febrero-marzo 08

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Editorial

Contra la Trata de Seres Humanos

La entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, el 1 de febrero de 2008, supone una esperanza para las innumerables personas compradas y vendidas en Europa con fines de explotación, casi siempre para formar parte de redes de prostitución forzada o para hacer trabajos peligrosos o mal pagados en el sector de la agricultura, la industria, la construcción, la hostelería, o en tareas domésticas.

Las víctimas, en el caso de que sobrevivan, lejos de ser consideradas objeto de crímenes horrendos, suelen ser tratadas como delincuentes o como migrantes ilegales, a quienes se debe expulsar del país lo antes posible.
En las ocasiones en que las autoridades deciden perseguir a los tratantes de seres humanos, las personas objeto de trata son consideradas sólo herramientas útiles para el sistema de justicia penal.

Rara vez se abordan las consecuencias psicológicas, médicas y sociales de la dura experiencia por la que han pasado, ni las causas que constituyen la raíz del problema. Cuando se les ofrece asistencia para que se recuperen, muchas veces es a condición de que acepten cooperar en el procesamiento de sus tratantes. Esta cooperación a menudo aumenta el riesgo de que las personas objeto de trata y sus familiares sufran represalias.

Los Estados Partes en el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos han dado un paso importante para cambiar la situación. No sólo se han comprometido a emprender acciones individuales y colectivas para prevenir y penalizar la trata, y a llevar a los responsables ante la justicia sino, además, a adoptar otras medidas mínimas necesarias para el respeto y la protección de los derechos de las personas objeto de trata.

Para que se cumplan las promesas del Convenio, es importante que los demás Estados miembros y los Estados observadores del Consejo de Europa, además de la Comunidad Europea, pasen a ser parte en el Convenio, y que apliquen íntegramente sus disposiciones.

El establecimiento, el 1 de febrero de 2009, del mecanismo de seguimiento del Convenio –el Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos (conocido como GRETA)– tiene por objeto garantizar la aplicación plena y eficaz del Convenio por cada una de las Partes. Sin embargo, para que este órgano cumpla su mandato todas las personas elegidas para participar en él deben ser independientes y verdaderos expertos en sus correspondientes campos, además de poseer los conocimientos y competencias necesarios. Por otro lado, se debe dotar al GRETA de los recursos económicos y humanos precisos para que lleve a cabo su trabajo.

A tal efecto, Amnistía Internacional ha formulado 14 recomendaciones, basadas en la amplia experiencia adquirida en su tarea de observación de una variedad de mecanismos internacionales y regionales de vigilancia y aplicación de tratados*.

Pena de muerte, se estrecha el cerco

El año 2007 ha sido bueno para el movimiento contra la pena de muerte en Estados Unidos. La mayoría de las ejecuciones han cesado en la práctica mientras la Corte Suprema estudia los recursos presentados contra el proceso de inyección letal. En diciembre, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado del país, en más de 30 años, en abolir la pena de muerte a través de su cámara legislativa.

No es de extrañar que los defensores de la pena de muerte se hayan lanzado al contraataque, desenterrando desfasados estudios sobre el factor disuasorio.

Lo único que realmente demuestran estos estudios es que, en los 30 últimos años, los índices de homicidio en Estados Unidos han fluctuado, aumentando y disminuyendo periódicamente, pese a que el número de ejecuciones se ha incrementado durante ese mismo periodo.

De hecho, cuando los tribunales de Nueva York revocaron los estatutos de pena de muerte en 2005, los índices de homicidio en la ciudad llevaban diez años disminuyendo. Y así ha seguido: el índice de homicidios cometidos en la ciudad en 2007 va camino de ser el más bajo desde que se elaboraron las primeras estadísticas fiables, en 1963.

Texas tiene en su haber más de un tercio de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976. “Pese al inigualable despliegue de la pena de muerte”, señalaba el Dallas Morning News en un editorial el 2 de diciembre, “el índice de asesinatos de Texas está ligeramente por encima de la media.”

 

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