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Activistas prodemocracia pueden ser condenados a 15 años de prisión en Siria

Wed, 08 Oct 2008 15:23:15 +0100

Doce activistas prodemocracia, a quienes se está juzgando actualmente en Siria, pueden ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel por pedir reformas democráticas y respeto por los derechos humanos.

Los activistas fueron detenidos en diciembre de 2007 y enero de 2008, tras participar en una reunión de la coalición de oposición de base amplia Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático. También se detuvo a decenas de participantes más, que después quedaron en libertad sin cargos.

Se acusa a los 12 activistas de “debilitar el sentimiento nacional”, “difundir noticias falsas o exageradas que puedan afectar a la moral del país”, unirse a “una organización formada con el propósito de cambiar la situación económica o social del Estado” y de “incitar a conflictos sectarios”. Se los está juzgando ante el Tribunal Penal de Damasco y se prevé que el fallo se dará a conocer el 29 de octubre.

Las actuaciones judiciales se han caracterizado hasta la fecha por graves irregularidades. Los 12 activistas estuvieron detenidos inicialmente en régimen de incomunicación durante varias semanas en Damasco, a disposición del Departamento de Seguridad del Estado, y la mayoría ha afirmado que en este periodo recibieron palizas y coacciones para firmar “confesiones” falsas. Se les ha limitado el acceso a sus abogados, y a éstos se les han denegado copias del expediente judicial.

Amnistía Internacional es una de las varias organizaciones que han expresado preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos, pero las autoridades sirias no han llevado a cabo investigación oficial alguna.

La organización considera que los 12 activistas son presos de conciencia, detenidos únicamente por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y asociación. La organización pide su libertad inmediata e incondicional e insta a que retiren todos los cargos formulados en su contra.

Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático, fundada en octubre de 2005, es una coalición no autorizada oficialmente de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y activistas prodemocracia. Reúne a grupos de diferentes tendencias, como nacionalistas árabes, islámicos, kurdos, izquierdistas y liberales.

El 1 de diciembre de 2007, unos 170 miembros de la coalición celebraron una reunión para elegir a la dirección del Consejo Nacional; Feda'a al-Horani fue elegida presidenta, en tanto que Akram al-Bunni y Ahmad To'meh resultaron elegidos para el alto cargo de secretario.

Estas tres personas fueron detenidas junto con el Dr. Walid al-Bunni; Jabr al-Shoufi, profesor de literatura árabe y crítico literario; 'Ali al-'Abdullah, periodista; Fayez Sarah, periodista y escritor; el Dr. Yasser al-'Eit; Muhammed Haji Darwish, miembro del Partido Democrático Popular; Marwan al-‘Ush, ingeniero geológico; Riad Seif, ex parlamentario independiente; y Talal Abu Dan, artista.

La Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático ha pedido al gobierno sirio que suspenda el estado de excepción que está en vigor desde 1963. La coalición ha instado también a las autoridades a poner en libertad a todos los presos políticos; permitir el regreso en condiciones de seguridad de los exiliados sirios; abolir la Ley 49, que castiga con la muerte la pertenencia a la Hermandad Musulmana; y respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ni verdad ni justicia tras 40 años de la masacre de México

Wed, 01 Oct 2008 17:40:16 +0100

Hace 40 años, el 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en Tlatelolco, Ciudad de México. Las estimaciones sobre el número de personas que murieron varían, pero la masacre sigue siendo uno de los peores episodios de homicidios masivos de la historia de México.

1968 fue un año en el que estudiantes y activistas de todo el mundo se echaron a la calle para cambiar su realidad y en muchos lugares tuvieron enfrentamientos con las autoridades.

A lo largo y ancho de Estados Unidos, los estudiantes iban cerrando campus a medida que se propagaban las revueltas y manifestaciones contra la guerra por todo el país. En Londres, 80.000 se manifestaron contra la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles de Irlanda del Norte cobró ímpetu. En mayo, se rebelaron los estudiantes de París; a su rebelión siguió una huelga general masiva. En Checoslovaquia se registró una oposición generalizada de la población contra la represión de reformas políticas por parte de tropas soviéticas.

Y en el centro de Ciudad de México, pocos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, policía, ejército y hombres armados sin identificar rodearon la Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco. La plaza estaba llena de personas que se manifestaban contra la brutalidad policial, en un acto más de la huelga estudiantil general que se produjo tras las palizas que en julio recibieron estudiantes a manos de “los granaderos” (policía antidisturbios).

Hacia las seis de la tarde, abrieron fuego desde vehículos blindados y tanques, utilizando artillería pesada y soldados a pie armados con bayonetas. Dispararon hacia la plaza abarrotada de estudiantes y contra los edificios residenciales que la circundaban. El gobierno finalmente entregó 44 cadáveres, 10 de los cuales aún no se han identificado.

Cuatro décadas más tarde, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodean aquella masacre perpetrada en Ciudad de México, según ha manifestado Amnistía Internacional. Javier Zúñiga, ahora asesor especial de Amnistía Internacional que en aquel entonces trabajaba como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura, había acudido con su mujer y su hija de dos años a lo que se esperaba sería un acto pacífico. Allí presenciaron la llegada de las tropas gubernamentales desde un puente cercano que mira a la plaza.

“Cuarenta años después de la masacre de Tlatelolco, muchísimas preguntas inquietantes siguen sin respuesta,–ha manifestado Javier Zúñiga–. ¿Quién ordenó la masacre? ¿Durante cuánto tiempo se había planeado? ¿Cuántos murieron? ¿A quién pertenecen esos cadáveres que aún no se han identificado?”

“Para cuando empezaron los disparos estaba oscureciendo, así que era difícil ver con exactitud qué estaba sucediendo”, recuerda Zúñiga. “Pero recuerdo, tan claro como si lo estuviera viendo ahora, que el ejército entró en la plaza antes de que comenzaran los disparos, y no a consecuencia de ellos, como muchas fuentes gubernamentales han mantenido. Cundió el pánico, y la gente empezó a correr en todas direcciones gritando: ‘¡Viene el ejército, viene el ejército!’. Poco después, parecía que la plaza estaba llena de cadáveres.”

“Volví a la mañana siguiente, temprano, y vi pilas de cinturones y zapatos. Seguía habiendo charcos de sangre en el suelo, pese a los evidentes esfuerzos por limpiarla. También vi grandes agujeros de bala en los pilares de cemento, a la altura de la cabeza de un adulto.”

Pese a los constantes esfuerzos de víctimas, familiares y miembros del movimiento estudiantil por establecer la verdad de lo sucedido aquella noche, los hechos completos nunca se han establecido, y los responsables no han rendido cuentas.

“El hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre de 1968 ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida que sólo se cerrará cuando los hechos se descubran del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y sus familias”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“El gobierno del presidente Calderón ha guardado silencio sobre este oscuro capítulo de la historia de México. Instamos a este gobierno a que abra todos los archivos y registros pertinentes, lleve a cabo una investigación nueva e independiente, y elimine los obstáculos que impiden que los responsables de este terrible crimen sean llevados ante la justicia.”

La organización ha pedido al presidente mexicano, Felipe Calderón, que establezca de una vez por todas la verdad sobre la masacre perpetrada en la Plaza de Las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. También ha instado al gobierno a proporcionar justicia y reparación a las familias de las víctimas.

Detenido otra vez en Myanmar preso recientemente excarcelado

Fri, 26 Sep 2008 17:35:32 +0100

Amnistía Internacional ha confirmado que el viernes 26 de septiembre U Win Htein, uno de los siete presos de conciencia que habían sido liberados tres días antes, fue nuevamente detenido pocas horas después de recobrar la libertad. El martes 23 había sido excarcelado de la prisión de Kathar, departamento de Sagaing al noroeste de Myanmar.

Agentes de policía volvieron a detener a U Win Htein en el lugar en el que se hospedaba para pasar la noche en Kathar, desde donde a la mañana siguiente iba a tomar el barco que lo llevaría a Mandalay para reunirse con su esposa.

U Win Htein ha sido nuevamente internado en la prisión de Kathar. Se desconoce el motivo por el que ha sido vuelto a detener ni cuánto tiempo permanecerá en esa situación.

Amnistía Internacional ha declarado que la nueva detención de U Win Htein pone de manifiesto, una vez más, que no hay cambio alguno en la política del gobierno de Myanmar con respecto a la liberación de presos políticos.

Ocho personas heridas en ataque al “Festival gay de Sarajevo”

Fri, 26 Sep 2008 18:13:38 +0100

Varias personas fueron agredidas el miércoles 24 de septiembre, al final del primer día del “Festival gay de Sarajevo”. Según informes, ocho personas, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas cuando decenas de jóvenes agredieron a quienes asistían a este festival. Según los organizadores del evento, de cuatro días de duración, la policía puso en peligro a los asistentes al permitir que manifestantes antigays se acercaran demasiado al lugar donde se celebraba el acto.

El festival, organizado por Udruženje Q, organización no gubernamental de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, se inauguró en la céntrica Academia de Bellas Artes de la capital bosnia, Sarajevo. Las agresiones obligaron a los organizadores a que el resto del festival tuviera carácter privado.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a iniciar sin demora una investigación exhaustiva sobre estas agresiones y a poner a los responsables a disposición judicial. La organización también pidió a las autoridades que garantizasen debidamente la seguridad de los participantes en el festival.

“El llamamiento de los activistas de los derechos gays a la igualdad ante la ley y el fin de la discriminación encontró intolerancia y violencia por respuesta” manifestó Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Los organizadores del festival y quienes simpatizan con ellos han recibido y continúan recibiendo amenazas de muerte; entre esas personas figuran periodistas. Se han distribuido gran número de carteles homófobos, que se han colocado en lugares destacados de la ciudad. Algunos medios de comunicación han utilizado un lenguaje homófobo y han falseado los objetivos del festival.

En una carta enviada este mes al primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Nikola Špiric, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el clima de creciente intimidación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que se vive en el país, y ha pedido que se garantice la protección de sus derechos.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta. La evidente falta de medidas adecuadas de las autoridades para garantizar la celebración del festival en un clima sin violencia ni intimidaciones muestra que no se han seguido las recomendaciones de la organización.

Camboya: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, silenciados a través del sistema legal

Fri, 26 Sep 2008 07:47:57 +0100

Los particulares y grupos ricos y poderosos implicados en disputas por la tierra en Camboya utilizan cada vez más su poder para silenciar a sus opositores mediante el sistema de justicia penal, ha dicho hoy Amnistía Internacional, pidiendo más protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En el documento informativo 'A risky business - defending the right to housing', Amnistía Internacional ofrece ejemplos de los abusos perpetrados en los dos últimos años contra los derechos humanos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de los derechos a la tierra y en contra de los desalojos forzosos en Camboya.

Chhea Ny, que ostenta el cargo no oficial de jefe de aldea y fue puesto en libertad en diciembre de 2007 tras pasar 16 meses en prisión, dijo a Amnistía Internacional: "Me encadenaron y me mantuvieron recluido una semana en la oscura celda de una prisión. Estaba abatidísimo. No me dejaban lavarme. Pasada una semana, me quitaron la cadena de las piernas, me dejaron salir al aire libre y luego se disculparon: dijeron que habían cometido un error y habían castigado a la persona equivocada”. Chhea Ny había sido detenido en agosto de 2006 por una larga disputa por la tierra con funcionarios locales, empresarios y militares de alta graduación en la aldea de Boeung Pram, provincia de Battambang.

"Su caso es un ejemplo patente de lo que ocurre cuando el sistema legal no protege los derechos humanos ni sirve a la justicia”, ha dicho Brittis Edman, investigadora sobre Camboya de Amnistía Internacional.

Según grupos locales de derechos humanos, en los dos últimos años el número de activistas en favor de los derechos a la tierra detenidos casi se ha duplicado, pasando de 78 en 2006 a 149 en 2007. Este aumento se corresponde con el del número de informes que denuncian la detención injusta de estos activistas por la policía, la presentación de cargos penales sin base contra ellos por los fiscales y las amenazas de detención o encarcelamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de los tribunales.

"El rápido aumento del número de activistas pacíficos en favor de los derechos a la tierra que están en prisión es ya de por sí un grave motivo de preocupación. Pero, además, todo defensor o defensora de los derechos humanos encarcelado se convierte en un instrumento para intimidar a otros, al demostrar que la detención, los juicios y el encarcelamiento son amenazas reales”, ha dicho Brittis Edman.

“Las autoridades de Camboya deben asegurarse de que el sistema legal protege de forma justa a todas las partes implicadas en las disputas por la tierra y la protección de los derechos humanos, e investigar las denuncias de intimidación y detención ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos.”

Información complementaria
Los ataques contra estos activistas violan las disposiciones internacionales de derechos humanos que garantizan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública. Van contra la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU, que refleja y detalla estos derechos. En muchos casos se han violado otros derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, como el derecho a la igualdad ante los tribunales y a no ser sometidos a detención y reclusión arbitrarias.

En 2008 se sabe que unos 150.000 camboyanos viven en peligro de desalojo forzoso tras disputas por la tierra, apropiación de tierras y proyectos de reurbanización urbanos y agroindustriales. Decenas de miles de personas han sido víctimas ya de desalojos forzosos en los últimos años. Muchas de ellas se han quedado sin hogar, otras han sido reubicadas en lugares inadecuados para su reasentamiento, con malas infraestructuras, falta de servicios básicos, incluidos los sanitarios, y acceso limitado a oportunidades de empleo.

En un informe publicado en febrero de 2008, Amnistía Internacional mostró cómo las autoridades camboyanas no protegen ni en la ley ni en la práctica a la población contra los desalojos forzosos. Por el contrario, las personas que gozan de poder económico o político pueden actuar con impunidad expropiando tierras arbitrariamente. Y lo hacen en connivencia con las autoridades locales consiguiendo así la emisión de títulos de propiedad y órdenes de desalojo de autenticidad dudosa y el mal uso del sistema judicial para impedir que las víctimas actúen en defensa de sus derechos.

El nuevo gobierno de Zimbabue tiene que atajar la cultura de la impunidad

Tue, 23 Sep 2008 17:51:27 +0100

Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, firmó el pasado lunes 15 de septiembre un acuerdo de gobierno con los líderes del Movimiento por el Cambio Democrático para compartir el poder e intentar resolver la crisis política que vive Zimbabue desde el año 2000 y que se ha agudizado notablemente en los seis últimos meses.

La crisis se ha caracterizado por toda una serie de violaciones, motivadas políticamente, de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de opositores, reales o no, al presidente Mugabe. Quienes instaron o cometieron esas violaciones vienen gozando de una impunidad prácticamente absoluta.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 27 de junio, el país sufrió la sacudida de una ola de violaciones de derechos humanos, promovida por el gobierno, que se saldó con al menos 165 muertos, millares de personas torturadas y aproximadamente 30.000 desplazadas internamente. Todavía sigue sin estar claro cómo va a abordar el nuevo gobierno de Zimbabue importantes cuestiones que afectan a la justicia y la impunidad.

Amnistía Internacional ha afirmado que la validez del acuerdo firmado se vería seriamente comprometida si incluyera amnistías o indultos que impidan procesar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos, dar a conocer la verdad o hacer que las víctimas reciban reparación plena.

“No debe acordarse nada que impida que salga a la luz toda la verdad, y los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas deben comparecer ante la justicia.” Así lo ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue que ha regresado recientemente de hablar con víctimas de la violencia promovida por el gobierno en el país.

“Las víctimas de violaciones de derechos humanos están pidiendo justicia por los crímenes que han sufrido, y no merecen menos que eso. Sería una gran traición a ellas que los dirigentes nacionales, regionales e internacionales respaldaran amnistías previas al juicio para los autores de esas violaciones”, ha declarado Simeon Mawanza.

“En virtud del derecho internacional, Zimbabue tiene unas obligaciones claramente establecidas, y esas obligaciones deben cumplirse, especialmente en este momento crítico de la historia del país.”

“Cualquier solución duradera a la crisis de Zimbabue debe incluir en sus cimientos mismos el respeto y la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Simeon Mawan

"Bloguero" marroquí, en libertad

Mon, 22 Sep 2008 11:35:23 +0100

El 18 de septiembre de 2008, el Tribunal de Apelaciones de Agadir, Marruecos, anuló la condena de dos años que el Tribunal de Primera Instancia había impuesto al “bloguero” Mohamed Erraji por “falta de respeto al rey”. También retiró los cargos contra él por considerar que había habido irregularidades de procedimiento en el juicio.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelaciones. La organización había insistido en que jamás deberían haberse presentado cargos contra Mohamed Erraji.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades marroquíes que procedan a abolir sin demora todas las disposiciones de la legislación nacional que violen el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Mohamed Erraji ha sido el primer “bloguero” condenado a prisión, para cumplir una pena de dos años impuesta el lunes 8 de septiembre. Le impusieron también una multa de 5.000 dirhams (625 dólares estadounidenses) por “falta del debido respeto al rey”.

Activista de Myanmar en peligro de tortura

Tue, 16 Sep 2008 14:06:33 +0100

Nilar Thein, que vivía en la clandestinidad desde hace más de un año tras liderar varias de las primeras protestas antigubernamentales de agosto de 2007, fue detenida el miércoles 10 de septiembre y trasladada al centro de detención de Aung Tha Pyay de Yangón (Rangún, la mayor ciudad de Myanmar) para someterla a interrogatorio. Continúa en peligro de ser torturada o víctima de otros malos tratos.

Nilar Thein fue detenida cuando acudía a visitar a la madre de Ant Bwe Kyaw, otro activista detenido, en un suburbio del nordeste de Yangón. Ant Bwe Kyaw y el esposo de Kyaw Min Yu, Nilar Thein (conocido también como Ko Jimmy) fueron dos de los 13 dirigentes activistas antigubernamentales del Grupo de Estudiantes de la Generación de 1988 detenidos el 22 de agosto de 2007.

Un total de 35 activistas del Grupo de Estudiantes de la Generación de 1988 fue juzgado en dependencias de la prisión de Insein el 9 de septiembre por múltiples cargos de motivación política. Varios de esos cargos están tipificados en las leyes de seguridad de ambigua redacción habitualmente utilizadas para criminalizar la disidencia política pacífica.

El Grupo está formado por activistas antigubernamentales que tomaron parte en el levantamiento prodemocrático de 1988 contra el gobierno militar, que entonces llevaba 26 años en el poder.

Al día siguiente de la detención de los 13 dirigentes antigubernamentales del Grupo, Nilar Thein encabezó en Yangón una manifestación de unas 500 personas que exigían la puesta en libertad de los activistas y continuaban protestando contra el súbito aumento de los precios de los carburantes impuesto por el Estado el 15 de agosto de 2007.

Cuando las autoridades comenzaron a perseguir a los dirigentes de las protestas, Nilar Thein pasó a la clandestinidad. Tras considerar las condiciones de vivir en esta situación de peligro e insalubridad, decidió dejar a su niña de corta edad al cuidado de su familia.

Tres semanas después de la detención de su marido, el 22 de agosto de 2007, comenzaron a circular rumores de que éste había muerto bajo custodia policial. Los rumores resultaron ser falsos y al parecer fueron difundidos por el gobierno para que Nilar Thein saliera de su escondite.

Desde la clandestinidad, Nilar Thein siguió pidiendo a la comunidad internacional que actuara para resolver la grave situación de derechos humanos y los abusos que sufren las mujeres bajo el régimen militar de Myanmar.

Un año después de la violenta represión de las protestas contra el gobierno de septiembre de 2007, los dirigentes militares no muestran señales de que vayan a aminorar sus esfuerzos para silenciar toda disidencia política. Casi 300 personas han sido detenidas por sus actividades políticas pacíficas en 2008.

Nilar Thein ha sido encarcelada dos veces antes por sus actividades en favor de la democracia. En 1991 estuvo detenida dos meses. En diciembre de 1996 la detuvieron por participar en las manifestaciones de estudiantes que ese año hubo en Yangón. Condenada a 10 años de cárcel, quedó en libertad en 2005.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Myanmar que, con carácter de urgencia, cesen este tipo de detenciones y ponga en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y, en particular, que ponga ya en libertad a las personas a las que se considera presas de conciencia recluidas recientemente y las que llevan en esa situación desde hace tiempo.

Semana mundial de acción en apoyo de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas

Fri, 12 Sep 2008 11:11:05 +0100

Activistas y simpatizantes de la Campaña Armas bajo Control en más de 50 países participarán en la semana de acción en apoyo de un Tratado sobre el Comercio de Armas, que comienza el sábado 13 de septiembre.

Durante la semana, que se desarrollará bajo el lema “El mundo está mirando”, las personas que realizan trabajo de campaña instarán a sus gobiernos a llegar a un acuerdo sobre un Tratado eficaz sobre el Comercio de Armas lo antes posible. Los Estados miembros de la ONU emprenderán esas negociaciones en la reunión de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General (Primera Comisión), que se celebrará en octubre.

Cada año, las armas convencionales causan al menos 300.000 muertes. El número de personas que son heridas, sufren abusos, son víctimas de desplazamiento forzado o se ven privadas de sus seres queridos a causa de la violencia armada es mucho mayor. Muchas de las armas utilizadas para cometer estas violaciones se adquieren en el mercado de armas internacional, que no está suficientemente regulado.

Entre los actos previstos durante la semana de acción se encuentran varios partidos de fútbol en Malí, una manifestación en Tanzania, la proyección de una película en Edimburgo, un desfile en Mongolia y un acto publicitario frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en España, todos ellos destinados a aumentar la sensibilización del público respecto a este problema.

La semana de acción en apoyo del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas forma parte de los actos previstos por Amnistía Internacional con motivo del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También coincide con la publicación del informe de Amnistía Internacional Sangre en la encrucijada: en defensa de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Publicado el 17 de septiembre, en él se describe cómo el suministro de armas alienta la comisión de abusos graves contra los derechos humanos en todo el mundo.

El apoyo mundial a un proceso para elaborar un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas dentro de Naciones Unidas se puso de manifiesto en diciembre de 2006 cuando 153 países votaron a favor –un Estado votó en contra (Estados Unidos) y 24 se abstuvieron– en la reunión de la Asamblea General y a lo largo de 2007, cuando casi 100 Estados enviaron sus opiniones al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, proponiendo la protección de los derechos humanos como uno de los asuntos principales.

A lo largo de 2008, un grupo de expertos gubernamentales de 28 países se ha estado reuniendo en la ONU para debatir en torno al contenido del tratado. Es de esperar que, si el trabajo de campaña sigue dando frutos, los debates conducentes a la negociación continúen en 2009.

El estado de emergencia en Tailandia no debe violar los derechos humanos

Tue, 02 Sep 2008 17:00:12 +0100

El gobierno tailandés ha declarado hoy el estado de emergencia, tras los violentos enfrentamientos que se produjeron entre los manifestantes progubernamentales y el grupo antigubernamental Alianza Popular por la Democracia (PAD) ante la sede del gobierno en Bangkok, y que se saldaron con una persona muerta y más de 40 heridas.

Amnistía Internacional ha afirmado que el gobierno tailandés debe eliminar las restricciones a la libertad de expresión contenidas en el decreto de emergencia, y ha pedido a todos los líderes políticos, incluidos los de la PAD, que respeten los derechos humanos.

“El gobierno es responsable, en última instancia, de la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Tailandia, independientemente de las opiniones políticas que profesen”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia. “Pero el gobierno no debe aprovechar este estado de emergencia para silenciar la libre expresión o para violar otros derechos humanos.”

“El derecho internacional establece claramente que, incluso bajo un estado de emergencia, las personas tienen derecho a manifestar su opinión sobre todas las cuestiones que les afectan –incluido el propio decreto de emergencia– y a expresar puntos de vista distintos de los del gobierno o los grupos a los que se oponen.”

Además, el gobierno debe limitar las actuales restricciones que el decreto impone a la libertad de reunión, y debe aplicarlas únicamente a las zonas de Bangkok más afectadas por las protestas y los enfrentamientos entre los distintos grupos políticos.

“Estas manifestaciones y contramanifestaciones demuestran que muchos habitantes de Tailandia se sienten frustrados por la ausencia de respeto por el Estado de derecho y la ausencia de rendición de cuentas. Así, lo que en última instancia se necesita es una mayor rendición de cuentas, un Estado de derecho que no se vea cuestionado, y un mayor respeto por los derechos civiles y políticos”, ha manifestado Benjamin Zawacki.

Información complementaria
Los miembros de la Alianza Popular por la Democracia ocuparon la televisión estatal tailandesa (NBT) el 26 de agosto, y miles de ellos siguen ocupando desde ese día la sede del gobierno, que incluye la oficina del primer ministro. El 29 de agosto hubo estallidos de violencia tanto en la sede del gobierno como en la jefatura de la Policía Metropolitana, y el 1 de septiembre se produjo una explosión ante un cuartel. Decenas de manifestantes y policías resultaron heridos, y casi un centenar de manifestantes han sido detenidos.

La sección 9.3 del Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia de Tailandia (2005) prohíbe publicar comunicados de prensa o distribuir o difundir cartas, publicaciones o cualquier otro medio de comunicación que contengan textos que puedan crear miedo entre la población, o que busquen distorsionar la información o establecer nociones de la situación de emergencia que afecten a la seguridad del Estado, al orden público o a la moral de la población de todo el reino.

El gobierno tailandés no ha invocado todas las disposiciones del decreto de emergencia y, por ejemplo, se ha abstenido de imponer el toque de queda en Bangkok. También ha indicado que dicho decreto sólo permanecerá en vigor mientras sea necesario.