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Túnez: Palabras huecas en cuanto a derechos humanos

Mon, 23 Jun 2008 08:15:26 +0100

El gobierno tunecino está engañando al mundo al transmitir una imagen positiva de la situación de los derechos humanos en el país al tiempo que sus fuerzas de seguridad siguen perpetrando abusos de forma constante y con impunidad. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, 23 de junio.

"El gobierno tunecino ha afirmado repetidamente que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero eso dista mucho de la realidad. Ya es hora de que las autoridades abandonen las palabras huecas respecto a los derechos humanos y tomen medidas concretas para poner fin a los abusos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. "Como primer paso, las autoridades tunecinas deben reconocer las inquietantes denuncias documentadas en este informe, deben comprometerse a investigarlas y deben llevar a los responsables ante la justicia."

El informe, titulado In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia (En nombre de la seguridad: abusos sistemáticos en Túnez), expone con detalle los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la política antiterrorista y de seguridad del gobierno. En sus esfuerzos por prevenir la formación de lo que denominan "células terroristas" en Túnez, las autoridades han llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias que violan la ley tunecina, han provocado la desaparición forzada de detenidos, han utilizado la tortura y los malos tratos y han juzgado y condenado a personas en procedimientos injustos. Además, han juzgado a civiles ante tribunales militares sin presentar apenas pruebas que fundamentaran los cargos.

Las autoridades están utilizando la amplia definición de terrorismo que ofrece la Ley Antiterrorista de Túnez para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas. Aunque en los últimos años se han introducido reformas legales con el fin de brindar una mejor protección a las personas detenidas, las fuerzas de seguridad tunecinas burlan sistemáticamente las leyes, que no sirven de salvaguardia adecuada contra la tortura, los juicios injustos y otros abusos graves contra los derechos humanos.

Ramzi el Aifi, Ousama Abbadi y Mahdi Ben Elhaj Ali eran tres de los acusados del caso Soliman. Sus abogados denunciaron que unos guardias de la prisión de Mornaguia los habían atado y les habían propinado patadas y puñetazos el 16 de octubre de 2007, al parecer porque se habían puesto en huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de reclusión. Abbadi sufrió una lesión grave en un ojo y una herida abierta y profunda en la pierna, y cuando su abogado lo vio el 20 de octubre de 2007 iba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Ramzi el Aifi dijo a su abogado que lo habían atado con una cuerda, lo habían golpeado y le habían introducido un palo por el ano. No se tiene noticia de que las autoridades tunecinas hayan iniciado investigación alguna sobre estos abusos, y los presuntos responsables no han comparecido ante la justicia. Ramzi el Aifi y Ousama Abbadi fueron condenados a cadena perpetua, aunque la condena de Abbadi se redujo a 30 años de prisión en apelación. Mahdi Ben Elhaj Ali fue condenado a 12 años de prisión, reducidos a 8 en apelación.

La mayoría de los abusos contra los derechos humanos los cometen fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado, que utilizan la tortura con una impunidad prácticamente total.

Al no investigar las denuncias de tortura, la Fiscalía y su personal, al igual que los jueces, que suelen carecer de independencia, ayudan en la práctica a encubrir casos en los que los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados en contra de lo establecido por la propia ley de Túnez, y casos de torturas a detenidos que violan tanto el derecho tunecino como el internacional. Con su silencio e inacción, los fiscales y jueces se convierten en cómplices de los abusos.

"Las autoridades tunecinas tienen la obligación de proteger a la población y combatir el terrorismo, pero al hacerlo deben cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. "Deben garantizar que las disposiciones antiterroristas y afines no facilitan los abusos contra los derechos humanos y que, en la práctica, el Departamento de Seguridad del Estado y otras fuerzas de seguridad respetan en todo momento el derecho y las normas internacionales de derechos humanos."

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura, malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Houssine Tarkhani fue devuelto por Francia a Túnez el 3 de junio de 2007, y a su llegada al país fue detenido. Permaneció recluido en secreto en el Departamento de Seguridad del Estado de la ciudad de Túnez durante nueve días, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, y tres días más de lo que permite la ley tunecina para la detención preventiva. Durante ese tiempo, a Houssine Tarkhani, según su abogado, lo golpearon con un palo por todo el cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas y lo insultaron y amenazaron de muerte. Cuando pidió que le permitieran leer el informe policial -cosa que le denegaron-, le propinaron nuevas palizas. Durante su detención preventiva no se informó de su detención a ninguno de sus familiares directos, conforme establece la ley tunecina. Su familia sólo tuvo conocimiento de su paradero cuando compareció ante un juez de instrucción el 12 de junio de 2007. Su primera comparecencia ante el juez se produjo sin la presencia de abogados, pues a éstos no se les permitió acceder a él hasta el 19 de junio de 2007, cuando lo vieron en la prisión de Mornaguia. La petición de su abogado de que se le realizara un examen para detectar señales de tortura no recibió respuesta.

"En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país que a su llegada pueden ser objeto de tortura y juicios injustos, los gobiernos extranjeros deben instar al gobierno tunecino a que tome medidas concretas para promover una reforma de los derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
Nota para periodistas:
Los expertos de Amnistía Internacional presentarán las conclusiones del informe en una conferencia de prensa que se celebrará en París a las 15:00 horas GMT del lunes 23 de junio.
Si desean concertar una entrevista con un portavoz en París, pónganse en contacto con Aurélie Chatelard en el número: + 33 (0) 6 76 94 37 05.

Para concertar una entrevista con un portavoz en Londres, pónganse en contacto con Nicole Choueiry, encargada de prensa de Oriente Medio y el Norte de África, en el número: +44 (0) 7831 640 170.
Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.

Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Corea del Sur: Debe ponerse fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

Mon, 09 Jun 2008 14:27:55 +0100

Las autoridades de Corea del Sur deben investigar de inmediato los informes sobre uso de fuerza excesiva contra manifestantes que protestaban por las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos, ha afirmado Amnistía Internacional.

Las autoridades deben garantizar asimismo la seguridad de las personas en las protestas que tengan lugar en el futuro; se teme que se produzcan nuevos actos de violencia y nuevas detenciones con motivo de la inminente concentración convocada para el 10 de junio para conmemorar el aniversario del alzamiento democrático de 1987 que desembocó en elecciones libres y reformas políticas.

"El recurso a la violencia por parte de la policía ha enfurecido a muchos manifestantes pacíficos y ha incrementado la posibilidad de violencia", ha afirmado Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía Internacional sobre Corea. "El gobierno debe aprovechar la ocasión del aniversario de las protestas de 1987 para demostrar su compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho."

Más de 300 personas fueron detenidas durante las vigilias con velas que se celebraron los días 31 de mayo y 1 de junio. La policía utilizó extintores de incendios y cañones de agua disparados desde escasa distancia contra manifestantes en gran parte pacíficos, causando lesiones graves como ceguera, fracturas de huesos y conmociones cerebrales.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de informes según los cuales la policía antidisturbios rodeaba a grupos de personas y detenía arbitrariamente a todas las que eran capturadas en este proceso, incluidos manifestantes pacíficos, circunstantes y transeúntes. Varias personas detenidas denunciaron violencia policial en el momento de su detención y después de ésta.

Entre las personas golpeadas y detenidas se hallaba un hombre de 27 años. Agentes de policía le propinaron patadas y lo golpearon con porras y escudos. Cuando el director de la Sección Coreana de Amnistía Internacional, Kim Hee-jin, lo visitó en la comisaría de policía de Hyehwa el 2 de junio, tenía la cara hinchada y presentaba cortes y rasguños en la cara y en un brazo. Sufría dolores en la cabeza y en el pecho como resultado de los golpes recibidos. Aunque estaba herido y sus dolores eran evidentes, la policía no le proporcionó atención médica durante las 48 horas de su detención.

Amnistía Internacional ha pedido que las personas que continúen detenidas sean acusadas formalmente y pasen a disposición judicial o se las ponga en libertad de inmediato.

Desde principios de mayo, decenas de miles de personas se han manifestado en contra de la reanudación de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos por temor a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.

FIN/

Documento público

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Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía
Internacional (Londres), tel. +44 (0)77 3902 7510

Kim Hee-jin, director de la Sección Surcoreana de Amnistía Internacional, tel. +82 10 4229
0511

Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, tel. +44 20 7413 5566 o correo electrónico press@amnesty.org

Activistas arrestadas en Zimbabue

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

Varias activistas zimbabuenses detenidas durante una manifestación pacífica celebrada en Harare corren peligro de ser torturadas o sometidas a otros malos tratos.

Catorce activistas de Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA), entre los que se hallaban las dirigentes de la organización Jenni Williams y Magadonga Mahlangu, fueron arrestados el 28 de mayo y están sometidos a duras condiciones de reclusión.

Jenni Williams, coordinadora nacional de WOZA, Magadonga Mahlangu, dirigente de WOZA, y otros 12 activistas de la organización –11 mujeres y un hombre–, fueron arrestados cuando marchaban hacia la embajada de Zambia. Pedían al presidente de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que ayudara a poner fin a la violencia desatada en Zimbabue tras las elecciones celebradas el 29 de marzo de 2008.

Según informes, algunas de las personas integrantes de WOZA fueron golpeadas durante su arresto. A todas se las acusa de “distribuir materiales que pueden causar una alteración del orden público” en aplicación del artículo 37 de la Ley de Codificación y Reforma Penal. A Jenni Williams se la acusa también de “publicar o transmitir declaraciones falsas en perjuicio del Estado” en aplicación del artículo 31 de la misma ley.

Algunas de las personas detenidas comparecieron ante una autoridad judicial el 30 de mayo, y otras, el 31 de mayo. Inicialmente se autorizó su libertad bajo fianza, pero la fiscalía apeló y las 14 personas acusadas fueron puestas en prisión preventiva.

Las 13 mujeres están recluidas en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, y el hombre en el centro de detención preventiva de Harare Central. Los informes indican que las condiciones de reclusión en estos dos centros son lamentables y distan mucho de ajustarse a las normas internacionales.

No se les han proporcionado suficientes mantas o ropa de abrigo, circunstancia que causa especial preocupación dado que es invierno en Zimbabue. Están en prisión preventiva hasta el 6 de junio, fecha en que se prevé su comparecencia ante una autoridad judicial.

Amnistía Internacional tiene entendido que estas personas fueron arrestadas y recluidas únicamente porque trataban de ejercitar el derecho universalmente garantizado a la libertad de asociación y reunión.

Aunque se ha arrestado a integrantes de WOZA en decenas de ocasiones desde la fundación de la organización en 2003, los arrestos más recientes forman parte de una serie de medidas enérgicas más amplias contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, periodistas, observadores electorales y activistas de la oposición, desatadas tras las elecciones parlamentarias y presidenciales del 29 de marzo.

El secreto hace que aumenten los abusos contra los derechos humanos en Sri Lanka

Fri, 02 May 2008 18:22:04 +0100

Con mucha frecuencia, garantizar el respeto de los derechos humanos en el mundo depende de la información imparcial y rigurosa de los medios de comunicación, pues si no se sacan a la luz para someterlos al escrutinio público, los abusos, ocultos por el secreto y la negación, pueden aumentar.

La importancia de los medios de comunicación en las situaciones de conflicto es indudable, pues sin noticias, imágenes y filmaciones de los combates y la violencia nadie sabe lo suficiente para ejercer presión sobre los participantes a fin de garantizar que se respetan los derechos humanos.

Esta información es especialmente necesaria en Sri Lanka, donde se cree que todas las partes en el conflicto tienen un número muy alto de bajas y hay gran cantidad de civiles atrapados en medio de las hostilidades. Todas las partes son responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su preocupación por el incremento del número de víctimas civiles desde que, a principios de año, comenzaran a aumentar los ataques indiscriminados en el norte, el este y el sur del país.

A pesar de su alto coste humano, la guerra de Sri Lanka es un conflicto en el que los periodistas sufren restricciones injustificadas a la hora de informar, y hay muy pocos hechos que se den por establecidos. De hecho, ambos bandos se contradicen mutuamente una y otra vez.

El conflicto de Sri Lanka enfrenta a las fuerzas del gobierno, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y los grupos armados tamiles presuntamente alineados con el gobierno. Como señaló Amnistía Internacional en su informe de febrero Silenciar la disidencia, Sri Lanka es un país donde se silencia a los medios de comunicación con amenazas, restricciones y violencia para que no informen sobre la guerra.

El conflicto del norte y el este del país ha seguido intensificándose desde 16 de enero de 2008, cuando terminó la tregua que se había acordado. La retirada de la Misión de Observación en Sri Lanka, encargada de vigilar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 2002, ha dejado un vacío en lo que respecta a contar con información independiente de las violaciones de derechos humanos. Debido a ello, es aún más urgente que se permita a los profesionales del periodismo informar sin restricciones indebidas y documentar los abusos sobre el terreno.

Sin embargo, a menudo se impide el acceso de periodistas a las zonas en conflicto. Los Tigres de Liberación no permiten la información independiente en las zonas bajo su control, mientras que el gobierno oculta el coste de la guerra.

Según el Movimiento de Medios de Comunicación Libres, organización de vigilancia de los medios de comunicación con sede en Colombo, la semana pasada las autoridades del gobierno de Sri Lanka prohibieron la entrada de periodistas en hospitales de la capital donde se estaba atendiendo a soldados del Ejército de Sri Lanka heridos en combate a finales de abril.

Según la Federación Internacional de Periodistas, 25 profesionales de la minoría tamil han huido de la península de Jaffna, donde las fuerzas del gobierno combaten contra rebeldes de los Tigres de Liberación.

Hace ya dos años que Suresh Kumar y Rajiv Kumar, miembros del personal de servicio del periódico de Jaffna Uthayan, fueron abatidos a tiros en la sede del periódico el 2 de mayo de 2006. Esta publicación ha sido objeto de intensos ataques debido a su presunta postura nacionalista tamil. Desde comienzos de mayo de 2006, han sido víctimas de homicidio en Jaffna siete trabajadores de medios de comunicación, entre ellos cuatro de Uthayan.

Unos hombres armados que circulaban en motocicleta atacaron la oficina y, puesto que los periodistas a los que parecía que iban buscando no estaban, mataron a los dos trabajadores. Los homicidas aún no han sido detenidos.

"Publicar nuestro diario en Jaffna es una tarea cada vez más hercúlea y peligrosa –ha manifestado el director de Uthayan-, pues hay hombres armados que amenazan continuamente nuestro trabajo y nuestra vida.”

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ninguna investigación que haya hecho posible la detención y procesamiento de los presuntos responsables de los homicidios de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

Otro caso es el del periodista Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam, detenido el 7 de marzo y recluido desde entonces en el centro de detención de la División de Investigaciones de Terrorismo de Colombo. Las autoridades han afirmado que está detenido como sospechoso de vinculación con los Tigres de Liberación, pero no se han presentado cargos contra él.

Amnistía Internacional ha manifestado que su detención es arbitraria. El periodista podría quedarse ciego si no recibe atención médica especializada, pues padece una grave dolencia ocular.

En total, desde comienzos de 2006 han sido víctimas de homicidio ilegítimo en Sri Lanka al menos 10 trabajadores de los medios de comunicación. Otros han sido detenidos arbitrariamente, han sufrido tortura y han desaparecido, al parecer, bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa en 2008, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Sri Lanka a que proteja a los trabajadores de los medios de comunicación y garantice su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, conforme a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.

La organización ha pedido también al gobierno que respete a los trabajadores de los medios de comunicación y anuncie públicamente que no se tolerarán los homicidios, amenazas y demás ataques y que se investigarán con prontitud y de manera independiente, imparcial y efectiva todos los casos de agresión, desaparición y homicidio de trabajadores de los medios de comunicación, independientemente de la identidad de los responsables y de las víctimas.

La organización pide también a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que ordenen a todos sus miembros poner fin a los homicidios, amenazas y demás ataques contra trabajadores de los medios de comunicación. Todas las partes en el conflicto deben dejar de atacar a periodistas.

Nepal amenaza con reprimir las protestas contra los Juegos Olímpicos

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

Amnistía Internacional ha condenado la amenaza de Nepal de recurrir a la violencia para impedir las protestas contra China cuando la antorcha olímpica llegue al monte Everest.

El Ministerio del Interior nepalí ha asegurado que utilizará a “la fuerza, incluidas armas de fuego [...] para impedir las protestas contra China” cuando el relevo de la antorcha olímpica llegue al monte Everest a principios de mayo. La amenaza sucede a una serie de medidas represivas adoptadas contra manifestantes pacíficos protibetanos que fueron inconstitucionales. Desde el 10 de marzo, se ha detenido arbitrariamente al menos a 2.000 personas.

El gobierno nepalí está ampliando las acciones ilegales de la policía contra tibetanos en Nepal y vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso judicial y la libertad de circulación, reunión y expresión.

“Los miembros de la comunidad de refugiados tibetanos se han enfrentado en los últimos días a medidas policiales cada vez más punitivas dirigidas a amordazar la libertad de expresión, incluidas amenazas de expulsión arbitraria a China. Las declaraciones que amenazan con el uso de medios letales representan una escalada inaceptable”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades de Nepal deben garantizar que sus agentes reciben la formación y el material adecuados para emplear medios no violentos de control de multitudes antes de recurrir, si fuera estrictamente necesario, al uso de la fuerza. Las armas de fuego sólo se pueden utilizar como último recurso cuando hay vidas en peligro. El gobierno de Nepal debe cerciorarse de que sus agentes actúan sujetos a una estricta normativa relativa al empleo de tales métodos y un estricto sistema de rendición de cuentas.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Nepal que la actuación policial se ajuste al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Aumenta la violencia postelectoral en Zimbabue

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

La población de Zimbabue tiene poco que celebrar el viernes 18 de abril, 28º aniversario de la independencia del país. Los resultados de las elecciones presidenciales no se han hecho públicos todavía, casi tres semanas después de que el país acudiera a las urnas el 29 de marzo de 2008, y aumenta el número de atraques violentos contra partidarios de la oposición.

Amnistía Internacional ha recibido informes confirmados de una muerte y de más de 240 personas heridas como consecuencia de la violencia postelectoral patrocinada por el Estado en Zimbabue. De esas 240 personas, 18 están hospitalizadas con lesiones graves.

El número de víctimas ha aumentado bruscamente desde que el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) convocó una huelga general el martes 15 de abril. Sólo el 17 de abril los médicos trataron 42 casos registrados.

Al menos 150 personas han sido detenidas desde el 14 de abril, y en la mañana del 18 de abril estaban recluidas sólo en la comisaría de policía de Harare Central.

La violencia parece haberse dirigido contra los simpatizantes activos del MDC y sus familias, en particular contra personas que viven en zonas rurales y en suburbios de bajo nivel económico, donde el MDC parece haber obtenido más votos que el partido en el poder, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Las provincias de Mashonaland Oriental y Occidental se han visto especialmente afectadas y el número de episodios de violencia de los que se tiene noticia va en aumento en Harare.

Algunas víctimas denuncian haber sido amenazadas de muerte si no votaban “correctamente” en la segunda vuelta de los comicios en el caso de que no hubiera un vencedor claro de las elecciones presidenciales.

Se han destruido casas, reservas de alimentos y ganado de muchas de las víctimas, que ahora son personas desplazadas. Según los informes, cientos de viviendas rurales han sido incendiadas en Manicaland y Mashonaland Oriental.

Entre los autores materiales de la violencia se cuentan los llamados “veteranos de guerra” y simpatizantes del partido en el poder, así como agentes de policía y soldados. Se ha acusado a agentes estatales de actuar en estrecha colaboración con simpatizantes de ZANU-PF. Se han producido secuestros de personas en sus hogares a manos de miembros del ejército, de uniforme o vestidos de civil, así como de simpatizantes de ZANU-PF.

Un activista del MDC en la provincia de Mashonaland Occidental murió el 13 de abril acuchillado por simpatizantes de ZANU-PF a la puerta de su casa, según informes locales. Su hermano, de 58 años y también miembro del MDC de la provincia de Mashonaland Occidental, informó de que tres grupos de unos 60 simpatizantes de ZANU-PF llegaron a su casa y comenzaron a arrojar piedras mientras le decían que saliera porque querían “meterle en cintura”.

Aunque otros nueve miembros del MDC también se congregaron ante su casa y respondieron lanzando piedras, eran muy inferiores en número a los simpatizantes de ZANU-PF. Éstos lograron entrar en la casa y secuestraron a su hermano.

La víctima recibió dos cuchilladas en el estómago y murió allí mismo. El hermano del fallecido también sufrió heridas graves y tuvo que ser hospitalizado. El caso fue denunciado a la policía, pero según los informes los agentes dijeron que tenían demasiado miedo para intervenir.
Una mujer de 21 años en Harare, activista del MDC, fue despertada en plena noche del 30 de marzo de 2008 por simpatizantes de ZANU-PF después de que hubiera estado celebrado la victoria de concejales del MDC en las elecciones. Los simpatizantes de ZANU-PF la sacaron de su casa y le propinaron golpes con los puños y con vergajos (sjamboks).
Un hombre de 30 años de la provincia de Mashonaland Oriental denunció que, el 9 de abril, hacia las 11 de la noche, un grupo de “veteranos de guerra” incendió tres casas. Los habitantes habían sido avisados previamente de lo que iba a suceder y habían huido a la maleza.
En otro incidente, nueve personas de una zona residencial de Harare fueron secuestradas, mientras asistían a un funeral, por miembros de la Unidad de Apoyo de la Policía de la República de Zimbabue y otras personas, presuntos integrantes del Ejército Nacional de Zimbabue vestidos de civil.
El 16 de abril, 22 personas fueron secuestradas por soldados y simpatizantes de ZANU-PF en sus casas en un populoso suburbio de las afueras de Harare en las primeras horas de la mañana. A algunas de estas personas les propinaron patadas con los pies calzados con botas y las golpearon con las manos abiertas por todo el cuerpo.

En algunos casos, simpatizantes de ZANU-PF y miembros del ejército forzaron las puertas para entrar en las viviendas de las víctimas, que no fueron informadas de los cargos que se les imputaban ni en el momento de la detención ni después de llevarlas a comisarías de policía.

En una declaración publicada en periódicos de aproximadamente siete países de África Meridional con ocasión del Día de la Independencia de Zimbabue, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kjhan, hace un llamamiento al presidente Robert Mugabe, en su calidad de jefe del Estado y jefe del partido gobernante, ZANU-PF, para que denuncie y ponga fin a todos los abusos contra los derechos humanos, incluidos los ataques violentos de soldados, policía, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

Irene Khan también hace un llamamiento al director general de la policía, al comandante en jefe del Ejército Nacional de Zimbabue y al presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue.

La secretaria general de AI insta a los líderes de África Meridional a redoblar sus esfuerzos diplomáticos para impedir que continúe el deterioro de la situación de los derechos humanos en Zimbabue y a reconocer y expresar preocupación públicamente por los abusos contra los derechos humanos que perpetran miembros de organizaciones de seguridad del Estado, “veteranos de guerra” y simpatizantes de ZANU-PF.

Indulto real para manifestantes marroquíes

Fri, 11 Apr 2008 17:44:00 +0100

Ocho hombres a quienes se había declarado culpables el año pasado de "socavar la monarquía" en Marruecos quedaron en libertad, gracias a un indulto concedido por el rey el viernes, 4 de abril. Asimismo, otros nueve que se enfrentaban a procedimientos judiciales por los mismos cargos se beneficiaron de esta medida.

Todos ellos eran miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Siete fueron detenidos el 1 de mayo de 2007 por entonar consignas críticas con la monarquía: cinco de ellos en Alcazarquivir y dos en Agadir. Fueron condenados a penas de entre tres y cinco años de prisión.

La detención de los diez restantes tuvo lugar cuando participaban en posteriores manifestaciones de solidaridad con los detenidos, y entre ellos se encontraba Mohamed Bougrine, de 73 años de edad, que también fue condenado a prisión. Al parecer, su salud se había deteriorado durante el periodo que pasó en prisión.

La monarquía sigue siendo tabú en Marruecos. Cualquier crítica contra el rey puede considerarse un intento de “socavar la monarquía”. Durante los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas y activistas políticos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a penas de prisión, por haber expresado pacíficamente opiniones críticas con la monarquía.

Amnistía Internacional, que había adoptado a estos hombres como presos de conciencia, encarcelados sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos, se congratuló de su liberación.

No obstante, la organización expresó su preocupación por la posibilidad de que se utilice la legislación de Marruecos para criminalizar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a ajustar la legislación del país a sus obligaciones en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La oposición de Zimbabue, objetivo de agresiones

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

Los partidos de oposición de Zimbabue se han quejado de la violencia ejercida contra personas a quienes se tiene por simpatizantes suyos. Ha habido denuncias de participación de la policía y el ejército en algunos incidentes ocurridos durante el periodo postelectoral.

Amnistía Internacional ha recibido información sobre incidentes de violencia postelectoral generalizados, lo que apunta a la existencia de represalias coordinadas contra quienes son o se sospecha que son partidarios de la oposición. Se ha informado de violencia en Harare y en las provincias de Mashonalandia Oriental, Midlands, Matabelelandia Septentrional y Manicalandia.

Según los informes, en zonas rurales, municipios y granjas, se ha sacado a las víctimas de la violencia política de autobuses y se las ha agredido en sus propias casas.

En Gweru, el domingo 6 de abril o alrededor de esa fecha, unos soldados agredieron, según informes, a las personas que se encontraban en un bar del centro comercial de Mkoba 6. Las víctimas contaron a grupos locales de derechos humanos que los soldados las habían acusado de “no votar bien”.

El lunes 7 de abril o alrededor de esa fecha, varios soldados también agredieron a personas que realizaban sus compras en el centro comercial de Mkoba 14 de Gweru. Según los informes, llevaban vestimenta antidisturbios y agredieron a la gente con bastones.

El 6 de abril, unos 10 soldados y 2 personas con uniforme de la policía se presentaron alrededor de medianoche en casa de un conocido activista del Movimiento por el Cambio Democrático en Mkoba 14, en Gweru, y lo agredieron, a él y a dos amigos suyos, dándoles patadas y golpeándolos con bastones policiales. El activista sufrió lesiones por las que necesitó atención médica. Aunque se informó a la policía de lo ocurrido, aún no se ha detenido a nadie.

En una declaración publicada el jueves 10 de abril, Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral de celebrar una reunión de urgencia en Lusaka el 12 de abril para hablar de la crisis de Zimbabue. La organización pidió a los líderes de la Comunidad que intensificaran sus esfuerzos diplomáticos para evitar un nuevo empeoramiento de la crisis de derechos humanos del país.

“Los líderes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral deben pronunciarse y reconocer públicamente las violaciones de derechos humanos perpetradas por organizaciones de seguridad, veteranos de guerra y partidarios de partidos políticos –ha manifestado Simeon Mawanza, investigador de Amnistía Internacional sobre Zimbabue-. Tienen que insistir en que se ponga fin a la violencia política.”

“La Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral debe reconocer también públicamente que una de las causas de la creciente tensión de Zimbabue es la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. Tiene que instar a la Comisión Electoral de Zimbabue a que los haga públicos de inmediato.”

“Se ha permitido durante demasiado tiempo a Zimbabue actuar al margen del sistema de derechos humanos de la Unión Africana y las Naciones Unidas, por lo que se ha consolidado una cultura de impunidad en el país”, ha afirmado Mawanza.”

Hu Jia, condenado a tres años y medio de cárcel

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

El activista de derechos humanos chino Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

Tras pasar meses bajo arresto domiciliario, Hu Jia fue detenido el 27 de diciembre de 2007. El 28 de enero de 2008 se presentaron formalmente cargos contra él, y el 18 de marzo fue juzgado en el Tribunal Popular Municipal Intermedio núm. 1 de Pekín.

"Esta sentencia es un castigo contra Hu Jia por criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en China, y una advertencia a cualquier otro activista de China que se atreva a plantear públicamente cuestiones de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional.

“También convierte en una burla las promesas de las autoridades chinas de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.”

Antes de su detención oficial, Hu Jia había expresado públicamente su preocupación por los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía en Pekín, como la detención de activistas sin ajustarse al debido procedimiento legal. Esto fue lo que ocurrió con el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin y el defensor de los derechos humanos Lu Gengsong, ambos detenidos también por cargos de subversión.

Durante su detención, Hu fue sometido a 47 interrogatorios largos y reiterados. No pudo acceder a su abogado, ver a sus familiares ni recibir tratamiento médico, ni siquiera la medicación que necesita tomar diariamente para la enfermedad hepática que padece a consecuencia de una infección por hepatitis B. Su esposa, Zeng Jinyan, sigue bajo arresto domiciliario junto con su hija de meses.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha exigido su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización insta al Comité Olímpico Internacional y a los dirigentes mundiales que han apostado por las Olimpiadas a que expresen públicamente su preocupación por la difícil situación que atraviesan tanto él como otros muchos activistas pacíficos en China que han sido silenciados en el periodo previo a las Olimpiadas. De no denunciar la situación, se produciría una “conspiración de silencio” que las autoridades percibirían como apoyo tácito de tal represión.

Hu comenzó como activista sobre cuestiones relacionadas con el sida en 2001. Es cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín y de Loving Source, organización de base dedicada a ayudar a niños y niñas procedentes de familias con sida.

Sin embargo, debido a sus actividades y a su franqueza al exponer sus opiniones, Hu Jia ha sido hostigado y golpeado reiteradamente por la policía. Según su esposa, Zeng Jinyan: “Sin contar una vez, en 2002, en que la policía detuvo a Hu mientras entrevistaba a unos habitantes de un pueblo en el que había un gran número de casos de sida, el 3 de abril de 2008 habrá pasado exactamente cuatro años bajo diversas formas de encarcelamiento”.

Hu amplió su campo de acción y comenzó a informar sobre una gama más amplia de violaciones de derechos humanos y a dar entrevistas a los medios de comunicación extranjeros. En noviembre de 2007 participó mediante una webcam en una sesión parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas, en la que afirmó que China no había cumplido sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos antes de las Olimpiadas.

En un artículo publicado el 10 de septiembre de 2007 en su blog, Hu Jia afirmaba: "Todo el mundo debe saber que el país que está a punto de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos no tiene elecciones democráticas, libertad de culto ni tribunales o sindicatos independientes. Prohíbe las manifestaciones y las huelgas. Es un Estado donde la tortura y la discriminación son prácticas muy extendidas, y que emplea un enorme sistema de policía secreta. Se trata de una nación que viola las normas de derechos humanos y la dignidad humana, y no está dispuesta a cumplir sus obligaciones internacionales”.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, celebrada en Pekín el 28 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, afirmó: “Nadie será detenido por decir que los derechos humanos son más importantes que los Juegos Olímpicos. Eso es imposible”.

Amnistía Internacional cree que esta sentencia invalida la idea de que los ciudadanos chinos son libres de tener opiniones y decir lo que piensan sin sufrir represalias de las autoridades, y es una advertencia para otros activistas de China que podrían atreverse a plantear públicamente motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos.

Hu Jia en su domicilio tras haber sido detenido en régimen de incomunicación, Pekín, julio de 2006.