Diciembre 08 - Enero 09

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Crímenes del pasado. España no debe ser una excepción

El Estado español debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas. En consecuencia, debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.

El pasado 16 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón, admitió a trámite la investigación sobre los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Cuatro días después, el Ministerio Fiscal formuló un “recurso de apelación” ante la Sala de lo Penal, solicitando su archivo.

Posteriormente, el 18 de noviembre, el juez decidió inhibirse de esta causa en favor de los Juzgados de Instrucción de las localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas, o que se identifiquen en el futuro.

Con independencia del tribunal a cargo de las investigaciones, el Estado español tiene el deber legal de poner fin a la prolongada injusticia padecida por las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.

“No es posible que los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves cometidos en [varios países], en cuyas causas ha sostenido la nulidad de las leyes de amnistía o prescripción, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”, como hemos señalado en un manifiesto firmado por 40 juristas.[1]

El pasado 12 de noviembre publicamos también un informe [2] que desmiente mitos y distorsiones en torno a la investigación de las desapariciones forzadas perpetradas durante esa época.

El Ministerio Fiscal había invocado la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos, entre otros, para frenar la investigación. Pero la aplicación de estas alegaciones podría suponer el establecimiento de mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También ha pedido al gobierno la creación de una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares.

España, que es el país con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, ha prolongado una situación de injusticia a la que debe poner fin, a riesgo de situarse entre los pocos países del mundo que dan la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad.

[1]. www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-del-franq...

[2]. España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. www.es.amnesty.org/paises/espana/documentos/

Una joven de 60 años

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en un acto en el que Eleanor Roosevelt, coordinadora de su redacción, proclamó que se trataba de un hito para la humanidad.

Por primera vez, la mayoría de los países del mundo se comprometían públicamente a garantizar los derechos de todos los seres humanos por el mero hecho de haber nacido.

Aquel impulso, surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, quedó en parte bloqueado por la Guerra Fría. Pero no del todo. De su tronco han nacido numerosas ramas, desde tratados y protocolos a un poderoso movimiento civil, como la propia Amnistía Internacional, nacida al amparo de su aliento.

De sus dos grandes bifurcaciones, los derechos civiles y políticos han tenido un mayor desarrollo normativo, aunque los económicos y sociales podrían dar un gran salto adelante si las Naciones Unidas aprueban, como se espera, un protocolo adicional al Pacto que los regula, por el que se iniciaría el camino para poder reclamar su cumplimiento ante la justicia internacional.

Al cumplirse el 10 de diciembre de 2008 su 60 aniversario, activistas de Amnistía Internacional se movilizan en todo el mundo para proclamar la vigencia y el futuro de la Declaración Universal, bajo el lema “Aviva la llama”.



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