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Los niños y niñas desaparecidos en El Salvador

Fri, 28 Mar 2008 16:58:51 +0000

Dieciséis años después del final del conflicto armado en El Salvador, sigue sin conocerse el paradero de centenares de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto.

En El Salvador se ha declarado el 29 de marzo “día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado”. Sin embargo, el gobierno no ha hecho lo suficiente para reunir a los niños y niñas desaparecidos con sus familiares, a pesar de una resolución internacional que le obliga a hacerlo.

Debido en gran parte al trabajo de una organización local de derechos humanos, se ha localizado a unos 330 niños y niñas de los más de 700 que desaparecieron durante el conflicto (1980-1992). Sigue sin conocerse el paradero de los demás.

Las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años respectivamente, son dos de estas víctimas. El ejército salvadoreño las capturó el 2 de junio de 1982. Después de la guerra, la madre de las niñas presentó una denuncia en relación con su secuestro.

En 2005, tras años de discusiones y esfuerzos infructuosos para localizar a las hermanas Serrano Cruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que las autoridades salvadoreñas habían violado los derechos humanos de las niñas al no investigar su desaparición.

La Corte ordenó al gobierno que adoptara una serie de medidas para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la creación de una comisión nacional, una base de datos de ADN y una base de datos en Internet. Tres años después de la resolución, se han cumplido muy pocas de estas obligaciones.

A Amnistía Internacional le preocupa la falta de voluntad política de avanzar en el caso. La organización ha pedido a las autoridades salvadoreñas que adopten medidas para investigar totalmente los casos de niños y niñas desaparecidos, incluido el de las hermanas Serrano Cruz. El fiscal general y el presidente de la República, entre otras autoridades, deben facilitar la búsqueda minuciosa de las víctimas e identificar a los responsables de las desapariciones.

Hasta que el gobierno no cumpla estas obligaciones, los familiares de los niños y niñas desaparecidos en El Salvador seguirán privados de la justicia que merecen.

El Salvador - Informe 2007 Amnistía Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:23:04 +0100

Las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado seguían impunes. Continuaron las denuncias de violencia contra las mujeres, pero las investigaciones siguieron siendo inadecuadas. Hubo amenazas contra el colectivo de defensores de los derechos humanos y activistas políticos.

Información general

La situación de la seguridad pública siguió siendo motivo de preocupación. Varias iniciativas del gobierno para atajar la violencia delictiva no mejoraron la situación de la seguridad. La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos expresó preocupación por la posible reaparición de escuadrones de la muerte. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil protestaron porque la Ley Especial contra Actos de Terrorismo aprobada en septiembre adolecía de una insuficiente definición y ponía en peligro los derechos humanos, incluida la libertad de reunión y expresión.

Desaparición forzada de menores

En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de El Salvador había incumplido o cumplido sólo parcialmente la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Corte en su resolución de 2005, como la realización de una investigación efectiva y oportuna sobre la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de tres y siete años de edad respectivamente, en junio de 1982, durante una operación militar llevada a cabo en Chalatenango. La Corte resolvió que el Estado tenía que determinar todavía el paradero de las niñas e investigar y poner a disposición judicial a los responsables y que, entre otras cosas, no había creado aún una Comisión Nacional de Búsqueda para localizar a menores desaparecidos.Al finalizar el año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba estudiando otros dos casos de menores que habían sido víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, y estaba pendiente una decisión sobre la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas.

Violencia contra las mujeres

Según el Instituto de Medicina Legal, 286 mujeres fueron víctimas de homicidio entre enero y agosto de 2006. A pesar de la campaña efectuada por organizaciones de los derechos de las mujeres a lo largo de cuatro años, la Fiscalía General de la República no había creado todavía un organismo o fiscal especial para abordar los homicidios de mujeres. Se registraron muy pocos avances en la investigación de casos de mujeres que habían sido víctimas de homicidio y, en algunos casos de violación, en años anteriores.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se amenazó y hostigó a personas y organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos.Miembros de la Asociación Entre Amigos, entre ellos su director, William Hernández, recibieron amenazas de muerte y, según los informes, fueron sometidos a vigilancia con la intención de detener las actividades de la organización en favor de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. El 1 de junio, William Hernández fue amenazado a punta de pistola ante la oficina de la organización en San Salvador, poco después de que el agente de policía encargado de protegerlo terminara su jornada. Dos días antes de esta agresión, la oficina había sido asaltada. Los asaltantes rompieron ventanas, registraron los archivos y dejaron escritas amenazas de muerte en papeles. No robaron equipo de oficina de valor, pero se llevaron varios documentos en los que se detallaban los planes de la organización. Aunque en todos los casos se denunciaron los incidentes a las autoridades, las investigaciones fueron superficiales, y al finalizar el año no se había puesto a nadie a disposición judicial.

Escuadrones de la muerte

Creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte, que actuaron durante el conflicto armado que se extendió entre 1980 y 1991.Francisco Antonio Manzanares y Juana Monjarás de Manzanares fueron asesinados en su casa el 2 de julio. Su hija, Marina Manzanares, locutora de radio y activista política de larga tradición por el principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, había recibido, al igual que su madre, amenazas de muerte antes de los asesinatos. El hermano de Marina Manzanares, Francisco Manzanares, también activista político, murió de forma violenta en 1996. Al concluir el año, ninguna persona había comparecido ante la justicia por estos asesinatos.

El Salvador - Informe 2008 Amnistia Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:41:01 +0100

Los índices de delincuencia seguían siendo elevados y la preocupación por la seguridad pública era generalizada. Se criticó al gobierno por la aplicación indebida de una nueva ley contra el terrorismo. Seguían impunes violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).

Información general

En octubre, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo era incompatible con la Constitución. Dicho Convenio, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación, resultó ser, según la Corte, incompatible con el artículo de la Constitución que prohíbe la sindicación en la función pública.Fueron muchas las comunidades que protestaron a lo largo del año contra los daños medioambientales causados por la actividad minera.

Seguridad pública

Según informes, 3.476 personas murieron de forma violenta a lo largo del año. La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, constituida a petición del presidente y compuesta por representantes de diversos sectores sociales, informó sobre el continuado incremento de los homicidios. También manifestó que los informes sobre homicidios de mujeres habían aumentado en un 50 por ciento desde 1999. Varios agentes de policía fueron detenidos durante el año por la presunta comisión de homicidios ilegítimos.

El 28 de julio, cinco hombres que decían ser agentes de policía se presentaron en el domicilio de un presunto miembro de una banda («mara»), en una localidad de la región oriental del departamento de San Salvador, para proceder a su detención. Los cinco hombres, que ocultaban el rostro y sus insignias identificativas, se negaron a mostrar una orden de detención y dijeron a la familia que fueran a buscar al presunto «marero» al día siguiente a una comisaría cercana. El cuerpo descuartizado de éste fue hallado al día siguiente en tres lugares distintos. Al finalizar el año no se había detenido a nadie en relación con este homicidio.

Impunidad

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias criticó al gobierno por no resolver los aproximadamente 2.270 casos de desaparición forzada ocurridos durante el periodo de conflicto interno. El Grupo de Trabajo subrayó la función de la Ley de amnistía de 1993, que permite que los autores de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, eludan ser procesados.De acuerdo con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa aprobó un día anual en memoria de los niños y niñas que fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.En marzo murió por causas naturales Rufina Amaya, la última sobreviviente de la matanza de El Mozote. Según los informes, las fuerzas armadas salvadoreñas mataron a 767 personas en El Mozote y en zonas próximas en una operación llevada a cabo en diciembre de 1980. Hasta la fecha nadie ha sido llevado ante la justicia por esa matanza ni por otras perpetradas durante el conflicto armado interno.

Antiterrorismo: aplicación indebida de la legislación contra el terrorismo

La aplicación inapropiada y desproporcionada de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, de 2006, recibió multitud de críticas nacionales e internacionales. Los grupos locales de derechos humanos argumentaron que la Ley Especial se utilizaba contra opositores políticos del gobierno.

En julio se presentaron cargos contra 13 personas por delitos tipificados en la Ley Especial. Esas 13 personas, en dos grupos separados, habían sido detenidas tras arrojar presuntamente piedras contra agentes de policía y cortar carreteras durante una manifestación contra la política gubernamental de distribución de agua. Las 13 eran líderes y miembros de organizaciones sociales. Al finalizar el año todos habían quedado en libertad bajo fianza en espera de ser objeto de indagaciones adicionales a cargo de la Fiscalía General de la República.