DE LAS PROMESAS A LOS HECHOS. DAR PRIORIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

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DAR PRIORIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS EN

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Número de páginas: 64

I.S.B.N.: 978-84-96462-29-8

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DE LAS PROMESAS A LOS HECHOS

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son la iniciativa mundial más prominente destinada a erradicar la pobreza. Suscritos al más alto nivel político, han contribuido de forma crucial a centrar la atención internacional en cuestiones de desarrollo y reducción de la pobreza. Sin embargo, el progreso ha sido dispar y la ONU ha advertido claramente que muchas de las metas globales no se cumplirán antes de 2015 a menos que se intensifiquen enormemente los esfuerzos.

Amnistía Internacional cree que las normas de derechos humanos –y la obligación de los gobiernos de cumplirlas– deben ocupar un lugar central en las iniciativas emprendidas en el marco de los ODM a fin de cumplir las promesas hechas en la Declaración del Milenio. Este informe pone de manifiesto la brecha existente entre las metas actuales de los ODM y las medidas que los Estados deben tomar en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y se centra en tres asuntos principales: igualdad de género, salud materna y asentamientos precarios. Se analiza en él la forma en que la integración de las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos en los actuales esfuerzos por cumplir los ODM fortalecerían las medidas para erradicar la pobreza y ayudar a garantizar un progreso real en el cumplimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de todas las personas.

Para que los derechos humanos ocupen un lugar central en los ODM, los gobiernos deben mejorar su rendición de cuentas; deben revisar los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan en el cumplimiento de los ODM para que sean consecuentes con las normas de derechos humanos; deben incluir a los excluidos; fijar marcadores nacionales de progresos realizados; y garantizar la participación de todas las personas en las decisiones que afecten a sus derechos humanos.

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