ENERO - FEBRERO 11

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Portada del nº 106 de la Revista

SUMARIO

3 EDITORIAL

Un nuevo paso contra
las desapariciones
Enjuiciamiento a Wikileaks

EN ACCIÓN

4 Maratón de Cartas

7 Noticias

12 En positivo

14 Cambia sus vidas. !Actua!

16 Para profundizar

PEDIMOS

17 Estados Unidos. Los "Cinco de Cuba"

18 España. Formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad

20 Marruecos y Sáhara Occidental. Crisis en el Sáhara Occidental

DENUNCIAMOS

22 Europa. Detenciones secretas de la CIA

CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD

24 Nicaragua. Las niñas víctimas de violencia sexual alzan su voz

26 Entrevista con Martha Munguía

27 Indonesia. Mujeres y niñas sin acceso a la salud reproductiva

28 Nigeria. Desalojos forzosos

CAMPAÑAS

30 México. Documental Los invisibles

ENTREVISTAS

32 Colombia. Madres de Soacha

34 Irán. Mohamad Mostafeí, primer defensor de Sakineh Ashtianí

HABLAMOS DE

36 Uruguay y Perú. Dos soplos de esperanza

37 Asamblea Sección Española

38 Colabora

Un nuevo paso contra las desapariciones

El pasado 23 de diciembre se cumplió un viejo sueño de los activistas de derechos humanos. Ese día entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tras alcanzar las 20 ratificaciones necesarias. Amnistía Internacional llevaba un cuarto de siglo trabajando para conseguirlo.

El objetivo del tratado es que se establezca la verdad de las desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a realizar investigaciones para localizar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables y garantizar una reparación a los sobrevivientes y a sus familias.

Se trata de un importante paso en la lucha contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de relegar a la historia esta práctica generalizada. Casi el 90% de la comunidad internacional aún tiene que contraer el compromiso de ocuparse de las desapariciones forzadas.

Nuevo objetivo: un comité operativo

La entrada en vigor de la Convención traerá consigo el establecimiento de un nuevo órgano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada.

Este órgano independiente e imparcial, vigilará la aplicación de la Convención y podrá recibir denuncias de víctimas, o en nombre de víctimas, cuando las autoridades nacionales no cumplan con sus obligaciones para con ellas.

Sin embargo, a fin de que el Comité pueda recibir y examinar denuncias de víctimas o de sus representantes, los gobiernos de sus países deben hacer una declaración accediendo a ello. Hasta ahora, sólo seis de los 20 Estados que han ratificado la Convención lo han hecho.

En el marco de nuestra campaña por la justicia internacional, en los próximos años emprenderemos acciones para conseguir que los demás Estados ratifiquen también la Convención sin demora, y reconozcan la competencia del nuevo comité para examinar denuncias de particulares.

Instamos a todos los Estados a que revisen su legislación para asegurarse de que pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por este delito ante sus tribunales nacionales.

Enjuiciamiento a Wikileaks

Al cierre de esta edición, sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pesaba la posibilidad de que fuera enjuiciado por publicar documentos del gobierno estadounidense, que está realizando una investigación judicial sobre las acciones de Wikileaks.

Los procedimientos penales que tengan por objeto castigar a un particular por comunicar indicios de violaciones de derechos humanos no están justificados jamás. Lo mismo cabe decir en el caso de la información sobre una amplia variedad de otras cuestiones de interés público. Un número considerable de los documentos publicados por Wikileaks parecen pertenecer a estas categorías, por lo que todo enjuiciamiento basado total o parcialmente en esos documentos sería incompatible con la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho internacionalmente reconocido que limita el poder del Estado para prohibir la recepción y publicación de información. Es el Estado el que debe demostrar que toda restricción que imponga es necesaria y que no amenaza a la libertad de expresión.

Por otra parte, sobre Julian Assange pesaba una orden de extradición a Suecia por delitos sexuales, que sus partidarios consideraban que escondían una motivación política. Al cierre de esta edición, no teníamos información que nos permitiera confirmar o descartar tales especulaciones, pero estamos muy atentos a la marcha de la causa.

En otro orden de cosas, Paypal, Visa y Mastercard habían eliminado la posibilidad de que sus usuarios hicieran donaciones en línea a Wikileaks, alegando que podría estar realizando actividades ilegales. Se ha especulado que esta restricción se debía a presiones del gobierno estadounidense.

Los gobiernos no pueden eludir su obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión, intentando hacer indirectamente lo que tienen prohibido hacer directamente. Las empresas también deben garantizar, como mínimo, que sus acciones respeten los derechos humanos.

Además, el soldado estadounidense Bradley Manning estaba detenido por cargos entre los que figura la filtración de información sobre la defensa nacional. Consideraríamos motivo de preocupación que un gobierno intentara castigar a una persona que, por razones de conciencia, hubiera publicado información con el convencimiento de que probaba violaciones de derechos humanos que el gobierno intentaba mantener en secreto.

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