de preocupación con respecto a la imparcialidad de ambos juicios.

Libertad de expresión

En junio, el Ministerio de Información anunció que se iba a promulgar una nueva ley de prensa; se temía que esto restringiese aún más la libertad de expresión. La ley prohibiría la publicación de información considerada perjudicial para la estabilidad nacional y dificultaría aún más que los medios de comunicación informasen sobre cuestiones políticas delicadas, como la violencia en Sada. Conceptos imprecisos, como la seguridad nacional y la estabilidad nacional, se habían utilizado con regularidad para justificar las restricciones a la libertad de prensa y castigar a periodistas. Al finalizar el año aún no se había promulgado la ley.

Se hostigó a profesionales del periodismo. Las autoridades bloquearon sitios web en los que aparecían comentarios políticos y otros tipos de críticas y prohibieron el uso de algunos servicios de mensajería telefónica.

  • En agosto, los periodistas Abdel Karim al Khaiwani y Ahmad Umar Ben Farid fueron secuestrados en Saná y Adén, respectivamente, por personas no identificadas a las que se creía relacionadas con las fuerzas de seguridad. Los dos hombres fueron golpeados y abandonados en zonas desiertas. Al parecer, Abdel Karim al Khaiwani fue atacado por informar sobre los hechos acaecidos en Sada, y Ahmad Umar Ben Farid, por escribir sobre las protestas en el sur.
  • En julio, la reunión semanal habitual de simpatizantes de la ONG Mujeres Periodistas sin Restricciones, que pedían que se les permitiera publicar una revista, fue interrumpida violentamente por, al parecer, agentes de seguridad. Algunas personas resultaron heridas.

Discriminación y violencia contra las mujeres

Agentes estatales y no estatales siguieron sometiendo a las mujeres a actos de discriminación y violencia como la trata, la violación y otros tipos de violencia sexual. Estos abusos eran especialmente graves en las zonas rurales, en las que vivía el 80 por ciento de las mujeres, y donde el acceso a la educación por parte de las niñas era por lo general inferior al de los niños, y las mujeres estaban especialmente expuestas a las penurias económicas.

En un informe sombra presentado con motivo del sexto informe de Yemen al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un colectivo de organizaciones de mujeres y de derechos humanos criticó las leyes que continuaban discriminando a las mujeres y pidió que el gobierno tomase medidas para proteger los derechos de las mujeres, incluida la tipificación de la violencia en el ámbito familiar como delito.

  • Anissa al Shuaybi entabló juicio contra unos agentes del Departamento de Investigación Criminal de Saná alegando que éstos la habían violado y sometido a otro tipo de torturas durante años anteriores. Su testimonio sobre las torturas y otros malos tratos que sufrían las mujeres en la prisión recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación. Al finalizar el año aún no se había cerrado la causa.
  • Samra al Hilali, una joven de 15 años, afirmó que había sido torturada por la policía en Ibb antes de ser juzgada y absuelta en agosto por cargos de asesinato.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos bajo custodia policial eran habituales. Según los informes, se torturó a muchas personas detenidas por los servicios de Seguridad Política y Seguridad Nacional, dos organismos policiales de seguridad; entre otras cosas, les propinaron puñetazos y golpes con varas y culatas de rifles, les arrojaron agua hirviendo, les colocaron esposas apretadas, las mantuvieron con los ojos vendados durante largos periodos, les negaron el agua y el acceso a los aseos y las amenazaron de muerte.

  • En abril, Shayef al Haymi afirmó que agentes de los Servicios de Seguridad Nacional lo habían torturado con tal brutalidad durante los 40 días que había permanecido detenido en régimen de incomunicación que se le paralizaron las extremidades y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. La fiscalía investigó el caso y las autoridades lo dejaron en libertad y pagaron una suma de dinero a su familia. Sin embargo, nadie fue procesado y, tras dar a conocer públicamente su terrible experiencia, las autoridades afirmaron que Shayef al Haymi se había autoinfligido las heridas y lo detuvieron de nuevo.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Casi a diario, tribunales de todo el país impusieron penas de flagelación por delitos de índole sexual o relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Las flagelaciones se llevaban a cabo de inmediato, en público y sin posibilidad de recurso.

Pena de muerte

Al menos 15 personas fueron ejecutadas. Entre ellas había un menor de edad, a pesar de que la legislación yemení prohibía la ejecución de menores. Se anuló la condena de otro menor, Hafez Ibrahim, pero había más menores de edad entre los varios cientos de presos y presas que estaban condenados a muerte.

  • Adil Muhammad Saif al Muammari fue ejecutado en febrero, a pesar de los llamamientos internacionales y de las pruebas médicas que indicaban que tenía menos de 18 años cuando se cometió el delito por el que fue condenado a muerte.
  • Radfan Razaz, que posiblemente también fuera menor en el momento del delito, continuaba en peligro de ejecución inminente. En un principio había sido condenado a la cárcel debido a su edad, pero el tribunal de apelaciones cambió la pena por condena a muerte.

Al menos 90 personas permanecían condenadas a muerte en la prisión de Taiz. Según informes, en un hecho especialmente alarmante que se produjo en septiembre, guardas de la prisión mataron a dos presos —Sharaf al Yusfi y Issam Tahla— que habían sobrevivido a los primeros intentos de ejecución, a consecuencia de los cuales habían quedado gravemente heridos.

Visitas de Amnistía Internacional

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Yemen en enero y septiembre.

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