Web pages about "Crimes Against Humanity And War Crimes"

Grupo étnico de Myanmar se enfrenta a crímenes contra la humanidad

Thu, 05 Jun 2008 16:06:20 +0100

El ejército de Myanmar lleva más de dos años librando una ofensiva militar contra la población civil de la etnia karen en la zona oriental del país. En este contexto se han cometido violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, dice un nuevo informe de Amnistía Internacional. El informe califica estos abusos de “crímenes de lesa humanidad”.

El informe, Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental, afirma que casi 150.000 personas han quedado desplazadas internamente en el estado de Kayin y en el este de la división de Bago. Muchas han sido objeto también de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y trabajos forzados, así como de la destrucción de pueblos, cosechas y reservas de alimentos y de otras formas de castigo colectivo.

Estos abusos se han dirigido contra civiles simplemente por pertenecer al grupo étnico karen o habitar en zonas mayoritariamente karen, o como represalia por las actividades del Ejército de Liberación Nacional Karen.

Amnistía Internacional teme que los abusos sean resultado de la política oficial del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno de Myanmar) y de las tatmadaw (las fuerzas armadas myanmaras). La organización insta a que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por las fuerzas del gobierno y las milicias que actúan en su nombre y exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo general y obligatorio al suministro de armas a Myanmar.

Véase también:
Myanmar: Las acciones del gobierno aumentan el peligro para los supervivientes del ciclón (informe, 5 de junio de 2008)

Las autoridades rusas, responsables de la desaparición forzada de mujeres chechenas

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

En una sentencia pronunciada el 29 de mayo de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que las autoridades rusas son responsables de la desaparición forzada de dos jóvenes mujeres chechenas, Aminat Dugaeva y Kurbika Zinabdieva, ocurrida en mayo de 2003.

“La sentencia del Tribunal es un paso adelante en la lucha por obtener justicia para Aminat, Kurbika y sus familiares. Seguiremos haciendo campaña en su favor y exhortamos a las autoridades rusas a garantizar que se investigará exhaustivamente la desaparición forzada de estas dos mujeres y que los responsables serán puestos a disposición judicial”, ha manifestado Nicola Duckworth, de Amnistía Internacional.

Estas mujeres, integrantes de la misma familia, fueron secuestradas la noche del 16 de mayo de 2003 en el domicilio de Kurbika, en Ulus-Kert, Chechenia, por un grupo de 20 hombres vestidos de uniforme azul y pasamontañas.

Aminat tenía apenas 15 años. Kurbika, que padecía un tumor cerebral y epilepsia, necesitaba cuidados constantes. Sus familiares no han vuelto a saber de ellas.

En su sentencia del 29 de mayo, Gekhayeva and others v. Russia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio su respaldo de forma categórica a las alegaciones de la familia de que los secuestradores eran en realidad soldados rusos. El Tribunal también criticó a las autoridades rusas por no haber proporcionado documentación relativa a la investigación oficial sobre el caso.

El Tribunal Europeo resolvió que la investigación oficial, iniciada en 2003, había sido incompleta e inadecuada. La investigación estuvo suspendida desde junio de 2004 hasta agosto de 2006 y hasta la fecha no ha conseguido identificar a los responsables de la desaparición forzada de estas mujeres.

Por consiguiente, el Tribunal falló que las autoridades rusas habían cometido una violación grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concluyendo que:
•    se había producido una violación del derecho a la vida, dado que debía presumirse que las mujeres habían muerto tras su detención no reconocida a manos de soldados rusos y dado que las autoridades no habían justificado el uso de fuerza letal por sus agentes;
•    la detención no reconocida de Aminat y Kurbika había violado su derecho a la libertad y a la seguridad;
•    la forma en que las autoridades rusas habían tratado las quejas presentadas por los familiares de las víctimas constituía trato inhumano, dados el estrés y la angustia que habían sufrido.

El Tribunal también concluyó que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una investigación criminal efectiva. Entre las graves deficiencias determinadas por el Tribunal figuraba la negativa inicial de las autoridades a abrir una investigación criminal y la suspensión de la investigación durante más de dos años.

Llamamiento para que se detenga a presuntos criminales de guerra sudaneses

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

Más de 2,3 millones de personas se han visto desplazadas en el conflicto de Darfur. Se calcula que más de 90.000 han muerto como consecuencia del conflicto y que más de 200.000 han fallecido por causas relacionadas con él. Desde que comenzó han sido violadas miles de mujeres.

El 27 de abril de 2007, la Corte Penal Internacional –un tribunal de ámbito internacional– dictó sendas órdenes de detención contra el ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y contra el dirigente yanyawid Ali Kushayb. Ambos son presuntos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Darfur, como asesinatos, violaciones y torturas.

Las autoridades sudanesas se han negado hasta el momento a que los juzgue la Corte Penal Internacional.

Actúa para que se lleve ante la justicia a personas acusadas de las peores violaciones de derechos humanos.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

Amnistía Internacional insta a Indonesia a ratificar el Estatuto de Roma

Fri, 02 May 2008 16:26:36 +0100

Amnistía Internacional hace un llamamiento a Indonesia para que cumpla su compromiso de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2008.

En 2004, el presidente de Indonesia aprobó el Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos, en el que resulta significativa la afirmación de que el país tenía intención de ratificar el Estatuto de Roma en 2008.

Sin embargo, aunque 2008 está ya casi mediado, sigue sin saberse con certeza si Indonesia va a alcanzar su objetivo. En particular, cabe señalar que aún no se ha promulgado la legislación interna necesaria para la cooperación con la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido a Indonesia que tome todas las medidas necesarias para ratificar el Estatuto de Roma este año y demostrar su compromiso con los esfuerzos por poner fin a la impunidad de las peores violaciones de derechos humanos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente e independiente, creado por la comunidad internacional para perseguir los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En virtud de un sistema de complementariedad, sólo actúa cuando las autoridades nacionales no pueden abrir investigaciones ni enjuiciamientos o no están dispuestas a hacerlo.

El Estatuto de Roma se aprobó en una conferencia internacional celebrada en dicha ciudad el 17 de julio de 1998. Hasta la fecha lo han ratificado 106 países, más de la mitad del mundo. La Corte Penal Internacional, que comenzó su actividad el 1 de julio de 2002, ha iniciado ya cuatro investigaciones, sobre crímenes cometidos en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán) y Uganda. Se espera que su primer juicio dé comienzo este año.

Etiopía debe poner en libertad a los menores detenidos en el asalto a una mezquita

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

Se ha acusado a fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia de haber atacado a civiles en el asalto a una mezquita de Mogadiscio llevado a cabo el sábado 19 de abril. Durante el asalto –que según Amnistía Internacional podría constituir un crimen de guerra– resultaron muertas 21 personas.

De los 21 fallecidos, 11 murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios ulemas tabliq. Al menos otras 10 personas resultaron muertas en los alrededores de la mezquita. Vecinos de la zona trasladaron después sus cadáveres al interior del edificio.

Según los informes, 7 de los 21 murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en Somalia.

El asalto a la mezquita se produjo durante los combates generalizados habidos en la zona nordeste de Mogadiscio, en los que, según los informes, han muerto varios soldados etíopes. Según testigos presenciales, las 11 personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados que no participaban activamente en las hostilidades. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas muertes.

A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que las tropas etíopes sacaran a unos 41 menores, al parecer con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, de la mezquita de Al Hidya, en donde asistían a clases de religión. Según los informes, los menores se encuentran detenidos en la base militar que el ejército etíope tiene cerca de una fábrica de pasta en Mogadiscio. No fueron detenidos otros menores más pequeños que se encontraban también en la mezquita.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes señalaron que pondrán en libertad a los menores “cuando los hayan investigado” y “si no son terroristas”.

Fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia llevan dos días luchando contra grupos armados de oposición. La organización de derechos humanos Elman ha documentado 81 muertos y más de 100 heridos durante los combates. Se desconoce cuántas de estas personas eran civiles.

El asalto a la mezquita estuvo precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia. Vecinos de Beledweyne han señalado que miembros de la milicia Al-Shabab mataron a cuatro profesores en un ataque lanzado el 13 de abril. Un dirigente de la milicia declaró que los profesores habían muerto como consecuencia del fuego cruzado.

Los ataques contra civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que se ponga fin a estos crímenes, perpetrados en muchas zonas de Somalia. La organización ha señalado que el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar una investigación independiente de estos homicidios.

“Todos los soldados etíopes a los que se halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte”, ha indicado Amnistía Internacional.

La organización ha pedido también que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga para poner fin a la impunidad en toda Somalia, creando una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar que investigue las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolla en el país.

Descubiertos miles de cadáveres en fosas comunes de Cachemira

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

En la zona de Jammu y Cachemira administrada por India se han encontrado cientos de fosas sin identificar que se cree que contienen cadáveres de víctimas de homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno indio a emprender investigaciones urgentes sobre las fosas comunes, en las que se sospecha que yacen los restos de víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado que asola la región desde 1989.

Así lo denuncia el informe Facts under Ground (“Hechos enterrados”), publicado el 29 de marzo por la Asociación de Padres y Madres de Personas Desaparecidas, que tiene su sede en Srinagar. El informe expone la existencia de numerosas fosas comunes a las que no se puede acceder sin autorización específica de las fuerzas de seguridad debido a su proximidad a zonas controladas por Pakistán. Según la información recibida, sólo en el distrito de Uri se han descubierto desde 2006 los restos de al menos 940 personas en 18 pueblos diferentes.

El ejército indio ha alegado que los cadáveres encontrados corresponden a rebeldes armados y a “extremistas extranjeros” a quienes se dio muerte de forma legítima en enfrentamientos armados. Sin embargo, el informe recoge testimonios de habitantes de la zona, según los cuales la mayoría de los cuerpos enterrados pertenecen a personas procedentes del estado.

Asimismo, el informe denuncia que desde 1989 han desaparecido más de 8.000 personas en Jammu y Cachemira. Las autoridades indias rebajan esta cifra a menos de 4.000, y afirman que la mayoría de ellas han ido a Pakistán para unirse a grupos armados de oposición.

En 2006, un informe de la policía estatal confirmó que desde 1989 habían muerto bajo custodia 331 personas y otras 111 habían sido sometidas a desaparición forzada tras su detención.

Los homicidios ilegítimos, las desapariciones forzadas y la tortura violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario –cuyos principios se reflejan en tratados en los que India es Estado Parte– y también constituyen crímenes de carácter internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de India que condene de forma inequívoca las desapariciones forzadas que han tenido lugar en Jammu y Cachemira y que garantice que personal experto forense emprenda de inmediato investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en todos los lugares de la región en los que han aparecido fosas comunes, de conformidad con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos.

Deben investigarse todas las denuncias de desapariciones forzadas, tanto cometidas en el pasado como en el presente, y, cuando haya pruebas suficientes, todo presunto responsable de tales delitos deberá ser procesado en un juicio con las debidas garantías y todas las víctimas deberán obtener plena reparación.

Irak: Matanza y desesperación

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

Cinco años después de la invasión de Irak por parte de fuerzas encabezadas por Estados Unidos, el país sigue sumido en el caos. La situación de los derechos humanos es desastrosa, predomina un clima de impunidad, la economía está por los suelos y la crisis de refugiados no para de crecer.

En un nuevo informe titulado Irak: Cinco años de matanza y desesperación, Amnistía Internacional afirma que, pese a la numerosísima presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses e iraquíes, Irak es uno de los países más peligrosos del mundo, en el que cada mes pierden la vida de forma violenta centenares de civiles.

Los grupos armados, entre ellos los que se oponen al gobierno iraquí y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, han sido responsables de ataques indiscriminados con bombas, ataques suicidas, secuestros y torturas.

Desde principios de 2006, la violencia se ha intensificado y se ha vuelto más sectaria: grupos armados sunníes y chiíes han atacado a los seguidores de distinto credo y han obligado a marcharse a comunidades enteras de barrios de población mixta. Esta situación ha sido uno de los factores que han contribuido al desplazamiento interno de más de cuatro millones de personas. Dos millones de ellas están ahora en Siria y Jordania en calidad de población refugiada.

La población civil corre también peligro ante las prácticas de la fuerza multinacional y de las fuerzas de seguridad iraquíes. Son muchas las personas que han perecido a causa de la aplicación excesiva de la fuerza, y decenas de miles las que están privadas de libertad sin que en su contra se hayan presentado cargos y sin haber sido sometidas a juicio. Desde que en 2004 se volvió a aplicar la pena capital, centenares de personas han sido condenadas a muerte. En 2007 fueron ejecutadas no menos de 33, muchas de ellas tras haber sido condenadas en juicios sin las garantías procesales mínimas.

Con el auge de grupos religiosos fundamentalistas, también han empeorado las condiciones de vida de las mujeres. Se ha obligado a muchas a vestir indumentaria islámica, o han sido objeto de secuestro, violación u homicidio. En un estudio realizado en Irak por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2006 y 2007 se concluía que el 21,2 por ciento de las mujeres iraquíes había experimentado alguna forma de violencia física.

A la mejora de la situación en Irak no ha contribuido el gobierno, incapaz de investigar eficazmente los numerosos incidentes de abuso contra los derechos humanos, ya sean cometidos por fuerzas de seguridad o grupos de milicianos, y de enjuiciar a los responsables.

La situación económica sigue siendo muy mala: la mayoría de los iraquíes sufren carencias alimentarias, de alojamiento, de suministro de agua, de servicios sanitarios, de educación, atención médica y empleo.

Según informó en julio de 2007 la ONG Oxfam, el 70 por ciento de los iraquíes no tenían acceso a agua potable segura, y el 43 por ciento vivían con el equivalente de menos de un dólar al día. Ocho millones de iraquíes precisan ayuda de emergencia, situación en la que los niños y niñas se llevan la peor parte. El índice de desnutrición infantil ha aumentado del 19 por ciento durante el periodo 1991-2003 (cuando estaban en vigor las sanciones internacionales impuestas al país bajo el régimen de Sadam Husein) hasta el 28 por ciento en 2007.

La región del norte de Irak, de población predominantemente kurda, permanece algo más estable, con menos actos de violencia, y ha experimentado cierta prosperidad económica y recibido inversiones extranjeras. Sin embargo, también aquí han seguido cometiéndose violaciones graves de derechos humanos, como detenciones por disidencia política pacífica, torturas, malos tratos, la pena de muerte y el homicidio de mujeres por “motivos de honor”.

La invasión de Irak dio comienzo el 19 de marzo de 2003 con ataques aéreos estadounidenses sobre Bagdad. El presidente estadounidense, George Bush, declaró en el mes de mayo de ese mismo año que la guerra había terminado y, el 8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1546 en la que se declaraba que “también para el 30 de junio de 2004, se pondrá fin a la ocupación”.

En la resolución se decía que la fuerza multinacional permanecería en Irak hasta el final de 2005. Desde entonces, el Consejo de Seguridad y el gobierno iraquí han prorrogado la presencia de la fuerza multinacional cada año.

El poder ejecutivo le fue devuelto al gobierno local iraquí en junio de 2004, pero las sucesivas administraciones han sido incapaces de poner fin a la violencia y de construir una paz duradera. Según un estudio realizado en enero de 2008 por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud de Irak, entre marzo de 2003 y junio de 2006 habían muerto de forma violenta 151.000 personas. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) 34.452 personas habían perdido la vida durante 2006, además de las miles que resultaron heridas.

Casas palestinas demolidas sin aviso

Tue, 11 Mar 2008 14:46:11 +0000

El ejército israelí ha demolido más casas en poblaciones palestinas de los territorios ocupados de Cisjordania el martes por la mañana. Los hogares y propiedades de familias palestinas de los pueblos de Hadidiya, Jiftlik y Furush Beit Dajan, en la zona del Valle del Jordán perteneciente a la Cisjordania ocupada, fueron demolidos.

Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, presenció las demoliciones y describía así la escena:

"La mayoría de los habitantes de estos pueblos son niños y niñas. En casi todas las casas conviven tres generaciones: abuelos, padres e hijos. En Hadidiya había cuatro familias; en Furush Beit Dajan, cinco.

"Todas estas personas habían sufrido otras demoliciones en el pasado, pero esta vez no recibieron aviso y estaban tremendamente alteradas. Corrieron a sus casas para intentar sacar sus pertenencias, pero la excavadora siguió demoliendo sin parar".

Soldados del ejército israelí llegaron por la mañana en jeeps acompañados por una excavadora, que procedió a demoler las casas en las que vivían las cuatro familias. Las propiedades destruidas pertenecían a Mohammed Fahed Bani Odeh, Mohammed Ali Shaikh Bani Odeh, Ali Shaikh Musleh Bani Odeh y Omar 'Arif Mohammed Bisharat y sus familias –al menos 34 personas, de las cuales alrededor de 26 son niños y niñas–.

Cuando terminaron de derribar estas casas, los soldados pasaron a destruir las viviendas y medios de sustento en Jiftlik y Furush Beit Dajan, que ya habían sufrido otro derribo de casas en meses pasados.

"En Jiftlik están destruyendo una granja –una de las pocas que hay por aquí, y aparte de ella no hay muchas otras formas de que la gente se gane el pan–. Primero arrasaron la huerta hace un par de meses y el mes pasado han derribado la casa", ha dicho Donatella Rovera.

"La Cruz Roja había proporcionado una carpa a la familia de Mahmud Mat'ab Da'ish, su esposa y siete hijos, y estos habían empezado otra vez a cultivar una huerta, pero hoy el ejército se ha dedicado a arrasarla.

"En las tres localidades los soldados nos han prohibido acercarnos, ni siquiera sabemos si tienen una orden militar para destruirlo todo –les preguntamos pero no nos mostraron nada"–.

Las familias de Hadidiya viven en la misma zona desde hace varias generaciones, tienen rebaños de ovejas y cabras, y cultivan la tierra en la serranía jordana. El ejército israelí los presiona cada vez más para que abandonen la zona. Las mismas cuatro familias vieron cómo derribaban sus casas en febrero de este mismo año, y el ejército israelí destruyó otras casas varias veces en 2007.

Las demoliciones forman parte de la intensificación de esfuerzos del ejército israelí para expulsar a la población palestina de la zona del Valle del Jordán. Una gran parte de este valle, incluida la zona de Hadidiya, ha sido declarada "zona militar cerrada" por las autoridades israelíes y el ejército ejerce cada vez más presión sobre los lugareños palestinos locales para obligarlos a abandonar la zona.

Las autoridades israelíes llevan muchos años aplicando una política de demolición de casas discriminatoria, permitiendo, por un lado, que se construyan decenas de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, en flagrante violación del derecho internacional, al tiempo que confisca las tierras palestinas, niega a la población palestina el permiso para edificar y destruye sus casas. La tierra desocupada a menudo se utiliza para levantar asentamientos israelíes ilegales. El derecho internacional prohíbe a las potencias ocupantes levantar asentamientos para sus propios ciudadanos y ciudadanas en los territorios que ocupan.

Las demoliciones se producen un día después de que el gobierno israelí haya sido objeto de la crítica internacional por autorizar la construcción de casas para israelíes en el asentamiento de Givat Ze'ev al norte de Jerusalén. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon instó al gobierno a "detener la expansión de los asentamientos" en Cisjordania. Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, afirmó que la UE se opone a la expansión de asentamientos.

Uganda llega a un acuerdo sobre juicios con el LRA

Wed, 20 Feb 2008 15:31:30 +0000

El gobierno de Uganda ha llegado a un acuerdo con el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) sobre el lugar en el que han de ser juzgados sus dirigentes. De acuerdo con los términos del acuerdo, los dirigentes del LRA acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra serían juzgados por un tribunal nacional.

Son muchas las personas acusadas de crímenes espantosos y sobre las cuales pesan, desde hace más de dos años y medio, órdenes de detención internacionales.

Uganda es Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y como tal tiene el deber de cooperar plenamente con ésta en sus investigaciones y procesos judiciales. En particular, debe cooperar sin demora en la detención y entrega de personas acusadas por la Corte.

Las órdenes de detención contra Joseph Kony y otras personas que aún siguen con vida fueron emitidas el 8 de julio de 2005, y Uganda tiene la obligación en virtud del derecho internacional de proceder a su detención y entrega con independencia de cualquier acuerdo alcanzado en el marco del proceso de paz. También tiene la obligación de procesar a los responsables de crímenes contra el derecho internacional, en juicios justos y sin la pena de muerte.

El Estatuto de Roma estipula que, una vez que los hombres hayan sido entregados a la CPI, el gobierno ugandés puede solicitar la devolución de los casos a los tribunales de Uganda. Sin embargo, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidir si los tribunales de ese país están capacitados y realmente dispuestos a investigar y procesar a los sospechosos del LRA citados en las órdenes.

Amnistía Internacional ha pedido que los miembros del LRA acusados de crímenes contra el derecho internacional sean entregados a la CPI de inmediato.

Christopher Keith Hall, asesor jurídico del Proyecto de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, ha manifestado: “No es de recibo que el gobierno de Uganda y el LRA lleguen a un acuerdo que soslaya el derecho internacional. Los acusados deben ser entregados a la CPI para que se determine su culpabilidad o inocencia de una vez por todas. Es lo mínimo que se merece el pueblo ugandés”.

“Por ahora no disponemos de pruebas que sugieran que tan siquiera un nuevo tribunal que se crease en Uganda para juzgar estos casos estaría capacitado y dispuesto a hacerlo en procedimientos justos que no fuesen una parodia”.

Durante los casi 20 años de lucha entre el LRA y el gobierno ugandés, soldados de ambos lados han asesinado a decenas de miles de personas y desplazado a la fuerza a otros dos millones.