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La tortura en el punto de mira

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional actúan en todo el mundo. Piden a los gobiernos que reafirmen su compromiso con el consenso manifestado tras la Segunda Guerra Mundial: que la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos.

Haz clic en las fotos de la derecha para ver más imágenes de acciones en todo el mundo.

En tiempos recientes se ha producido una nueva y profunda amenaza para la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos en el contexto de las respuestas de los gobiernos a la amenaza del terrorismo. Es la validez misma de la prohibición absoluta lo que han puesto en entredicho las acciones de gobiernos de todo el mundo.

Lo que esto significa en realidad es que se somete a las personas a prácticas atroces. En el contexto de las estrategias de los gobiernos contra el terrorismo, Amnistía Internacional ha documentado prácticas como:

palizas, descargas eléctricas, ahogamientos simulados, aislamiento prolongado y otros abusos físicos;
la devolución de personas a países donde corren peligro de sufrir tortura, en ocasiones basándose en endebles “garantías diplomáticas”;
detención secreta.

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que: condenen todas las formas de tortura y otros malos tratos; prevengan la tortura, lo que incluye poner fin a la detención secreta y en régimen de incomunicación; y hagan rendir cuentas a los responsables de autorizar, facilitar o infligir tortura u otros malos tratos.

Hoy no es un día de recuerdo pasivo sino de acción: gobiernos y ciudadanos de todo el mundo deben actuar para invertir la tendencia de los últimos años y erradicar estas prácticas crueles e inhumanas.

No dejes que la tortura quede sin respuesta:

En vista de la Presidencia francesa de la Unión Europea, envía un correo electrónico al presidente Nicolas Sarkozy instándole a que anime al Consejo de la Unión Europea a actuar para poner fin a las entregas extraordinarias y las detenciones secretas;

Escribe al gobierno de Túnez para pedirle que adopte medidas para poner fin a la tortura y otros malos tratos;

Firma la petición para que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a las detenciones ilegales;

Fallo de la Corte Suprema sobre la detención en Guantánamo: ha llegado la hora de un cambio real

Wed, 18 Jun 2008 15:55:15 +0100

El 12 de junio de 2008, la Corte Suprema de EE. UU. reconoció, en la causa Boumediene v. Bush, el derecho de las personas detenidas en la base de la bahía de Guantánamo, Cuba, a impugnar su privación de libertad ante los tribunales civiles estadounidenses. Amnistía Internacional ha manifestado que este fallo es un paso esencial hacia la restauración del Estado de derecho en el contexto de las medidas antiterroristas vigentes en EE. UU.

La sentencia elimina un obstáculo clave para la reivindicación de los derechos fundamentales, poniendo fin a una situación ilegítima de aislamiento, silencio forzado, invisibilidad y poder ejecutivo incontrolado en la base de Guantánamo.

La Corte Suprema ha declarado inconstitucionales los intentos de la administración y el Congreso (mediante la Ley de Comisiones Militares de 2006) de despojar a los detenidos del derecho de hábeas corpus. También ha considerado deficiente el sistema establecido por la administración y el Congreso para sustituir el procedimiento de hábeas corpus. Se trata del sistema de “Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente”, órganos compuestos por tres oficiales de las fuerzas armadas facultados para examinar la condición de “combatiente enemigo” de los detenidos cuyas decisiones definitivas son sometidas a una revisión judicial sumamente limitada conforme a la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005. Las primeras vistas celebradas por estos tribunales especiales no se celebraron sino más de dos años después del comienzo de las detenciones. A la fecha de la resolución de la Corte Suprema no se había llevado a cabo ninguna revisión judicial de las decisiones de estos tribunales.

“Es la primera vez desde 2004 que el máximo tribunal de EE. UU. ha rechazado el argumento de la administración Bush de que puede detener indefinidamente a las personas sin cargos ni juicio, sin un acceso significativo a la justicia”, ha señalado Amnistía Internacional. La organización había presentado un informe de amicus curiae en esta causa.

“Ha llegado la hora de que el gobierno estadounidense tome medidas para que sus prácticas y políticas de detención en el contexto de la “guerra contra el terror” se ajusten a las normas internacionales. La administración debe poner fin a toda injerencia en el acceso de las personas detenidas a los tribunales civiles. Debe cerrar Guantánamo sin dilación, abandonar el sistema fundamentalmente injusto de procedimientos celebrados ante comisiones militares y devolver la libertad a las personas detenidas en la base o acusarlas formalmente y procesarlas en la jurisdicción federal estadounidense”, ha declarado Amnistía Internacional.

La respuesta inmediata del presidente George W. Bush a la decisión de la Corte Suprema ha sido ponerse del lado de los cuatro magistrados que han disentido de la opinión de la mayoría. El presidente ha declarado que a los jueces disidentes les preocupaba la seguridad nacional y que la administración “estudiaría esta opinión”, añadiendo: “[L]o haremos teniendo esto en cuenta, a fin de determinar si es o no oportuno aprobar legislación adicional, para que podamos decir con seguridad o decir verdaderamente al pueblo estadounidense que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para protegerlo”.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que en el pasado el gobierno estadounidense ha tratado de burlar las resoluciones de la Corte Suprema sobre sus prácticas y políticas de detención –introduciendo la famosa Ley de Comisiones Militares cuando la Corte Suprema falló en su contra en la causa Hamdan v. Rumsfeld–, y la organización espera que la respuesta del presidente no sea una señal de que el gobierno de EE. UU. no se propone abordar adecuadamente la sustancia de la sentencia de la Corte.

“Hace mucho tiempo que debería haberse hecho justicia en el caso de estos aproximadamente 280 detenidos, muchos de los cuales llevan más de seis años privados de su libertad sin acceso a ningún tribunal”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Video: Murat Kurnaz

Mon, 16 Jun 2008 14:55:34 +0100

Video placeholder

Murat Kurnaz fue detenido en Pakistán en noviembre de 2001, desde donde fue trasladado a Afganistán y Guantánamo bajo custodia de EE. UU.

Allí permaneció recluido sin cargos ni juicio durante casi cinco años.

En agosto de 2006 fue liberado y pudo volver a su casa en Bremen, Alemania.

Irán: Activistas de los derechos de las mujeres detenidas en manifestaciones pacíficas de solidaridad

Mon, 16 Jun 2008 19:10:38 +0100

El jueves, nueve mujeres que intentaban participar en un pequeño seminario pacífico para celebrar un día de solidaridad con las mujeres iraníes fueron detenidas en Teherán. Las mujeres —Aida Saadat, Nahid Mirhaj, Nafiseh Azad, Nasrin Sotoodeh, Jelve Javaheri, Jila Baniyagoub, Sarah Loghmani, Farideh Ghaeb y Aliyeh Matlabzadeh—, que fueron trasladadas a un centro de detención, quedaron en libertad esa misma noche.

El seminario, organizado por la Campaña por la Igualdad con el fin de conmemorar el aniversario del día de la solidaridad de las mujeres iraníes, se iba a celebrar en la galería de arte Rahe Abrisham, pero las fuerzas de seguridad impidieron que comenzara tras obligar al propietario de la galería a cerrar las puertas. Las nueve mujeres fueron detenidas en el exterior de la galería de arte.

La Campaña por la Igualdad es una red que trabaja para poner fin a la discriminación que sufren las mujeres en la legislación. La campaña informa a las mujeres sobre sus derechos y pretende recoger un millón de firmas entre la población iraní para pedir el fin de las leyes discriminatorias.

Las activistas de los derechos de las mujeres en Irán consideran el 22 de Jordad (el 12 de junio) como su día nacional de solidaridad contra las leyes que discriminan a las mujeres. Hace tres años, en ese mismo día, activistas de los derechos de las mujeres organizaron una manifestación delante de la Universidad de Teherán que alcanzó un número de asistentes sin precedentes. Una manifestación pacífica similar que se organizó el año siguiente fue dispersada violentamente y finalizó con 70 detenciones. Las activistas se han comprometido a continuar realizando actividades en esta fecha hasta que las autoridades atiendan sus peticiones.

Las mujeres iraníes sufren una discriminación generalizada por ley. Se las excluye de áreas clave de participación política y no gozan de los mismos derechos que los hombres en lo que respecta al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia.

Las autoridades iraníes deben:

Poner fin al hostigamiento que sufren las activistas de los derechos de las mujeres y permitir que continúen con sus actividades pacíficas, incluida la libre celebración de su día de solidaridad en el futuro.
Tomar medidas concretas para que las leyes que rigen la vida de las mujeres sean conformes a las normas de derechos humanos

Diversidad en voces

Mon, 02 Jun 2008 15:52:17 +0100

El 27 de mayo, Amnistía Internacional presentó su Informe 2008 a los medios de comunicación en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres y contó con la presencia como invitados especiales de varios activistas de derechos humanos de todo el mundo. Hemos ahondado en el perfil de tres de ellos.

Majida Razvi, la primera mujer que ha ocupado un cargo de jueza en el Tribunal Superior de Pakistán, está ya jubilada. Actualmente es defensora de los derechos humanos y una de las siete personas que integran el consejo de administración del hogar refugio para mujeres Panah Shelter Home de Karachi.

Esta institución proporciona un remanso de paz y refugio temporal a mujeres que han sufrido violencia doméstica o agresión sexual, o que corren peligro de ser víctimas de homicidios por motivos de honor.

Majida Razvi afirma que se siente feliz de apoyar la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “en 2001 creamos los hogares de acogida, y fue Amnistía Internacional quien donó los fondos con los que empezar el proyecto. Además, otras organizaciones vinculadas a Amnistía Internacional nos han ayudado en Karachi. Por eso pienso que Amnistía Internacional ha sido de gran ayuda y espero que siga siéndolo en el futuro”.

Desde que comenzó el proyecto Panah, Majida Razvi declara que el mayor cambio que ha percibido es la conciencia general que se ha despertado en torno a la violencia contra las mujeres. “No sólo damos refugio a estas mujeres, sino que además intentamos concienciarlas mediante la organización de talleres y otras actividades similares."

"También hay una mayor sensibilización hacia esta cuestión en la opinión pública. Asimismo, hemos logrado cambiar la actitud de la policía y la judicatura, para que muestren más comprensión y cortesía ante las mujeres víctimas de abusos. Tenemos que provocar un cambio revolucionario en la opinión pública, así como en la forma de pensar de los hombres y también de las mujeres que se rigen por los dictados de sus esposos y de los mulás de la zona."

Alois Mbawara, joven zimbabuense residente en Brighton, lleva exiliado en Reino Unido desde 2002. Es uno de los miembros fundadores de Free Zim Youth, organización que trata de influir en instituciones y otros organismos para que endurezcan su postura frente a Harare.

"Somos jóvenes zimbabuenses en el exilio que huimos de la represión y la violencia política de Zimbabue", dice Mbawara. "Como ciudadanos y ciudadanas zimbabuenses sentimos la necesidad de exponer las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Mugabe. Así fue como se nos ocurrió la idea de fundar esta organización cívica para captar apoyos en la Unión Africana, con el fin de que adopte una postura frente a lo que está ocurriendo en Zimbabue.”

Mbawara explica por qué aceptó participar en la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional: "Es una buena manera de darse a conocer. En concreto, nos brinda la oportunidad de manifestar en un foro multilateral qué es lo que está sucediendo en Zimbabue. Es una ocasión histórica para expresar nuestros puntos de vista sobre el entorno político del país".

Añade que el trabajo de Amnistía Internacional ha sido útil para “documentar la vida cotidiana de las personas de a pie en Zimbabue. He de destacar que, debido a la falta de prensa y otros medios de comunicación libres, incluso quienes trabajan en organizaciones de derechos humanos carecen de acceso a la información sobre la violencia política desatada en el país, por lo que no están en situación de sacarla a la luz. Por eso el papel de Amnistía Internacional es crucial".

Mbawara afirma que, desde que Free Zim Youth comenzó su andadura, las actividades de defensa de los derechos humanos, la captación de apoyos y las manifestaciones han surtido efecto. "Habrá quien tache nuestra actitud de poco diplomática, pero hemos tenido que dirigirnos a líderes sudafricanos que venían a Reino Unido para decirles: ‘escuchen, ustedes tienen que hacer algo al respecto’”, declara en referencia a la protesta de este grupo durante la conferencia que dictó la ministra sudafricana de Asuntos Exteriores Nkosazana Dhlamini Zuma en 2006 en la Escuela de Economía de Londres.

"Hemos recibido respuestas positivas a nuestras acciones. Desde entonces, el gobierno de Sudáfrica ha emitido una declaración crítica en la que asegura que adoptará una postura firme ante lo que está ocurriendo en Zimbabue."

Murat Kurnaz, ciudadano turco nacido en Alemania y liberado de Guantánamo el 24 de agosto de 2006, pasó cuatro años y ocho meses recluido sin cargos ni juicio, pese a los escasos indicios existentes para vincularlo a actividades "terroristas". Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los alemanes han reconocido en secreto este extremo, a pesar de lo cual fueron necesarios varios años para que quedara en libertad.

Kurnaz ha denunciado que fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia estadounidense. Su libro, Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantánamo, (Cinco años de mi vida: un hombre inocente en Guantánamo), fue presentado en un acto de Amnistía Internacional celebrado en Belfast el 8 de mayo. John Le Carré lo ha calificado como "el relato más compasivo, sincero y digno de la desgracia de Guantánamo que se pueda leer nunca". Patti Smith compuso en 2006 una canción sobre Kurnaz titulada "Without Chains" (Sin cadenas) y también ha escrito el prólogo del libro.

Kurnaz declara que decidió asistir a la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “me gusta aprovechar todas las oportunidades que se me brindan para hablar, no por mí, porque yo ya soy libre, sino que intento ayudar a quienes todavía están en centros de tortura y prisiones, y hago campaña contra las personas que respaldan la tortura y construyen esos centros."

Sobre Amnistía Internacional, Kurnaz afirma lo siguiente: "Amnistía Internacional intenta mostrar a la opinión pública lo que está sucediendo. Corresponde a las personas, una vez que conocen la verdad, el tratar de cambiar las cosas."

Aunque es optimista, Kurnaz admite que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. "Puesto que han salido a la luz hechos ocurridos en el pasado, tal vez no vuelvan a tener lugar en el futuro. Creo que, aunque muy lentamente, las cosas van a cambiar. Hace unos días, me convertía en el primer ex detenido de Guantánamo que declaraba ante el Congreso de Estados Unidos. Era la primera vez que hablaban allí sobre Guantánamo. Espero que este paso sea el comienzo de grandes cambios de cara al futuro."

Los activistas de Tiananmen deben quedar en libertad

Fri, 30 May 2008 18:53:02 +0100

El miércoles 4 de junio de 2008 se cumple el decimonoveno aniversario de la represión por el gobierno chino de las manifestaciones en favor de la democracia celebradas en la plaza de Tiananmen de Pekín y en sus alrededores.

Durante las manifestaciones que allí se celebraron en 1989 en favor de la democracia, el ejército chino mató a cientos de civiles e hirió a miles más, y decenas de miles de personas fueron detenidas. Con posterioridad, fueron muchos más los activistas a los que se encarceló por cuestionar o recordar al gobierno su actuación de aquel entonces.

Cuando faltan dos meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de Pekín, Amnistía Internacional vuelve a pedir a las autoridades chinas que pongan en libertad a las personas que aún permanecen encarceladas por estos motivos, que lleven ante la justicia a los responsables de la represión y que permitan las muestras de duelo y los actos públicos en recuerdo de las víctimas. Esta actitud garantizaría en gran medida un legado positivo de los Juegos Olímpicos en materia de derechos humanos.

El 2 de junio, desde Londres a Tel Aviv o Ciudad de México, se manifiestan miles de simpatizantes de Amnistía Internacional. Muchos de ellos depositarán flores rojas y blancas en solidaridad con los familiares de las personas muertas y encarceladas. Muchos guardarán también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto ocurrido recientemente en la provincia china de Sichuan.

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que reaccionen con prontitud y sensibilidad a las necesidades de las numerosas víctimas de esta catástrofe natural.

En el decimonoveno aniversario de la represión de las manifestaciones en favor de la democracia, Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que muestren una sensibilidad similar respecto a los familiares de las personas que murieron y de las encarceladas o silenciadas por ejercer su derecho a manifestarse.

Las estadísticas oficiales son secretas, pero según la Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, siguen en prisión entre 60 y 100 personas por estos motivos. El año pasado, en vísperas de aniversario, la Red China de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos hizo pública una lista de 13 personas privadas de libertad por estos motivos, sólo en Pekín. Las autoridades chinas pusieron en libertad a varias en 2006, pero siguen ejerciendo sobre ellas una estrecha vigilancia policial e impidiéndoles la realización de actividades consideradas políticamente delicadas, como hablar con periodistas sobre sus experiencias.

Entre las personas que permanecen en prisión se encuentran:

Miao Deshun, detenido en junio de 1989 y declarado culpable de incendio premeditado. La pena que se le impuso en un principio, condena de muerte condicional, se rebajó en 1991 a cadena perpetua y en 1998 a 20 años de cárcel. En la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Yanqing, en los alrededores de Pekín, y está previsto que quede en libertad el 15 de septiembre de 2018.

Liu Zhihua formaba parte de un grupo de trabajadores que organizaron una huelga en la planta de maquinaria eléctrica de Xiangtan, en la provincia de Hubei. Tras ser condenado en un principio a cadena perpetua por pronunciar discursos “contra el gobierno” e incitar a la multitud a realizar “actos de violencia física, destrozos y saqueos”, le rebajaron la pena a 15 años de prisión en septiembre de 1993, pero en 1997 le impusieron otros cinco años de cárcel tras verse envuelto en una riña. Después de que en 2001 le rebajaran otros dos años de pena por buena conducta, está previsto que quede en libertad el 16 de enero de 2011.

Wang Jun, trabajador de la provincia de Shaanxi que contaba entonces 18 años, recibió una condena a muerte condicional por lanzar piedras, romper farolas y prender fuego a varios vehículos durante los “graves disturbios políticos” ocurridos en la fábrica Xincheng, en la ciudad de Xi'an, el 22 de abril de 1989. En la actualidad se encuentra en la prisión de Fuping, en la provincia de Shaanxi. Después de cuatro reducciones de la pena, está previsto que quede en libertad el 11 de diciembre de 2009.

Más recientemente se ha acosado, detenido y encarcelado a periodistas y a otros activistas que trataban de que la represión no cayera en el olvido. Entre ellos se encuentran:

Las Madres de Tiananmen, grupo de activistas de derechos humanos con hijos y otros parientes cercanos muertos durante la represión, que desde hace tiempo vienen pidiendo a las autoridades chinas que concedan a los familiares de las víctimas el derecho a recordarlas en público, dejen de perseguir a las víctimas y a sus familiares, pongan en libertad a todas las personas que siguen encarceladas por haber participado en manifestaciones pacíficas y lleven a cabo una investigación completa y pública sobre los sucesos ocurridos en junio de 1989. Las autoridades siguen hostigándolas, discriminándolas y deteniéndolas de forma arbitraria.

Yang Tongyan, escritor independiente que utiliza el pseudónimo de Yan Tianshui, continúa cumpliendo 12 años de cárcel en la prisión municipal de Nanquín, en la provincia de Jiangsu, por “actos subversivos” relacionados con varios cargos, como escribir en apoyo de cambios democráticos y políticos en China. Anteriormente había cumplido diez años de cárcel por haber criticado la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989 y por el presunto intento de formar un partido político de oposición. En 2007, según los informes, lo obligaron a trabajar en la confección de pelotas de fútbol y baloncesto en un entorno manifiestamente tóxico entre 8 y 10 horas diarias, pero a finales de año le asignaron un trabajo más ligero, el de bibliotecario de la prisión.

Shi Tao sigue cumpliendo 10 años de cárcel por haber enviado en un mensaje de correo electrónico el resumen de un comunicado del Departamento Central de Propaganda sobre el modo como debían tratar los periodistas el decimoquinto aniversario de la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. A finales de junio de 2007 fue trasladado a la prisión de Deshan, en la ciudad de Changde (provincia de Hunan), donde al parecer sus condiciones de reclusión son mejores, y ahora le permiten recibir visitas de su madre con regularidad. Según los informes, el Tribunal Supremo Popular ha aceptado a trámite una petición para que se revise su causa, pero hasta el momento no se han producido más reacciones.

En septiembre de 2004, el ex activista sindical Kong Youping fue condenado a 15 años de cárcel por haber publicado artículos y poemas en Internet en los que pedía que se examinara de nuevo el movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. Está cumpliendo su condena en la prisión de Lingyuan, en la provincia de Liaoning.

Parlamentarios extranjeros se reúnen con autoridades de EE.UU. sobre detenciones ilegales

Wed, 14 May 2008 09:49:40 +0100

Parlamentarios internacionales mantendrán reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense del 14 al 16 de mayo de 2008, y en ellas se debatirá el marco de Amnistía Internacional para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.

Sir Menzies Campbell, miembro del Parlamento británico, y Christophe Strasser, miembro del Parlamento alemán (Bundestag), representarán a los 1.236 parlamentarios y parlamentarias de 30 países que ya se han unido al llamamiento dirigido a las autoridades estadounidenses para que pongan fin a las detenciones ilegales en Guantánamo y otros lugares, de acuerdo con el marco de Amnistía Internacional.

Sir Menzies Campbell y Christophe Strasser se reunirán con funcionarios del Departamento de Estado, del Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos Internacionales, del Comité Judicial del Senado, de la Oficina del senador McCain y de la marina estadounidense, entre otras autoridades.

Una reproducción a tamaño real de una celda de Guantánamo recorre Estados Unidos

Desde el 8 de mayo, una reproducción a tamaño real de una celda de máxima seguridad de Guantánamo recorre Estados Unidos. La gira, organizada por Amnistía Internacional, permitirá a la población estadounidense entrever la dura realidad de la detención ilegal en régimen de aislamiento prolongado.

El 10 de mayo, Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda, ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y representante del grupo de personalidades mundiales conocido como “Global Elders”, visitó la celda en Miami y dirigió unas palabras a los activistas de Amnistía Internacional que se habían reunido para celebrar un acto y presenciar un concierto.

Continúa el drama de la población palestina en campos de refugiados

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

Más de 3.000 refugiados palestinos se encuentran aislados del resto del mundo, en penosas condiciones y sin acceso a ayuda humanitaria adecuada.

En marzo de 2008, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con refugiados palestinos abandonados a su suerte en el campo de Al-Tanf, situado en tierra de nadie en la frontera de Irak y Siria.

Dicho campo está formado una estrecha franja de tierra, seca y polvorienta, encajada entre un muro de hormigón y la principal carretera de Bagdad a Damasco, y en él se alcanzan temperaturas superiores a los 50º C en verano, mientras que en invierno se registran temperaturas bajo cero. En Al-Tanf residen cientos de refugiados palestinos huidos de Irak, país en el que llevaban mucho tiempo viviendo, y en el que la población palestina se ha convertido en uno de los principales blancos de actos de violencia y homicidios sectarios.

La única protección contra el calor, la nieve y las cegadoras tormentas de arena son una serie de tiendas masificadas.

El peligro acecha por doquier, especialmente para los menores de edad. El lugar está infestado de escorpiones y serpientes, mientras que las tiendas que sirven de escuela no están protegidas contra el intenso tráfico de la cercana carretera, que ya se ha cobrado la vida de un menor, atropellado por un camión.

Según residentes entrevistados por la delegación de Amnistía Internacional durante su visita al campo en marzo de 2008, los sistemas de calefacción y cocina causan con frecuencia incendios que destruyen las tiendas (42 en total hasta el momento).

Pese a la dureza de las condiciones de vida y a la inseguridad de Al-Tanf, continúa creciendo en el campo la población de refugiados palestinos huidos de Irak, a medida que llegan a él personas expulsadas de Siria tras haber entrado en dicho país con pasaportes falsos. Muchos de los residentes describieron a Amnistía Internacional los terribles acontecimientos que les impulsaron a huir de Irak y que aún les traumatizan.

Además, la población de Al-Tanf se siente también traumatizada por las condiciones de vida que soporta en el campo y por el temor a verse atrapada en él muchos años más. Basta recordar las palabras de un residente a la delegación de Amnistía Internacional: “¡Sálvennos de este infierno, por favor!”.

Por otro lado, unos 2.000 refugiados palestinos residen en el campo de Al-Waleed, en el desierto de Irak, en condiciones aún más severas, dada la extremada dificultad que tienen las organizaciones de ayuda y el ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para acceder a él. Sus condiciones de vida son deplorables, y la única solución para poner fin a su dolorosa situación es reasentarlos en terceros países. Además, en febrero de 2008, otras 300 personas palestinas se encontraban en el campo de Al-Hol, situado en la gobernación de Al-Hassakah, en la región noreste de Siria. La mayoría de ellas habían sido trasladadas allí en mayo de 2006, procedentes de la frontera entre Irak y Jordania.

En opinión del ACNUR, el reasentamiento en terceros países es la única solución duradera y posible para los palestinos procedentes de Irak en la actualidad. Aunque miles de personas huidas de Irak se han refugiado en Siria y Jordania, las autoridades de ambos países han prohibido en general la entrada a los refugiados palestinos.

El gobierno chileno se ha ofrecido a reasentar un grupo inicial de 116 palestinos de Al-Tanf. Hasta el momento, sólo 64 han llegado a Chile, aunque se espera que los restantes se reúnan con ellos en breve.

Por otro lado, según informes, algunos gobiernos de países no pertenecientes a Oriente Medio han afirmado que reasentarán a residentes de Al-Tanf, pero la situación de éstos es desesperada, y su reasentamiento en condiciones de seguridad tarda en llegar.

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña mundial para llamar la atención con respecto a la tragedia de estos refugiados palestinos procedentes de Irak, y poner de manifiesto la necesidad de actuar sin demora.

A tal efecto, la organización ha pedido a su membresía y simpatizantes que hagan llamamientos solicitando ayuda internacional urgente para los refugiados palestinos y para otros grupos de refugiados particularmente vulnerables procedentes de Irak.

Aumentan los homicidios de sindicalistas en Colombia

Wed, 30 Apr 2008 17:30:12 +0100

No queremos marchas llorando los muertos ni protestas para el 1 de mayo. –Fragmento de una amenaza de muerte paramilitar enviada a sindicalistas del departamento de Santander, 22 de abril de 2008

En gran parte del mundo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, brinda a trabajadores y trabajadoras la oportunidad de celebrar sus derechos y manifestar su solidaridad. Ese día se celebran concentraciones y actos en todo el mundo, de Londres a Moscú, pasando por Yakarta, Caracas o Ciudad del Cabo.

En el mundo entero, los sindicalistas sufren violencia y opresión. Pese a los casi 60 años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, ese derecho sigue violándose de forma generalizada.

Año tras año, Colombia simboliza los abusos más graves y constantes contra este derecho humano. En este país no se puede dar por sentada la posibilidad de participar en actos del 1 de mayo ni en otras actividades sindicales legítimas.

En lo que va de año, unos 22 sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra considerablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo precaria.

El 17 de abril de 2008 se encontró en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, el cadáver de Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA). Según los informes, presentaba señales de tortura. Al parecer, antes de su muerte, Jesús Heberto Caballero había recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

El homicidio se produjo unos días antes de que sindicatos y organizaciones de derechos humanos recibieran por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por “Águilas Negras”, fechada el 21 de abril de 2008. Según los informes, Jesús Heberto Caballero estaba sacando a la luz prácticas corruptas dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Adolfo González Montes, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Riohacha, departamento de La Guajira, el 22 de marzo de 2008. Su homicidio coincidió con las amenazas de muerte telefónicas recibidas por otros dirigentes de SINTRACARBON.

Algunos de estos dirigentes han denunciado también que sus casas estaban siendo vigiladas por individuos no identificados. La muerte de Adolfo González ha tenido lugar mientras el sindicato se disponía a iniciar negociaciones sobre las condiciones de trabajo con las empresas propietarias de la explotación minera de Cerrojón, en el departamento de La Guajira.

La mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas.

Desde que, en julio de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, el gobierno colombiano ha alegado que la situación de los sindicalistas ha mejorado de forma espectacular.

En dicho informe, Amnistía Internacional reconoció que, efectivamente, se había producido un descenso del número de sindicalistas víctimas de homicidio, frente a las cifras de principios de la década de 2000. Sin embargo, la organización conmemora este año el 1 de mayo pidiendo al gobierno colombiano que ponga más empeño en defender a los sindicalistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de homicidios experimentado en 2008.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tachado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estos activistas.

Amnistía Internacional ha destacado cómo, en los dos últimos decenios, el número de homicidios de sindicalistas ha experimentado bruscos descensos seguidos de fuertes aumentos. La organización ha insistido en que la ausencia de medidas enérgicas por parte de los sucesivos gobiernos colombianos para poner fin a la impunidad –superior al 90 por ciento– que rodea estos casos impide garantizar que la reducción de las cifras un determinado año se traduzca necesariamente en una mejora sostenible de la situación de los derechos humanos.

El fuerte incremento del número de sindicalistas asesinados en los cuatro primeros meses del año ilustra claramente este problema.

El gobierno colombiano ha alegado también que los abusos sufridos por sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical. Sin embargo, Amnistía Internacional recibe incesante información que indica que las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.

El 1 de mayo de 2008, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno colombiano que tome medidas enérgicas para poner fin a la crisis de derechos humanos a la que se enfrentan los sindicalistas en Colombia. La organización ha pedido a la comunidad internacional que insista ante el gobierno colombiano a este respecto.

Otros gobiernos pueden garantizar que la oficina permanente de la OIT en Colombia cuenta con recursos adecuados para poner en práctica un mandato que incluye la vigilancia activa y la información sobre la situación de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas.

Y pueden asimismo emprender acciones para garantizar que se dota de recursos adecuados a las unidades especializadas creadas para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

Brasil: La vida de las mujeres, destrozada por la crisis de seguridad pública

Fri, 18 Apr 2008 13:11:02 +0100

Las historias sobre violencia urbana en Brasil suelen girar en torno a jóvenes varones. Y aunque entre víctimas y agresores su número es siempre el más elevado, quedan invisibles las mujeres, que son quienes al final han de vivir, criar a los hijos e hijas y luchar por la justicia en los barrios marginados de las ciudades de Brasil.

Las ciudades brasileñas padecen desde hace mucho elevados índices de violencia criminal y policial. Algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Brasil están frecuentemente sometidas por organizaciones de narcotraficantes. La respuesta del gobierno ha sido una represión creciente y frontal mediante operaciones policiales que han puesto en su punto de mira no sólo a las bandas sino a comunidades enteras.

Entorno de violencia
Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de inseguridad constante. Lejos de aportarles protección, la policía, policías varones, a menudo las someten a cacheos ilegales, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente cuando intentan interceder ante la fuerza policial para proteger a algún pariente.

Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento. Esto es lo que una mujer le dijo a Amnistía Internacional: “No podemos seguir viviendo así. Vivimos con miedo.”

Las mujeres viven también expuestas a los designios de los señores de la droga y los jefes de las bandas, que dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones. En el narcotráfico se van viendo implicadas un creciente número de mujeres. Muchas de ellas acaban en el sistema penitenciario brasileño, caracterizado por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, y siendo objeto de abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, violadas.

Impacto
Las repercusiones de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en comunidades enteras, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención a la salud y la educación. Si, en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías infantiles y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.

Parar la violencia
Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional transmitieron unos mensajes muy claros sobre lo que hace falta:

Una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias y les proporcione una seguridad real
Acceso equitativo a la justicia, independientemente de la clase social
Protección para poder seguir su lucha en defensa de los derechos humanos
Apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muerto por la policía o la violencia delictiva

El Estado brasileño ha introducido algunas iniciativas positivas, como el fortalecimiento de la protección a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero se precisan con urgencia políticas a largo plazo mediante las que atajar cuestiones de más profundo calado, como el impacto de la violencia sobre las mujeres en las comunidades excluidas.

Hay que actuar ya
El gobierno federal de Brasil tiene que actuar ya para integrar las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).

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