Páginas web sobre "North Korea"

Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

Leer más

Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)

Corea del Norte - Informe 2007 Amnistía Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:24:25 +0100

Continuaron produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida y la alimentación. Los derechos a la libertad de circulación, expresión y asociación estaban gravemente limitados. Se siguió restringiendo el acceso al país a observadores independientes. Se recibieron numerosos informes de desapariciones forzadas de familiares de personas norcoreanas que abandonaban el país o que eran devueltas desde otro. A pesar de haberse introducido algunos cambios en el derecho penal, continuó haciéndose un uso político y, en ocasiones, arbitrario del encarcelamiento, la tortura y la pena capital.

Información general

En julio, Corea del Norte realizó ensayos con misiles y en octubre llevó a cabo una prueba nuclear sin precedentes.
Tras los ensayos con misiles, el Consejo de seguridad de la ONU aprobó la resolución 1695, en la que expresaba su desaprobación. En octubre, después de la prueba nuclear, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 1718, en la que exigía a Corea del Norte la eliminación de todas sus armas nucleares e imponía sanciones económicas y sobre armas. En ambas resoluciones se pedía a Corea del Norte que regresase, sin condiciones previas, a las conversaciones hexapartitas sobre su programa nuclear, que estaban estancadas. La resolución 1718 se acogía al capítulo VII de la Carta de la ONU, que establece las competencias del Consejo de Seguridad para mantener la paz, pero en ella no se llegó a mencionar la amenaza de la fuerza en caso de incumplimiento por parte de Corea del Norte. En diciembre, tras 13 meses de estancamiento, se reanudaron en Pekín las conversaciones hexapartitas (en las que participaron China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Rusia); sin embargo, las conversaciones quedaron en un punto muerto.
En noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó su segunda resolución de condena del historial de Corea del Norte con respecto a los derechos humanos.
Las graves inundaciones que se produjeron en julio y octubre causaron la muerte y la desaparición de varios miles de personas.

Agravamiento de la crisis alimentaria

En octubre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación afirmó que el 12 por ciento de la población sufría hambre extrema. Tras las inundaciones, se esperaba que la producción agrícola fuese considerablemente inferior a la del año anterior.
En mayo se recibieron informes de que el Programa Mundial de Alimentos tenía previsto poner en marcha un plan bienal que destinaría 150.000 toneladas métricas de cereales para los 1,9 millones de norcoreanos «más necesitados, especialmente mujeres y menores». Según los informes, hasta octubre el Programa Mundial de Alimentos había recibido solamente el 8 por ciento de los 102 millones de dólares necesarios.

Personas norcoreanas en Asia

Según los informes, aproximadamente 100.000 norcoreanos se ocultaban en China y vivían con el temor constante de ser expulsados. Se calculaba que cada semana se producían entre 150 y 300 repatriaciones forzosas de norcoreanos desde China. Según los informes, la mayor parte de las mujeres norcoreanas residentes en China estaban expuestas a abusos, como prostitución y violaciones sistemáticas.
En agosto se produjo la detención masiva de 175 norcoreanos en Bangkok, Tailandia. En octubre fueron detenidas 86 personas más y en noviembre, otras 50. Según los informes, más de 500 norcoreanos fueron detenidos por las autoridades tailandesas y casi 10.000 vivían en Corea del Sur.

Desapariciones forzadas

Se desconocía el paradero de cientos de norcoreanos que habían sido devueltos desde China. También desaparecieron varias familias de norcoreanos que habían abandonado el país sin autorización. Se creía que habían sido sometidas a desaparición forzada, dado que las autoridades de Corea del Norte castigaban a familias enteras por estar relacionadas con personas a quienes se consideraba hostiles al régimen («culpables por asociación»).
* En marzo, Lee Kwang-soo llegó en barco a Corea del Sur con su esposa, dos hijos y un amigo. En agosto descubrió que 19 miembros de su familia y de la de su amigo que vivían en Corea del Norte habían desaparecido entre marzo y comienzos de agosto de 2006.
Las fuerzas de seguridad norcoreanas secuestraron a norcoreanos que vivían en Corea del Sur, en la frontera con China. Las autoridades norcoreanas también secuestraron a ciudadanos de otros países, como Corea del Sur, Líbano, Japón y Tailandia.

Denegación de acceso al país

Pese a las reiteradas peticiones, el gobierno siguió denegando el acceso a observadores independientes de derechos humanos, como los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y sobre el derecho a la alimentación.
Los organismos de ayuda humanitaria de la ONU obtuvieron autorización, según informes, para visitar solamente 29 de las 213 regiones. Tras la petición del gobierno de que recortase su personal, el Programa Mundial de Alimentos redujo el personal internacional de 46 a 10 personas y disminuyó el número de visitas de observación. Se cerraron cinco de las oficinas regionales del Programa, desde las que sus inspectores vigilaban la distribución de ayuda alimentaria. Estas reducciones intensificaron la preocupación por la falta de transparencia en la distribución de la ayuda.

Libertad de expresión
No se toleró ningún tipo de oposición. Según los informes, cualquier persona que expresase una opinión contraria a la posición del Partido de los Trabajadores Norcoreanos, en el poder, estaba expuesta a sufrir un severo castigo y, en muchos casos, también su familia. Los medios de comunicación nacionales continuaban sometidos a una estricta censura, y el acceso a las emisiones de los medios de comunicación internacionales seguía estando sumamente restringido. En octubre, la ONG Reporteros sin Fronteras catalogó a Corea del Norte como el país en el que más se violaba la libertad de expresión.
Las reuniones o asociaciones no autorizadas se consideraban «alteración colectiva» y podían ser causa de castigo. Aunque la libertad de religión se garantizaba en la Constitución, en la práctica estaba gravemente limitada. Las personas que participaban en actividades religiosas públicas o privadas se exponían a ser encarceladas, torturadas y ejecutadas.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo mediante ahorcamiento o fusilamiento. Se recibieron informes de ejecuciones de opositores políticos en prisiones para presos políticos. También fueron ejecutadas personas acusadas de delitos económicos, como el robo de alimentos.
*Según los informes, Son Jong-nam fue condenado a muerte por cargos de traición a su país y por haber facilitado información a Corea del Sur y recibido ayuda económica de su hermano, norcoreano que vivía en Corea del Sur desde 2002. Según fuentes de la ONU, en abril de 2006 estaba encarcelado en los sótanos del Departamento de Seguridad Nacional en Pyongyang, «prácticamente muerto» a consecuencia de las torturas. Son Jong-nam había abandonado Corea del Norte en 1997 con su esposa, su hijo y su hermano, y se había convertido al cristianismo, algo que se consideraba delito grave en Corea del Norte. En abril de 2001, las autoridades chinas lo devolvieron a Corea del Norte, en donde permaneció recluido durante tres años en el campo penitenciario de Hamgyung-buk do. Quedó en libertad en mayo de 2004 y se reunió con su hermano en China antes de volver a Corea del Norte. Las autoridades norcoreanas tuvieron noticia de ese encuentro y lo detuvieron en enero de 2006. Al finalizar 2006 se creía que seguía con vida.

Condiciones de reclusión

Según los informes, la población reclusa, especialmente las personas encarceladas por motivos políticos, vivía en condiciones espantosas en una amplia variedad de centros de detención y prisiones.
Las personas norcoreanas devueltas desde China se exponían a ser torturadas o maltratadas y a pasar hasta tres años encarceladas. El castigo que recibían dependía de su edad, género y experiencias. Por lo general, las mujeres y los menores eran condenados a pasar dos semanas en un centro de detención, aunque también era habitual la imposición de condenas más largas en campos de trabajo. Según los informes, las consecuencias de la repatriación eran más graves para las mujeres embarazadas, a las que se obligaba a abortar en condiciones médicas deficientes. Las personas que confesaban haberse reunido con surcoreanos o misioneros eran castigadas con especial dureza. Continuaban llevándose a cabo ejecuciones sumarias e imponiéndose largas condenas de trabajos forzados, aunque las autoridades a menudo excarcelaban a las personas que estaban a punto de morir y que fallecían poco después de quedar en libertad.

Corea del Norte - Informe 2008 Amnistia Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:41:04 +0100

Continuaron produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la imposición de la pena capital, la tortura, la reclusión arbitraria y el encarcelamiento por motivos políticos. La disidencia de todo tipo, como la salida del país sin permiso o las reuniones o asociaciones no autorizadas, se castigaba con dureza, y los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban sometidos a un férreo control. Continuó negándose el acceso al país a observadores independientes de derechos humanos.

Información general

En febrero, el gobierno se comprometió a cerrar y desmantelar la central nuclear de Yongbyon a cambio de ayuda económica y concesiones políticas.Varias inundaciones que se produjeron en agosto afectaron a más de 960.000 personas; decenas de miles quedaron desplazadas internamente y, según los informes, se desconocía el paradero de 450, que se suponía que habían muerto. La carencia de alimentos, que ya llegaba al 20 por ciento antes de las inundaciones, se vio agravada al ser atacados los cultivos por pestes y plagas de insectos. El gobierno dependía de la ayuda internacional, y solicitó oficialmente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU que proporcionase asistencia alimentaria inmediata a algunos condados durante tres meses.En octubre, el líder norcoreano Kim Jong-il se reunió con el presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, y en noviembre se reunieron los primeros ministros de ambos países.En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se expresaba honda preocupación ante las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se cometían en Corea del Norte.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Cada mes se producían cientos de repatriaciones forzosas de norcoreanos desde China; según los informes, aproximadamente 50.000 norcoreanos vivían ocultos en China, con el temor constante de ser expulsados.En Tailandia se continuó recluyendo a cientos de norcoreanos durante varios meses antes de permitirles entrar en Corea del Sur, en donde se concedió la ciudadanía a no menos de 10.000. Las personas procedentes de Corea del Norte tenían dificultades para adaptarse a la forma de vida de Corea del Sur; más de un tercio carecía de empleo y, según los informes, muchas de ellas sufrían trastorno de estrés postraumático.

Desapariciones forzadas

Se desconocía el paradero de cientos de norcoreanos que habían sido devueltos desde China. Desaparecieron las familias de varias personas que habían abandonado el país sin autorización. Se creía que habían sido víctimas de desaparición forzada, una forma de castigo colectivo que se imponía a quienes estaban relacionados con personas consideradas hostiles al régimen («culpables por asociación»). Las autoridades norcoreanas también secuestraron a ciudadanos de otros países, como Corea del Sur y Japón. El gobierno no reconoció ninguna de las desapariciones forzadas.

Son Jong-nam fue detenido en enero de 2006 y acusado de traición, al parecer debido a que entre mayo y junio de 2004 había visitado a su hermano, Son Jong-hun, en China. Desde su detención había estado en peligro inminente de ser ejecutado. En marzo de 2007 fue trasladado a un centro de detención de Pyongyang; según los informes, su estado era grave debido a las torturas que le habían infligido miembros del Departamento de Seguridad Nacional. No había indicios de que se hubiera celebrado un juicio, pero, según los informes, el Departamento de Seguridad Nacional dictó condena.

Denegación de acceso al país

Pese a reiteradas peticiones, el gobierno siguió negando el acceso a observadores independientes de derechos humanos, como los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y sobre el derecho a la alimentación. En diciembre, la Asamblea General de la ONU expresó honda preocupación ante la negativa de Corea del Norte a reconocer el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos.Tras las inundaciones de agosto se permitió un mayor acceso al país de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU mantenía desde hacía tiempo el principio de «sin acceso no hay alimentos».

Libertad de expresión

No se toleró ningún tipo de oposición. Según los informes, el Partido de los Trabajadores Coreanos denunció en abril que los medios de comunicación extranjeros pretendían desestabilizar al gobierno y ordenó a las fuerzas de seguridad que impidiesen la entrada en el país de cintas de vídeo, material escrito, teléfonos móviles y discos compactos.Los medios de comunicación nacionales continuaban sometidos a una estricta censura, y el acceso a las emisiones de los medios de comunicación internacionales seguía estando sumamente restringido.Las reuniones o asociaciones no autorizadas se consideraban «disturbios colectivos» y podían ser causa de castigo. Aunque la libertad de religión se garantizaba en la Constitución, en la práctica estaba gravemente limitada. Las personas que participaban en actividades religiosas públicas o privadas se exponían a ser encarceladas, torturadas y ejecutadas.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo mediante ahorcamiento o fusilamiento. Se recibieron informes de ejecuciones de opositores políticos en prisiones para presos políticos y de personas acusadas de delitos económicos.

En agosto se informó de la ejecución pública del presidente de la empresa de exportación de la fábrica de fibra sintética Soonchun Vinalon en la provincia de Pyongan Meridional. Había sido acusado de vender material de la fábrica para comprar comida destinada a los trabajadores que pasaban hambre. Posteriormente se lo acusó también de ocultar su pertenencia a Chi-an-dae, una milicia civil de base, de tendencia anticomunista, que actuó durante la Guerra de Corea (1950-1953).

Condiciones de reclusión

Según los informes, la población reclusa, especialmente las personas encarceladas por motivos políticos, vivía en condiciones espantosas en una amplia variedad de centros de detención y prisiones.Las personas de origen norcoreano devueltas desde China se exponían a ser torturadas o maltratadas y a pasar hasta tres años encarceladas. El castigo que recibían dependía de su edad, género y experiencias. Por lo general, las mujeres y los menores de edad eran condenados a pasar dos semanas en un centro de detención, aunque también era habitual la imposición de condenas más largas, de varios meses, en campos de trabajo. Las personas que confesaban haberse reunido con surcoreanos o misioneros eran castigadas con especial dureza. Continuaban llevándose a cabo ejecuciones sumarias e imponiéndose largas condenas de trabajos forzados. Las autoridades a menudo excarcelaban a las personas que estaban a punto de morir, que fallecían poco después de quedar en libertad.