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Los derechos LGBT se enfrentan a viejas amenazas en la nueva Europa

Thu, 05 Jun 2008 15:08:27 +0100

La Marcha del Orgullo Gay celebrada en Riga el sábado 31 de mayo se ha desarrollado en gran parte sin incidentes, pero en otros lugares de Europa el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) a reclamar sus derechos y celebrar su identidad se está viendo amenazado.

Centenares de personas, entre ellas activistas de Amnistía Internacional de 30 países distintos, participaron en la Marcha del Orgullo Gay celebrada en Riga, capital de Letonia, protegidas de los contramanifestantes por la policía. En Moscú, sin embargo, el alcalde ha prohibido la celebración de un acto similar por tercer año consecutivo. Y en Turquía, Lambda Estambul, destacado grupo de derechos LGBT, ha sido proscrito por orden judicial.

El domingo 1 de junio, activistas de los derechos gays organizaron una protesta contra la prohibición impuesta por el alcalde, Yuri Luzhkov, en Moscú. Colgaron un gran letrero de la ventana de un apartamento cercano a la oficina del alcalde, en el centro de la ciudad, que rezaba: “Derechos para gays y lesbianas. A los tribunales con el homofóbico alcalde Luzhkov”.

Según información oficial, 36 personas fueron detenidas por la policía con fines preventivos. La mayoría eran personas que se oponían a la acción en favor de los derechos LGBT. Ninguna fue acusada formalmente. Al menos una persona, activista de los derechos gays, fue agredida y derribada al suelo a patadas.

A partir de finales de abril, el colectivo de activistas de los derechos gays había presentado a la alcaldía numerosas solicitudes de autorización para la celebración de una marcha o una reunión. Según Nikolai Alekseev, principal organizador de las marchas de los derechos gays, se habían presentado 155 solicitudes, ninguna de las cuales había sido aprobada por las autoridades.

La legislación nacional no faculta a las autoridades a prohibir una reunión pública a menos que dicha reunión contravenga las leyes y la Constitución de la Federación Rusa. Las autoridades pueden, sí, proponer una fecha o un lugar diferentes, y en tal caso deben ofrecer una justificación razonable. Las autoridades moscovitas no lo hicieron.

En Turquía, el Tercer Tribunal Civil de Primera Instancia del distrito de Beyoglu, Estambul, falló el 29 de mayo a favor de una queja presentada por la oficina del gobernador de Estambul y ordenó el cierre de Lambda Estambul, grupo de defensa de los derechos humanos de las personas LGBT.

En la queja, formulada a principios de 2007, se afirmaba que el nombre y los objetivos del grupo ofendían “los valores morales de Turquía y su estructura familiar”. En julio de 2007, la fiscalía local había desestimado la queja, pero la oficina del gobernador había llevado el asunto ante los tribunales. El Tercer Tribunal celebró seis vistas antes de dictar su resolución.

Durante los últimos años, las autoridades turcas también han perseguido a otras organizaciones LGBT. En septiembre de 2005, la oficina del gobernador de Ankara acusó al grupo KAOS-GL, con sede en Ankara, de “establecer una organización contraria a la ley y a los principios de la moral”. En julio de 2006 la misma oficina intentó cerrar el grupo de derechos humanos Pembe Hayat (Vida Rosa), que trabaja con personas transgénero, afirmando que esta asociación se oponía a “la moral y la estructura familiar”. La fiscalía desestimó los cargos en ambos casos.

El 30 de mayo, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluís Maria de Puig, expresó su preocupación tras la proscripción de Lambda Estambul.

“Los argumentos presentados por la fiscalía, que, según informes, tuvieron como resultado el cierre de la asociación Lambda Estambul por considerarse que sus actividades infringían la legislación sobre la moral pública, me resultan desconcertantes”, manifestó Lluís Maria de Puig.

“La libertad de expresión y la libertad de asociación están consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, como Estado miembro del Consejo de Europa, Turquía ha ratificado. De tal modo, cualquier persona, ya sea lesbiana, gay, bisexual o transgénero, tiene derecho a la libertad de expresión y de asociación, sin discriminación alguna. Está en manos de las autoridades garantizar que todas las personas pueden ejercitar estos derechos”, ha señalado Lluís Maria de Puig.

Lambda Estambul sigue abierta en espera de la decisión definitiva del Tribunal Supremo de Apelaciones. El grupo, autorizado a funcionar hasta entonces, ha anunciado su intención de luchar contra la proscripción. Según su sitio web, Lambda planea celebrar una manifestación el sábado 7 de junio.

Diversidad en voces

Mon, 02 Jun 2008 15:52:17 +0100

El 27 de mayo, Amnistía Internacional presentó su Informe 2008 a los medios de comunicación en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres y contó con la presencia como invitados especiales de varios activistas de derechos humanos de todo el mundo. Hemos ahondado en el perfil de tres de ellos.

Majida Razvi, la primera mujer que ha ocupado un cargo de jueza en el Tribunal Superior de Pakistán, está ya jubilada. Actualmente es defensora de los derechos humanos y una de las siete personas que integran el consejo de administración del hogar refugio para mujeres Panah Shelter Home de Karachi.

Esta institución proporciona un remanso de paz y refugio temporal a mujeres que han sufrido violencia doméstica o agresión sexual, o que corren peligro de ser víctimas de homicidios por motivos de honor.

Majida Razvi afirma que se siente feliz de apoyar la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “en 2001 creamos los hogares de acogida, y fue Amnistía Internacional quien donó los fondos con los que empezar el proyecto. Además, otras organizaciones vinculadas a Amnistía Internacional nos han ayudado en Karachi. Por eso pienso que Amnistía Internacional ha sido de gran ayuda y espero que siga siéndolo en el futuro”.

Desde que comenzó el proyecto Panah, Majida Razvi declara que el mayor cambio que ha percibido es la conciencia general que se ha despertado en torno a la violencia contra las mujeres. “No sólo damos refugio a estas mujeres, sino que además intentamos concienciarlas mediante la organización de talleres y otras actividades similares."

"También hay una mayor sensibilización hacia esta cuestión en la opinión pública. Asimismo, hemos logrado cambiar la actitud de la policía y la judicatura, para que muestren más comprensión y cortesía ante las mujeres víctimas de abusos. Tenemos que provocar un cambio revolucionario en la opinión pública, así como en la forma de pensar de los hombres y también de las mujeres que se rigen por los dictados de sus esposos y de los mulás de la zona."

Alois Mbawara, joven zimbabuense residente en Brighton, lleva exiliado en Reino Unido desde 2002. Es uno de los miembros fundadores de Free Zim Youth, organización que trata de influir en instituciones y otros organismos para que endurezcan su postura frente a Harare.

"Somos jóvenes zimbabuenses en el exilio que huimos de la represión y la violencia política de Zimbabue", dice Mbawara. "Como ciudadanos y ciudadanas zimbabuenses sentimos la necesidad de exponer las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Mugabe. Así fue como se nos ocurrió la idea de fundar esta organización cívica para captar apoyos en la Unión Africana, con el fin de que adopte una postura frente a lo que está ocurriendo en Zimbabue.”

Mbawara explica por qué aceptó participar en la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional: "Es una buena manera de darse a conocer. En concreto, nos brinda la oportunidad de manifestar en un foro multilateral qué es lo que está sucediendo en Zimbabue. Es una ocasión histórica para expresar nuestros puntos de vista sobre el entorno político del país".

Añade que el trabajo de Amnistía Internacional ha sido útil para “documentar la vida cotidiana de las personas de a pie en Zimbabue. He de destacar que, debido a la falta de prensa y otros medios de comunicación libres, incluso quienes trabajan en organizaciones de derechos humanos carecen de acceso a la información sobre la violencia política desatada en el país, por lo que no están en situación de sacarla a la luz. Por eso el papel de Amnistía Internacional es crucial".

Mbawara afirma que, desde que Free Zim Youth comenzó su andadura, las actividades de defensa de los derechos humanos, la captación de apoyos y las manifestaciones han surtido efecto. "Habrá quien tache nuestra actitud de poco diplomática, pero hemos tenido que dirigirnos a líderes sudafricanos que venían a Reino Unido para decirles: ‘escuchen, ustedes tienen que hacer algo al respecto’”, declara en referencia a la protesta de este grupo durante la conferencia que dictó la ministra sudafricana de Asuntos Exteriores Nkosazana Dhlamini Zuma en 2006 en la Escuela de Economía de Londres.

"Hemos recibido respuestas positivas a nuestras acciones. Desde entonces, el gobierno de Sudáfrica ha emitido una declaración crítica en la que asegura que adoptará una postura firme ante lo que está ocurriendo en Zimbabue."

Murat Kurnaz, ciudadano turco nacido en Alemania y liberado de Guantánamo el 24 de agosto de 2006, pasó cuatro años y ocho meses recluido sin cargos ni juicio, pese a los escasos indicios existentes para vincularlo a actividades "terroristas". Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los alemanes han reconocido en secreto este extremo, a pesar de lo cual fueron necesarios varios años para que quedara en libertad.

Kurnaz ha denunciado que fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia estadounidense. Su libro, Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantánamo, (Cinco años de mi vida: un hombre inocente en Guantánamo), fue presentado en un acto de Amnistía Internacional celebrado en Belfast el 8 de mayo. John Le Carré lo ha calificado como "el relato más compasivo, sincero y digno de la desgracia de Guantánamo que se pueda leer nunca". Patti Smith compuso en 2006 una canción sobre Kurnaz titulada "Without Chains" (Sin cadenas) y también ha escrito el prólogo del libro.

Kurnaz declara que decidió asistir a la presentación del Informe 2008 de Amnistía Internacional porque “me gusta aprovechar todas las oportunidades que se me brindan para hablar, no por mí, porque yo ya soy libre, sino que intento ayudar a quienes todavía están en centros de tortura y prisiones, y hago campaña contra las personas que respaldan la tortura y construyen esos centros."

Sobre Amnistía Internacional, Kurnaz afirma lo siguiente: "Amnistía Internacional intenta mostrar a la opinión pública lo que está sucediendo. Corresponde a las personas, una vez que conocen la verdad, el tratar de cambiar las cosas."

Aunque es optimista, Kurnaz admite que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. "Puesto que han salido a la luz hechos ocurridos en el pasado, tal vez no vuelvan a tener lugar en el futuro. Creo que, aunque muy lentamente, las cosas van a cambiar. Hace unos días, me convertía en el primer ex detenido de Guantánamo que declaraba ante el Congreso de Estados Unidos. Era la primera vez que hablaban allí sobre Guantánamo. Espero que este paso sea el comienzo de grandes cambios de cara al futuro."

Sudáfrica debe proteger a las personas en peligro de ataques “xenófobos”

Fri, 30 May 2008 17:28:34 +0100

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudáfrica que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de aquellas personas que siguen estando expuestas a sufrir ataques violentos y desplazamiento de sus hogares debido al origen étnico o la condición de “extranjeras” o solicitantes de asilo que se les atribuye.

La organización ha instado al gobierno a garantizar ayuda humanitaria, recursos legales y apoyo psicosocial a las personas que han sido objeto de tales ataques y desplazamientos. No se debe llevar a cabo ninguna expulsión sin que la persona tenga acceso a unos procedimientos de concesión de asilo completos y justos y otras garantías procesales plenas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben adoptar medidas efectivas para investigar los ataques y llevar a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y siguen cometiéndose contra personas individuales, familias y grupos definidos en función de su supuesta identidad o condición.

En esta ola de homicidios, palizas, agresiones sexuales, saqueos y destrucción de propiedades, los perpetradores señalan a las víctimas en función de su presunta identidad o condición. Esta clase de violencia ha tenido lugar ya en al menos cinco provincias, actualmente también en las zonas de Durban y Ciudad del Cabo.

Amnistía Internacional reconoce que miembros del gobierno han denunciado públicamente la violencia y están tomando algunas medidas para mejorar la coordinación y el grado de seguridad en la respuesta de las autoridades. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad que velan por el cumplimiento de la ley, incluidos los pertenecientes a las fuerzas armadas, deben acatar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU. Junto a la encomiable labor de ONG proveedoras de servicios, también ha habido una mejora en la respuesta oficial a las necesidades humanitarias de muchos miles de personas desplazadas a causa de la violencia.

Autoridades nacionales y provinciales y destacados representantes del Congreso Nacional Africano (ANC) han afirmado públicamente que esta violencia posiblemente tiene su origen en causas políticas, es organizada y procede de “terceras fuerzas”. Con independencia de que estas opiniones puedan estar basadas en datos objetivos, Amnistía Internacional ha pedido que toda investigación oficial sobre los actos de violencia sea independiente e imparcial y examine, entre otras cosas, cualquier indicio de negligencia por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, bien por no haber actuado tras recibir información sobre amenazas o ataques planeados, bien por haber mirado hacia otro lado cuando sucedían los ataques.

Además, la investigación debería examinar los posibles factores que contribuyen a la violencia, como un arraigado patrón de actitudes y prácticas discriminatorias hacia personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo por parte de las autoridades, desde el Departamento del Interior hasta los servicios policiales, pasando por la magistratura.

Organizaciones jurídicas y de defensa, entre ellas Amnistía Internacional, han planteado al gobierno en repetidas ocasiones su preocupación por el hecho de que tales prácticas y actitudes tienen como consecuencia la negación efectiva del acceso a los procedimientos de concesión de asilo, además de poner a las personas en peligro de detención arbitraria, expulsión ilegítima o devolución a países de origen donde podrían sufrir más violaciones de derechos humanos. Además, cabe la posibilidad de que la negación oficial implícita de que los zimbabuenses presentes en Sudáfrica puedan necesitar protección internacional también haya contribuido a la hostilidad hacia este grupo, blanco de los ataques en el marco de la violencia actual.

Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación que los responsables de anteriores ataques contra personas o negocios pertenecientes a personas no sudafricanas, como el último perpetrado en marzo de 2008, no hayan comparecido aparentemente ante la justicia, lo cual no hace sino fomentar el clima de impunidad por estos abusos. Además, parece ser que no se han adoptado medidas disciplinarias o de otro tipo contra los agentes de policía que participaron el 31 de enero de este año en una redada policial en gran escala en la Iglesia Central Metodista de Johannesburgo, durante la cual se detuvo arbitrariamente a cientos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que se refugiaban en la iglesia y, en algunos casos, la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra ellos. Además, no recibieron tratamiento médico inmediato para sus enfermedades crónicas ni las lesiones sufridas a manos de la policía. Algunos de los detenidos, además, fueron puestos bajo custodia de manera ilegítima debido a la conducta indebida y prejuiciosa del juez que presidió las vistas para conceder la libertad bajo fianza.

Aunque el ministro del Interior afirmó públicamente que ninguna de las personas afectadas por la violencia debía ser objeto de expulsión, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se están llevando a cabo expulsiones, algunas de ellas presuntamente involuntarias. Amnistía Internacional pide garantías al ministro y al Departamento del Interior de que, en cooperación con otros departamentos y proveedores de servicios pertinentes, cualquier persona desplazada o afectada directamente por la violencia debe recibir apoyo orientativo y jurídico, así como asesoramiento para poder tomar una decisión informada sobre su regreso al país de origen. Esta medida es especialmente importante en el caso de aquellas personas que ya hubieran solicitado asilo, estuvieran en trámites de hacerlo o ya tuvieran reconocida la condición de refugiadas.

Por último, Amnistía Internacional pide al ministro de Desarrollo Social que ejerza la discrecionalidad en aplicación del artículo 5 de la Ley de Asistencia Social de 2004 para garantizar que todas las personas desplazadas por la violencia, con independencia de su condición de ciudadanas, pueden recibir subvenciones de ayuda de emergencia.

La Marcha del Orgullo que se celebrará en Riga necesita protección

Thu, 22 May 2008 15:49:28 +0100

El próximo 31 de mayo, la organización letona Mozaika, defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, tiene previsto celebrar una Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en el centro de Riga, la capital de Letonia.

Los actos de este tipo que se celebraron en 2005 y 2006 fueron prohibidos o no contaron con la protección adecuada contra los ataques de las personas asistentes a una contramanifestación en la que se mostraron actitudes homofóbicas.

En 2007 se celebró en el interior de un parque de Riga la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Recibió la protección policial adecuada, pero se vio empañada por el gran número de contramanifestantes que corearon insultos homofóbicos en el exterior del parque. Alguien arrojó dos dispositivos explosivos caseros al interior del parque, en donde hicieron explosión.

Este año, Mozaika también se ha encontrado con problemas al intentar organizar la marcha. Ha tenido dificultades a la hora de conseguir que el Ayuntamiento de Riga le conceda el permiso para celebrarla; sin embargo, finalmente se ha autorizado la celebración, el 31 de mayo, de la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en una importante calle de Riga.

Sin embargo, será necesario que agentes encargados de cumplir la ley protejan del modo adecuado a los asistentes, ya que es probable que la marcha se convierta en objetivo de contramanifestantes.

Llamamiento al Ayuntamiento de Riga para que ofrezca protección a la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico 2008

Escriban al Ayuntamiento de Riga expresando su satisfacción por haber autorizado la celebración de la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico en una importante calle de Riga y pidiendo que garantice su celebración y la protección de sus asistentes.

Amnistía Internacional insta a Irán a anular condenas contra mujeres activistas

Tue, 20 May 2008 18:09:05 +0100

Amnistía Internacional ha escrito al presidente de la magistratura de Irán, instándole a garantizar que las vistas de apelación contra las declaraciones de culpabilidad y las condenas impuestas a seis defensoras de los derechos de las mujeres en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad expresión y asociación se celebran sin demora y con imparcialidad.

En el caso de que las condenas se confirmen en la fase de apelación, la organización pide al presidente de la magistratura, el ayatolá Hashemi Shahroudi, que revise los casos y anule las declaraciones de culpabilidad de estas mujeres, todas las cuales se convertirán en presas de conciencia en caso de ser encarceladas.

Amnistía Internacional ha pedido también al presidente de la magistratura iraní que garantice que todas las defensoras de los derechos de las mujeres pueden salir del país y regresar libremente, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte.

Todas las condenas han quedado suspendidas, pero podrían ejecutarse si las mujeres son condenadas por un delito similar durante el periodo de suspensión. Si alguna de ellas es encarcelada en el futuro como consecuencia de estas condenas, Amnistía Internacional pedirá su libertad inmediata e incondicional por considerarla presa de conciencia.

La organización ha instado asimismo al presidente de la magistratura a que garantice que las condenas de flagelación impuestas a las mujeres no se ejecutan en ninguna circunstancia. La flagelación es una forma de pena cruel, inhumana y degradante que equivale a tortura, y está prohibida en virtud del artículo 7 del PIDCP.

A las seis mujeres se les impusieron condenas condicionales entre febrero y mayo de 2008, en relación con su participación en una concentración pacífica el 4 de marzo de 2007 ante un tribunal donde se celebraba el juicio de cinco activistas de los derechos de las mujeres por su participación en una manifestación anterior, celebrada en junio de 2006 para pedir el fin de la legislación discriminatoria. Un total de 33 mujeres fueron detenidas en aquella ocasión. Todas han sido procesadas al amparo de leyes de redacción imprecisa sobre “delitos contra la seguridad”. Al menos otras 12 han sido absueltas de todos los cargos en relación con la manifestación de marzo de 2007.

Marzieh Mortazi Langaroudi fue condenada a seis meses de cárcel y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en febrero de 2008.
Zeynab Peyghambarzadeh recibió una condena condicional de dos años en marzo de 2008. La declararon culpable de “participación en una reunión ilegal y connivencia con intención de perturbar la seguridad nacional”.
Nasrin Afzali recibió una condena condicional de seis meses y 10 azotes en abril de 2008, tras ser declarada culpable de “alteración del orden público”. Fue absuelta de “participación en una reunión ilegal y negativa a obedecer las órdenes de la policía”.
Nahid Ja’fari fue condenada a seis meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en abril de 2008. La declararon culpable de “alteración del orden público”, pero la absolvieron de “connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional y negativa a obedecer las órdenes de la policía”. Durante su detención el 4 de marzo de 2007 fue golpeada y sufrió la rotura de algunas piezas dentales. Posteriormente presentó una denuncia, en relación con las lesiones sufridas, contra las personas que la habían detenido. Los tribunales no han investigado aún su denuncia.
Rezvan Moghaddam fue condenada unos días más tarde a 6 meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de 3 años.
Parvin Ardalan fue condenada a dos años de prisión, con una suspensión de tres años, por cargos de “reunión y connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional”. En marzo de 2008, antes de que se hiciera pública la sentencia, se le impidió viajar a Suecia, donde debía recoger el Premio Olof Palme 2007 de derechos humanos. Posteriormente fue citada en la Sala 13 del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde la interrogaron en relación con su participación en la redacción y edición de los sitios web de Change for Equality y Zanestan. También se le notificó que debía presentar las invitaciones a las conferencias en otros países como condición previa para retirarle la prohibición de viajar, aunque la legislación iraní no exige que las personas soliciten permiso previo para viajar. Al término de la sesión en el tribunal, Parvin Ardalan fue acusada formalmente de “propaganda contra el sistema”, aunque no quedó detenida en espera del juicio por este cargo. Amnistía Internacional no conoce la fecha prevista para el juicio.

Amnistía Internacional pide al presidente de la magistratura de Irán que anule las declaraciones de culpabilidad que puedan confirmarse en las vistas de apelación contra las seis defensoras de los derechos de las mujeres declaradas culpables en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y al mismo tiempo insta a que se ponga fin a la legislación discriminatoria en Irán.

Amnistía Internacional insta asimismo al presidente de la magistratura a que suspenda de inmediato todas las condenas de flagelación, incluidas las que puedan ser impuestas en relación con actividades pacíficas en favor de los derechos de las mujeres, y a levantar la prohibición de viajar impuesta a Parvin Ardalan y a cualquier defensora de los derechos de las mujeres a la que se pueda impedir viajar a otros países y regresar libremente a Irán.

Aumenta la violencia postelectoral en Zimbabue

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

La población de Zimbabue tiene poco que celebrar el viernes 18 de abril, 28º aniversario de la independencia del país. Los resultados de las elecciones presidenciales no se han hecho públicos todavía, casi tres semanas después de que el país acudiera a las urnas el 29 de marzo de 2008, y aumenta el número de atraques violentos contra partidarios de la oposición.

Amnistía Internacional ha recibido informes confirmados de una muerte y de más de 240 personas heridas como consecuencia de la violencia postelectoral patrocinada por el Estado en Zimbabue. De esas 240 personas, 18 están hospitalizadas con lesiones graves.

El número de víctimas ha aumentado bruscamente desde que el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) convocó una huelga general el martes 15 de abril. Sólo el 17 de abril los médicos trataron 42 casos registrados.

Al menos 150 personas han sido detenidas desde el 14 de abril, y en la mañana del 18 de abril estaban recluidas sólo en la comisaría de policía de Harare Central.

La violencia parece haberse dirigido contra los simpatizantes activos del MDC y sus familias, en particular contra personas que viven en zonas rurales y en suburbios de bajo nivel económico, donde el MDC parece haber obtenido más votos que el partido en el poder, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Las provincias de Mashonaland Oriental y Occidental se han visto especialmente afectadas y el número de episodios de violencia de los que se tiene noticia va en aumento en Harare.

Algunas víctimas denuncian haber sido amenazadas de muerte si no votaban “correctamente” en la segunda vuelta de los comicios en el caso de que no hubiera un vencedor claro de las elecciones presidenciales.

Se han destruido casas, reservas de alimentos y ganado de muchas de las víctimas, que ahora son personas desplazadas. Según los informes, cientos de viviendas rurales han sido incendiadas en Manicaland y Mashonaland Oriental.

Entre los autores materiales de la violencia se cuentan los llamados “veteranos de guerra” y simpatizantes del partido en el poder, así como agentes de policía y soldados. Se ha acusado a agentes estatales de actuar en estrecha colaboración con simpatizantes de ZANU-PF. Se han producido secuestros de personas en sus hogares a manos de miembros del ejército, de uniforme o vestidos de civil, así como de simpatizantes de ZANU-PF.

Un activista del MDC en la provincia de Mashonaland Occidental murió el 13 de abril acuchillado por simpatizantes de ZANU-PF a la puerta de su casa, según informes locales. Su hermano, de 58 años y también miembro del MDC de la provincia de Mashonaland Occidental, informó de que tres grupos de unos 60 simpatizantes de ZANU-PF llegaron a su casa y comenzaron a arrojar piedras mientras le decían que saliera porque querían “meterle en cintura”.

Aunque otros nueve miembros del MDC también se congregaron ante su casa y respondieron lanzando piedras, eran muy inferiores en número a los simpatizantes de ZANU-PF. Éstos lograron entrar en la casa y secuestraron a su hermano.

La víctima recibió dos cuchilladas en el estómago y murió allí mismo. El hermano del fallecido también sufrió heridas graves y tuvo que ser hospitalizado. El caso fue denunciado a la policía, pero según los informes los agentes dijeron que tenían demasiado miedo para intervenir.
Una mujer de 21 años en Harare, activista del MDC, fue despertada en plena noche del 30 de marzo de 2008 por simpatizantes de ZANU-PF después de que hubiera estado celebrado la victoria de concejales del MDC en las elecciones. Los simpatizantes de ZANU-PF la sacaron de su casa y le propinaron golpes con los puños y con vergajos (sjamboks).
Un hombre de 30 años de la provincia de Mashonaland Oriental denunció que, el 9 de abril, hacia las 11 de la noche, un grupo de “veteranos de guerra” incendió tres casas. Los habitantes habían sido avisados previamente de lo que iba a suceder y habían huido a la maleza.
En otro incidente, nueve personas de una zona residencial de Harare fueron secuestradas, mientras asistían a un funeral, por miembros de la Unidad de Apoyo de la Policía de la República de Zimbabue y otras personas, presuntos integrantes del Ejército Nacional de Zimbabue vestidos de civil.
El 16 de abril, 22 personas fueron secuestradas por soldados y simpatizantes de ZANU-PF en sus casas en un populoso suburbio de las afueras de Harare en las primeras horas de la mañana. A algunas de estas personas les propinaron patadas con los pies calzados con botas y las golpearon con las manos abiertas por todo el cuerpo.

En algunos casos, simpatizantes de ZANU-PF y miembros del ejército forzaron las puertas para entrar en las viviendas de las víctimas, que no fueron informadas de los cargos que se les imputaban ni en el momento de la detención ni después de llevarlas a comisarías de policía.

En una declaración publicada en periódicos de aproximadamente siete países de África Meridional con ocasión del Día de la Independencia de Zimbabue, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kjhan, hace un llamamiento al presidente Robert Mugabe, en su calidad de jefe del Estado y jefe del partido gobernante, ZANU-PF, para que denuncie y ponga fin a todos los abusos contra los derechos humanos, incluidos los ataques violentos de soldados, policía, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

Irene Khan también hace un llamamiento al director general de la policía, al comandante en jefe del Ejército Nacional de Zimbabue y al presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue.

La secretaria general de AI insta a los líderes de África Meridional a redoblar sus esfuerzos diplomáticos para impedir que continúe el deterioro de la situación de los derechos humanos en Zimbabue y a reconocer y expresar preocupación públicamente por los abusos contra los derechos humanos que perpetran miembros de organizaciones de seguridad del Estado, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

La oposición de Zimbabue, objetivo de agresiones

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

Los partidos de oposición de Zimbabue se han quejado de la violencia ejercida contra personas a quienes se tiene por simpatizantes suyos. Ha habido denuncias de participación de la policía y el ejército en algunos incidentes ocurridos durante el periodo postelectoral.

Amnistía Internacional ha recibido información sobre incidentes de violencia postelectoral generalizados, lo que apunta a la existencia de represalias coordinadas contra quienes son o se sospecha que son partidarios de la oposición. Se ha informado de violencia en Harare y en las provincias de Mashonalandia Oriental, Midlands, Matabelelandia Septentrional y Manicalandia.

Según los informes, en zonas rurales, municipios y granjas, se ha sacado a las víctimas de la violencia política de autobuses y se las ha agredido en sus propias casas.

En Gweru, el domingo 6 de abril o alrededor de esa fecha, unos soldados agredieron, según informes, a las personas que se encontraban en un bar del centro comercial de Mkoba 6. Las víctimas contaron a grupos locales de derechos humanos que los soldados las habían acusado de “no votar bien”.

El lunes 7 de abril o alrededor de esa fecha, varios soldados también agredieron a personas que realizaban sus compras en el centro comercial de Mkoba 14 de Gweru. Según los informes, llevaban vestimenta antidisturbios y agredieron a la gente con bastones.

El 6 de abril, unos 10 soldados y 2 personas con uniforme de la policía se presentaron alrededor de medianoche en casa de un conocido activista del Movimiento por el Cambio Democrático en Mkoba 14, en Gweru, y lo agredieron, a él y a dos amigos suyos, dándoles patadas y golpeándolos con bastones policiales. El activista sufrió lesiones por las que necesitó atención médica. Aunque se informó a la policía de lo ocurrido, aún no se ha detenido a nadie.

En una declaración publicada el jueves 10 de abril, Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral de celebrar una reunión de urgencia en Lusaka el 12 de abril para hablar de la crisis de Zimbabue. La organización pidió a los líderes de la Comunidad que intensificaran sus esfuerzos diplomáticos para evitar un nuevo empeoramiento de la crisis de derechos humanos del país.

“Los líderes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral deben pronunciarse y reconocer públicamente las violaciones de derechos humanos perpetradas por organizaciones de seguridad, veteranos de guerra y partidarios de partidos políticos –ha manifestado Simeon Mawanza, investigador de Amnistía Internacional sobre Zimbabue-. Tienen que insistir en que se ponga fin a la violencia política.”

“La Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral debe reconocer también públicamente que una de las causas de la creciente tensión de Zimbabue es la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. Tiene que instar a la Comisión Electoral de Zimbabue a que los haga públicos de inmediato.”

“Se ha permitido durante demasiado tiempo a Zimbabue actuar al margen del sistema de derechos humanos de la Unión Africana y las Naciones Unidas, por lo que se ha consolidado una cultura de impunidad en el país”, ha afirmado Mawanza.”

Las bandas y la policía causan estragos en las zonas pobres de las ciudades de Jamaica

Tue, 01 Apr 2008 15:07:01 +0100

Los jamaicanos y jamaicanas que viven en las zonas pobres de las ciudades están a merced de las bandas y de agentes de policía abusivos que en contadas ocasiones comparecen ante la justicia, si es que llegan a comparecer, para responder de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional revela en un nuevo informe cómo las autoridades jamaicanas desatienden deliberadamente a las comunidades más pobres al no ocuparse de la violencia –y sus causas– que está destrozando las zonas deprimidas de las ciudades. Esto incluye en particular métodos abusivos de actuación policial que propician cientos de incidentes con arma de fuego y resultado de muerte y de ejecuciones extrajudiciales.

“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida el precio de esta crisis de seguridad pública. Son rehenes del interminable enfrentamiento entre bandas de delincuentes y agentes de policía que matan con impunidad”, manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios a manos de la policía más elevados de América, con unos 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas en 2007. Los líderes de las bandas se sirven del vacío que deja la ausencia del Estado para controlar amplísimos aspectos de las vidas de las personas que viven en las zonas urbanas deprimidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.

“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña proporción de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras: tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Kerrie Howard.

A pesar de la violencia, los miembros de las comunidades se muestran reacios a denunciar los abusos por el temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.

En julio de 2007, policías y soldados dispararon contra Ravin Thompson, de 18 años de edad, mientras conversaba con su tía en la casa de ésta. Los agentes perseguían a otro joven que entró en la casa.

La tía de Ravin insistió en acompañarlo al hospital en el jeep de los agentes, pero cuando ya estaban en camino, ella afirma que un soldado la echó a empujones. Cuando por fin llegó, Ravin había muerto. La autopsia reveló que tenía cuatro heridas de bala. Sin embargo, la tía de Ravin y otras personas que estaban presentes cuando se efectuaron los disparos tenían la certeza de que sólo había resultado herido en un brazo y un hombro. Afirman que fue asesinado en el vehículo, antes de llegar al hospital.

La policía registró el incidente como un “tiroteo”. Abrió investigaciones, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Ravin.

“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, mientras los responsables de abusos contra los derechos humanos no sean llevados ante la justicia y se purgue la corrupción, no podrán hacer cambios”, declaró Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que adopten medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en las zonas urbanas pobres, la introducción de una actuación policial basada en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.

“El debate en Jamaica no debe ser ya acerca de ‘si’ o ‘cómo’ se llevarán a cabo, sino sobre ‘cuándo’ se llevarán a cabo los cambios urgentes que son necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta debe ser ‘hoy’.”

Viviendas ilegales para los colonos israelíes, demoliciones para los palestinos

Mon, 31 Mar 2008 12:42:53 +0100

La instalación de casas prefabricadas en un asentamiento israelí ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados recibió el visto bueno una semana después de que bulldozers israelíes demolieran viviendas y propiedades palestinas en la zona. El pasado miércoles (26 de marzo) se supo que el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha aprobado el traslado de cinco casas prefabricadas al asentamiento israelí de Teneh Omarim en la región.

Sólo una semana antes, bulldozers del ejército israelí demolieron nueve viviendas y dos recintos para el ganado en varias poblaciones palestinas del sur de la Cisjordania ocupada. Las demoliciones se llevaron a cabo el 19 de marzo en los poblados de Qawawis, Imneizil, al-Dairat y Umm Lasafam, en la zona sur de los montes de Hebrón.

Entre las personas cuyas viviendas fueron demolidas había familias con hijos. En las poblaciones de al-Dairat y Umm Lasafa, el ejército israelí destruyó las viviendas de los hermanos Yasser y Jihad Mohammed al-'Adra y de Ismail al-'Adra. En consecuencia, Yasser al-'Adra, su esposa y sus seis hijos; Jihad al-'Adra, su esposa y sus cinco hijos; e Ismail al-'Adra, su esposa y sus tres hijos quedaron sin hogar.

La expansión de Teneh Omarim y otros asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados continúa, lo que vulnera el derecho internacional, que prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a su población civil al territorio que ocupan.

Los asentamientos israelíes incluyen casas buenas y modernas con sistemas de distribución de electricidad y agua. Los palestinos viven en la zona desde hace generaciones pero ninguno de sus poblados es “reconocido” por las autoridades israelíes. Esto significa que no reciben ningún servicio –luz, agua, alcantarillado, educación o salud– y que las viviendas y otras construcciones pueden ser demolidas en cualquier momento.

Los habitantes de los poblados palestinos tienen prohibido también en su mayor parte construir nuevas viviendas o cisternas para recoger el agua de lluvia a fin de abastecer a una población en aumento o ayudar al desarrollo. No se pueden construir nuevas estructuras si no se obtiene previamente el permiso del ejército israelí, pero ese permiso se deniega siempre.

La zona sur de los montes de Hebrón, o Masafer Yatta, según el nombre que le dan los palestinos, corresponde a la parte más meridional de los Territorios Palestinos Ocupados. Aunque hay pequeños poblados construidos en piedra en el oeste de la región, muchas personas viven en tiendas de campaña y en grandes cuevas.

La mayoría de los palestinos de la zona son pastores, pero en los últimos años la escasez de agua de lluvia ha reducido la disponibilidad de tierras para el pastoreo de sus rebaños y la posibilidad de cultivar sus tierras. Además, los frecuentes ataques de los colonos israelíes y el aumento de las restricciones impuestas por el ejército israelí a sus movimientos han reducido aún más su acceso a tierras de pastoreo y la posibilidad de que cultiven sus tierras.

A los colonos israelíes, en cambio, se les ha permitido apropiarse cada vez de más tierras. Los palestinos viven en la zona desde mucho antes de la creación del Estado de Israel en 1948, aunque algunos se trasladaron a la zona cuando se vieron obligados a abandonar sus tierras más al sur en 1948.

Cuando las viviendas palestinas son demolidas, también se destruyen otros medios de vida, como los cercados para animales. Sobre la mezquita de la población de al-Tuwani pesa actualmente una orden de demolición, al igual que sobre un aula de la remota población de Dqaiqa.

Los habitantes palestinos de la zona son hostigados con frecuencia por los colonos israelíes, y los pastores palestinos tienen miedo de apacentar sus rebaños cerca de los asentamientos israelíes.

Voluntarios internacionales de Equipos Cristianos de Acción por la Paz y de Operación Paloma están presentes en al-Tuwani, el núcleo más poblado de la zona, desde 2004 para ayudar a proteger a los residentes y registrar los actos de violencia y hostigamiento de que son objeto. Activistas por la paz israelíes también visitan con frecuencia la zona.

En marzo de 2008 se denunciaron al menos seis ataques contra pastores palestinos por parte de colonos israelíes o de la policía, y se recurrió a la violencia y las amenazas de detención contra los pastores para obligarlos a salir de lo que, según se les dijo, era una "zona militar cerrada ".

Después de muchos atraques de colonos contra menores palestinos que iban a la escuela y contra sus escoltas internacionales, el ejército israelí envía ahora un vehículo militar para escoltar a los escolares. Pero a veces la escolta llega demasiado tarde o no impide los ataques.

El 19 de marzo de 2008, por ejemplo, dos observadores internacionales fueron atacados por colonos israelíes mientras intentaban supervisar la actuación de la escolta militar de escolares palestinos. El 29 de marzo se informó de que algunos colonos habían lanzado piedras contra menores que se dirigían a la escuela, pero la escolta militar no intervino.

Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes a poner fin a la demolición de viviendas palestinas en los Territorios Palestinos Ocupados, cancelar todas las órdenes de demolición y adoptar medidas para prevenir y castigar los ataques de los colonos contra los palestinos y los observadores internacionales que intentan protegerlos. La organización hace asimismo un llamamiento para que cese de inmediato la construcción o expansión de asentamientos israelíes en contravención del derecho humanitario internacional.

El Tíbet excluido del orden del día del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Wed, 26 Mar 2008 12:39:53 +0000

En la reunión celebrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes 25 de marzo en Ginebra se impidió que se debatiera la situación en el Tíbet.

Tras las reiteradas protestas de China, el presidente dijo a las ONG que no podían limitar sus observaciones al Consejo –previstas en virtud del correspondiente punto del orden del día– a la situación en un solo país.

Amnistía Internacional había preparado una declaración oral centrada en los graves incumplimientos del compromiso asumido por China en la Declaración de Viena de garantizar a los miembros de la minoría tibetana el ejercicio pleno y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación.

Debido a las objeciones planteadas por China, la organización se vio obligada a cortar en seco su declaración cuando la estaba formulando. La delegada de Amnistía Internacional ante el Consejo, Patrizia Scanella, concluyó recordando que en la Declaración y Programa de Acción de Viena se afirma que “la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional.”.

Otras organizaciones no gubernamentales vieron también frustrados sus esfuerzos por examinar la situación en el Tíbet.

En la declaración de Amnistía Internacional ante el Consejo se expresaba una honda preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante los recientes acontecimientos en la Región Autónoma del Tíbet y en regiones vecinas. La organización tenía la intención de pedir al Consejo que abordara la situación.

"Aunque las restricciones impuestas por China en el debate de hoy han causado una gran decepción, Amnistía Internacional acoge con satisfacción que la delegación china, en las observaciones formuladas en el día de hoy, haya aceptado que el examen de la situación en el Tíbet se ajustaba al punto 4 del orden del día [“Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”], señaló Patrizia Scanella, representante adjunta de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas en Ginebra.