Yemen

Human Rights in República de Yemen

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

Jefe del Estado Alí Abdulá Salé
Jefe del gobierno Alí Mohamed Megauar
Pena de muerte retencionista
Población 23,1 millones
Esperanza de vida 61,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 83/72 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 54,1 por ciento

Quedaron en libertad centenares de personas detenidas por motivos políticos, incluidos presos de conciencia. Algunas fueron liberadas tras una orden presidencial que anunció el fin de los enfrentamientos armados en la región de Sada; otras habían sido detenidas en relación con protestas ocurridas en el sur del país. Se practicaron centenares de nuevas detenciones, y continuaron recluidas muchas personas detenidas en años anteriores. Decenas de personas fueron condenadas a prisión en juicios injustos ante el Tribunal Penal Especial. Las autoridades no investigaron posibles ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Hubo denuncias generalizadas de brutalidad, tortura y otros malos tratos a manos de la policía. Se impusieron y ejecutaron condenas de flagelación. Fueron ejecutadas al menos 13 personas, y había centenares más condenadas a muerte, algunas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Información general

Hubo varios ataques atribuidos a Al Qaeda y sus partidarios, entre ellos un atentado con explosivos perpetrado en septiembre en Saná, cerca de la embajada estadounidense, y que mató a 16 personas, entre las que había civiles. En diciembre mataron en la gobernación de Amran a una persona perteneciente a la minoría judía y varias más recibieron amenazas anónimas instándolas a convertirse al islam o a abandonar Yemen. También hubo ataques contra turistas: en enero mataron a dos turistas belgas y a sus dos acompañantes yemeníes, y dos turistas japonesas y una pareja alemana y su hija estuvieron retenidos brevemente por miembros de tribus que los secuestraron para protestar por la detención de unos familiares suyos por orden de las autoridades.

En agosto, el gobierno anunció el fin de los enfrentamientos armados que las fuerzas de seguridad y los seguidores del difunto Hussain Badr al Din al Huthi, destacado clérigo chií de la minoría zaidí venían librando intermitentemente en la gobernación de Sada desde 2004. Los partidarios del clérigo también anunciaron el fin de las hostilidades. A raíz de ello, ambos bandos dejaron en libertad a centenares de personas, entre las que figuraban personas que habían sido recluidas con y sin juicio por las autoridades y las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno a los que los seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi habían hecho prisioneros. No se sabía muy bien cuántas personas más quedaban por liberar. El presidente ordenó también la liberación de personas recluidas en relación con protestas pacíficas ocurridas particularmente en el sur y entre las que había presos de conciencia.

El gobierno propuso cambios negativos del Código Penal, relativos a los castigos corporales, la discriminación de las mujeres y la criminalización de las críticas a la religión. Propuso también una Ley Antiterrorista y una Ley sobre el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en las que se definía éste de manera poco precisa y que menoscababan la protección de los detenidos y no contenían salvaguardias del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

"Las fuerzas de seguridad mataron deliberadamente a manifestantes pacíficos o hicieron uso excesivo de la fuerza contra ellos, causando su muerte."

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el sexto informe periódico de Yemen sobre su cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Mujer. El Comité concluyó que la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas seguían estando muy arraigadas en las leyes y tradiciones de la sociedad e instó al gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para avanzar en la eliminación de tal discriminación antes de la presentación del examen de su próximo informe periódico, previsto para 2013.

Libertad de expresión

A pesar de las liberaciones de presos de conciencia, en 2008 se detuvo a centenares de personas por protestar pacíficamente, acusándolas de ser seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi, partidarios o miembros de Al Qaeda, apóstatas o espías. Algunas de estas personas eran presos de conciencia.

  • Mohamed al Saqaf, abogado y profesor universitario, fue detenido por agentes de los servicios de Seguridad Nacional el 11 de agosto en Saná cuando se disponía a salir del país con su familia para disfrutar de unas vacaciones. Pasó varios días recluido en las celdas del Departamento de Investigación Criminal antes de quedar en libertad bajo fianza en espera de juicio. Fue acusado de «menoscabar la unidad nacional» por haber criticado al gobierno por reprimir protestas pacíficas de militares retirados en el sur del país. Era también el abogado defensor de Hassan Baoom, activista del Partido Socialista detenido reiteradamente y recluido durante breves periodos sin cargos ni juicio.
  • Según informes, Haitham bin Saad fue detenido en julio en la región de Hadramout junto con cuatro personas más en relación con unos ataques ocurridos en el sureste de Yemen. Los cinco eran sospechosos de apoyar a Al Qaeda.

Liberaciones

Entre las personas detenidas por motivos políticos que fueron puestas en libertad durante el año hubo presos de conciencia.

  • Fahd al Qirni, artista condenado a 18 meses de prisión y al pago de una multa tras haber sido declarado culpable de insultar al presidente por haberlo satirizado y por haber criticado la represión gubernamental de las protestas pacíficas del sur, quedó en libertad en septiembre.

Juicios injustos

Decenas de presuntos espías y presuntos partidarios de Hussain Badr al Din al Huthi o de Al Qaeda fueron sometidos a juicios injustos ante el Tribunal Penal Especial o llevaron sus casos ante el Tribunal Especial de Apelación, que confirmó sus condenas. Los abogados defensores denunciaban que no se les permitía el acceso pleno a los expedientes de sus clientes, y los acusados afirmaban que sus «confesiones» habían sido obtenidas con tortura u otros malos tratos durante su larga reclusión preventiva en régimen de incomunicación.

  • En la causa conocida como caso de la Célula 2 de Saná, 14 presuntos partidarios de Hussain Badr al Din al Huthi fueron declarados culpables de actos violentos y otros delitos en relación con los disturbios civiles ocurridos en Sada en 2007. Algunos fueron condenados a prisión, y uno, a muerte. Entre ellos figuraba el periodista Abdul Karim al Khaiwani, preso de conciencia condenado a seis años de cárcel, que quedó en libertad en septiembre en virtud de un indulto presidencial.
  • En febrero fueron condenados a muerte por espionaje Hamad Ali al Dahouk y Abdul Aziz al Hatbani. Ambos habían sido declarados culpables de haber informado a las autoridades egipcias de que los gobiernos de Arabia Saudí y Kuwait estaban financiando, con el conocimiento de las autoridades yemeníes, a grupos armados en Yemen para que perpetraran atentados contra turistas extranjeros en Egipto. En octubre, el Tribunal Especial de Apelación confirmó la condena de muerte impuesta a Hamad Ali al Dahouk, pero absolvió a Abdul Aziz al Hatbani. La causa tenía que verse ante el Tribunal Supremo.
  • En octubre comparecieron ante el Tribunal Penal Especial tres personas acusadas de espiar para Irán. Según informes, llevaban dos meses detenidas en régimen de incomunicación y habían sido golpeadas. Estaban vinculadas a una asociación chií legal de Adén que llevaba años funcionando abiertamente. El juicio continuaba al final del año.
  • Al menos 37 presuntos miembros o partidarios de Al Qaeda fueron juzgados ante el Tribunal Penal Especial o llevaron su caso ante el Tribunal Especial de Apelación. En febrero, Bashir Rawah Nnuman fue condenado a cinco años de prisión por estar en posesión de documentos falsos de los que pensaba servirse para viajar a Irak a fin de participar en el conflicto iraquí. En octubre, el Tribunal Especial de Apelación confirmó las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Penal Especial contra 36 personas en noviembre de 2007; 33 de éstas habían sido condenadas a penas de entre 3 y 15 años de prisión, mientras que a las otras 3 les había sido impuesta la pena de muerte in absentia. Todas habían sido declaradas culpables de pertenecer a un grupo armado y de atacar instalaciones petroleras.

Tortura y otros malos tratos

Según informes, la brutalidad policial y la tortura a personas detenidas por actos o protestas de motivación política, así como a presuntos delincuentes comunes, eran generalizadas y se cometían con impunidad. Los tribunales admitían como prueba, sin realizar investigaciones adecuadas o ninguna investigación en absoluto, confesiones obtenidas presuntamente con tortura u otras formas de coacción. Los métodos de tortura de los que se tuvieron informes incluían golpear a la víctima con palos, darle puñetazos y patadas, colgarla de las muñecas o los tobillos durante largos periodos, quemarla con cigarrillos, desnudarla, dejarla sin comer, negarle el acceso con prontitud a servicios médicos y amenazarla con someterla a abusos sexuales.

  • Tawfiq al Masouri, condenado a muerte por el Tribunal Penal Especial en enero por un asesinato cometido cuando tenía 17 años, fue torturado por la policía, según informes, durante su reclusión en régimen de incomunicación a lo largo de tres meses en Saná. Dijo que había confesado a causa de la tortura y en un examen médico que se le realizó a instancias de su abogado se hallaron señales que sustentaban estas denuncias. Sin embargo, no se tuvo noticia de ninguna investigación realizada por las autoridades.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se ejecutaron frecuentes condenas de flagelación impuestas por los tribunales por delitos de índole sexual y relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas de seguridad mataron deliberadamente a manifestantes pacíficos o hicieron uso excesivo de la fuerza contra ellos, causando su muerte. No se tuvo noticia de que se llevaran a cabo investigaciones independientes, y no se llevó a nadie ante la justicia.

  • Según informes, en mayo, unos soldados dejaron morir a Sheij Yahya Muhammad Hassan al Sawmali después de haberlo golpeado y de disparar contra él en Tor al Baha, localidad de la gobernación meridional de Lehj. Al parecer, estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los soldados. De acuerdo con los informes, se detuvo a varios soldados en relación con su muerte, pero al final de año no se había realizado ninguna investigación independiente ni se había llevado a juicio a los responsables.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno dijo que estaba elaborando una ley sobre refugiados, pero no dio ningún detalle. No estaba claro que el proyecto de ley fuera a ajustarse a las normas internacionales para la protección de los refugiados, que las autoridades seguían violando. Según informes, en agosto fueron devueltas a Arabia Saudí al menos ocho personas pese al temor de que allí fueran torturadas y ejecutadas.

Yemen acogía a más de 40.000 refugiados somalíes, que habían sobrevivido al peligroso cruce del golfo de Adén, a diferencia de muchos otros que se creía que habían muerto ahogados o a manos de traficantes de personas. Unos 1.300 solicitantes de asilo, según cifras del gobierno, fueron devueltos a su país en contra de su voluntad. Entre las personas que corrían riesgo de devolución figuraba Mohamadain Abdel Hameed Haroun, ciudadano sudanés de la región de Darfur, que estaba expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos si regresaba a su país.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica y no recibían protección suficiente contra la violencia en el ámbito familiar y otras formas de violencia.

Según informes, en abril el Parlamento aprobó reformas legales que favorecían a las mujeres en la seguridad social, la jubilación y las prestaciones por vacaciones. Sin embargo, el gobierno no se ocupó del problema, más general, de la discriminación contra las mujeres.

En un informe paralelo enviado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer antes de que examinara, en julio, el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Mujer por parte de Yemen, varias organizaciones yemeníes de defensa de los derechos de las mujeres pusieron de relieve la existencia de diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluidos abusos como el matrimonio de niñas de tan sólo ocho años.

Concluyó la causa abierta contra dos agentes de policía por violar a Anissa al Shuaybi en 2002 cuando se hallaba detenida en el Departamento de Investigación Criminal de Saná. En abril, el Tribunal de Primera Instancia de Saná absolvió a uno de ellos, pero declaró culpable al otro y le impuso una pena de tres meses de prisión condicional. Asimismo, el Tribunal concedió a Anissa al Shuaybi una indemnización de un millón de riales yemeníes (unos 5.000 dólares estadounidenses). Posteriormente, el Tribunal de Apelación absolvió a los dos agentes de policía y confirmó la indemnización concedida a la mujer.

Pena de muerte

Se ejecutó al menos a 13 personas, y había centenares de condenados a muerte, entre ellos personas con discapacidad mental o de otras clases y personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Se condenó a personas con problemas de audición sin haberles proporcionado servicios de interpretación.

  • Walid Haykal, condenado a muerte por un asesinato cometido cuando tenía 16 años, continuó recluido. Había agotado todas las posibilidades de apelación contra la condena, que estaba a la espera de ser ratificada por el presidente.

Visitas de Amnistía Internacional

Un delegado de Amnistía Internacional visitó Yemen en enero para asistir a una conferencia sobre los ciudadanos yemeníes bajo custodia estadounidense en Guantánamo y los centros secretos de detención dirigidos por el gobierno de Estados Unidos.

Informes de Amnistía Internacional

Yemen: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May 2009 (en inglés, 10 noviembre 2008)

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