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Salim Hamdan, condenado por una comisión militar

Tue, 12 Aug 2008 08:37:24 +0100

Salim Hamdan fue condenado el 7 de agosto a cinco años y medio de prisión en el primer juicio ante una comisión militar estadounidense de Guantánamo. El fiscal había pedido una condena de al menos 30 años.

El día anterior, un grupo de seis militares estadounidenses habían declarado a Hamdan culpable de "prestar apoyo material al terrorismo" y lo habían absuelto del cargo de "conspiración".

Se considera cumplida la parte de la condena correspondiente a los 61 meses y 8 días que ha pasado bajo custodia en Guantánamo desde que se consideró por primera vez que reunía los requisitos necesarios para ser sometido a juicio, en 2003. Esta decisión se tomó con el sistema anterior de comisiones militares, autorizado por orden presidencial pero declarado ilegal posteriormente, en 2006, por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un sistema ordinario de justicia, esto significaría que sería puesto en libertad en menos de cinco meses. Sin embargo, el 5 de agosto el Pentágono sugirió que Salim Hamdan quedara sometido a detención indefinida como "combatiente enemigo", con independencia de la sentencia dictada contra él.

Matt Pollard, asesor jurídico de Amnistía Internacional, ha manifestado que la sentencia condenatoria de Hamdan ha estado basada en un procedimiento que ha "incumplido fundamentalmente las normas internacionales sobre juicios justos".

"Imponer así una pena no puede, por tanto, más que agravar la injusticia del juicio y las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante sus muchos años de detención ilegal", ha añadido Pollard.

El marco de leyes y normas en que actúan las comisiones militares es básicamente incompatible con el derecho internacional y ha recibido críticas en todo el mundo. Sin embargo, parece que las autoridades estadounidenses tienen pensado seguir con él y someter a muchos más detenidos de Guantánamo a estos procedimientos ilegales.

Amnistía Internacional considera que el sistema de comisiones militares adolece de deficiencias fundamentales y debe suprimirse. La organización continúa haciendo campaña para que todo juicio de detenidos de Guantánamo se celebre ante tribunales civiles ordinarios de Estados Unidos, sin que se recurra a la pena de muerte, y para que el centro de detención de Guantánamo se cierre.

Ciudadano mexicano ejecutado en Texas

Fri, 08 Aug 2008 09:02:11 +0100

Un ciudadano mexicano a quien no se informó de su derecho a pedir asistencia a su consulado después de su detención fue ejecutado en Texas el martes 5 de agosto.

La ejecución de José Medellín constituyó una violación de las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos y se llevó a cabo a pesar de los llamamientos emitidos desde todo el mundo para que no se produjese, incluso del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El recurso de última hora presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos también fue infructuoso, ya que el tribunal se pronunció en contra de la suspensión por cinco votos a cuatro. La ejecución tuvo lugar alrededor de las 10 de la noche, unas cuatro horas más tarde de la hora prevista.

Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que se mostró a favor de suspender la ejecución sostuvo que permitir que la ejecución siguiera adelante dejaría a Estados Unidos en una "situación irremediable de violación del derecho internacional y de incumplimiento de nuestras promesas en virtud de los tratados".

"La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho internacional", ha afirmado Amnistía Internacional. "Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que había fallado a favor de la suspensión de la ejecución."

José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes: Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16. Los asesinatos se cometieron en Houston en 1993.

Las autoridades de Texas no le notificaron en ningún momento que, como ciudadano extranjero, tenía derecho a pedir asistencia a su consulado, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

A causa de esta violación del tratado, José Medellín se vio privado de la amplia ayuda que México proporciona para la defensa de sus ciudadanos que se enfrentan a cargos punibles con la muerte en Estados Unidos.

El consulado mexicano no tuvo conocimiento del caso hasta casi cuatro años después de la detención de José Medellín, y para entonces el juicio y la apelación inicial que confirmó su declaración de culpabilidad y su condena de muerte ya habían concluido.

El 4 de agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se pronunció por unanimidad en contra de recomendar que el gobernador del estado conmutase la pena de muerte o concediese un indulto.
El gobernador Rick Perry tuvo la oportunidad de conceder una suspensión de la ejecución por 30 días y de pedir a la Junta que reconsiderase su decisión para cumplir una resolución reciente de la Corte Internacional de Justicia, pero no lo hizo.

En 2004 la Corte Internacional de Justicia había concluido que, en los casos de José Medellín y otros 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, este país había violado las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La CIJ ordenó a Estados Unidos que proporcionara una "revisión y reconsideración" judicial de las declaraciones de culpabilidad y las condenas, con el fin de determinar si los acusados se habían visto perjudicados por las violaciones de la Convención.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la resolución de la CIJ "constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos". Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, decidió que la resolución de la CIJ "no es automáticamente vinculante en la ley nacional" y que la autoridad de ponerla en práctica recaía en el Congreso de Estados Unidos.

En el Congreso, los intentos para aprobar legislación de aplicación se estancaron, pero el estado de Texas no modificó la fecha fijada para la ejecución de José Medellín. La CIJ ordenó a Estados Unidos que "tomara todas las medidas necesarias" para detener la ejecución.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue una de las personas que pidió que la ejecución no se llevase a cabo: "Los Estados deben respetar todas las resoluciones y ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia", declaró a una emisora de televisión en Ciudad de México, donde se encontraba asistiendo a una conferencia sobre el VIH/sida.

Tras la ejecución, el gobierno de México emitió un comunicado en el que afirmaba que se había llevado a cabo en "claro desacato" a la ordenanza de la CIJ.

La declaración continuaba así: "El gobierno de México ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por esta violación al derecho internacional, preocupado por el precedente que pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en ese país."

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho al acceso a la protección que brindan nuestros consulados a los mexicanos en el exterior".

Estados Unidos: La ejecución de Texas viola el derecho internacional

Thu, 07 Aug 2008 13:22:15 +0100

“La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho internacional”, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 6 de agosto de 2008. “Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que había fallado a favor de la suspensión de la ejecución.”

Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, al oír ayer la apelación de última hora en la que se pedía la suspensión de la ejecución, sostuvo que permitir que la ejecución siguiera adelante dejaría a Estados Unidos en una “situación irremediable de violación del derecho internacional y de incumplimiento de nuestras promesas en virtud de los tratados”. La apelación se desestimó por 5 votos contra 4 y la ejecución tuvo lugar poco después.

La ejecución se ha llevado a cabo a pesar de los llamamientos emitidos desde todo el mundo para que se conmutase la condena a muerte de Medellín, incluso del secretario general de las Naciones Unidas, que había pedido a los Estados que respeten las decisiones y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

Esta ejecución hace el número 1.116 en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en ese país en 1977. Texas ha sido responsable de 410 de ellas. En el periodo trascurrido del año 2008 se han consumado ya 17 ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Texas.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente al uso de la pena de muerte en todos los casos y en toda circunstancia, ya que viola el derecho a la vida y por su misma naturaleza constituye una pena cruel, inhumana y degradante.

Información complementaria
El 4 de agosto de 2008, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió por unanimidad no recomendar que el gobernador del estado conmutase la condena a muerte o concediera una suspensión de la ejecución de la sentencia. El recurso de última hora presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 5 de agosto de 2008 fue infructuoso. La ejecución se llevó a cabo poco después, casi a las 10 de la noche, unas cuatro horas más tarde de la hora prevista.

El 16 de julio de 2008, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos que adoptase “todas las medidas necesarias” para garantizar que José Ernesto Medellín Rojas y otros cuatro ciudadanos mexicanos no fueran “ejecutados [...] a menos y en tanto que los casos de estos cinco nacionales mexicanos reciban revisión y reconsideración”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había dictado “medidas cautelares” en las que se pedía a Texas que no ejecutase a José Medellín hasta que la propia Comisión hubiera resuelto su petición, en la que alegaba que se le había privado de un juicio con las debidas garantías.

El 25 de marzo de 2008, en la causa Medellín v. Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad que la decisión de la Corte Internacional de Justicia “constituye una obligación de derecho internacional por parte de Estados Unidos”.

José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes, Jennifer Ertman, de 14 años de edad, y Elizabeth Pena, de 16, en Houston en 1993. Las autoridades de Texas nunca informaron a José Medellín de su derecho a solicitar asistencia consular como ciudadano extranjero privado de libertad, tal como exige el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La Acción Urgente de Amnistía Internacional, emitida en julio de 2008, motivó que cientos de personas de todo el mundo enviasen llamamientos a Texas; véase
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/081/2008/es

El juicio sin garantías de Salim Hamdan agrava la injusticia de la detención ilegal

Thu, 07 Aug 2008 13:50:15 +0100

“La declaración de culpabilidad de Salim Hamdan en virtud de procedimientos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías agrava la injusticia que suponen sus más de cinco años de detención ilegal en Guantánamo”, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 6 de agosto de 2008.

Amnistía Internacional cree que el sistema de comisiones militares en su integridad adolece de deficiencias fundamentales y que estos tribunales deben abandonarse en todos los casos. La organización sigue haciendo campaña para que los juicios de los detenidos de Guantánamo se celebren en tribunales civiles ordinarios en Estados Unidos, sin que pueda imponerse la pena de muerte, y para que se cierre el centro de detención de Guantánamo.

“Hemos pedido constantemente que la justicia y la seguridad se procuren dentro de un marco de estricto respeto del derecho internacional; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha fallado sistemáticamente en este sentido”, ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

Salim Hamdan, ciudadano yemení, fue declarado culpable por un tribunal integrado por seis oficiales militares estadounidenses de “proporcionar apoyo material al terrorismo” y absuelto de “conspiración”. El Pentágono había confirmado ayer, 5 de agosto de 2008, que continuaría en detención indefinida como “combatiente enemigo” cualquiera que fuera la sentencia.

Está previsto que la vista para la imposición de la pena comience hoy, 6 de agosto. Salim Hamdan se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua.

Para más información, véase USA: Trial and error - a reflection on the first week of the first military commission trial at Guantánamo, 30 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/084/2008/en.

Salim Hamdan, condenado en Guantánamo

Thu, 07 Aug 2008 14:17:59 +0100

Salim Hamdan, ciudadano yemení, ha sido declarado culpable por un tribunal integrado por seis oficiales militares estadounidenses de "proporcionar apoyo material al terrorismo" y absuelto de "conspiración". El Pentágono había confirmado ayer, 5 de agosto de 2008, que continuaría en detención indefinida como "combatiente enemigo", cualquiera que fuera la sentencia.

Un portavoz de Amnistía Internacional ha señalado que la declaración de culpabilidad de Salim Hamdan, en virtud de procedimientos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías, agrava la injusticia que suponen sus más de cinco años de detención ilegal en Guantánamo.

"Hemos pedido constantemente que la justicia y la seguridad se procuren dentro de un marco de estricto respeto del derecho internacional; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha fallado sistemáticamente en este sentido", ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha afirmado que el sistema de comisiones militares en su integridad adolece de deficiencias fundamentales y que estos tribunales deben abandonarse en todos los casos. La organización sigue haciendo campaña para que los juicios de los detenidos de Guantánamo se celebren en tribunales civiles ordinarios en Estados Unidos, sin que pueda imponerse la pena de muerte, y para que se cierre el centro de detención de Guantánamo.

Está previsto que la vista para la imposición de la pena comience hoy, 6 de agosto. Salim Hamdan se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua.

Estados Unidos: Omar Khadr debe ser repatriado de inmediato a Canadá

Wed, 16 Jul 2008 13:37:07 +0100

El vídeo es el primero de un detenido siendo interrogado en Guantánamo, y muestra cómo Khadr es interrogado por funcionarios canadienses en 2003, cuando sólo tenía 16 años.

Aunque en el vídeo no se muestran malos tratos directos contra Omar Khadr, sí se le ve a él llorando, pidiendo ayuda repetidamente y mostrando sus heridas a los funcionarios. También se le ve solo, sin asistencia letrada.

“El trato infligido a Omar Khadr durante su detención viola las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional, que establece que, en todas las acciones relativas a menores, el interés superior del menor debe ser la consideración principal”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Estados Unidos ha violado las normas internacionales al negarse a reconocer la condición de menor de Omar Khadr y tratarlo de acuerdo con ella.”

El 19 de junio, Omar Khadr compareció en una vista preliminar ante una comisión militar en Guantánamo. La fecha de su juicio se fijó para el 8 de octubre de 2008.

“Ningún detenido que fuera menor en el momento de su presunto delito debe ser juzgado por comisiones militares, que no cuentan con disposición alguna respecto a la justicia de menores”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Omar Khadr debe ser repatriado y juzgado en Canadá por un tribunal ordinario o, de lo contrario, ser puesto en libertad.”

Amnistía Internacional ha declarado que el sistema entero de comisiones militares es defectuoso en su propio fundamento, y que esos tribunales deben abandonarse en todos los casos.

Información complementaria
Omar Khadr fue detenido por el ejército estadounidense en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años. Lleva recluido en Guantánamo desde los 16. Ahora tiene 21.

Los sucesivos gobiernos canadienses han subrayado repetidamente que pidieron a las autoridades estadounidenses, y obtuvieron de ellas, garantías de que Omar Khadr estaba recibiendo un trato humano mientras estaba detenido en Guantánamo. Sin embargo, unos documentos hechos públicos el 10 de julio de 2008 (tras una resolución dictada en diciembre de 2007 por la Corte Suprema de Canadá que decía que Omar Khadr debía tener acceso a algunos de los registros de sus interrogatorios por parte de funcionarios canadienses en 2003 y 2004) revelaron que el gobierno canadiense era consciente de que estaba siendo sometido a lo que se denominan técnicas de “estrés y padecimiento”. Pese a ello, los funcionarios canadienses siguieron adelante con su interrogatorio.

Si desean más información sobre el caso de Omar Khadr, consulten:

USA: In whose best interests? Omar Khadr, child ‘enemy combatant’ facing military commission, 16 de abril de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en

Otros materiales pertinentes:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&article=4373&c=Resource+Centre+News

FIN/

Omar Khadr debe ser repatriado de inmediato a Canadá

Thu, 17 Jul 2008 11:48:43 +0100

En respuesta a la difusión realizada hoy, 15 de julio, de un vídeo que muestra públicamente al ciudadano canadiense Omar Khadr siendo interrogado en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Amnistía Internacional ha pedido que Omar Khadr sea repatriado a Canadá de inmediato.

El vídeo es el primero de un detenido siendo interrogado en Guantánamo, y muestra cómo Khadr es interrogado por funcionarios canadienses en 2003, cuando sólo tenía 16 años.

Aunque en el vídeo no se muestran malos tratos directos contra Omar Khadr, sí se le ve a él llorando, pidiendo ayuda repetidamente y mostrando sus heridas a los funcionarios. También se le ve solo, sin asistencia letrada.

“El trato infligido a Omar Khadr durante su detención viola las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional, que establece que, en todas las acciones relativas a menores, el interés superior del menor debe ser la consideración principal”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Estados Unidos ha violado las normas internacionales al negarse a reconocer la condición de menor de Omar Khadr y tratarlo de acuerdo con ella.”

El 19 de junio, Omar Khadr compareció en una vista preliminar ante una comisión militar en Guantánamo. La fecha de su juicio se fijó para el 8 de octubre de 2008.

“Ningún detenido que fuera menor en el momento de su presunto delito debe ser juzgado por comisiones militares, que no cuentan con disposición alguna respecto a la justicia de menores”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Omar Khadr debe ser repatriado y juzgado en Canadá por un tribunal ordinario o, de lo contrario, ser puesto en libertad.”

Amnistía Internacional ha declarado que el sistema entero de comisiones militares es defectuoso en su propio fundamento, y que esos tribunales deben abandonarse en todos los casos.

Información complementaria
Omar Khadr fue detenido por el ejército estadounidense en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años. Lleva recluido en Guantánamo desde los 16. Ahora tiene 21.

Los sucesivos gobiernos canadienses han subrayado repetidamente que pidieron a las autoridades estadounidenses, y obtuvieron de ellas, garantías de que Omar Khadr estaba recibiendo un trato humano mientras estaba detenido en Guantánamo. Sin embargo, unos documentos hechos públicos el 10 de julio de 2008 (tras una resolución dictada en diciembre de 2007 por la Corte Suprema de Canadá que decía que Omar Khadr debía tener acceso a algunos de los registros de sus interrogatorios por parte de funcionarios canadienses en 2003 y 2004) revelaron que el gobierno canadiense era consciente de que estaba siendo sometido a lo que se denominan técnicas de “estrés y padecimiento”. Pese a ello, los funcionarios canadienses siguieron adelante con su interrogatorio.

Si desean más información sobre el caso de Omar Khadr, consulten:

USA: In whose best interests? Omar Khadr, child ‘enemy combatant’ facing military commission, 16 de abril de 2008, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en

Otros materiales pertinentes:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&article...

El juez militar advierte a los acusados del 11-S sobre los inconvenientes de representarse a sí mismos

Thu, 10 Jul 2008 18:52:41 +0100

El jueves 10 de julio comparecen ante un juez militar en Guantánamo tres de los cinco hombres acusados de orquestar los ataques de septiembre de 2001 y que se enfrentan a un juicio ante una comisión militar que les puede imponer la pena de muerte. Amnistía Internacional ha enviado a una persona a las vistas en calidad de observador de los procedimientos.

Los otros dos acusados comparecieron ante el juez, el coronel de infantería de marina Ralph Kohlmann, el miércoles. Escuchó las declaraciones de los dos hombres en el sentido de que no habían sido coaccionados para tomar de decisión de representarse a sí mismos.

El juez advirtió también a los hombres de que, en el caso de representarse a sí mismos, encontrarían obstáculos a su defensa, dado que no se les permitiría tener acceso a documentos clasificados ni a otro material sensible que el juez considerase que debía protegerse en interés de la seguridad nacional.

Una de las cuestiones fundamentales de las vistas fue la de abordar la cuestión de si las decisiones tomadas por los hombres en la vista incoatoria del 5 de junio de 2008 de representarse a sí mismos se habían tomado de forma voluntaria. El tribunal tomó en consideración ciertas sugerencias según las cuales uno o más de los acusados podrían haberse sentido coaccionados por otros acusados para optar por la autorepresentación.

‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali (‘Ammar al Baluchi), de nacionalidad paquistaní, y Mustafa al Hawsawi, de nacionalidad saudí, fueron los dos acusados interrogados por el juez el miércoles. Ambos negaron haber sido intimidados por ningún otro de los acusados para adoptar su decisión sobre la representación.

Mustafa al Hawsawi dijo que los acusados habían hablado entre ellos durante la vista incoatoria y que habían "llegado a terreno común". Cuando se le preguntó si alguno de los otros cuatro acusados había hecho algo que él hubiera percibido como orden o amenaza, o como instrucción sobre cómo debía actuar durante los procedimientos, Hawsawi respondió "sin duda, no" y "absolutamente, no".

‘Ammar al Baluchi dijo al juez militar que las alegaciones de intimidación habían sido un malentendido porque el intérprete no comprendía su cultura ni una broma que había hecho Khalid Sheikh Mohammed a Mustafa al Hawsawi.

Al Baluchi dijo al juez que había decidido libremente representarse a sí mismo por varios motivos, entre otros de tipo religioso y ético, y porque "estos procedimientos... no me satisfacen." Dijo que, "sencillamente", la "justicia" de este "juicio de alto secreto" era cuestionable.

Reconoció que "podría encontrar complicaciones por su falta de experiencia jurídica", pero agregó que, debido a su "ausencia de contacto con abogados, desconozco qué hacen o harán en mi ausencia. Nadie podría decirme lo que hacen en mi ausencia. Por consiguiente decido representarme a mí mismo”.

Relató también diversas cuestiones que suscitan preocupación y que, de no remediarse, Amnistía Internacional considerará que representan una conculcación sustancial de su derecho a defenderse. Puso de manifiesto que, pese a su decisión de representarse a sí mismo, las autoridades se habían negado a entregar al juez dos cartas y una moción que había redactado. Según dijo, no tenía acceso ni a un ordenador ni a una biblioteca jurídica.

Dijo también que era difícil ponerse en contacto con un auxiliar jurídico y hacerle consultas porque no pueden venir a Guantánamo con frecuencia y porque no pueden enviar correos electrónicos y el correo ordinario tarda mucho (si es que se despacha). Declaró también que los abogados podían enviar al juez correo electrónico y postal, pero que él no.

El juez Kohlmann resolvió que al Baluchi había elegido con conocimiento de causa y de forma voluntaria representarse a sí mismo, que el acusado deseaba que sus abogados militares estadounidenses actuasen como auxiliares jurídicos, y que su servicio civil de asesoramiento podía actuar como asesores jurídicos.

Al Hawsawi dijo que aún no había decidido si deseaba o no aceptar su asesoramiento militar o civil. El juez ordenó que el juez militar asignado a la causa permaneciera en ella, y que el abogado civil pudiese actuar como asesor jurídico, salvo que –o hasta que– al Hawsawi indicase lo contrario.

Se planteó también la cuestión de la información clasificada. Amnistía Internacional ya había planteado su inquietud ante el hecho de que los acusados, incluso en el caso de que estuvieran representados por abogados que contasen con el visto bueno desde un punto de vista de la seguridad, podrían tener que hacer frente a obstáculos insalvables a la hora de poner a prueba cierto material clasificado que se utilizase en su contra. Este obstáculo podría ser incluso mayor si los acusados se representan a sí mismos.

En su sesión con al Hawsawi, por ejemplo, el coronel Kohlmann dijo al acusado que, si elegía representarse a sí mismo, no se le permitiría tener acceso a documentos clasificados con antelación al juicio porque él no cuenta con el visto bueno desde un punto de vista de la seguridad. Dijo también que no se le permitiría tener acceso a ningún material sensible que el juez considerase que debía protegerse en interés de la seguridad nacional. La falta de acceso a ese tipo de material obstaculizaría significativamente la capacidad del acusado de representarse a sí mismo, advirtió el juez.

Amnistía Internacional considera los atentados del 11 de septiembre como un crimen contra la humanidad y ha solicitado repetidamente que la búsqueda de la justicia y la seguridad se lleve a cabo dentro del marco de estricto cumplimiento de la legalidad internacional. La organización ha manifestado que el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sistemáticamente este principio.

Amnistía Internacional sigue instando al gobierno estadounidense a que desista de celebrar juicios ante comisiones militares, y a que ponga a todos los acusados a disposición de tribunales federales ordinarios, en los que no se recurra a la pena de muerte.

Leer más:

Se reanudan las vistas de la comisión militar de Guantánamo (Noticias, 9 de julio de 2008)

Se reanudan las vistas de la comisión militar de Guantánamo

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

"Asimismo, los procedimientos no sólo deben ser justos, sino parecerlo a todos los que los observan" – Corte Suprema de Estados Unidos, 19 de junio de 2008

Esta semana está prevista la comparecencia ante un juez militar de cinco detenidos de Guantánamo acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El miércoles 9 de julio se reanudaron las vistas preliminares. Amnistía Internacional ha enviado a una persona en calidad de observador al proceso.

Los acusados son Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali (‘Ammar al Baluchi) y Mustafa al Hawsawi. El gobierno estadounidense pretende juzgarlos en un proceso conjunto y que se les imponga la pena de muerte.

Antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, la CIA había tenido a los cinco recluidos en secreto y en régimen de incomunicación durante un periodo de entre dos y tres años. Habían sido arrestados en Pakistán en 2002 y 2003. Al ocultarse su paradero y la suerte que habían corrido, pasaron a ser víctimas de desaparición forzada, considerada un delito, al igual que la tortura, por el derecho internacional.

Al menos a uno de los acusados, Khalid Sheikh Mohammed, se lo sometió a la técnica de tortura con agua conocida como waterboarding, simulacro de ahogamiento. Las autoridades estadounidenses no han revelado qué otras técnicas de interrogatorio "habituales" o "mejoradas" se usaron con estas u otras personas detenidas por la CIA, y la información sobre las técnicas empleadas con estos hombres, sus condiciones de reclusión y el emplazamiento de los centros de detención de la CIA permanece clasificada como alto secreto.

El juez militar encargado del proceso, coronel de infantería de marina Ralph Kohlmann, celebrará vistas separadas durante los próximos dos días con cada uno de los hombres. Una de las principales cuestiones que se analizarán es la de la asistencia letrada y, en particular, si la decisión que tomaron cada uno de los acusados en la vista incoatoria del 5 de junio de 2008 de representarse a sí mismos se tomó de forma voluntaria.

Otra cuestión es la de decidir si se celebra un proceso conjunto o por separado para cada uno de los acusados. El coronel Kohlmann ha dejado escrito que “pretende analizar” la cuestión del fraccionamiento del proceso en varias causas “en el supuesto de que pudiera parecer que un acusado o el gobierno resultan perjudicados por un proceso conjunto o común”.

Amnistía Internacional sigue instando al gobierno de Estados Unidos a que desista de celebrar juicios ante comisiones militares, y a que ponga a los acusados a disposición de los tribunales federales ordinarios, en los que la pena de muerte nunca debería ser una opción a tener en cuenta.

Vídeo: Abu Omar, víctima de entrega extraordinaria y detención secreta

Tue, 24 Jun 2008 12:57:10 +0100

Video placeholder

Unos agentes de EE. UU. e Italia secuestraron a Abu Omar en las calles de Milán en febrero de 2003.

Abu Omar fue “entregado” por agentes estadounidenses, vía Alemania, a Egipto, donde permaneció recluido casi cuatro años, incluidos 14 meses en detención secreta.