Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

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Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)

Libera a sindicalistas en prisión

Fri, 30 Nov 2007 17:01:44 +0000

En enero de 2007, dos días después de ser elegido portavoz de la Organización de Trabajadores-Agricultores Unidos, el asesor legal de ésta Tran Quoc Hien fue detenido. Se había encargado de esa labor debido únicamente a que otros cuatro dirigentes de la Organización habían sido detenidos antes del comienzo de la reunión cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam en noviembre de 2006.

Las autoridades vietnamitas alegan que Tran Quoc Hien “se incorporó a organizaciones reaccionarias a través de Internet” y que “so pretexto de ayudar a particulares a presentar peticiones”, él y sus cómplices incitaron a llevar a cabo manifestaciones y colgaron artículos “distorsionados” en Internet.

También lo acusaron de pertenecer a Bloc 8406, movimiento en favor de la democracia con base en Internet, que pide cambios políticos pacíficos y respeto por los derechos humanos. El 15 de mayo de 2007, Tran Quoc Hien fue condenado a cinco años de prisión más dos años de libertad vigilada. Amnistía Internacional desconoce su paradero.

Se cree que los cuatro dirigentes de la Organización de Trabajadores-Agricultores Unidos detenidos, Nguyen Tan Hoanh, Tran Thi Le Hang y Doan Huy Chuong y su padre, Doan Van Dien, están recluidos en el campo penitenciario B5, en la provincia de Dong Nai. Amnistía Internacional desconoce la fecha en que se los llevará a juicio y los cargos que pesan sobre ellos.

La Organización de Trabajadores-Agricultores Unidos tiene como objeto la protección y promoción de los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a formar sindicatos sin injerencia del gobierno y a afiliarse a ellos. También pide justicia para las personas cuyas tierras y bienes han sido confiscados ilegítimamente por funcionarios del gobierno, y el fin de la explotación de mano de obra barata y de las condiciones laborales peligrosas.

Vietnam no permite la existencia de sindicatos independientes. Los activistas que discrepan pacíficamente y las personas que formulan críticas contra el gobierno hacen frente a detenciones, encarcelamiento, arresto domiciliario, vigilancia y hostigamiento.

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