Yemen
Jefe del Estado
Alí Abdulá Salé (de junio a septiembre desempeñó sus funciones el vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi)
Jefe del gobierno
Mohamed Salim Basindua (sustituyó a Alí Mohamed Muyauar en noviembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
24,8 millones
Esperanza de vida
65,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
66,4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
62,4 por ciento

Fuerzas del gobierno y simpatizantes del presidente Alí Abdulá Salé mataron a más de 200 personas en el contexto de manifestaciones masivas celebradas para exigir reformas y la dimisión del presidente. Muchas personas murieron cuando se manifestaban pacíficamente, y miles más resultaron heridas. Las protestas se vieron avivadas por la ira de la población ante el agravamiento de la pobreza, el desempleo y la corrupción, y ante la respuesta represiva y brutal del gobierno. Las fuerzas de seguridad y quienes simpatizaban con el gobierno emplearon en reiteradas ocasiones munición real, granadas propulsadas por cohetes y otros medios letales y fuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas, así como durante enfrentamientos en los que la oposición al presidente recurrió también a la violencia. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos. Los medios de comunicación y su personal fueron objeto de constantes ataques. Las mujeres y las niñas siguieron estando gravemente discriminadas. Muchas mujeres desempeñaron un papel fundamental en las protestas, y algunas fueron detenidas, golpeadas u hostigadas a causa de ello. Se aprobaron nuevas condenas de muerte, y al menos 41 personas fueron ejecutadas. Fuerzas del gobierno y de Estados Unidos atacaron y mataron a presuntos miembros de Al Qaeda; en los ataques murieron también civiles.

Información general

En enero, el gobierno propuso una reforma de la Constitución que permitía al presidente Salé, en el poder desde 1978, presentarse para su reelección de forma indefinida. La propuesta desencadenó protestas generalizadas, entre ellas una gran manifestación en Saná, la capital, el 22 de enero. Al día siguiente se celebraron nuevas protestas tras la detención de Tawakkol Karman, presidenta de la ONG Mujeres Periodistas sin Cadenas, que quedó al poco tiempo en libertad bajo fianza y, en octubre, fue una de las tres mujeres galardonadas con el premio Nobel de la Paz. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia a las manifestaciones, que, no obstante, crecieron y se propagaron a Adén y a otras ciudades, a la vez que comenzaba a pedirse en ellas la destitución del presidente y de su gobierno.

Por su parte, el presidente Salé declaró el 2 de febrero que dejaría el cargo en 2013, cuando terminara su mandato, e inició conversaciones con el Comité Conjunto de Partidos, coalición formada por seis partidos de oposición. Esta medida, lejos de detener las protestas, las avivó aún más. Al día siguiente, cuando se manifestaron los estudiantes y activistas de la Juventud de la Revolución, las fuerzas de seguridad empezaron a utilizar medios letales contra los manifestantes tanto en Saná como en otros lugares.

Varias personas perdieron la vida a mediados de febrero durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en diversas localidades. En las cercanías de la Universidad de Saná y en Taiz se multiplicaron las sentadas y los campamentos de protesta, levantados en plazas que pronto adoptaron el nombre de Al Tahgyeer (el Cambio). El 23 de febrero, nueve parlamentarios del partido del gobierno dimitieron en señal de protesta por la violencia ejercida por las fuerzas del gobierno contra los manifestantes.

Según informes, el 28 de febrero el presidente Salé propuso formar un gobierno de unidad nacional que incluyera a miembros de la oposición, pero ésta exigió antes de nada que dimitiera, y propuso un plan de transición según el cual debía hacerlo antes de concluir el año. El presidente Salé rechazó el plan, y la crisis se agravó radicalmente el 18 de marzo, cuando francotiradores del gobierno dispararon contra el campamento de protesta de la “plaza del Cambio” de Saná y mataron al menos a 52 manifestantes. Varios ministros y funcionarios del Estado dimitieron en señal de condena, y el general al mando de la Primera Brigada del ejército anunció que, a partir de ese momento, él y sus hombres apoyarían a los manifestantes. El presidente Salé disolvió el gobierno, anunció la formación de un gobierno provisional e impuso durante 30 días el estado de excepción, que el Parlamento aprobó el 23 de marzo. De esta forma, la Constitución quedó suspendida, se endureció la censura de los medios de comunicación y se ampliaron los poderes de las fuerzas de seguridad para efectuar detenciones y prohibir las protestas populares.

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico medió entre el presidente Salé y sus opositores. El 23 de abril, el presidente afirmó que aceptaba la propuesta del Consejo de renunciar a la presidencia en el plazo de 30 días y permitir la formación de un gobierno de unidad nacional, que a su vez les otorgaría inmunidad de procesamiento a él y a sus allegados. Sin embargo, posteriormente se negó en reiteradas ocasiones a firmar el acuerdo, a medida que aumentaban los choques entre sus fuerzas y miembros armados de tribus que se declararon hostiles a él o islamistas armados, presuntamente vinculados a Al Qaeda en la Península Arábiga, que se hicieron con el control de partes de la provincia de Abyan.

El 3 de junio, el presidente Salé resultó gravemente herido en un atentado contra el palacio presidencial que dejó varios muertos y heridos. Fue trasladado a Arabia Saudí para recibir tratamiento médico, por lo que el vicepresidente ocupó su lugar. La oposición formó en agosto una alianza llamada Consejo Nacional de Fuerzas Revolucionarias, que, sin embargo, se dividió al poco tiempo. La situación alcanzó un estado de tenso estancamiento, en el que se producían constantemente enfrentamientos armados; un equipo de investigación enviado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos identificó graves violaciones de derechos humanos y pidió una investigación internacional y rendición de cuentas.

El 23 de septiembre, el presidente Salé volvió al país, lo que desencadenó manifestaciones masivas tanto en su favor como en su contra.

El 21 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la persistencia de la violencia en Yemen e instó al presidente Salé a abandonar el poder, de conformidad con el acuerdo propuesto por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico. El 23 de noviembre, el presidente firmó dicho acuerdo, por el que cedía el poder al vicepresidente, que debía a su vez designar un nuevo primer ministro que presidiera un “gobierno de reconciliación nacional” y celebrara elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. Como contrapartida, se concedía al presidente Salé y a sus colaboradores inmunidad por los delitos cometidos durante su mandato. Transcurridas dos semanas, se nombró nuevo primer ministro a un miembro de la oposición y se constituyó un gobierno nacional en el que estaban representados tanto el partido del gobierno anterior como la oposición. Las protestas continuaron, esta vez en contra del presunto acuerdo de inmunidad.

En 2011 también se produjeron enfrentamientos armados en el norte y el sur del país, que tuvieron como consecuencia el desplazamiento de civiles. En el norte, a finales de marzo la provincia de Sada quedó en la práctica bajo el control de los rebeldes huthis, quienes, según se supo, se hicieron más adelante también con el control de parte de otras provincias. En la meridional provincia de Abyan, las fuerzas del gobierno se enfrentaron a islamistas radicales armados. También se produjeron enfrentamientos armados en Saná y en Taiz entre las fuerzas de seguridad y tribus armadas y desertores del ejército, que habían manifestado su intención de proteger a los manifestantes. Muchas personas murieron durante los enfrentamientos, algunas a consecuencia de intensos bombardeos de las fuerzas del gobierno.

La situación humanitaria, de por sí grave, adquirió proporciones de crisis cuando la población yemení se vio obligada a soportar severos recortes de agua y de otros productos básicos, crecientes tasas de desempleo, un costo de la vida cada vez más elevado y restricciones en el suministro de electricidad y petróleo.

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Uso excesivo de la fuerza

En el marco de las manifestaciones pacíficas contra el gobierno y durante los enfrentamientos de algunas partes del país, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluidos medios letales. Emplearon munición real, gas lacrimógeno, porras, pistolas eléctricas paralizantes y chorros de agua contaminada. Francotiradores apostados en tejados y hombres armados que disparaban desde el suelo atacaron en repetidas ocasiones a manifestantes pacíficos. Las fuerzas de seguridad atacaron también a los manifestantes cuando eran especialmente vulnerables –en plena noche y durante la oración–, mientras que hombres armados vestidos de civil y conocidos como baltagi (“matones”) atacaban a quienes se manifestaban contra el gobierno con porras y armas de fuego, a menudo en presencia de las fuerzas de seguridad y con su consentimiento. Todas estas agresiones contra manifestantes se perpetraban casi con total impunidad: las autoridades anunciaron investigaciones sobre algunos homicidios, pero éstas no fueron independientes ni dieron resultados claros.

  • El 25 de febrero, en Adén, las fuerzas de seguridad abrieron fuego desde vehículos blindados contra manifestantes y atacaron casas en las que sospechaban que se habían refugiado manifestantes, matando a unas 12 personas, 2 de ellas en su propio domicilio. Asimismo, según informes, impidieron que se trasladara a los heridos al hospital.
  • El 4 de marzo, en la localidad de Harf Sufyan, perteneciente a la septentrional gobernación de Amran, los soldados de un puesto militar dispararon contra manifestantes que abandonaban la zona en automóviles, con el resultado, según la información recibida, de dos muertos y varios heridos.
  • El 18 de marzo, en el centro de Saná, francotiradores pertenecientes presuntamente a las fuerzas de seguridad dispararon desde las azoteas de los edificios contra el campamento de protesta tras la oración del viernes, al tiempo que desde la calle las fuerzas de seguridad abrieron también fuego, dando así lugar a lo que rápidamente se conocería como “Viernes Sangriento”. Al menos 52 manifestantes murieron a consecuencia de los disparos, y cientos más resultaron heridos. El presidente emitió una disculpa pública, pero negó que la policía fuera responsable. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, como resultado de una investigación oficial sobre los acontecimientos del 18 de marzo se presentaron cargos contra 78 personas, pero no estaba claro si entre ellas había miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades ofrecieron indemnizaciones a las familias de algunas de las víctimas.
  • El 29 de mayo, las fuerzas de seguridad abrieron fuego en Taiz contra un campamento de protesta y un improvisado hospital de campaña, dejando, según informes, no menos de 12 muertos, tras lo cual arrasaron y quemaron el campamento.
  • El 24 de junio, en Adén, soldados respaldados por tanques mataron a tiros a Jiyab Ali al Saadi, hijo de uno de los líderes del Movimiento del Sur, cuando, de acuerdo con la información recibida, les instaba a abstenerse de disparar contra quienes asistían al funeral de Ahmed al Darwish, muerto bajo custodia en junio de 2010, según informes tras haber sido torturado.
  • Entre el 18 y el 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad emplearon a francotiradores y dispararon granadas propulsadas por cohetes contra manifestantes que pedían la dimisión del presidente Salé, a consecuencia de lo cual murieron decenas de personas y cientos más resultaron heridas.
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Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria en relación con las protestas, sumándose así a las que ya estaban recluidas, algunas de ellas desde mucho antes de que empezaran las protestas. En junio y julio, una delegación de la ONU que consiguió acceder a una prisión de Saná dirigida por los servicios de Seguridad Política comprobó que había en ella ciudadanos yemeníes y extranjeros que llevaban meses o incluso años recluidos sin cargos ni juicio o sin haber comparecido ante un juez.

  • Abdul Hakim Ahmed al Hatami, Nabil Mowqahu y Mohammed al Zubayri fueron detenidos en una calle de Saná el 23 de noviembre y recluidos durante nueve días en régimen de incomunicación antes de ser trasladados a una comisaría de policía. Abdul Hakim Ahmed al Hatami fue obligado a comprometerse por escrito a no participar en más protestas y salió en libertad el 7 de diciembre. Nabil Mowqahu y Mohammed al Zubayri quedaron en libertad unos días después.
  • Hassan Baoom, de 71 años y miembro destacado del Movimiento del Sur, fue detenido el 20 de febrero cuando recibía tratamiento hospitalario en Adén. Permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta el 7 de diciembre, fecha en que quedó en libertad sin cargos.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Tanto el gobierno yemení como las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones de seguridad contra presuntos miembros de Al Qaeda, sobre todo en la provincia de Abyan, en las que recurrieron a ataques aéreos y otros medios y, en algunos casos, causaron muertos y heridos entre la población civil.

  • En junio se tuvo noticia de dos ataques llevados a cabo en Abyan por las fuerzas estadounidenses con vehículos aéreos no tripulados, reactores o aviones de ambos tipos y en los que hubo civiles entre los muertos y heridos.
  • El 30 de septiembre, en un ataque realizado en la provincia de Al Yauf, según trascendió, por un vehículo aéreo no tripulado y un avión de combate estadounidenses, murieron cuatro personas, entre ellas el clérigo Anwar al Awlaki, nacido en Estados Unidos y presunto miembro de Al Qaeda, acusado de haber participado en el intento de hacer estallar un avión civil de pasajeros sobre la ciudad estadounidense de Detroit en diciembre de 2009.

Aviones de combate del gobierno atacaron en mayo la ciudad meridional de Zinyibar, de la que se habían apoderado radicales islamistas, que ocupaban los bancos y un recinto del gobierno y, según se supo, cometían abusos contra los derechos humanos. El 11 de septiembre, las autoridades anunciaron que el ejército había recuperado la mayor parte de la ciudad, tras más de tres meses de combates en los que al parecer murieron 230 soldados y 50 miembros de tribus locales.

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Libertad de expresión

El gobierno endureció el control sobre la libertad de expresión y persiguió a periodistas y medios de comunicación considerados críticos con el presidente Salé. Durante los disturbios, muchos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento, amenazas o encarcelamiento, y la libertad de prensa y de expresión se vio gravemente socavada por las restrictivas leyes de prensa y por la represión de las fuerzas de seguridad. Varios periodistas extranjeros fueron atacados o expulsados de Yemen. Se tuvo noticia del secuestro de decenas de publicaciones, y de la intervención o suspensión de páginas web. Algunos periodistas de medios de comunicación estatales fueron despedidos cuando se sumaron a las protestas contra el gobierno.

En febrero, el reportero Abdullah Ghorab y el cámara Mohammed Omran, de la BBC, fueron agredidos por simpatizantes de un alto cargo público cuando cubrían las protestas contra el presidente Salé.

  • Según la información recibida, el 18 de marzo, cuando las fuerzas del gobierno atacaron a los manifestantes en Saná, un periodista murió, mientras que otros sufrieron lesiones, fueron detenidos o amenazados o perdieron su material de trabajo, que les fue confiscado.
  • El 24 de marzo, las autoridades clausuraron la oficina local de la cadena de televisión Al Yazira y retiraron las autorizaciones de trabajo a sus reporteros a consecuencia de la información de este medio sobre los homicidios de manifestantes del “Viernes Sangriento”.
  • En mayo, las oficinas de Saná de la agencia estatal de noticias Saba y de Suhail TV, propiedad de un destacado opositor del gobierno, sufrieron graves daños durante enfrentamientos armados entre simpatizantes y adversarios del presidente Salé. También se supo que el Ministerio de Comunicación había inhabilitado ciertos servicios de Sabafone, red de telecomunicaciones perteneciente al propietario de Suhail TV.
  • Abdul Ilah Haydar Shayi, periodista autónomo especializado en antiterrorismo y detenido en agosto de 2010, continuó en prisión pese a que, según la información recibida, el presidente Salé había ordenado su liberación el 1 de febrero. Inicialmente había estado recluido en régimen de incomunicación, cuando al parecer lo habían golpeado brutalmente, y luego había comparecido ante el Tribunal Penal Especial de Saná, que lo condenó a cinco años de prisión en enero de 2011. Parecía ser preso de conciencia.
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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron nuevas denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad. Según la información recibida, los métodos más comunes eran palizas, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos y suspender a la persona por las extremidades, a menudo durante periodos prolongados.

  • En febrero trascendió que, en la prisión de los servicios de Seguridad Política de Saná, los guardias habían golpeado y recluido en régimen de aislamiento a reclusos, incluidos presuntos miembros o simpatizantes de Al Qaeda, que se habían declarado en huelga de hambre para protestar por su prolongada reclusión sin cargos ni juicio, los malos tratos y la negación de la debida atención médica. Al parecer, a consecuencia de las palizas, al menos 10 reclusos necesitaron tratamiento hospitalario.
  • También se supo que agentes de los servicios de Seguridad Central habían propinado en repetidas ocasiones patadas, golpes y latigazos a Mustafa Abdu Yahya al Nahari, a quien habían recluido durante una semana en un lugar secreto tras haberlo detenido en su domicilio el 14 de noviembre. Con los ojos vendados en todo momento, lo habían interrogado en relación con las manifestaciones y obligado a firmar un documento sin conocer su contenido. Posteriormente, lo abandonaron en una calle, aún con los ojos vendados.
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Penas crueles, inhumanas o degradantes

Mientras los islamistas radicales controlaron Zinyibar aplicaron una interpretación estricta de la sharia (ley islámica), y en septiembre se supo que habían amputado las manos a dos hombres acusados de robo, uno de los cuales murió a consecuencia de ello.

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Derechos de las mujeres

Las mujeres y las niñas seguían estando gravemente discriminadas en la ley y en la práctica, sobre todo en zonas rurales. No obstante, las mujeres desempeñaron un papel importante, a veces de liderazgo, en las manifestaciones contra el gobierno, por lo que, el 15 de abril, el presidente Salé condenó públicamente como “contraria al islam” la mezcla de hombres y mujeres en las manifestaciones. Como respuesta, miles de mujeres se manifestaron para desafiar así lo que consideraban un intento del presidente de restringir su derecho a la libertad de expresión y a participar en los asuntos públicos. Las mujeres activistas y periodistas eran perseguidas por las fuerzas de seguridad y por simpatizantes del gobierno, que las sometían a hostigamiento, detención y, en algunos casos, palizas por participar en manifestaciones. Algunas eran amenazadas a través de sus familiares, por ejemplo ordenando a sus familiares varones que las controlaran y que reprimieran su activismo.

  • Según la información recibida, tras la detención de Tawakkol Karman en enero, su hermano recibió una llamada telefónica en la que lo conminaron a mantenerla confinada en casa, ya que, de lo contrario, “quienes debilitaran el látigo de la obediencia morirían”.
  • El 9 de octubre decenas de mujeres resultaron heridas al ser agredidas por simpatizantes del gobierno cuando participaban en una marcha en Taiz para celebrar la concesión del Premio Nobel de la Paz a Tawakkol Karman.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Yemen continuaba albergando a más de 200.000 refugiados africanos, la mayoría somalíes. Además, a partir de agosto empezaron a llegar más a causa de la sequía, los conflictos y la inseguridad política. Soportaban duras condiciones, agravadas por la creciente crisis política, económica y humanitaria de Yemen, y muchos de ellos se manifestaron ante las oficinas del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

  • En julio, el ACNUR cerró durante varios días sus oficinas de Saná, tras haberse producido enfrentamientos entre la policía y cientos de refugiados eritreos y de otras nacionalidades, que habían acampado ante ellas para exigir su reasentamiento, habida cuenta de la inestable situación en Saná.
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Pena de muerte

Al menos 29 personas fueron condenadas a muerte, y como mínimo 41 fueron ejecutadas; las cifras reales podían ser considerablemente superiores. Cientos de personas permanecían condenadas a muerte.

  • Yasser Ismail y cuatro familiares suyos varones, de entre 20 y 30 años, corrían peligro de ser ejecutados, tras haber confirmado el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo las condenas que se les habían impuesto en 2006 por asesinato.
  • Ahmed Omar al Abbadi al Markashi corría peligro de ser ejecutado tras haber confirmado el Tribunal de Apelación su condena de muerte en junio. Guardia de seguridad en el domicilio, en Saná, de Hisham Bashraheel, redactor jefe del periódico Al Ayyam, había sido declarado culpable de asesinato en junio de 2010, a causa de un incidente ocurrido en 2008, cuando al haber empezado a disparar contra la casa del periodista un grupo de hombres armados, uno de ellos murió a consecuencia de los disparos de respuesta de los guardias de seguridad. Su juicio fue injusto.
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