Yemen
Jefe del Estado
Abd Rabu Mansur Hadi (sustituyó a Alí Abdulá Salé en febrero)
Jefe del gobierno
Mohamed Salim Basindawa

La situación de los derechos humanos mejoró durante la transición que siguió a la salida del poder del presidente Salé tras el levantamiento de 2011. Sin embargo, persistió la falta de información sobre la suerte que habían corrido las personas detenidas o desaparecidas durante 2011. La impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno del presidente Salé se afianzó debido a una nueva ley de inmunidad, y la mayoría de los homicidios de manifestantes y otras violaciones de derechos humanos cometidas en 2011 y 2012 no se investigaron. Se negó también la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados en algunas zonas del país. Más de 20 personas detenidas arbitrariamente durante el levantamiento de 2011 y las ulteriores protestas seguían en prisión o eran víctimas de desaparición forzada. Continuaron conociéndose casos de tortura y otros malos tratos. Como respuesta a los disturbios del sur del país, las fuerzas de seguridad y grupos vinculados a ellas hicieron un uso excesivo de la fuerza, lo que causó al menos una docena de muertes, y recluyeron arbitrariamente a decenas de personas participantes en las protestas o partidarias de la secesión del sur. Ansar al Sharia, grupo armado, vinculado a Al Qaeda en la Península Arábiga y que controló algunas zonas de la gobernación de Abyan hasta junio, cometió abusos contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias y amputaciones. Una ofensiva militar del gobierno, con el objetivo de expulsar a Ansar al Sharia de las ciudades que estaban bajo su control, se caracterizó por las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por ambos bandos y causó muertes de civiles. Las mujeres y las niñas seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica y sufrían violencia en el ámbito familiar. Se tuvo noticia de la existencia de esclavitud en algunas zonas del país. La situación humanitaria alcanzó un punto crítico. Un mínimo de 7 personas fueron condenadas a muerte y por lo menos 28 fueron ejecutadas, entre ellas al menos 2 que eran menores de edad en el momento del presunto delito.

Información general

El 25 de febrero, el ex vicepresidente Abd Rabu Mansur Hadi fue investido como presidente tras unas elecciones, en las que había sido el único candidato, convocadas en virtud del acuerdo sobre transferencia del poder alcanzado con la mediación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico y firmado por el ex presidente Salé el 23 de noviembre de 2011. El nuevo presidente, junto con el “gobierno de reconciliación nacional” formado en diciembre de 2011, tenía el mandato de llevar a efecto una transición de dos años, durante la cual debía organizar un diálogo nacional, celebrar un referéndum sobre una nueva Constitución, reformar el sistema electoral, reestructurar las fuerzas armadas y de seguridad y tomar medidas para establecer mecanismos de justicia transicional. A continuación se celebrarían elecciones generales con arreglo a la nueva Constitución.

En mayo se creó un comité de mediación que contactó con diferentes partes para que se unieran al diálogo nacional. El 14 de julio se formó un comité preparatorio que más adelante entregó al presidente Hadi una lista de 20 recomendaciones para que el diálogo tuviera éxito. Entre ellas figuraban la petición de disculpas a la población del sur y de la provincia septentrional de Sada por las violaciones de derechos humanos cometidas y la liberación de todas las personas recluidas en relación con el Movimiento del Sur, el conflicto de Sada y el levantamiento de 2011. Al terminar el año no se habían aplicado las recomendaciones. En diciembre, el presidente Hadi anunció que destituiría de sus cargos al jefe de la Guardia Republicana (hijo del ex presidente), al jefe de Estado Mayor de las fuerzas de Seguridad Central (sobrino del ex presidente) y al comandante de la Primera División Acorazada del ejército, entre otras medidas de reestructuración de las fuerzas armadas.

A pesar de los efectos estabilizadores de la transición, persistía la inseguridad, incluidos los secuestros. Se temió que el homicidio del abogado Hassan al Dawlah en diciembre pudiera haberse debido a su trabajo.

Se agudizó la crisis humanitaria, caracterizada por la grave escasez de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad; el aumento del desempleo; el incremento del costo de la vida, y los recortes en el suministro de energía eléctrica y petróleo. Los donantes internacionales se comprometieron a aportar más de 7.000 millones de dólares estadounidenses para ayudar a Yemen durante su transición, pero organismos de ayuda internacionales y yemeníes pidieron una financiación de emergencia, dirigida específicamente a evitar una hambruna.

Se presentaron cargos contra al menos 28 personas en relación con un ataque contra el palacio presidencial llevado a cabo el 3 de junio de 2011 y en el que el presidente Salé había resultado herido y otras personas habían muerto, pero al terminar el año no habían sido llevadas a juicio. Según se tuvo noticia, varias sufrieron tortura u otros malos tratos.

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Impunidad

El 21 de enero, el gobierno promulgó una ley de inmunidad (Ley 1 de 2012) en aplicación del acuerdo sobre transferencia del poder. La ley concedía al ex presidente Salé y a todas las personas que habían trabajado para su gobierno inmunidad de enjuiciamiento penal por “actos de motivación política” llevados a cabo en el desempeño de sus funciones. En consecuencia, la ley impedía que muchas víctimas de reclusión arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el prolongado mandato del presidente Salé obtuvieran justicia, verdad y reparación. Así pues, con la ley de inmunidad, Yemen incumplía su obligación jurídica internacional de investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos.

Se sometió a debate un anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Reconciliación Nacional que, en caso de ser aprobado, proporcionaría cierto grado de reparación a víctimas y supervivientes. Sin embargo, el anteproyecto insistía en el perdón como elemento de la reconciliación y no hacía justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Al parecer, no se llevó a cabo ninguna investigación judicial sobre decenas de casos de muerte de manifestantes o violación de derechos humanos ocurridos en el contexto de los disturbios

de 2011. Tampoco hubo investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante los conflictos armados internos de Taiz y otras zonas, como los ataques aparentemente indiscriminados y desproporcionados que habían causado muertes de civiles durante los combates entre fuerzas gubernamentales y partidarios armados de Sadeq al Ahmar, jefe tribal de la zona de Al Hasaba, en Saná, en el segundo semestre de 2011.

Un decreto presidencial promulgado el 22 de septiembre estableció una comisión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el levantamiento de 2011, pero al terminar el año la comisión no había comenzado sus actividades.

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Detención y reclusión arbitrarias

La mayoría de las personas detenidas en relación con las protestas antigubernamentales en 2011 quedaron en libertad a principios de 2012. Muchas habían sido recluidas arbitrariamente por diferentes fuerzas de seguridad, en muchos casos en centros de detención no registrados, durante semanas o meses y sin cargos ni juicio. Según se tuvo noticia, algunas habían sufrido tortura u otros malos tratos. Se creía que al menos 20 personas continuaban recluidas arbitrariamente o habían desaparecido en relación con las protestas de 2011 o tras ser detenidas en 2012.

  • Al Nahari Mohammed Ali al Nahari, de unos 13 años de edad, quedó en libertad sin cargos en julio de 2012. Había desaparecido en mayo de 2011 tras participar en protestas en Saná y se creía que había estado recluido en secreto, bajo la custodia de las fuerzas de Seguridad Nacional. Perdió la audición en un oído tras ser golpeado repetidamente mientras estuvo detenido.

Continuaron en pie los campamentos de protesta en Taiz y en Saná, donde la ciudad de tiendas de campaña de la plaza del Cambio siguió custodiada por la Primera División Acorazada del Ejército, que había apoyado las protestas, pero, según la información recibida, seguía practicando detenciones y recluyendo a los detenidos sin cargos ni juicio.

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Derechos de las mujeres y las niñas

Continuó la discriminación de las mujeres y las niñas en la ley y en la práctica, sobre todo en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, y persistió también el elevado nivel de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y por motivos de género.

Las mujeres tuvieron menos protagonismo en los campamentos de protesta después de que algunas hubieran sido golpeadas o intimidadas en 2011 por otras mujeres vinculadas a Al Islah, uno de los principales partidos opositores, que no aprobaba su participación en las marchas junto con los hombres ni sus protestas contra el comandante de la Primera División Acorazada.

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Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad continuaron usando con impunidad fuerza excesiva contra manifestantes, especialmente en Adén y otras ciudades del sur. Sólo dos investigaciones judiciales sobre muertes violentas de manifestantes durante el levantamiento de 2011 dieron lugar a enjuiciamientos.

  • En junio, tres hombres al parecer vinculados a las autoridades locales fueron condenados a muerte in absentia en relación con un ataque con granadas perpetrado el 17 de febrero de 2011 y en el que un manifestante había muerto y otros 15 habían resultado heridos en la plaza de la Libertad de Taiz.
  • Se presentaron cargos contra 79 hombres en relación con la muerte de decenas de manifestantes el 18 de marzo de 2011 en Saná. En junio, el fiscal general afirmó que sólo 14 de los acusados estaban bajo custodia; los demás habían quedado en libertad bajo fianza o seguían en libertad. El juicio, ante el Tribunal Penal Especial, se suspendió mientras el juez solicitaba aclaraciones al Tribunal Supremo en relación con la ley de inmunidad y entre interrogantes acerca de si los verdaderos autores estaban entre los procesados.
  • La investigación oficial abierta en 2011 sobre la muerte de manifestantes en la plaza de la Libertad de Taiz el 29 de mayo de 2011 no pareció registrar avances en 2012.

Un tribunal administrativo falló en noviembre que las autoridades tenían la obligación de proporcionar tratamiento médico a las personas heridas en las protestas de 2011 o enviarlas a otros países para que recibieran tratamiento, con arreglo a un decreto presidencial promulgado a finales de 2011.

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Represión de la disidencia: protestas en el sur de Yemen

Las fuerzas de seguridad y los partidarios del gobierno siguieron usando fuerza excesiva, incluidos medios letales, contra los manifestantes en Adén y otras ciudades del sur del país; mataron al menos a una docena de personas y causaron heridas a muchas más. También detuvieron y recluyeron durante breves periodos a decenas de personas, en su mayoría partidarios del Movimiento del Sur, que propugnaba la secesión del sur.

  • El 7 de julio, elementos de las fuerzas de la Seguridad Central que se desplazaban en vehículos blindados, apoyados por francotiradores, dispararon contra una manifestación pacífica en Adén; mataron a 4 personas y causaron heridas a 18. Los atacantes abrieron fuego desde tres vehículos blindados al llegar los manifestantes a una glorieta, y cuando éstos intentaron huir, los francotiradores comenzaron a disparar contra ellos.
  • Abdul Raouf Hassan Zain al Saqqaf, estudiante y activista del Movimiento del Sur, fue detenido junto con otras cuatro personas por las fuerzas de seguridad en Adén el 10 de agosto. Los llevaron a una comisaría de policía, donde les propinaron golpes con las culatas de los fusiles y con un palo. Los otros cuatro detenidos quedaron en libertad, pero Abdul Raouf al Saqqaf fue trasladado a la Prisión Central de Al Mansura, donde lo golpearon de nuevo y lo recluyeron en régimen de aislamiento en una celda de pequeñas dimensiones, infestada de cucarachas y sin luz ni aire fresco. Quedó en libertad el 13 de agosto, pero amenazaron con detenerlo de nuevo. En noviembre, unos desconocidos al parecer vinculados al partido Al Islah lo golpearon brutalmente, y más tarde resultó herido al disparar contra él unos enmascarados que intentaron secuestrarlo.

Las fuerzas de seguridad allanaron hospitales para detener a manifestantes heridos. Médicos sin Fronteras cerró su hospital en Adén en octubre tras sufrir repetidos allanamientos durante los cuales las fuerzas de seguridad amenazaron a su personal.

  • El 27 de septiembre, según se supo, dos guardias de seguridad que trabajaban para Médicos sin Fronteras fueron golpeados y amenazados a punta de pistola por unos desconocidos en Adén.
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Conflicto armado de Abyan

Ansar al Sharia (Seguidores de la Ley Islámica) siguió cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en la ciudad de Yaar, gobernación de Abyan, cuyo control había tomado en febrero de 2011, así como en otras ciudades de la gobernación de Shabwa de las que tomó también control en fechas posteriores. El grupo armado llevó a cabo ejecuciones sumarias e impuso penas crueles, inhumanas y degradantes, como amputaciones de manos, a personas a las que acusaba de cometer “delitos”, e intentó hacer cumplir exigencias sociales y religiosas discriminatorias y represivas mediante violencia y amenazas de violencia. También secuestró y hostigó a activistas comunitarios.

Continuaron durante el año los combates entre las fuerzas gubernamentales y Ansar al Sharia, en los que ambos bandos violaron el derecho internacional humanitario. Ansar al Sharia expuso de modo temerario a la población civil a sufrir daños al almacenar municiones y explosivos en zonas residenciales densamente pobladas, lanzó ataques desde lugares contiguos a viviendas civiles, recluyó y sometió a malos tratos a civiles, restringió el acceso a atención médica e hizo amplio uso de minas terrestres antipersonal y armas trampa. Las fuerzas gubernamentales atacaron con aviones, tanques, artillería y morteros, a menudo de manera indiscriminada o desproporcionada, causando muertos y heridos entre la población civil, hasta que lograron expulsar a Ansar al Sharia de Abyan y las zonas circundantes a finales de junio. Las fuerzas gubernamentales también obstruyeron el acceso a tratamiento médico de las personas heridas y sometieron a desaparición forzada a presuntos combatientes de Ansar al Sharia.

Al terminar el año, Ansar al Sharia seguía llevando a cabo atentados con explosivos y otros ataques contra instalaciones y miembros de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad.

Ataques con vehículos aéreos no tripulados

Las fuerzas de Estados Unidos usaron vehículos aéreos no tripulados (drones) para atacar a presuntos partidarios de Al Qaeda en la provincia de Abyan y en otros lugares, al parecer con el consentimiento del gobierno yemení. Se tuvo noticia de muertes de civiles, pero no se sabía con certeza si se habían producido en tales ataques o en operaciones de las fuerzas yemeníes, y no se llevó a cabo investigación alguna.

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Personas internamente desplazadas

Muchas personas desplazadas por la fuerza debido al conflicto armado de Abyan y las zonas circundantes pudieron regresar a sus hogares antes de terminar el año, a pesar de la amenaza que entrañaban las minas terrestres antipersonal y otros artefactos dejados por Ansar al Sharia. Sin embargo, decenas de miles de personas más seguían en situación de desplazamiento interno, la mayoría en Adén.

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Esclavitud

Se supo que había familias que llevaban generaciones esclavizadas en algunas zonas del país. Al parecer, la continuidad de esta práctica era posible por la falta de escrutinio del Estado.

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Pena de muerte

Al menos 7 personas fueron condenadas a muerte y como mínimo 28 fueron ejecutadas. Se creía que el número real era mucho mayor. Al menos 2 fueron ejecutadas por delitos presuntamente cometidos cuando no habían cumplido los 18 años. Se creía que había centenares de personas condenadas a muerte, al menos 25 de ellas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

  • Fuad Ahmed Ali Abdulla fue ejecutado en la prisión de Taiz el 18 de enero. Había sido declarado culpable de un asesinato cometido en 2004, cuando tenía menos de 18 años.
  • Hind al Barati fue ejecutada en la Prisión Central de Saná el 3 de diciembre. Había sido declarada culpable de un asesinato cometido cuando al parecer tenía 15 años.
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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Yemen en junio-julio y diciembre. No se permitía el acceso de la organización a Yemen desde enero de 2011.