Yemen - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Yemen

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

Jefe del Estado
Alí Abdulá Salé
Jefe del gobierno
Alí Mohamed Muyauar
Pena de muerte
retencionista
Población
23,6 millones
Esperanza de vida
62,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
83/73 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
58,9 por ciento

Las autoridades detuvieron a millares de personas en relación con protestas ocurridas en el sur y en otras partes del país y en medio de una intensificación de los combates en Sada, en el norte. La mayoría de estas personas quedaron en libertad o fueron juzgadas. Otras, detenidas en su mayor parte en años anteriores, fueron condenadas a muerte o a prisión en juicios injustos ante el Tribunal Penal Especial. Hubo informes de tortura y otros malos tratos, y se produjo al menos una muerte bajo custodia en circunstancias controvertidas. Las autoridades no investigaron estas y otras violaciones de derechos humanos, incluidos presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas del gobierno. Se sometió a un control aún más estricto a los medios de comunicación. Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación y violencia. Las autoridades brindaron protección a personas refugiadas y solicitantes de asilo de Somalia, pero devolvieron a Arabia Saudí a presuntos terroristas a pesar de los riesgos que corrían allí. Se ejecutó al menos a 30 personas.

Información general

Se aplazaron dos años las elecciones parlamentarias previstas para 2009 debido a crecientes disturbios; a protestas celebradas en el sur en contra de la presunta discriminación de la región y en defensa de la independencia, y a un recrudecimiento de los combates en la gobernación de Sada, en el norte, entre las fuerzas del gobierno y miembros de la comunidad zaidí de la minoría chií.

Hubo continuos ataques de grupos armados, como la organización Al Qaeda en la Península Arábiga. En marzo, la explosión de una bomba en Shibam, Hadhramaut, mató a dos hombres y dos mujeres surcoreanos y a un yemení. Seis personas –tres profesionales de la salud y tres menores de edad– secuestradas por desconocidos en el hospital de Al Yumhuriya de Sada en junio continuaban en paradero desconocido al final del año. El gobierno dijo que las seis estaban todavía vivas, pero no se disponía de más información. A otras tres trabajadoras de la salud secuestradas junto con ellas las mataron. En diciembre, el gobierno intensificó los ataques contra lugares que aseguraba que eran bastiones de Al Qaeda, matando a decenas de personas, entre ellas hijos y otros familiares de sospechosos. El 25 de diciembre, un intento fallido de hacer explotar un avión sobre Detroit, Estados Unidos, llamó la atención internacional sobre la presencia de Al Qaeda en Yemen, pues, según informes, el ciudadano nigeriano implicado había recibido entrenamiento allí.

En mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó el historial de Yemen en materia de derechos humanos en virtud de su mecanismo de examen periódico universal. El Consejo instó a Yemen a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, como poner fin a la ejecución de personas que fueran menores de edad en el momento del delito.

Conflicto de Sada

El largo conflicto que se libraba en la gobernación septentrional de Sada entre las fuerzas del gobierno y los partidarios armados del difunto clérigo chií zaidí Hussain Badr al Din al Huthi se reanudó con nueva intensidad en agosto, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar con el nombre en clave de “Tierra Quemada” consistente en bombardeos aéreos y despliegue de tropas de tierra. Los combates habían desplazado a más de 190.000 personas desde 2004, según afirmó en diciembre el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados–, y en 2009 causaron la muerte de un número desconocido de civiles.

Se creía que ambos bandos habían cometido graves abusos contra los derechos humanos. El gobierno acusó a las fuerzas rebeldes de matar a civiles y capturar a soldados, mientras que los rebeldes alegaban que las fuerzas gubernamentales habían llevado a cabo ataques indiscriminados y torturado y matado a partidarios de Al Huthi. En noviembre, los combates se extendieron a Arabia Saudí, a pesar de los intentos del gobierno saudí de cerrar totalmente la frontera y negar la entrada a quienes huían del conflicto. Hubo también combates entre fuerzas saudíes y partidarios armados de Al Huthi.

El gobierno cerró la zona de los combates a los medios de comunicación y los observadores independientes, por lo que resultaba difícil conseguir información independiente sobre el conflicto. Según informes, las autoridades detuvieron a muchos presuntos partidarios de los rebeldes, pero no revelaron su número ni ningún otro dato sobre ellos, como su condición jurídica o el lugar y las condiciones en que se encontraban recluidos. Al parecer, tampoco realizaron investigaciones independientes e imparciales sobre los presuntos homicidios de civiles a manos de sus fuerzas.

  • Según informes, al menos 80 civiles murieron en septiembre al bombardear las fuerzas aéreas yemeníes Adi, pueblo del distrito de Harf Sufyan, en la gobernación de Amran limítrofe con Sada. Al parecer, una comisión creada por el gobierno investigó los homicidios, pero no se publicaron sus conclusiones.
  • Muhammad al Maqalih, periodista y miembro del Partido Socialista que había criticado las políticas del gobierno, en particular las aplicadas en Sada, fue víctima de desaparición forzada. Al parecer, unos agentes de seguridad lo secuestraron en la calle en Saná en septiembre. Las autoridades se negaron a revelar su paradero y su condición jurídica y no le permitieron el acceso a su familia ni a un abogado, pero reconocieron en diciembre que estaba recluido bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Más de 100 presuntos partidarios de Al Huthi fueron sometidos a juicio ante el Tribunal Penal Especial, cuyos procedimientos incumplían en la práctica las normas internacionales sobre juicios justos. Al menos 34 de ellos fueron condenados a muerte y como mínimo otros 54 recibieron penas de hasta 15 años de prisión por haber formado una banda armada y cometido delitos violentos –como homicidios de soldados– en 2008, en el distrito de Bani Hushaysh, al norte de Saná. Habían sido detenidos en 2008, junto con al menos otros 50 que quedaron en libertad sin cargos posteriormente. Fueron juzgados ante el Tribunal Penal Especial en grupos separados.

Disturbios en el sur

A lo largo de la mayor parte de 2009 se sucedieron en el sur del país, particularmente en Adén, protestas en contra de la presunta discriminación gubernamental de los habitantes de la región y en demanda de la devolución al sur de la condición de Estado independiente, lo que suponía el fin de la unión de 1990. Muchas de estas protestas fueron pacíficas, pero otras se volvieron violentas. Según informes, las fuerzas del gobierno hicieron uso excesivo de la fuerza, incluidos medios letales, contra los participantes, decenas de los cuales murieron.

  • Según informes, el 3 de julio las fuerzas de seguridad mataron a tiros a Ali Ahmed Lajam en su casa, delante de su familia, a pesar de que no representaba ninguna amenaza. No se tuvo noticia de ninguna investigación independiente sobre ello.

Las autoridades practicaron también oleadas de detenciones. La mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad en seguida, pero otras pasaron mucho tiempo recluidas. Algunas fueron consideradas presos de conciencia, entre ellas Salim Ali Bashawayh (véase infra). Otras fueron acusadas formalmente y sometidas a juicio ante el Tribunal Penal Especial.

  • Qassim Askar Jubran, ex diplomático, y Fadi Baoom, activista político, fueron acusados de poner en peligro la unidad nacional organizando protestas y pidiendo la independencia del sur del país, y comparecieron ante el Tribunal Penal Especial en Saná en junio. Su juicio continuaba celebrándose al final de 2009.

Tortura y otros malos tratos

Hubo nuevos informes de tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos por la policía y por guardias de prisiones. Los métodos de tortura más mencionados en ellos consistían en golpear en el cuerpo a la víctima con palos y con las culatas de los fusiles, darle patazas y puñetazos y colgarla de las muñecas y los tobillos. La tortura parecía tener por objeto castigar a los detenidos y obligarlos a hacer “confesiones” que pudieran utilizarse contra ellos en los tribunales.

  • Según informes, decenas de personas detenidas en relación con las protestas del sur del país fueron golpeadas y sometidas a gas lacrimógeno en la prisión central de Al Mukalla en agosto tras corear lemas de apoyo a la independencia del sur y pedir su liberación. A siete de ellas consideradas cabecillas, incluido Salim Ali Bashawayh, las colgaron de las muñecas y los tobillos durante varias horas, causándoles mucho dolor. Habían sido detenidas en mayo tras una protesta pacífica en demanda de la excarcelación de presos políticos.
  • Tawfiq Bassam Abu Thabit murió en octubre durante su reclusión en la prisión de Seguridad Política de Saná. Herido por metralla en enfrentamientos armados ocurridos en Sada en 2008, había sido detenido en un control militar de seguridad cuando su familia lo llevaba a un médico para que lo atendiese. Las autoridades no explicaron la razón de su muerte, que se debió posiblemente a falta de atención médica o a malos tratos. No se tuvo noticia de ninguna investigación.

En noviembre, al examinar la aplicación por parte de Yemen de la Convención de la ONU contra la Tortura, el Comité contra la Tortura instó al gobierno a tomar de inmediato medidas para erradicar esta práctica.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Continuó utilizándose la flagelación como pena para castigar delitos de índole sexual y relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Seguridad y medidas antiterroristas

Además de las personas sometidas a juicio en relación con el conflicto de Sada y las protestas del sur, al menos otras 24 fueron juzgadas ante el Tribunal Penal Especial por presuntos vínculos con Al Qaeda, entre ellas 8 que fueron condenadas a cumplir hasta siete años de prisión tras haber sido declaradas culpables de planear actos terroristas. Asimismo, en julio el Tribunal Penal Especial declaró culpables de haber cometido actos de terrorismo en 2007 y 2008 a otras 16 personas, conocidas como la Célula de Tarim o las Brigadas de los Soldados de Yemen; condenó a muerte a 6 de ellas e impuso penas de hasta 15 años de cárcel a las otras 10.

Continuaron recluidos en Guantánamo, Cuba, bajo custodia de las autoridades estadounidenses, más de 90 yemeníes. Se devolvió a Yemen, para su enterramiento, el cadáver de uno de ellos, Muhammad Ahmad Abdullah Saleh, muerto allí en junio. Salim Hamdan, detenido tras su devolución a Yemen en noviembre de 2008, quedó en libertad en enero. Seis yemeníes devueltos en diciembre estuvieron varios días recluidos antes de ser puestos en libertad sin cargos. La información publicada en los medios de comunicación indicaba que las autoridades estadounidenses pensaban enviar a todos o a la mayoría de los restantes yemeníes a Arabia Saudí para su “rehabilitación”, aparentemente en contra de los deseos del gobierno de Yemen.

Libertad de expresión: medios de comunicación

El gobierno intensificó el control de los medios de comunicación. En mayo, estableció un tribunal cuyo cometido sería conocer de causas relacionadas con los medios de comunicación. Asimismo, las autoridades confiscaron periódicos, obstaculizaron el acceso a instalaciones de impresión de propiedad pública y, en el caso de Al Ayyam, uno de los diarios de mayor circulación del país, desplegaron tropas para impedir su publicación en mayo y sitiaron sus oficinas en Adén.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

En marzo, el gobierno reformó la legislación sobre nacionalidad para permitir a las yemeníes casadas con extranjeros transmitir su nacionalidad a sus hijos. Sin embargo, las mujeres continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Se las sometía también a matrimonio a temprana edad y forzado, y se creía que sufrían un alto grado de violencia en el ámbito familiar. La tasa de mortalidad materna siguió siendo considerablemente mayor que en la mayoría de los demás países de la región. En febrero, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que elevaba a los 17 años la edad para el matrimonio en el caso de las niñas, pero al final del año no se había promulgado la ley.

  • Fauzia al Amudi, de 12 años, murió en septiembre al dar a luz. La habían casado a los 11 años con un hombre de 24, y estuvo casi dos días de parto antes de conseguir llegar al hospital más próximo, situado a casi 100 km de distancia.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades continuaron brindando protección a millares de somalíes. Según informó en diciembre el ACNUR, desde enero habían entrado en el país al menos 77.000 personas, la mayoría tras hacer un peligroso viaje cruzando el mar Rojo. Se creía que otras se habían ahogado al intentar cruzar. No obstante, las autoridades detuvieron y devolvieron a ciudadanos de otros países sin permitirles el acceso a procedimientos de asilo.

  • Ali Abdullah al Harbi y otros cuatro ciudadanos saudíes fueron devueltos a su país en abril sin permitirles acceder a procedimientos de asilo ni impugnar por ningún medio su expulsión. Según informes, los cinco eran presuntos partidarios de Al Qaeda y estaban expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 53 personas, y se ejecutó al menos a 30. Se creía que había centenares de condenados a muerte. Sólo en la prisión central de Taiz había más de 70.

  • Ali Mousa fue ejecutado en enero, tras haber pasado más de 30 años en prisión. Declarado culpable del asesinato de un pariente, se creía que sufría una enfermedad mental. Según informes, no murió al primer disparo, por lo que el verdugo tuvo que dispararle en la cabeza a corta distancia.
  • En marzo, el Tribunal Penal Especial condenó a muerte en juicios injustos a tres hombres: Abdul Karim Laliji y Hani Muhammad, declarados culpables de espiar para Irán, y Bassam al Haydari, declarado culpable de espiar para Israel.

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