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Suspensión de ejecuciones por lapidación, un paso acogido con satisfacción si se lleva a cabo

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio realizado la semana pasada por el portavoz de la magistratura iraní de que se ha suspendido la ejecución por lapidación y que se ha conmutado la condena a varias mujeres, cuyos nombres se desconocen, que se enfrentaban a esta pena.

"La lapidación es una práctica horrible, diseñada para aumentar el sufrimiento de las personas condenadas a muerte y no tiene cabida en el mundo moderno –declaró Amnistía Internacional–. Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que no se volverá a usar esta pena espantosa."

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación han sido mujeres. En virtud de la legislación iraní y ante los tribunales iraníes, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Además, puesto que el analfabetismo es superior entre las mujeres, es más probable que firmen confesiones relativas a delitos que no cometieron y que se las someta a juicios injustos.

"La suspensión de las lapidaciones es un paso que, si bien se debería haber producido mucho antes, se acoge con satisfacción y supone un homenaje a los valerosos esfuerzos de las personas que defienden los derechos humanos en Irán –manifestó Drewery Dyke, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. No obstante, se incumplió una suspensión anterior de las ejecuciones por lapidación, por lo que estaremos observando vigilantes para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar".

En 2002, el presidente de la Magistratura anunció que se había acabado con el uso de la lapidación como método de ejecución. Sin embargo, según informes, en Mashad, en 2006, se lapidó hasta la muerte a un hombre y a una mujer. El 5 de julio de 2007 se llevó a cabo una nueva ejecución por lapidación: Ja'far Kiani fue ejecutado en la provincia de Qazvin tras haber sido condenado por adulterio.

"Realmente está en manos del Parlamento [que actualmente está considerando la propuesta de un nuevo código penal] reformar la legislación y garantizar que no se vuelva a permitir nunca más la celebración de ejecuciones por lapidación", añadió Drewery Dyke.

La anunciada suspensión de las lapidaciones se produce a raíz de una acción concertada por los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, quienes, desde octubre de 2006, han puesto en marcha la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre". Se cree que sus esfuerzos, junto con la publicidad local e internacional que han generado y el apoyo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones han ayudado a evitar que al menos cinco personas fueran lapidadas.

Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio relativo a la suspensión de las lapidaciones, la organización continúa exhortando a las autoridades iraníes para que pongan fin a otras penas crueles e inhumanas, como el flagelamiento y la amputación de los miembros prescrita en algunas disposiciones –si bien es cierto que rara vez se ponen en práctica–, y para que adopten otras medidas que conlleven una reducción del uso de la pena de muerte.

El Código Penal iraní existente estipula que la pena aplicable por el delito de adulterio cometido por personas casadas es la ejecución por lapidación. Dispone, incluso, que las piedras deben ser suficientemente grandes como para que causen dolor, pero no tanto como para que maten a la víctima inmediatamente.

Las personas que defienden los derechos humanos en Irán continúan enfrentándose a detenciones, acoso e intimidación por parte de las autoridades. En marzo de 2007, mientras protestaban por la celebración en Teherán del juicio a cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, se detuvo a 33 mujeres, entre ellas, algunas participantes en la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre".

Irán: El anuncio de la suspensión de las lapidaciones es un paso positivo si se lleva a la práctica

Thu, 07 Aug 2008 13:28:52 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio efectuado por el portavoz de la magistratura iraní de que las ejecuciones por lapidación han quedado suspendidas, y que en consecuencia se habían conmutado las condenas impuestas a varias mujeres.

“La lapidación es una práctica atroz, concebida para aumentar el sufrimiento de las personas que se enfrentan a la ejecución, y no tiene cabida en el mundo moderno”, ha afirmado Amnistía Internacional. “Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que esta pena terrible no se vuelve a utilizar jamás.”

La organización ha advertido que las autoridades deben garantizar que no se trata de una “promesa vana”. No pusieron fin a esta práctica después de que el ayatolá Shahroudi, presidente de la magistratura de Irán, anunciase la suspensión de las lapidaciones en diciembre de 2002. Al menos una ejecución por lapidación se llevó a cabo en 2007 en la provincia de Qazvin.

“Si este anuncio se confirma en la práctica, representará una victoria muy importante para los defensores y defensoras de los derechos humanos iraníes que recientemente organizaron su propia campaña, “Detengan las lapidaciones para siempre”, y un gran paso adelante para los derechos humanos”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Ahora es preciso que las autoridades iraníes emprendan acciones adicionales para poner fin a otras penas crueles e inhumanas como la flagelación y la amputación de miembros, así como otras medidas para reducir el uso de la pena de muerte.”

Información complementaria
En enero de 2008, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Irán. Detener las ejecuciones por lapidación (MDE 13/001/2008).

El Código Penal vigente en Irán prescribe la ejecución por lapidación como pena por adulterio cometido por personas casadas. Incluso establece que las piedras deben ser lo bastante grandes para causar dolor pero no tan grandes que maten a la víctima inmediatamente.

A pesar de las declaraciones oficiales que afirmaban que se habían interrumpido las lapidaciones –entre ellas la suspensión dictada por el presidente de la magistratura en 2002–, han tenido lugar varias ejecuciones por este método, la última en 2007. Ja'far Kiani murió lapidado por adulterio el 5 de julio de 2007 en la pequeña localidad de Aghche-kand, cerca de Takestan, en la provincia de Qazvin. Se teme que Mokarrameh Ebrahimi, con la que tuvo dos hijos, pueda sufrir la misma suerte. Mokarrameh Ebrahimi está recluida en la prisión de Choubin, provincia de Qazvin, al parecer con uno de sus hijos. Se sabe también que una mujer y un hombre murieron lapidados en Mashhad en mayo de 2006.

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación son mujeres. Las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres ni en la ley ni ante los tribunales, y también son especialmente vulnerables a juicios sin las debidas garantías porque debido a su mayor tasa de analfabetismo es más probable que firmen confesiones de delitos que no han cometido.

A pesar de esta sombría realidad, los defensores y defensoras de los derechos humanos de Irán creen que la publicidad internacional puede ayudar a poner fin a las lapidaciones. Su campaña “Detengan las lapidaciones para siempre” está haciendo valerosos esfuerzos, que han contribuido a salvar a cinco personas de la lapidación (y han conducido a la suspensión de otra condena) desde que se inició en octubre de 2006.

Estos esfuerzos han tenido un precio, y los grupos de activistas han tenido que hacer frente a hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades. Treinta y tres mujeres, entre ellas algunas integrantes de la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre”, fueron detenidas mientras protestaban en marzo de 2007 por el juicio de cinco activistas de los derechos de la mujer en Teherán.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Se intensifica la desenfrenada discriminación contra los iraníes kurdos

Thu, 31 Jul 2008 14:40:34 +0100

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

La organización teme de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando, según el informe Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority.

En el informe se afirma también que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

En Irán viven aproximadamente 12 millones de kurdos, lo que supone el 15 por ciento de la población. Las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones.

Sin embargo, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada. En Irán se reprimen los derechos sociales, políticos y culturales de los kurdos, además de sus aspiraciones económicas.

Los progenitores no pueden inscribir en el registro a sus recién nacidos con determinados nombres kurdos, y se reprime a las minorías religiosas integradas principal o parcialmente por personas de origen kurdo con medidas concebidas para estigmatizarlas y aislarlas.

Discriminadas en su acceso al empleo y a una vivienda adecuada, el abandono económico de las regiones kurdas se ha saldado con una arraigada pobreza que ha marginado aún más a la población kurda.

El colectivo de defensores kurdos de los derechos humanos, entre ellos activistas comunitarios y periodistas, se enfrenta a detenciones arbitrarias, malos tratos y procesamientos si protestan contra el incumplimiento del gobierno de las normas internacionales de derechos humanos.

Si además vinculan su trabajo en defensa de los derechos humanos con su identidad kurda se arriesgan a sufrir violaciones adicionales de sus derechos. Algunos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, acaban convirtiéndose en presos de conciencia. A otros se los somete a tortura, a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o se les impone la pena de muerte.

Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de “moharebeh” (enemistad contra Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

El de “moharebeh” es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)” y un año por “propaganda contra el sistema”.

La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán.”

“El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al ciclo de violencia contra las mujeres y castigar a los responsables.”

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para negar sus derechos humanos.

Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los “homicidios por motivos de honor” y el suicidio.

“Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares, ha manifestado Malcolm Smart.

Irán: Acabar con la discriminación contra la minoría kurda

Wed, 30 Jul 2008 07:35:33 +0100

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, especialmente de las mujeres, dice Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy, 30 de julio. La organización expresa su temor de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando.

En el informe aparecen ejemplos de discriminación religiosa y cultural contra los 12 millones de kurdos que se calcula que viven en Irán, y que suponen aproximadamente el 15 por ciento de la población.

Se centra en asuntos relacionados con la vivienda, la educación y el empleo. Los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación también están siendo objetivo de abusos por expresar sus opiniones.

"La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán. El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al círculo vicioso de la violencia contra las mujeres y castigar a los responsables", ha dicho Amnistía Internacional.

El informe afirma que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para justificar la negación de sus derechos humanos. Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los "homicidios por motivos de honor" y el suicidio.

"Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares. Las autoridades iraníes tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para erradicar la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad, algo que no están haciendo", ha manifestado Amnistía Internacional.

El informe, titulado *Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (Irán: Abusos contra los derechos humanos de la minoría kurda), reconoce que, sin bien las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada.

He aquí algunos casos recientes que han puesto de manifiesto violaciones de derechos humanos concretas contra kurdos:

* Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de ser "mohareb", (enemigos de Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. El de mohareb es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

Los activistas de derechos humanos en Irán han informado que, cuando las autoridades penitenciarias de la cárcel de Raja'i Shahr de la provincia de Teherán informaron a Farzad Kamangar, maestro de 32 años, de la decisión del Tribunal Supremo, le pidieron que escribiera una carta solicitando el indulto. Farzad Kamangar se negó a hacerlo, pues habría supuesto reconocerse culpable, algo que siempre ha negado. El 11 de julio, el Supremo confirmó su condena a muerte, que puede cumplirse en cualquier momento.

* En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por "actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)" y un año por "propaganda contra el sistema". La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

* La estudiante de psicología Hana Abdi fue detenida el 4 de noviembre de 2007 en la casa de su abuelo en Sanandaj. La mantuvieron en régimen de incomunicación durante tres meses. En junio de 2008 fue condenada a cinco años de cárcel, que cumplirá en el exilio de la provincia de Azerbaiyán Occidental, en la pequeña localidad de Germi, en la frontera con la República de Azerbaiyán. Según su abogado, la Sala número 2 del Tribunal Revolucionario de Sanandaj la declaró culpable de "reunión y colusión para la comisión de un delito contra la seguridad nacional". Hana Abdi es miembro de la Campaña por la Igualdad, una iniciativa en favor de los derechos de las mujeres iraníes que trata de poner fin a la discriminación legal contra las mujeres en Irán. Amnistía Internacional considera a Hana Abdi presa de conciencia, detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación, y opina que los cargos presentados contra ella tuvieron motivación política.

"Instamos a las autoridades iraníes a que tomen medidas concretas para poner fin a las discriminaciones y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con ellas que sufren en Irán los kurdos y cualquier otra minoría", ha declarado Amnistía Internacional.

"Los kurdos y el resto de las personas integrantes de comunidades minoritarias en Irán, sean hombres, mujeres o menores, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Las autoridades iraníes deben promover y proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".

Información general
El informe, titulado *Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (Índice AI: MDE 13/088/2008) es el último de una serie de informes de Amnistía Internacional sobre abusos contra los derechos humanos contra minorías étnicas y culturales en Irán. Los anteriores trataron de los abusos contra los árabes ahwazíes y los baluchis.

Amnistía Internacional ha planteado en anteriores ocasiones a las autoridades iraníes muchos de los motivos de preocupación y los casos que aparecen en este informe, sin obtener una respuesta adecuada. Las autoridades iraníes rara vez responden a la organización y desde hace más de 28 años no permiten que Amnistía Internacional acceda a Irán para investigar los derechos humanos.

FIN/

Irán, a la contra de la tendencia abolicionista mundial

Wed, 30 Jul 2008 13:51:30 +0100

Amnistía Internacional está consternada por la ejecución masiva de 29 hombres en la prisión de Evian, Teherán, el pasado 27 de julio de 2008. Estas muertes elevan a 187 la cifra de ejecuciones llevadas a cabo desde principios de año. En 2007, en Irán se ejecutó a más personas (317) que en ningún otro país, a excepción de China. Sin embargo, la población de Irán es 18 veces inferior a la de China.

Al anunciar las ejecuciones, las autoridades iraníes dijeron que los hombres a los que habían colgado habían cometido graves delitos, como contrabando de droga y asesinato. Sin embargo, sólo facilitaron el nombre de diez de ellos y no dieron ningún otro dato sobre los juicios en los que los 29 habrían sido condenados. En otros casos, los presos han sido condenados a muerte en juicios injustos y ejecutados.

Antes de la ejecución, la cadena de televisión estatal IRIB entrevistó a varios de los 29 presos condenados y luego emitió extractos en la televisión nacional.

Las autoridades iraníes siguen yendo a la contra de la tendencia mundial en lo relativo a las ejecuciones, pese a la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2007 en la que se pedía a los Estados que establecieran “una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte”. En la resolución, aprobada por una amplia mayoría de Estados miembros de la ONU, también se pedía a los gobiernos que informaran al Secretario General de la ONU acerca la observancia por parte de sus países de las “salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte”.

Amnistía Internacional se opone de manera incondicional al uso de la pena de muerte en todos los casos e independientemente de las circunstancias, puesto que viola el derecho a la vida y, por su propia naturaleza, constituye un castigo cruel, inhumano y degradante.

Irán debe detener la ejecución de cuatro jóvenes y cumplir la prohibición internacional de condenar a muerte a menores

Wed, 09 Jul 2008 08:40:02 +0100

(Ginebra) Hoy, 8 de julio de 2008, 24 organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos han pedido a las autoridades iraníes que no ejecuten a cuatro jóvenes condenados a muerte, que dejen de imponer la pena capital a personas que tenían menos de 18 años en el momento de la comisión del delito y que respeten la obligación que les incumbe en virtud del derecho internacional de aplicar la prohibición absoluta de dictar la pena de muerte en estos casos.

El 10 de junio de 2008, Irán ejecutó a Mohammad Hassanzadeh, joven kurdo iraní de 16 años, por un delito cometido cuando tenía 14. Otros cuatro jóvenes corren peligro de ser ejecutados entre el 11 y el 25 de julio. Las organizaciones han instado al presidente de la judicatura de Irán a suspender de inmediato estas cuatro ejecuciones.

La ejecución de Behnoud Shojaee y Mohammad Feda’i está prevista para el 11 de julio. Ambos iban a ser ejecutados el 11 de junio 2008, pero a última hora se les concedieron sendos aplazamientos de un mes con el fin de que tuvieran más tiempo para lograr el indulto de las familias de sus víctimas.

Al menos otros dos jóvenes menores de edad en el momento del delito, Salah Taseb y Sa’eed Jazee, corren peligro de ser ejecutados en los próximos días. Según el grupo Activistas de Derechos Humanos en Irán, Salah Taseb, procedente de Sanandaj, condenado por un asesinato cometido cuando tenía 15 años, ha sido recientemente trasladado de la prisión juvenil a la prisión principal de Sanandaj al cumplir los 18 años. Es posible que sea ejecutado antes de que termine el mes de tir del calendario iraní, el 23 de julio de 2008, aunque el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, afirmó el 1 de julio de 2008 que la condena está sujeta a la presentación de un recurso. Según informes, la ejecución del otro joven, Sa’eed Jazee, prevista para el 25 de junio, fue aplazada un mes. Había sido declarado culpable del asesinato de un hombre de 22 años, ocurrido cuando él tenía 17. Se tiene noticia de que en Irán casi 140 personas que eran menores de edad en el momento del delito están en espera de ejecución, pero la verdadera cifra podría ser incluso mayor. Por ejemplo, los activistas no tuvieron conocimiento del caso de Mohammad Hassanzadeh hasta que fue ejecutado.

En una conferencia de prensa celebrada el 17 de junio de 2008 ante varios medios de comunicación iraníes, el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, negó que Mohammad Hassanzadeh tuviera menos de 18 años en el momento de la ejecución. En respuesta, Mohammad Mostafa’i, abogado que ha defendido a muchos jóvenes menores de edad en el momento del delito y condenados a muerte, escribió el 25 de junio de 2008 (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) que se había desplazado a Sanandaj tras las declaraciones de Alireza Jamshidi y allí había visto los documentos de identidad de Mohammad Hassanzadeh. Mohammad Mostafa’i afirmó que los documentos demostraban que, en realidad, Mohammad Hassanzadeh sólo tenía 16 años, 11 meses y 20 días cuando lo ejecutaron.

El uso de la pena de muerte contra personas que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años constituye una grave violación del derecho internacional consuetudinario, con independencia de la edad que tengan en el momento de la ejecución. Las organizaciones declararon que les preocupaba que la insistencia de las autoridades iraníes en que Mohammad Hassanzadeh era mayor de edad cuando lo ejecutaron podría ser el preludio de represalias contra defensores y defensoras iraníes de los derechos humanos que han criticado públicamente esta y otras ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento del delito, pues se podrían presentar contra ellos cargos vagamente formulados como “actividades contra la seguridad del Estado” o “propaganda contra el sistema”.

Defensores y defensoras iraníes que han denunciado anteriormente estas violaciones de derechos humanos han sufrido represalias. Por ejemplo, en 2007, un tribunal declaró culpable a Emadeddin Baghi, destacado activista iraní contra la pena de muerte, de “actividades contra la seguridad nacional” y “propaganda en favor de opositores al régimen” por criticar condenas a muerte impuestas en juicios injustos contra personas adultas. Esa sentencia fue anulada en apelación, pero Emadeddin Baghi sigue cumpliendo otra condena relacionada con su trabajo de derechos humanos. Mohammad Sadiq Kabudvand, defensor kurdo iraní de derechos humanos, cumple una condena de 11 por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán” y por “hacer propaganda contra el sistema”.

Las autoridades iraníes deben respetar el derecho a la libertad de expresión, incluida la defensa de los derechos humanos, tal como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Algunas autoridades iraníes han intentado justificar el homicidio de jóvenes menores de edad en el momento del delito utilizando el término "retribución”, en lugar de “ejecución”. Según el portavoz de la judicatura, Alireza Jamshidi, “la legislación [iraní] no prevé la ejecución (‘edam) de personas menores de 18 años; lo que estipulan las leyes relativas a los jóvenes de entre 15 y 18 años es la cuestión de la retribución (qesas)”. En el derecho islámico, la “retribución” por asesinato es la pena de muerte. Los familiares de una víctima de asesinato pueden indultar a la persona condenada o aceptar una indemnización en lugar de la ejecución, pero no tienen la obligación de hacerlo. La actual legislación iraní permite imponer la pena de muerte –en concepto de “retribución” por asesinato y por otros delitos– a niñas de incluso nueve años lunares y a niños a partir de 15. Un niño o niña menor de estas edades también puede recibir una condena a muerte si el juez considera que ha alcanzado la pubertad.

La distinción entre “ejecución” y “retribución” es irrelevante. Una persona es ejecutada cuando el Estado pone fin a su vida con arreglo a una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, como es el caso de las condenas de "retribución" emitidas por los tribunales iraníes. Mediante estas declaraciones confusas, las autoridades iraníes tratan de maquillar el hecho de que Irán está infringiendo del derecho internacional cada vez que ejecuta a una persona que era menor de edad en el momento del delito, con independencia de que la persona haya cumplido o no los 18 años cuando es ejecutada. Es imperativo que las autoridades detengan de inmediato estas ejecuciones y modifiquen la legislación para garantizar que el Estado no acaba con la vida de ninguna persona por ningún delito –ni siquiera por asesinato– cometido cuando era menor de edad.

Irán es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (sin reservas) y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben la ejecución de personas que tengan menos de 18 en el momento de la comisión del delito. Al ratificar la Convención, Irán emitió una reserva extremadamente amplia: “no aplicar cualquier disposición o artículo que no sea compatible con el derecho islámico”. El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la aplicación de la Convención, expresó en 2000 su preocupación ante el hecho de que “el carácter amplio e impreciso de la reserva general formulada por el Estado Parte [Irán] puede ser contraria a la aplicación de muchas disposiciones de la Convención e inspira preocupación en cuanto a su compatibilidad con el objeto y propósito de la Convención”. Los 24 grupos de derechos humanos han pedido a Irán que retire su reserva a la Convención, que, en opinión de éstos, no puede en ningún caso invocarse como autoridad jurídica para legitimar la ejecución de personas menores de edad en el momento de la comisión del delito.

En 2007, sólo otros dos países (Arabia Saudí y Yemen) ejecutaron a jóvenes menores de edad, pero las cifras son minúsculas en comparación con el número las ejecuciones de menores llevadas a cabo en Irán, al menos siete en ese mismo año. En lo que va de 2008, Irán ha ejecutado por ahorcamiento a dos personas que eran menores de edad en el momento del delito, uno de ellos Mohammad Hassanzadeh, que sólo tenía 16 años cuando lo ejecutaron.

Los 24 grupos han declarado que Irán debe conmutar inmediatamente todas las condenas a muerte impuestas a jóvenes menores de edad en el momento del delito y poner fin a todas las ejecuciones de esta índole.

Si desean obtener más información, pónganse en contacto con:

Asociación Adala
Association Adala
Abdel Aziz Ennouidi
21261741908+
Correo-e: adalajust@yahoo.fr

Amnistía Internacional (AI)
Amnesty International
Nicole Choueiry
Encargada de prensa de Oriente Medio y Norte de África
+44 7831 640 170 (móvil)
+44 207 413 5511 (línea directa)
Correo-e: nchoueir@amnesty.org

Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos
The Arabic Network for Human Rights Information
Gamal Eid
Director ejecutivo
+202-2-5249544
Correo-e: info@anhri.net

Organización Árabe por la Reforma Penal
Arab Penal Reform Organization (APRO)
Mohammad Zarea
+202-27870063 - 202-27869987 - 202-27869989
Correo-e: apro@aproarab.org

Centro de Derechos Humanos de Bahréin
Bahrein Center for Human Rights - BCHR
Sr. Nabeel Ragab
Vicepresidente
Correo-e: nabeel.rajab@bahrainrights.org

Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Moataz El fegiery
Director ejecutivo
+202 27951112 (oficina)
+2 0123429991 (móvil)
Correo-e: moataz@cihrs.org

Defensa de los Niños Internacional
Defence for Children International
Rebecca Morton
Directora ejecutiva
+41 22 734 0558
Correo-e: director@dci-is.org
www.dci-is.org

Coalición Egipcia contra la Pena de Muerte
Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty
Ayman Okail
+ 202 35731912, +201 05327633
Correo-e: maat_law@yahoo.com; info@maat-law.org

Federación Internacional de los Derechos Humanos
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme - International Federation for Human Rights (FIDH)
Sra. Souhayr Belhassen
Presidenta
+ 331 43 55 25 18

Centro de Derechos Humanos para Asistencia a los Presos
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners
Mohammad Zarea
+202-27870063 - 202-27869987 - 202-27869989
Correo-e: apro@aproarab.org

Asociación de Derechos Humanos de Turquía
Human Rights Association of Turkey (IHD)
Yusuf Alatas (ex presidente)
Osma Isçi (relaciones internacionales)
+903124259547
Correo-e: ihd@tr-net.net.tr

Human Rights Watch
Clarisa Bencomo
Investigadora sobre los derechos de los niños y niñas en Oriente Medio y Norte de África
+2010 970 9911 (móvil);
Correo-e: bencomc@hrw.org

Instituto Internacional de Derechos del Niño
Institut International des Droits de l’Enfant
Jean Zermatten
Director
+41 27 205 73 03
Correo-e: ide@childsrights.org

Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán
International Campaign for Human Rights in Iran
Hadi Ghaemi
Coordinador
+1 917 669 5996
Correo-e: hadighaemi@iranhumanrights.org

Organización Marroquí de Derechos Humanos
Organisation Marocaine des droits de l'Homme (OMDH)
Sra. Amina Bouayach
Presidenta
Tel.: 00 212 777 00 60/ 00 212 227 30 49

Derechos Humanos de Irán
Iran Human Rights
Mahmood Amiry-Moghaddam
Portavoz
+47 91742177
Correo-e: iranhr2007@gmail.com

Liga Iraní de Defensa de los Derechos Humanos
Iranian league for the defense of human rights (LDDHI)
Karim Lahidji
Presidente
Correo-e: lddhi@wanadoo.fr

Centro Marroquí de Derechos Humanos
Centre Marocain des Droits Humains
Khaled El-Sharqawi
Director
21268681138+
Correo-e: cmdh.ma@yahoo.fr

Coalición Marroquí contra la Pena de Muerte
Coalition marocaine contre la peine de mort
Abdulillah Benabdelsalam
Coordinador
21267708600+
Correo-e: lilahbena@yahoo.fr

Esta coalición está compuesta por 7 ONG marroquíes:
* Asociación Marroquí de Derechos Humanos
* Amnistía Internacional Marruecos
* Organización Marroquí de Derechos Humanos
* Centro de Derechos de las Personas
* Observatorio Marroquí de las Prisiones
* Asociación de Abogados de Marruecos
* Foro Marroquí de la Verdad y la Justicia

Reforma Penal Internacional
Penal Reform International
Tahar Boumedra
Director regional para Oriente Medio y Norte de África
+ 962 65826017 (oficina)
+ 962 (0)799946651 (móvil)
Correo-e: tboumedra@penalreform.org

No a la Ejecución de Menores
Stop Child Executions
David Etebari
Vicepresidente
+1 310 598 3616
Correo-e: detebari@gmail.com ç

Tierra de Hombres – Ayuda a la Infancia
Terre des Hommes -aide à l’enfance
Bernard Boeton
+ 41 58 611 06 18
Correo-e: bernard.boeton@tdh.ch

“VIVERE” - (Salvaguardia de las personas expuestas a morir a causa de una discriminación inaceptable)
« VIVERE » (Sauvegarde des personnes risquant la mort par une discrimination inacceptable)
Michel Hoffman
Director
Correo-e: contact@vivere.ch

Organización Mundial contra la Tortura
World Organisation Against Torture (OMCT)
Cécile Trochu Grasso
Coordinadora de actividades sobre los derechos de los niños y niñas
+41 22 809 49 39
Correo-e: ct@omct.org

Documento público
****************************************
Para más información o para conertar entrevistas, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el +44 20 7413 5566, o por correo electronico: press@amnesty.org
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
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Irán: Activistas de los derechos de las mujeres detenidas en manifestaciones pacíficas de solidaridad

Mon, 16 Jun 2008 19:10:38 +0100

El jueves, nueve mujeres que intentaban participar en un pequeño seminario pacífico para celebrar un día de solidaridad con las mujeres iraníes fueron detenidas en Teherán. Las mujeres —Aida Saadat, Nahid Mirhaj, Nafiseh Azad, Nasrin Sotoodeh, Jelve Javaheri, Jila Baniyagoub, Sarah Loghmani, Farideh Ghaeb y Aliyeh Matlabzadeh—, que fueron trasladadas a un centro de detención, quedaron en libertad esa misma noche.

El seminario, organizado por la Campaña por la Igualdad con el fin de conmemorar el aniversario del día de la solidaridad de las mujeres iraníes, se iba a celebrar en la galería de arte Rahe Abrisham, pero las fuerzas de seguridad impidieron que comenzara tras obligar al propietario de la galería a cerrar las puertas. Las nueve mujeres fueron detenidas en el exterior de la galería de arte.

La Campaña por la Igualdad es una red que trabaja para poner fin a la discriminación que sufren las mujeres en la legislación. La campaña informa a las mujeres sobre sus derechos y pretende recoger un millón de firmas entre la población iraní para pedir el fin de las leyes discriminatorias.

Las activistas de los derechos de las mujeres en Irán consideran el 22 de Jordad (el 12 de junio) como su día nacional de solidaridad contra las leyes que discriminan a las mujeres. Hace tres años, en ese mismo día, activistas de los derechos de las mujeres organizaron una manifestación delante de la Universidad de Teherán que alcanzó un número de asistentes sin precedentes. Una manifestación pacífica similar que se organizó el año siguiente fue dispersada violentamente y finalizó con 70 detenciones. Las activistas se han comprometido a continuar realizando actividades en esta fecha hasta que las autoridades atiendan sus peticiones.

Las mujeres iraníes sufren una discriminación generalizada por ley. Se las excluye de áreas clave de participación política y no gozan de los mismos derechos que los hombres en lo que respecta al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia.

Las autoridades iraníes deben:

Poner fin al hostigamiento que sufren las activistas de los derechos de las mujeres y permitir que continúen con sus actividades pacíficas, incluida la libre celebración de su día de solidaridad en el futuro.
Tomar medidas concretas para que las leyes que rigen la vida de las mujeres sean conformes a las normas de derechos humanos

Ejecución de un joven kurdo en Irán

Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100

El martes 10 de junio un joven kurdo, que se cree tenía 16 ó 17 años de edad, fue ejecutado en Irán. Mohammad Hasanzadeh fue ahorcado en la prisión de Sanandaj, tras ser declarado culpable del asesinato, cometido cuando tenía alrededor de 15 años, de otro menor que entonces tenía 10 años.

Un hombre de 60 años, Rahim Pashabadi, declarado culpable también de asesinato, fue ejecutado junto con él. Amnistía Internacional ha condenado la ejecución.

"Esta última ejecución de una persona que era menor de edad en el momento de cometerse el delito es otro incumplimiento flagrante por parte de las autoridades iraníes de sus obligaciones internacionales, contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de no condenar a muerte a personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito”, ha declarado la organización.

"Es un jarro de agua fría para las esperanzas que suscitó la decisión, ayer, del presidente de la magistratura iraní de conceder un aplazamiento de un mes a dos jóvenes condenados por delitos cometidos cuando eran menores, a fin de dar más tiempo para buscar una solución con las familias de las víctimas."

El ayatolá Mahmoud Shahroudi concedió el martes la suspensión de la ejecución de los dos menores que estaba prevista para el miércoles. Behnoud Shojaee y Mohammad Feda'i habían sido acusados de asesinato con premeditación y condenados a qisas o retribución, cuyo castigo en este caso es la muerte. Ambos aseguraron que no tenían intención de matar.

"Pedimos a Irán que ponga fin, de una vez por todas, a estas ejecuciones, incluidas las de las al menos 85 personas más que permanecen condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad –ha declarado Amnistía Internacional–. Para empezar, estos menores no deberían haber sido condenados a muerte".

Amnistía Internacional siente también preocupación por los informes que indican que la ejecución de Saeed Jazee, también condenado por un delito cometido cuando era menor de edad y que ahora tiene 21 años, está prevista para el 25 de junio.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo manifestando su preocupación por los procedimientos judiciales que incumplen las normas internacionales que Irán está obligado a respetar y aplicar.

En una carta reciente de Mohammad Feda'i, difundida el 7 de junio, el joven decía que, mientras estuvo detenido, los agentes le dieron patadas y lo torturaron hasta tal punto que, una noche, accedió a firmar una confesión cuyo contenido desconocía.

"Tengo 21 años, soy joven, no tenía más que 16 cuando entré en prisión. Como cualquier otro adolescente, [entonces] aún vivía mis sueños de infancia [...]", escribió. Y añadía: "Me golpearon y me flagelaron una y otra vez [...]. Me colgaron del techo [y] me quitaron la esperanza de vivir".

Amnistía Internacional tiene constancia de los nombres de al menos 85 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad que podrían ser ejecutadas en Irán, y teme que pueda haber muchas más en peligro.Irán sigue siendo, con diferencia, el país que ejecuta a más personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad. En los últimos años, sólo otros dos países –Arabia Saudí y Yemen– han llevado a cabo este tipo de ejecuciones.

Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen el derecho y el deber de llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia en procedimientos justos, pero se opone a la pena de muerte en todos los casos.

"Pedimos a los dirigentes de Irán, a su poder judicial y a su nuevo Parlamento que garanticen que Irán se suma a la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte, enérgicamente expresada en la resolución de la Asamblea General de la ONU que, el 18 de diciembre de 2007, pidió una moratoria mundial de las ejecuciones", ha manifestado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional insta a Irán a anular condenas contra mujeres activistas

Tue, 20 May 2008 18:09:05 +0100

Amnistía Internacional ha escrito al presidente de la magistratura de Irán, instándole a garantizar que las vistas de apelación contra las declaraciones de culpabilidad y las condenas impuestas a seis defensoras de los derechos de las mujeres en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad expresión y asociación se celebran sin demora y con imparcialidad.

En el caso de que las condenas se confirmen en la fase de apelación, la organización pide al presidente de la magistratura, el ayatolá Hashemi Shahroudi, que revise los casos y anule las declaraciones de culpabilidad de estas mujeres, todas las cuales se convertirán en presas de conciencia en caso de ser encarceladas.

Amnistía Internacional ha pedido también al presidente de la magistratura iraní que garantice que todas las defensoras de los derechos de las mujeres pueden salir del país y regresar libremente, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte.

Todas las condenas han quedado suspendidas, pero podrían ejecutarse si las mujeres son condenadas por un delito similar durante el periodo de suspensión. Si alguna de ellas es encarcelada en el futuro como consecuencia de estas condenas, Amnistía Internacional pedirá su libertad inmediata e incondicional por considerarla presa de conciencia.

La organización ha instado asimismo al presidente de la magistratura a que garantice que las condenas de flagelación impuestas a las mujeres no se ejecutan en ninguna circunstancia. La flagelación es una forma de pena cruel, inhumana y degradante que equivale a tortura, y está prohibida en virtud del artículo 7 del PIDCP.

A las seis mujeres se les impusieron condenas condicionales entre febrero y mayo de 2008, en relación con su participación en una concentración pacífica el 4 de marzo de 2007 ante un tribunal donde se celebraba el juicio de cinco activistas de los derechos de las mujeres por su participación en una manifestación anterior, celebrada en junio de 2006 para pedir el fin de la legislación discriminatoria. Un total de 33 mujeres fueron detenidas en aquella ocasión. Todas han sido procesadas al amparo de leyes de redacción imprecisa sobre “delitos contra la seguridad”. Al menos otras 12 han sido absueltas de todos los cargos en relación con la manifestación de marzo de 2007.

Marzieh Mortazi Langaroudi fue condenada a seis meses de cárcel y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en febrero de 2008.
Zeynab Peyghambarzadeh recibió una condena condicional de dos años en marzo de 2008. La declararon culpable de “participación en una reunión ilegal y connivencia con intención de perturbar la seguridad nacional”.
Nasrin Afzali recibió una condena condicional de seis meses y 10 azotes en abril de 2008, tras ser declarada culpable de “alteración del orden público”. Fue absuelta de “participación en una reunión ilegal y negativa a obedecer las órdenes de la policía”.
Nahid Ja’fari fue condenada a seis meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en abril de 2008. La declararon culpable de “alteración del orden público”, pero la absolvieron de “connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional y negativa a obedecer las órdenes de la policía”. Durante su detención el 4 de marzo de 2007 fue golpeada y sufrió la rotura de algunas piezas dentales. Posteriormente presentó una denuncia, en relación con las lesiones sufridas, contra las personas que la habían detenido. Los tribunales no han investigado aún su denuncia.
Rezvan Moghaddam fue condenada unos días más tarde a 6 meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de 3 años.
Parvin Ardalan fue condenada a dos años de prisión, con una suspensión de tres años, por cargos de “reunión y connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional”. En marzo de 2008, antes de que se hiciera pública la sentencia, se le impidió viajar a Suecia, donde debía recoger el Premio Olof Palme 2007 de derechos humanos. Posteriormente fue citada en la Sala 13 del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde la interrogaron en relación con su participación en la redacción y edición de los sitios web de Change for Equality y Zanestan. También se le notificó que debía presentar las invitaciones a las conferencias en otros países como condición previa para retirarle la prohibición de viajar, aunque la legislación iraní no exige que las personas soliciten permiso previo para viajar. Al término de la sesión en el tribunal, Parvin Ardalan fue acusada formalmente de “propaganda contra el sistema”, aunque no quedó detenida en espera del juicio por este cargo. Amnistía Internacional no conoce la fecha prevista para el juicio.

Amnistía Internacional pide al presidente de la magistratura de Irán que anule las declaraciones de culpabilidad que puedan confirmarse en las vistas de apelación contra las seis defensoras de los derechos de las mujeres declaradas culpables en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y al mismo tiempo insta a que se ponga fin a la legislación discriminatoria en Irán.

Amnistía Internacional insta asimismo al presidente de la magistratura a que suspenda de inmediato todas las condenas de flagelación, incluidas las que puedan ser impuestas en relación con actividades pacíficas en favor de los derechos de las mujeres, y a levantar la prohibición de viajar impuesta a Parvin Ardalan y a cualquier defensora de los derechos de las mujeres a la que se pueda impedir viajar a otros países y regresar libremente a Irán.

Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

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Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)